DECRETOS
Decreto Nº 2266
- Fecha de publicación
- 22 de noviembre de 2024
- Fecha de la norma
- 4 de noviembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.238 · páginas 13–17
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2266
MENDOZA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2024
Visto el expediente N° EX-2023-09477676--GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden Nº 2 – páginas 1/13 del mencionado expediente, presentan Recurso Jerárquico contra la
Resolución N° 284-HyF-23 los agentes: GRACIELA VIVIANA GATIER; ROSANA ELISABETH DRIS;
ROMINA IVANA URRUCELQUI; ALICIA GRACIELA MONTERO; JULIO MANUEL DELGADO; PAOLA
RUTH DIMARCO; ELIZABETH MÓNICA CALOT; RICARDO ALFREDO RUIZ MORENO; DANA YASMÍN
TELLECHEA MURAD; MATIAS LEONARDO BORRUEL; MARIELA ELIZABETH CENTENO; LORENA
GISEL MINUZZI; MIRIAM ANTONIA RAMÍREZ y MÓNICA MABEL BUSTO.
Que la medida tiene por objeto la revocación de la Resolución N° 284-HyF-23 de fecha 14 de noviembre
de 2023, por considerar los recurrentes que es contraria a derecho. Solicitan se haga lugar al reclamo de
reconocimiento de su real antigüedad desde la fecha en que comenzaron a prestar servicios efectivamente
para el Gobierno Provincial, asimismo se liquide y se pague el ítem antigüedad retroactivamente y en
consecuencia, los derechos que acuerda la ley por la referida antigüedad. Solicitan además el pago de los
retroactivos generados por las diferencias salariales desde la interposición del reclamo administrativo y
desde dos años anteriores a su reclamo (Artículo 38 bis del Estatuto del Empleado Público). Plantean
finalmente la nulidad de la notificación de la Resolución Nº 284-HyF-23, al sostener que no se habrían
indicado los recursos de los que podría ser objeto el acto administrativo atacado.
Que al respecto el Artículo 150 de la Ley N° 9.003 dispone: “Las notificaciones ordenadas en actuaciones
administrativas deberán contener copia o transcripción íntegra de la resolución que se comunica, con la
información de la carátula, numeración y oficina de radicación actual del expediente correspondiente,
indicando también, en su caso, los recursos que se puedan interponer contra el acto, así como el plazo
dentro del cual deben articularse los mismos. Si el acto agota la instancia administrativa deberá indicarse
la acción y plazo disponible para su impugnación en sede judicial. La omisión o el error en que se pudiere
incurrir al efectuar tales indicaciones no perjudicarán al afectado, ni permitirá darle por decaído su derecho,
salvo lo dispuesto en materia de prescripción”.
Que compulsada la documentación referida a la notificación se advierte que les asiste razón a los
recurrentes toda vez que las notificaciones no indican los recursos que se podían interponer contra el acto
y su plazo de articulación para su impugnación en sede administrativa. En efecto en el expediente Nº EX
2023-02454520--GDEMZA-UFI#MHYF, tanto en la Resolución dictada, como en su notificación, se omitió
indicar cuáles eran los recursos en su contra, por lo que tal omisión no podría perjudicar a los empleados
reclamantes en cuanto al plazo de presentación de sus respectivos recursos, los que deben ser
considerados presentados en tiempo conforme lo indica la Ley de Procedimiento Administrativo; también le
asiste razón a los recurrentes en cuanto sostiene de aplicación al caso lo dispuesto por el Artículo 46 de la
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Ley de Procedimiento Administrativo el que expresa: “Los actos administrativos deben ser notificados al
interesado; la publicación no suple la falta de notificación, salvo lo dispuesto en el Artículo 152, los actos
no notificados regularmente carecen de ejecutividad y no corren los plazos para recurrirlos; pueden ser
revocados en cualquier momento por la autoridad que los dictó o sus superiores”.
Que en este sentido los Recursos Jerárquicos interpuestos en contra de la Resolución N° 284-HyF-23,
emitida por el Ministro de Hacienda y Finanzas, de fecha 14 de noviembre de 2023 por medio de la cual se
rechazaron los reclamos formulados en el expediente N° EX-2023-02454520—GDEMZA-UFI#MHYF,
deben ser admitidos en lo formal.
Que en cuanto al aspecto sustancial, no corresponde el reconocimiento de la antigüedad solicitado, desde
que se inició la prestación efectiva del servicio mediante Contratos de Locación de Servicios, ni la
actualización del ítem Antigüedad, ni diferencias retroactiva por el mencionado ítem y su consideración
para el cómputo de la Licencia Anual Ordinaria dispuesta por el Artículo 37 de la Ley Nº 5.811.
Que resulta improcedente lo manifestado por los recurrentes respecto que la resolución recurrida resulte
arbitraria por falta de fundamentos y de valoración de la documentación acompañada. La acusación de
arbitrariedad se encuentra infundada y se ha formulado genéricamente; asimismo los impugnantes se
limitan a sostener que no existen fundamentos cuando de la propia lectura de sus considerandos se
advierte su existencia y extensión. Dicho acto hace referencia a que en el expediente se acreditó que los
agentes de la administración reclaman un derecho desde una fecha en la que no eran empleados públicos
debido a que su situación laboral no se encontraba regida por el Decreto-Ley Nº 560/73.
Que los contratados mediante Locación de Servicios conforme al Artículo 1º del Decreto – Ley Nº 560/73
no se encuentran comprendidos en el Estatuto del Empleado Público. En base a ello y siendo la
antigüedad un adicional correspondiente al empleo público, el mismo no le corresponde a quienes cumplen
funciones en la Administración Pública en razón de Contrato de Locación de Servicios o de Obra de
derecho privado. También fundamenta el acto en el principio de la autonomía de la voluntad; que los
contratados encuentran su contención legal en las leyes de presupuesto, y en los decretos que admiten las
Locaciones de Servicios y lo establecido en Dictamen N° 514/18 de Asesoría de Gobierno.
Que los reclamantes estuvieron vinculados a la Administración Pública mediante Contratos de Locación de
Servicios no existiendo relación de índole laboral público, la que comenzó desde su designación como
personal de planta. La locación de servicios no les confiere ninguno de los derechos que les corresponden
a los agentes que se incorporan a la planta de personal permanente estatal. La antigüedad en la
prestación del servicio es un derecho que se le otorga solo al personal con estabilidad.
Que los Acuerdos Paritarios que dispusieron el pase a planta permanente de los reclamantes no contienen
mención alguna respecto al reconocimiento de la antigüedad no habiéndose atacado de
inconstitucionalidad las normas dictadas para su aprobación. Estando contratados no podían cobrar el
adicional por antigüedad, por ende, no puede ser considerado ese período para el cálculo de la antigüedad
ahora que sí son empleados públicos. Las relaciones contractuales fueron plenamente consentidas por los
reclamantes sin haberlas cuestionado durante el período que duraron, pese a que no se les abonaba el
adicional por antigüedad. Además, se opuso la prescripción establecida por el Artículo 38 bis del Estatuto
del Empleado Público por haber transcurrido más de dos años desde la fecha de presentación de los
diferentes reclamos y el acto administrativo de designación de los agentes reclamantes.
Que los recurrentes reiteran los hechos y argumentos de su reclamo sin demostrar la falta de fundamento
del acto administrativo a través del cual se rechaza su reclamo. De la simple lectura de los fundamentos
del acto y de los agravios mencionados en el recurso, resulta que no existe una crítica seria, concreta,
puntual, trascendente, con entidad tal que permita cambiar la sustancia y suerte del mismo; los
argumentos de los impugnantes son meras disconformidades y discordancias, sin hacer una crítica
concreta sobre los fundamentos del acto administrativo impugnado.
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Que no se han desarrollado los argumentos que demuestren errores, de hecho y de derecho, del acto en
crisis y sus fundamentos no han sido desvirtuados por los recurrentes, nadie cuestiona los principios
constitucionales de protección del trabajo tales como el de retribución justa, igualdad de condiciones, no
discriminación, etc., sino que se trata de distintos regímenes de contratación y de prestación de servicios
cada uno con sus consecuentes derechos y derivaciones. La sola invocación de haber trabajado en
idénticas condiciones que los demás agentes de planta de la administración, además de no haber sido
acreditado, por sí sola no basta para demostrar y/o fundamentar una acusación de arbitrariedad como la
formulada en contra del acto administrativo impugnado.
Que la Suprema Corte local ha rechazado planteos como el de autos en el fallo dictado el 12/3/2018 en la
causa N° 13-03816090-1 “Segura, Marcela c/ Gobierno de la Prov. Mendoza s/ A.P.A”. Más allá del
referido precedente, resulta fundamental destacar que durante el período que reclaman que les sea tenido
en cuenta para la antigüedad, estuvieron contratados mediante Locación de Servicios hasta sus
designaciones en planta permanente, siendo claro entonces que durante ese período no eran empleados
públicos.
Que no pueden invocar ahora un derecho -la antigüedad prevista en la Ley aplicable (Estatuto del
Empleado Público y Ley Nº 5.126)- que solamente está previsto para aquellos que son empleados
públicos, cuando esas relaciones contractuales - y los términos del contrato- fueron plenamente
consentidas, sin haberlas cuestionado durante el período que duraron. Consintieron no sólo eso, sino que
consintieron también durante años que no se les abonará el adicional por antigüedad considerando ese
período o que en el cálculo de la antigüedad no se computaran esos años, por lo que mal pueden ahora
efectuar el planteo de marras, lo cual implica una contradicción con su propio actuar durante años -más
allá de la prescripción planteada- e intentar quejarse de una situación que fue consentida de modo
permanente.
Que la contratación como Locación de Servicios no le confiere ninguno de los derechos que les
corresponden a los agentes que se incorporan a la planta de personal permanente estatal, por eso no les
asiste ningún derecho para reclamar la antigüedad a los fines del adicional por antigüedad durante el
período en que la relación se fundaba exclusivamente en un Contrato de Locación ni para el cálculo de su
antigüedad, pues lógicamente el régimen normativo aplicable prevé solamente la consideración de la
antigüedad respecto de anteriores relaciones de empleo público y no, por meras relaciones locativas.
Que el personal que se vincula al Estado Provincial bajo la forma de Locación de Servicios o de Obra, al
no revestir en planta de personal no es empleado público, no se configura una relación de empleo, no
teniendo derecho entonces a que se compute su relación contractual para la antigüedad. Los contratados
-mediante locaciones- no revisten el carácter de empleados públicos, en tanto su vínculo con la
Administración no emana de un acto administrativo por parte de la autoridad competente que lo incorpore
a la planta del personal estatal, sino que el mismo se configura bajo un mera relación locativa del derecho
civil. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha señalado que: “Ingresando al tratamiento
de las cuestiones discutidas, sostengo que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio
es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, tal como surge de la
normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar
adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias
del régimen respectivo.” (SCJMza. – Exp. 94.089 – Caramello c/ Gobierno de Mendoza s/ APA). Este fallo
pone de manifiesto la improcedencia del reclamo, pues queda claro que no se reconoce antigüedad a los
contratados a los fines salariales: los contratados no tienen derecho a la antigüedad ni al adicional
consecuente, por lo cual ese período no puede ser incluido en el cálculo para la antigüedad ni pagado el
adicional.
Que conforme se ha señalado, la Suprema Corte rechazó un reclamo por antigüedad igual a este caso
mediante la sentencia dictada el 12/3/2018 en la causa N° 13-03816090-1 “Segura, Marcela c/ Gobierno
Prov. Mendoza s/ A.P.A.", supuesto que se trató la antigüedad en los términos del Artículo 53 de la Ley Nº
5.126. En ese fallo la Suprema Corte de Justicia señaló: "A) Reclamo por antigüedad. En cuanto al
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requerimiento de la Sra. Segura sobre el reconocimiento de su antigüedad desde el momento en que
comenzó a prestar servicios en la Administración bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicio,
estimo que la situación planteada en este caso es análoga a la resuelta por el Tribunal en el fallo
“Zaffaroni” (L.S. 460-237) y, más recientemente, en “Perelman” (CUIJ n° 13-02859528-4), en los que se
recordó la jurisprudencia según la cual el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es
un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa
legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales,
como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen
respectivo…A más de lo expuesto cabe agregar, tal como afirmé en el primero de los precedentes citados
que, conforme criterio uniforme del Tribunal, los efectos de la incorporación a la planta permanente, el
ingreso y el ascenso en la carrera administrativa, sin la realización previa de los procedimientos que la ley
predispone a fin que se garantice la acreditación de la debida idoneidad para la función (conf. lo exigen el
Artículo 16 de la Constitución Nacional y el Artículo 30 de la Constitución Provincial) deben ser leídos con
un criterio taxativo. Así por ejemplo, desde los autos n° 73.161, caratulados: "Chaparro, Ramón 342-26),
en ocasión de interpretar los alcances del Artículo 91 de la Ley Nº 5.892 (Estatuto y Escalafón Municipal) la
Sala Segunda ha resuelto que "la incorporación a la planta permanente por la permanencia en el tiempo
como personal contratado es una excepción a la regla del ingreso previo concurso, razón por la cual debe
ser analizado cada caso en particular y con criterio restrictivo". En tal contexto jurídico esta Sala interpreta
el Artículo 7, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual
expresa que: “Los Estados… reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: …c) Igual oportunidad para todos de ser
promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones
que los factores de tiempo de servicio y capacidad”. A partir de la conjunción “y” utilizada, se ha advertido
que no basta el mero transcurso del tiempo en la prestación del servicio de que se trate para acceder al
ascenso en el empleo, sino que a ello se suma otro recaudo denominado “capacidad” (L.S. 443-163)”.
Que la normativa citada en el presente, y en el acto impugnado, y en consideración a las pautas
jurisprudenciales descriptas, el razonamiento es sencillo, claro y lógico: si el adicional por antigüedad -y la
propia antigüedad- no se le reconoce al que tiene una Locación de Servicios o de Obra, es obvio -por
ende- que luego -una vez que fue designado como empleado público- no puede considerársele el período
durante el cual se vinculó al Estado mediante una Locación de Servicios a los efectos del cálculo de la
antigüedad. En otros términos: si mientras estaba contratado no podía cobrar ese adicional -pues no le es
aplicable al no ser empleado público-, entonces no puede ser considerado ese período para el cálculo de
la antigüedad ahora que sí es empleado público. Una interpretación diferente no resulta razonable.
Que por lo expuesto y en cuanto al aspecto sustancial, el Recurso Jerárquico interpuesto en contra de la
Resolución N° 284-HyF-23, debe ser rechazado.
Por ello atento a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas
en el Orden Nº 15 y por Asesoría de Gobierno en el Orden Nº 62 ambas del expediente Nº
EX-2023-09477676--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1° - Acéptese formalmente y rechácese en el aspecto sustancial el Recurso Jerárquico
interpuesto en el Orden Nº 2 del expediente Nº EX-2023-09477676--GDEMZA-CCC interpuesto por los
agentes: GRACIELA VIVIANA GATIER C.U.I.L. N° 27-17380527-1; ROSANA ELISABETH DRIS C.U.I.L.
N° 27-20595494-0; ROMINA IVANA URRUCELQUI C.U.I.L. N° 27-28733682-4; ALICIA GRACIELA
MONTERO C.U.I.L. N° 27-14880358-2; JULIO MANUEL DELGADO C.U.I.L. N° 23-26681392-9; PAOLA
RUTH DIMARCO C.U.I.L. N° 27-26945519-0; ELIZABETH MÓNICA CALOT C.U.I.L. Nº 27-17257159-5;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
RICARDO ALFREDO RUIZ MORENO C.U.I.L. N° 20-25462817-5; DANA YASMÍN TELLECHEA MURAD
C.U.I.L. N° 27-30741247-6; MATIAS LEONARDO BORRUEL C.U.I.L. N° 20-28341509-1; MARIELA
ELIZABETH CENTENO C.U.I.L. N° 27-25686397-4; LORENA GISEL MINUZZI C.U.I.L. N°
27-34068724-3; MIRIAM ANTONIA RAMÍREZ C.U.I.L. N° 27-12458624-6 y MÓNICA MABEL BUSTO
C.U.I.L. Nº 27- 16256128-1 , por los motivos expuestos de los considerandos de la presente norma legal,
en contra de la Resolución Nº 284-HyF-23 del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 2°-.Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. VICTOR FAYAD
S/Cargo
22/11/2024 (1 Pub.)
