DECRETOS

Decreto Nº 2271

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
14 de noviembre de 2024
Fecha de la norma
4 de noviembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.233 · páginas 10–13
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2271 Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica MENDOZA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 Visto el expediente N° EX-2024-01119040-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 65/24 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 25 de enero de 2024; y CONSIDERANDO: Que los requisitos formales de procedencia del recurso interpuesto han sido debidamente observados, toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la L.P.A., razón por la cual resulta admisible formalmente; Que en orden 2 del expediente asociado EX-2023-04914675-GDEMZA-DFYC#MEIYE se observa el Acta de Infracción identificada como ACTA 15181- MILLÁN S.A.; Que en orden 5 del expediente citado en el párrafo anterior rola descargo por la empresa y en orden 12 se exhibe dictamen que aconseja el dictado del acto administrativo que aplique una multa; Que en orden 22 del expediente asociado EX-2023-04914675-GDEMZA-DFYC#MEIYE luce la Resolución Nº 482/23 que desestima el descargo por no encontrar ninguna irregularidad en el acta de infracción, probado el incumplimiento a los Artículos 5 y 6 de la Resolución Nº 07/02 concordante con el Decreto Nº 274/19 y aplica la multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00); Que en orden 27 (del expediente asociado EX-2023-04914675-GDEMZA-DFYC#MEIYE), la sancionada presenta Recurso de Revocatoria que es rechazado por la Resolución Nº 641/23/DFYC, en orden 38; Que en orden 2 del EX-2024-00289354-GDEMZA-CCC se observa Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 641/23/DFyC, rechazado en lo sustancial por Resolución 65/MP/24 en orden 18; Que del análisis sustancial del Recurso interpuesto surge que la quejosa en esta instancia reitera los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer Recurso de Revocatoria y el Jerárquico; Que reitera que la Resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del acta de infracción oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos, así como que la multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta infracción imputada; Que en concordancia con las posturas asentadas en los antecedentes, el obrar de los Inspectores como el de los Asesores y Funcionarios intervinientes en el proceso ha sido regular y en cumplimiento riguroso de la normativa estipulada; Que las disposiciones transgredidas rezan: Artículo 5º de la Resolución Nº 07/2002 – “La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público, y en los lugares de venta o atención a disposición del mismo.”; Que el Artículo 6º del mismo cuerpo normativo expresa: “En el caso de bienes muebles, la exhibición se hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá utilizarse lista de precios.”; Que, como se observa, el hecho infraccionario descripto por la Ley no requiere para su configuración de intención alguna, tan solo de que acaezca el mismo; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que tampoco requiere que se genere un daño comprobable a la confianza del consumidor, ni el ilícito puede quedar “condonado” con una actitud de predisposición a las consultas de los consumidores a los dispositivos verificadores o los empleados de caja, como sugiere en la presentación. El hecho se produjo, la sancionada lo ha reconocido y como tal se ha configurado el ilícito sancionable; Que tampoco se considera que pueda esgrimirse como atenuante o eximente de responsabilidad, el volumen de artículos, la fecha comercial o las técnicas de marketing utilizadas, porque todo ello pudo y debió preverse. En una empresa de la magnitud de la recurrente se deben adaptar los mecanismos adecuados para cumplir con todas las exigencias que determina la ley, rigurosa tanto para esta como para comercios de pocos empleados (conf. Artículo 1725 del C.C. y C.); Que este tipo de infracciones no requiere que se configure la existencia de dolo o que medie un perjuicio constatable a algún consumidor determinado, pues el carácter de formal de este tipo de conductas reprochadas hace de su solo cumplimiento, materia de sanción administrativa; Que las Actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos. Este criterio ha sido seguido por el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42, tercer párrafo: “La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados”; Que la validez del Acta no requiere de la intervención de testigos que certifiquen su contenido; Que el Acta detalla exhaustivamente el procedimiento seguido por el inspector, las falencias detectadas, la normativa vulnerada, se identifican todos los productos observados que presentan deficiencias en la exhibición del precio y se le informa a la sancionada los plazos de presentación de descargo. El acta como su planilla adjunta no presenta vicios ni inconsistencias que pudieran poner en vilo la regularidad del acto; Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las Actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos; Que la Resolución Nacional Nº 07/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor fija un procedimiento específico para la exhibición de precios. En los considerandos de la norma aclara específicamente que las disposiciones dictadas se enmarcan en lo que dispone el DNU Nº 274/19 de Lealtad Comercial, reglamentando lo estipulado por el Artículo 10 incisos a) y c) de dicha normativa. Por ende la resolución tiene una exigibilidad plena y el incumplimiento de sus disposiciones hace pasible al infractor de las sanciones que establece la norma; Que en cuanto a la exorbitancia, el monto de la multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), impuesto por Resolución Nº 482/23 se encuentra dentro del rango previsto por el Artículo 57 inciso b del Decreto Nº 274/19 y se condice con los antecedentes y constancias del expediente. La empresa resulta reincidente de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 59 del mismo cuerpo legal autorizándose a duplicar los límites en su mínimo y máximo de las multas. Teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del decreto: “La autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el mercado; el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable, así como su capacidad económica. La colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción”; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que la Resolución N° 63, de fecha 3 de febrero de 2023, por medio de la cual la Secretaría de Comercio Interior (“SCI”), actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”) en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 162,55). En consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 162,55 hasta AR$ 1.625.500.000; Que la sanción parece justa en su monto, en relación a la infracción concreta que se intenta sancionar con la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractoras; Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 65/24 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 25 de enero de 2024, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 14/11/2024 (1 Pub.)