DECRETOS

Decreto Nº 2272

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Fecha de publicación
13 de noviembre de 2024
Fecha de la norma
4 de noviembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.232 · páginas 7–10
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2272 MENDOZA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 Visto el expediente N° EX-2024-05644591-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 281/24 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 16 de julio de 2024; y CONSIDERANDO: Que los requisitos formales de procedencia del recurso interpuesto han sido debidamente observados, toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la L.P.A., razón por la cual resulta admisible formalmente; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que en el expediente EX-2024-02554589-GDEMZA-CCC que se tramita en forma conjunta con el presente, se resolvió la aplicación de Multa a la quejosa según Resolución 281-MP-2024 confirmando la multa impuesta por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial a la firma MILLÁN S.A.; Que la empresa incurrió en una infracción a la normativa vigente, según se desprende de Acta N° 014909 (EX-2023-04449533-GDEMZA-DFYC#MEIYE), donde se constata la violación al Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, correspondiéndole en consecuencia una sanción en los términos del Artículo 57 inciso b) del decreto antes citado; Que la infracción tipificada aplicada se corresponde a la “Diferencia de Precio Góndola - Caja”; Que la recurrente en esta instancia no aporta argumentos válidos que permitan desvirtuar la infracción constatada, atacala resolución impugnada en razón de adolecer de vicio en la voluntad del acto y falta de motivación, ya que no se adecuaría a los Artículos 39 y 45 de la Ley Nº 9003, así como alega exorbitancia y falta de proporcionalidad en la aplicación de la multa incurriendo en un exceso de punición; Que, asimismo, ataca el Acta de Infracción atento a que el inspector no “acreditó la perfecta identidad entre el producto pasado por caja, el que figura en el ticket y el citado en la planilla”. Así, continua diciendo la quejosa, que el Inspector actuante debió acompañar el “código de barras o perfil de góndolas al acta oportunamente labrada”; Que de la actual impugnación, los argumentos principales esgrimidos por la recurrente a efectos de desvirtuar la imputación que recae sobre su accionar no invalidan la existencia de diferencias entre los precios exhibidos y los efectivamente cobrados. La normativa es clara en ese sentido y la recurrente no ha aportado defensas válidas ni efectuado argumentación legal que permita desvirtuar el hecho punible, haciendo el acta plena fe del hecho penado, siendo la conducta sancionada título habilitante de la sanción impuesta; Que no siendo objetable el acta y dado que en este tipo de causas sólo corresponde analizar si existió o no infracción a las leyes que protegen al consumidor, razón por la cual al tratarse de infracciones formales sólo es requisito acreditar la verificación de tales hechos, circunstancia ocurrida en autos, haciendo nacer por sí la responsabilidad del infractor; Que, a su vez, debe tenerse presente que se han verificado las infracciones a la ley y normas reglamentarias, así como la sustanciación de las actuaciones se ajusta al procedimiento legalmente establecido; Que no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el contenido del acta de infracción, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el caso no se advierte, así como también los argumentos expuestos por la recurrente carecen de virtualidad para invalidar el acto por ilegítimo; Que el Acta de Infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que, dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica prueba.”; Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad la legitimidad del actuar del inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura; Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos; Que de las constancias de autos y atento las opiniones legales vertidas por la repartición de origen, queda claro que el plexo normativo sanciona la publicidad engañosa prevista en el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, al encontrarse prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que, mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios; Que la finalidad del Decreto Nº 274/19 y concordantes es la protección del consumidor en su sentido más amplio, lo cual implica asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones de los bienes y servicios que le son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se corresponda con lo realmente suministrado; Que, por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de comercialización vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen efectivas en el mercado; hecho que no se refleja en las actuaciones, provocando de esta manera un claro engaño al consumidor; Que en otro punto indica la recurrente que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada, dando sus fundamentos. Tema que ha sido tratado en los antecedentes; Que sobre el particular, el Artículo 57 del Decreto Nº 274/2019 dispone: Las personas humanas o jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este Decreto y su reglamentación, serán pasibles de las siguientes sanciones: … b) Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES (10.000.000) de Unidades Móviles. A los efectos del presente Decreto, defínase a la “Unidad Móvil” como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido en la Ley N° 27.442, y será actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de dicha Ley en su página web…; Que la Resolución N° 48 de fecha 23 de enero de 2024 por medio de la cual la Secretaría de Comercio Interior (“SCI”) actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (pesos quinientos seis con diecinueve centavos). En consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$ 5.160.000.000. Por lo que la multa aplicada de $ 150.000 se encuentra sustancialmente cercana al mínimo aplicable, por lo que el argumento de la recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal sentido; Que por todo lo anterior la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, plasmando en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del Recurso presentado contra la misma; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que no se observan en ella vicios en los términos de la Ley N° 9003 que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento; Que el Artículo 42 de la Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un “trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en autos por la firma sumariada; Que, finalmente, la tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones referidos al derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales establecidas en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional; Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto la señora Elodia Valeriana Millán de Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 281/24 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 16 de julio de 2024, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. RODOLFO VARGAS S/Cargo 13/11/2024 (1 Pub.)