DECRETOS
Decreto Nº 2272
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Fecha de publicación
- 13 de noviembre de 2024
- Fecha de la norma
- 4 de noviembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.232 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2272
MENDOZA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2024
Visto el expediente N° EX-2024-05644591-GDEMZA-CCC, en el cual la señora Elodia Valeriana Millán de
Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico
contra la Resolución Nº 281/24 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 16 de julio de 2024; y
CONSIDERANDO:
Que los requisitos formales de procedencia del recurso interpuesto han sido debidamente observados,
toda vez que ha sido impetrado en legal tiempo y forma, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 179 de la
L.P.A., razón por la cual resulta admisible formalmente;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que en el expediente EX-2024-02554589-GDEMZA-CCC que se tramita en forma conjunta con el
presente, se resolvió la aplicación de Multa a la quejosa según Resolución 281-MP-2024 confirmando la
multa impuesta por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial a la firma MILLÁN
S.A.;
Que la empresa incurrió en una infracción a la normativa vigente, según se desprende de Acta N° 014909
(EX-2023-04449533-GDEMZA-DFYC#MEIYE), donde se constata la violación al Artículo 11 del Decreto Nº
274/19, correspondiéndole en consecuencia una sanción en los términos del Artículo 57 inciso b) del
decreto antes citado;
Que la infracción tipificada aplicada se corresponde a la “Diferencia de Precio Góndola - Caja”;
Que la recurrente en esta instancia no aporta argumentos válidos que permitan desvirtuar la infracción
constatada, atacala resolución impugnada en razón de adolecer de vicio en la voluntad del acto y falta de
motivación, ya que no se adecuaría a los Artículos 39 y 45 de la Ley Nº 9003, así como alega exorbitancia
y falta de proporcionalidad en la aplicación de la multa incurriendo en un exceso de punición;
Que, asimismo, ataca el Acta de Infracción atento a que el inspector no “acreditó la perfecta identidad
entre el producto pasado por caja, el que figura en el ticket y el citado en la planilla”. Así, continua diciendo
la quejosa, que el Inspector actuante debió acompañar el “código de barras o perfil de góndolas al acta
oportunamente labrada”;
Que de la actual impugnación, los argumentos principales esgrimidos por la recurrente a efectos de
desvirtuar la imputación que recae sobre su accionar no invalidan la existencia de diferencias entre los
precios exhibidos y los efectivamente cobrados. La normativa es clara en ese sentido y la recurrente no ha
aportado defensas válidas ni efectuado argumentación legal que permita desvirtuar el hecho punible,
haciendo el acta plena fe del hecho penado, siendo la conducta sancionada título habilitante de la sanción
impuesta;
Que no siendo objetable el acta y dado que en este tipo de causas sólo corresponde analizar si existió o
no infracción a las leyes que protegen al consumidor, razón por la cual al tratarse de infracciones formales
sólo es requisito acreditar la verificación de tales hechos, circunstancia ocurrida en autos, haciendo nacer
por sí la responsabilidad del infractor;
Que, a su vez, debe tenerse presente que se han verificado las infracciones a la ley y normas
reglamentarias, así como la sustanciación de las actuaciones se ajusta al procedimiento legalmente
establecido;
Que no se advierten razones que permitan a la Administración poner en duda el contenido del acta de
infracción, razón por la cual labrada la misma con las formalidades del caso y por un inspector de la
repartición, su contenido debe ser tenido por auténtico salvo que existieran graves razones de las que se
pudiera inducir que ha habido falsedad y/u otra circunstancia que permita su impugnación, lo que en el
caso no se advierte, así como también los argumentos expuestos por la recurrente carecen de virtualidad
para invalidar el acto por ilegítimo;
Que el Acta de Infracción reúne los requisitos que exige la norma, la que al efecto refiere: “Procedimiento
de oficio. Artículo 42 – Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante
procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se
notificará al presunto infractor que, dentro de los diez días de notificado, deberá presentar su descargo y
ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La autoridad de
aplicación pondrá a disposición del presunto infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá
la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación
tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses,
pudieran aportar los administrados. Será de aplicación el Artículo 39 del presente decreto en materia de
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
prueba.”;
Que de la interpretación realizada del artículo se desprende con claridad la legitimidad del actuar del
inspector, habiendo otorgado la posibilidad de presentar a la sancionada su descargo y ofrecer toda la
prueba que considera conducente a los efectos de demostrar su postura;
Que como se ha reiterado en las anteriores presentaciones y como se interpreta del artículo, las actas
labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial constituyen
instrumentos públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos;
Que de las constancias de autos y atento las opiniones legales vertidas por la repartición de origen, queda
claro que el plexo normativo sanciona la publicidad engañosa prevista en el Artículo 11 del Decreto Nº
274/19, al encontrarse prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que, mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios;
Que la finalidad del Decreto Nº 274/19 y concordantes es la protección del consumidor en su sentido más
amplio, lo cual implica asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones de
los bienes y servicios que le son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se
corresponda con lo realmente suministrado;
Que, por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y servicios cumplan con las normas de
comercialización vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen
efectivas en el mercado; hecho que no se refleja en las actuaciones, provocando de esta manera un claro
engaño al consumidor;
Que en otro punto indica la recurrente que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada,
dando sus fundamentos. Tema que ha sido tratado en los antecedentes;
Que sobre el particular, el Artículo 57 del Decreto Nº 274/2019 dispone: Las personas humanas o jurídicas
que no cumplan con las disposiciones de este Decreto y su reglamentación, serán pasibles de las
siguientes sanciones: … b) Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES
(10.000.000) de Unidades Móviles. A los efectos del presente Decreto, defínase a la “Unidad Móvil” como
unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido en la Ley N° 27.442, y será
actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o el indicador de
inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año,
entrando en vigencia desde el momento de su publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de
dicha Ley en su página web…;
Que la Resolución N° 48 de fecha 23 de enero de 2024 por medio de la cual la Secretaría de Comercio
Interior (“SCI”) actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la
Competencia (“LDC”) en AR$ 506.19 (pesos quinientos seis con diecinueve centavos). En consecuencia,
la sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se
establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir desde AR$ 506.19 hasta AR$
5.160.000.000. Por lo que la multa aplicada de $ 150.000 se encuentra sustancialmente cercana al mínimo
aplicable, por lo que el argumento de la recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal
sentido;
Que por todo lo anterior la resolución cuestionada se encuentra debidamente fundamentada, plasmando
en sus considerandos los motivos de la admisión formal y el rechazo sustancial del Recurso presentado
contra la misma;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que no se observan en ella vicios en los términos de la Ley N° 9003 que permitan aconsejar la acogida
favorable del recurso en tratamiento;
Que el Artículo 42 de la Carta Magna Nacional protege la provisión de bienes y servicios con base en un
“trato equitativo y digno” hacia los consumidores, de manera tal que su comercialización asegure la
libertad de elección y condiciones dignas de trato, fin protegido, vulnerado en autos por la firma sumariada;
Que, finalmente, la tramitación administrativa cumple con los estándares constituciones referidos al
derecho de defensa, la tutela y debido proceso administrativo en armonía con las garantías procesales
establecidas en el Artículo 18 de la Carta Magna Nacional;
Por lo expuesto y en conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Producción y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto la señora Elodia Valeriana Millán de
Puy, en nombre y representación de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº
281/24 emitida por el Ministerio de Producción en fecha 16 de julio de 2024, por lo que la misma queda
confirmada en todos sus términos.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. RODOLFO VARGAS
S/Cargo
13/11/2024 (1 Pub.)
