DECRETOS
Decreto Nº 2143
- Fecha de publicación
- 8 de noviembre de 2024
- Fecha de la norma
- 28 de octubre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.229 · páginas 22–25
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2143
MENDOZA, 28 DE OCTUBRE DE 2024
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2021-05224752-GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que en las citadas actuaciones el Auxiliar – Personal Policial – PEREZ MARTINEZ, ALAN NICOLAS,
interpone Recurso de Alzada contra la Resolución N° 14/2024, dictada por el Directorio de la Inspección
General de Seguridad, acompañada en orden 115, que rechazó el Recurso de Revocatoria incoado contra
la Resolución N° 821/2023, emitida por el citado organismo, por la cual se rechazó la nulidad planteada
por el sumariado, adjunta en orden 106;
Que en orden 125 Asesoría de Gobierno efectúa un análisis formal del recurso incoado y dictamina:
“…Desde el punto de vista formal, considerando que el acto fue notificado el 08/01/24 (v. orden 117) y el
recurso presentado el 29/01/24 (v. correo electrónico de orden 118), esta Asesoría entiende corresponde
admitirlo formalmente por haber sido presentado dentro del término previsto por el artículo 184 de la Ley
N° 9003…”;
Que el recurrente en su presentación de orden 118, esgrime que el Instructor Sumariante en su conclusión
no puede dar como acreditada una falta cuando no existe sentencia en la causa penal. Afirma que la
plataforma fáctica con la que se inicia el sumario administrativo se basa completamente en la causa penal,
por lo que corresponde que se incorpore la compulsa de ésta a la causa administrativa. Señala asimismo
que si en la causa penal se determina que no existió delito, que no hubo ninguna violación de domicilio ni
ninguna privación ilegítima de la libertad, el sustento de la sanción solicitada se pierde;
Que Asesoría de Gobierno efectúa un análisis sustancial del recurso en trato y dictamina: “…que el sumario
administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al
Régimen Disciplinario Policial respectivo (Ley N° 6722/99 y modificatorias). Y el procedimiento
predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el
accionar del Sr. Pérez Martínez, constituye asimismo el ilícito de “Violación de Domicilio en concurso real
con Privación Ilegítima de la Libertad” que se le imputó en el expediente penal N° P-58.265/21. En tal
sentido, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por
uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “…las
investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio
de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario
sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es
más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el
cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento
no de los deberes asignados”. (LS312-Fs.219); “Tal y como lo reconoce la accionante, cabe recordar que
resulta un criterio sostenido por este Tribunal en la materia el del deslinde de las diferentes órbitas de
responsabilidad. Esto es, “la responsabilidad del funcionario público por su gestión reconoce varias áreas
o facetas que no se superponen. Existe la responsabilidad política o institucional, una responsabilidad
administrativa o disciplinaria, una responsabilidad contable por el buen manejo de fondos y,
eventualmente, una responsabilidad penal...la responsabilidad administrativa o disciplinaria que emerge
del poder de investigación y aplicación de sanciones a los funcionarios o empleados públicos sometidos a
un procedimiento administrativo especial cual es el sumario administrativo ... Exigir la culminación de todos
los procesos podría generar un círculo vicioso de interdependencia del proceso disciplinario, con el penal y
con el contable y no terminaría ninguno en tiempo y forma consagrando un marco de impunidad…” (L.S.
299-279). En función de lo expuesto es posible concluir que en la especie, en razón de lo supra
argumentado, no se da el presupuesto necesario para la suspensión del presente proceso sobre la base
de considerar como una cuestión de carácter previo la resolución de la causa penal, ni entender que existe
un necesario condicionamiento entre lo que se decida en ambos procesos…”. (SCJM, autos CUIJ:
13-04268232-7 caratulados “Bacciedoni Viviana Patricia c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/APA,
19/2/2020). Y es dable tener presente que la referida independencia entre la responsabilidad administrativa
y la penal tiene, en el caso del Régimen Disciplinario Policial, consagración legislativa expresa en el
artículo 141 de la Ley N° 6722 y modificatorias…”;
Que en orden 02 obra Resolución N° 659/21 de la Inspección General de Seguridad mediante la cual se
inició formal sumario administrativo al Sr. Pérez Martínez, por la posible comisión de la falta administrativa
tipificada en el Art. 100 inciso 1), en relación con los Arts. 8, 9 inciso 2) y 43 inciso 3) todos de la Ley N°
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
6722/99 y modificatorias y Arts. 4, 5 supuestos 1) y 2) y 6 inciso a) de la Ley N° 26.485 en razón que el
día 13 de junio de 2021 a las 10:30 horas aproximadamente, se desplaza personal policial hacia un
domicilio sito en Groussac 1.525 de Godoy Cruz, por un llamado al 911 de una ciudadana llamada Carla
Celedón, quien manifiesta que en su domicilio se encuentra una persona en el patio, la cual accedió sin su
consentimiento tras trepar una medianera del mismo, y que sospecha que podría ser su ex pareja quien es
efectivo policial. Ya presente personal de Comisaría 40 en el lugar, así como también del GRIS, logran
constatar que se trataba del Auxiliar P.P. Pérez Martínez Alan Nicolás, quien a su vez se encontraba en
posesión de su arma reglamentaria;
Que continuando con su análisis legal Asesoría de Gobierno, expresa: “…que puntualmente y en relación a
la falta de incorporación de prueba que alega el recurrente, en cuanto a que luego de que su defensor
solicitase la incorporación de copia de la causa penal y la declaración testimonial de los funcionarios que
se encontraban en el lugar y que tuvieron contacto con el sumariado y a quienes participaron como
negociadores (v. orden 30, acta testimonial del Subcomisario Terrero Salinas), en el orden 31 la instrucción
hizo lugar a lo solicitado y requirió a la defensa la incorporación de copias de autos N° P-58.265/21,
otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles administrativos a tal fin. Lo cual se le notificó en fecha
20/10/2021 al domicilio electrónico constituido (v. orden 32), y posteriormente en fecha 20/12/2021 se le
notificó la clausura del sumario. Por todo lo cual, la presentación efectuada para fecha 03/02/2022, según
afirma la propia defensa (v. orden 55) solicitando que se incorpore compulsa del expediente penal,
resultando totalmente extemporáneo por haber concluido la etapa de producción probatoria. Por último,
también cabe advertir, en relación al reclamo del Sr. Pérez Martínez de que en la causa penal “glosan las
declaraciones de las víctimas en donde dicen que nunca se encontraron privados de su libertad, por lo que
se desvirtúa el hecho imputado”, que en sus conclusiones la Instrucción refiere y transcribe las
declaraciones de la víctima y de su pareja y que aún cuando ambos manifestaron que no fueron privados
de su libertad, la plataforma fáctica y jurídica oportunamente imputada no se agota en la privación ilegítima
de la libertad, sino que comprende la violación de domicilio y la totalidad de la conducta disvaliosa
observada por el agente en el marco del hecho investigado. En síntesis no hay ilegitimidad alguna en la
resolución cuestionada, por lo cual a criterio de esta Asesoría de Gobierno, la impugnación interpuesta
debe ser rechazada sustancialmente…”;
Por ello, y de conformidad a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 125;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese desde el aspecto formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada
interpuesto por el Auxiliar – Personal Policial – PEREZ MARTINEZ, ALAN NICOLAS, D.N.I. N°
39.086.090, contra la Resolución N° 14/2024, dictada por el Directorio de la Inspección General de
Seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, que rechazó el Recurso de Revocatoria
incoado contra la Resolución N° 821/2023, emitida por el citado organismo, que se rechazó la nulidad
planteada por el sumariado, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - A fin de dar cumplimiento con el Art. 150 de la Ley N° 9003, debido a que el acto
administrativo que resuelve este recurso agota la instancia, deberá hacerse constar en la notificación a
efectuarse, que el recurrente cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista
en la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la
notificación del decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
08/11/2024 (1 Pub.)
