DECRETOS
Decreto Nº 1750
MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS
- Fecha de publicación
- 10 de octubre de 2024
- Fecha de la norma
- 9 de septiembre de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.209 · páginas 17–19
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1750
MENDOZA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Visto el expediente N° EX-2024-05230833- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden N° 2 del expediente N° EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC, el señor SANTIAGO
LAUGERO, D.N.I. N° 22.049.557, en representación de "CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO
CONSTRUCCIONES S.A. UT.", presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 72 de fecha 24 de
junio de 2024, emitida por el Subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuya copia
se agrega en el Orden N° 74 del expediente Nº EX-2023-06221444--GDEMZA-UFI#MHYF, mediante la
cual admite en lo formal y rechaza en lo sustancial el Recurso de Reconsideración interpuesto por los
señores ALEJANDRO F. JOFRÉ y SANTIAGO LAUGERO en representación de las empresas
CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT., contra la Resolución Nº
003-SF-24 que dispuso la aplicación de la multa.
Que mediante Resolución N° 003-SF-24 se resolvió aplicar la multa prevista en la Cláusula 49.1 Sección
VI de las Condiciones Especiales del Contrato a la contratista CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y
LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT., por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($5.871.617,60).
Que por Resolución Nº 72 de fecha 24 de junio de 2024, emitida por el Subsecretario de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, se admite en lo formal y se rechaza en lo sustancial el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la contratista CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO
CONSTRUCCIONES S.A. UT.
Que en la interposición del Recurso Jerárquico citado, la recurrente plantea la SUSPENSIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL ACTO (Resolución N° 003-SF-24) con base en el Artículo 83 inc. b) de la Ley de
Procedimiento Administrativo de Mendoza N° 9.003, expresando en su parte pertinente del recurso que “…
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
la administración no se ha expedido sobre todos los puntos peticionados a lo largo del tiempo, por esta
parte, ha desconocido arbitrariamente los planteos realizados y en forma ARBITRARIA Y UNILATERAL ha
impuesto una multa…”.
Que en este sentido, la recurrente considera y entiende que en el caso particular se presentan los
supuestos que contempla el Artículo 83 de la Ley Nº 9.003, los cuales habilitan a proceder a la suspensión
del acto y por ello requieren se disponga la misma.
Que si bien la citada norma contempla distintos supuestos que facultan a la autoridad que dictó el acto o la
que deba resolver la impugnación, disponer de oficio o a pedido de parte y en ambos casos mediante
resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de las causales previstas por la
norma, se debe tener presente el principio general que la norma consagra como regla general: “la no
suspensión de los actos”, de modo que las excepciones deben ser analizadas en forma restrictiva ya que
es de naturaleza excepcional y facultativa la suspensión de los Actos.
Que el Artículo 83 de la Ley N° 9.003 dispone: “La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad
no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la
impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución
fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: Cuando la
ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente
mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. Cuando se alegare
verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. Cuando la autoridad constate que no hay
necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o
al interés público. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida a los sesenta (60) días
corridos de presentada la solicitud de suspensión, si la Administración u Organismo competente para
decidir sobre la misma no hubiere notificado resolución expresa al respecto. Si, excepcionalmente fuere
necesario producir prueba o recabar informes para resolver, la suspensión tácita operará una vez
diligenciados y desde el vencimiento del plazo previsto en el Artículo 160 para el dictado de resoluciones
incidentales. El acto motivado de suspensión podrá adoptar otras medidas cautelares necesarias para
asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución definitiva sobre el acto
en cuestión. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo
producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder por ellos, en el modo y
monto que justificare la autoridad competente. El acto administrativo que adopta una medida suspensiva o
dispone el rechazo del pedido cautelar es siempre provisorio y puede ser revocado o modificado cuando
cambien las circunstancias que determinaron su dictado.”.
Que asimismo, la norma citada indica con claridad que la autoridad administrativa “podrá” disponer la
suspensión de los actos solo en el caso que se configuren las situaciones objetivas que describe.
Que el planteo de la petición de suspensión formulada por la recurrente no presenta argumentos fundados
ni sustentados en pruebas concretas, que permitan calificar como “irregular” el acto cuya suspensión se
solicita, ni acredita, ni siquiera menciona cuál es el peligro en la demora, ni el grave perjuicio que le
ocasionaría la ejecución de esa multa.
Que no surge de estas actuaciones que la ilegitimidad invocada por la recurrente sea ostensible, patente,
manifiesta, permitiendo suponer prima facie que la resolución en cuestión sea nula. Tampoco se
acompañan elementos que acrediten perjuicio alguno.
Que es preciso tener presente que tratándose de la suspensión de decisiones del Poder Administrador,
dotadas de presunción de legalidad y de ejecutividad, la valoración debe ser sumamente restrictiva,
limitándola a situaciones excepcionales, dada la presunción de legitimidad de la que gozan las decisiones
administrativas, debiéndose acreditar prima facie vicio evidente en el acto o un daño irreparable.
Que por lo expuesto, el caso particular se trata de la ejecución de una multa, cuya magnitud no es
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
significativa en la economía del contrato, ni en el patrimonio de las empresas sancionadas (al punto que en
la petición de la suspensión ni siquiera se menciona el monto de la misma).
Que la sanción aplicada por Resolución N° 003-SF-24, ha sido dictada respetando los derechos y
garantías de la recurrente; existiendo informes técnicos y jurídicos ampliamente fundamentados que dan
sustento a la multa aplicada, sumado la falta de fundamentación adecuada de la causa que justificaría el
apartarse del principio general del carácter “no suspensivo” de los recursos.
Que por todo lo expuesto la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO solicitada por la recurrente en
el Recurso Jerárquico interpuesto en el Orden N° 2 del expediente de referencia debe ser rechazada.
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y
Finanzas en el Orden N° 17 y por Asesoría de Gobierno en el Orden N° 29, ambos del expediente Nº
EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E :
ARTÍCULO 1° - Establézcase que sin perjuicio de la continuidad del trámite del Recurso Jerárquico
interpuesto a Orden N° 2 del expediente N° EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC, rechácese la
Suspensión de la Ejecución del Acto Administrativo - Resolución N° 003-SF-24 solicitada por el señor
SANTIAGO LAUGERO, D.N.I. N° 22.049.557, en representación de "CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y
LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT.", en el mencionado Recurso, por las razones expuestas en los
considerandos del presente decreto.
ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. VÍCTOR FAYAD
S/Cargo
10/10/2024 (1 Pub.)
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
