DECRETOS

Decreto Nº 1750

MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS

Fecha de publicación
10 de octubre de 2024
Fecha de la norma
9 de septiembre de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.209 · páginas 17–19
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1750 MENDOZA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Visto el expediente N° EX-2024-05230833- -GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en el Orden N° 2 del expediente N° EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC, el señor SANTIAGO LAUGERO, D.N.I. N° 22.049.557, en representación de "CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT.", presenta Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 72 de fecha 24 de junio de 2024, emitida por el Subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, cuya copia se agrega en el Orden N° 74 del expediente Nº EX-2023-06221444--GDEMZA-UFI#MHYF, mediante la cual admite en lo formal y rechaza en lo sustancial el Recurso de Reconsideración interpuesto por los señores ALEJANDRO F. JOFRÉ y SANTIAGO LAUGERO en representación de las empresas CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT., contra la Resolución Nº 003-SF-24 que dispuso la aplicación de la multa. Que mediante Resolución N° 003-SF-24 se resolvió aplicar la multa prevista en la Cláusula 49.1 Sección VI de las Condiciones Especiales del Contrato a la contratista CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT., por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA CENTAVOS ($5.871.617,60). Que por Resolución Nº 72 de fecha 24 de junio de 2024, emitida por el Subsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se admite en lo formal y se rechaza en lo sustancial el Recurso de Reconsideración interpuesto por la contratista CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT. Que en la interposición del Recurso Jerárquico citado, la recurrente plantea la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO (Resolución N° 003-SF-24) con base en el Artículo 83 inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza N° 9.003, expresando en su parte pertinente del recurso que “… Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica la administración no se ha expedido sobre todos los puntos peticionados a lo largo del tiempo, por esta parte, ha desconocido arbitrariamente los planteos realizados y en forma ARBITRARIA Y UNILATERAL ha impuesto una multa…”. Que en este sentido, la recurrente considera y entiende que en el caso particular se presentan los supuestos que contempla el Artículo 83 de la Ley Nº 9.003, los cuales habilitan a proceder a la suspensión del acto y por ello requieren se disponga la misma. Que si bien la citada norma contempla distintos supuestos que facultan a la autoridad que dictó el acto o la que deba resolver la impugnación, disponer de oficio o a pedido de parte y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de las causales previstas por la norma, se debe tener presente el principio general que la norma consagra como regla general: “la no suspensión de los actos”, de modo que las excepciones deben ser analizadas en forma restrictiva ya que es de naturaleza excepcional y facultativa la suspensión de los Actos. Que el Artículo 83 de la Ley N° 9.003 dispone: “La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida a los sesenta (60) días corridos de presentada la solicitud de suspensión, si la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma no hubiere notificado resolución expresa al respecto. Si, excepcionalmente fuere necesario producir prueba o recabar informes para resolver, la suspensión tácita operará una vez diligenciados y desde el vencimiento del plazo previsto en el Artículo 160 para el dictado de resoluciones incidentales. El acto motivado de suspensión podrá adoptar otras medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución definitiva sobre el acto en cuestión. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder por ellos, en el modo y monto que justificare la autoridad competente. El acto administrativo que adopta una medida suspensiva o dispone el rechazo del pedido cautelar es siempre provisorio y puede ser revocado o modificado cuando cambien las circunstancias que determinaron su dictado.”. Que asimismo, la norma citada indica con claridad que la autoridad administrativa “podrá” disponer la suspensión de los actos solo en el caso que se configuren las situaciones objetivas que describe. Que el planteo de la petición de suspensión formulada por la recurrente no presenta argumentos fundados ni sustentados en pruebas concretas, que permitan calificar como “irregular” el acto cuya suspensión se solicita, ni acredita, ni siquiera menciona cuál es el peligro en la demora, ni el grave perjuicio que le ocasionaría la ejecución de esa multa. Que no surge de estas actuaciones que la ilegitimidad invocada por la recurrente sea ostensible, patente, manifiesta, permitiendo suponer prima facie que la resolución en cuestión sea nula. Tampoco se acompañan elementos que acrediten perjuicio alguno. Que es preciso tener presente que tratándose de la suspensión de decisiones del Poder Administrador, dotadas de presunción de legalidad y de ejecutividad, la valoración debe ser sumamente restrictiva, limitándola a situaciones excepcionales, dada la presunción de legitimidad de la que gozan las decisiones administrativas, debiéndose acreditar prima facie vicio evidente en el acto o un daño irreparable. Que por lo expuesto, el caso particular se trata de la ejecución de una multa, cuya magnitud no es Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica significativa en la economía del contrato, ni en el patrimonio de las empresas sancionadas (al punto que en la petición de la suspensión ni siquiera se menciona el monto de la misma). Que la sanción aplicada por Resolución N° 003-SF-24, ha sido dictada respetando los derechos y garantías de la recurrente; existiendo informes técnicos y jurídicos ampliamente fundamentados que dan sustento a la multa aplicada, sumado la falta de fundamentación adecuada de la causa que justificaría el apartarse del principio general del carácter “no suspensivo” de los recursos. Que por todo lo expuesto la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO solicitada por la recurrente en el Recurso Jerárquico interpuesto en el Orden N° 2 del expediente de referencia debe ser rechazada. Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el Orden N° 17 y por Asesoría de Gobierno en el Orden N° 29, ambos del expediente Nº EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA R E S U E L V E : ARTÍCULO 1° - Establézcase que sin perjuicio de la continuidad del trámite del Recurso Jerárquico interpuesto a Orden N° 2 del expediente N° EX-2024-05230833--GDEMZA-CCC, rechácese la Suspensión de la Ejecución del Acto Administrativo - Resolución N° 003-SF-24 solicitada por el señor SANTIAGO LAUGERO, D.N.I. N° 22.049.557, en representación de "CORPORACIÓN DEL SUR S.A. y LAUGERO CONSTRUCCIONES S.A. UT.", en el mencionado Recurso, por las razones expuestas en los considerandos del presente decreto. ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. VÍCTOR FAYAD S/Cargo 10/10/2024 (1 Pub.) MINISTERIO DE PRODUCCIÓN