DECRETOS
Decreto Nº 1045
MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS
- Fecha de publicación
- 2 de agosto de 2024
- Fecha de la norma
- 29 de mayo de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.160 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1045
MENDOZA, 29 DE MAYO DE 2024
Visto el expediente N° EX-2023-09231833--GDEMZA-MGTyJ; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden Nº 2 del expediente de referencia, el Doctor ULPIANO LEANDRO SUAREZ, en su
condición de Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, solicita por un lado la intervención
del señor Gobernador de la Provincia “para gestionar la adecuación del Fondo Compensador creado por
Ley 6393/96 en su Artículo 7º”, a través de las áreas de gobierno correspondientes y por otro lado, “tomar
intervención inmediata a fin de gestionar la adecuación del Fondo Compensador ordenando preventi-
vamente se transfiera al municipio el monto correspondiente a la aplicación del coeficiente C.E.R. y se dé
solución definitiva a la problemática, dejando establecida esta u otra forma de adecuación…”.
Que señala asimismo que “la sanción de la Ley Nº 6393/96 provocó una importante pérdida de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en la participación de la distribución total, devenida básicamente
por eliminación de los coeficientes de eficiencia, de la distribución por coeficiente devolutivo (según lo
facturado) del impuesto inmobiliario, del 50 % de la distribución de regalías por índice general, la reducción
de la distribución por coeficiente devolutivo del Impuesto Automotor en un 20 % y la creación del Fondo
Compensador.”
Que indica que la Ley Nº 6.396 “reconoce el detrimento” al municipio estableciendo por tal motivo un
fondo fijo de $4.100.000 que distribuye entre la Ciudad de Mendoza (96,15%) y La Paz (3,85%). Tal
monto fue adecuado “sólo en dos oportunidades a pedido de la Municipalidad de la Ciudad.” En el año
2008 por medio de la Ley Nº 7.837 (Artículo 153 - Modifícase el Art. 7º de la Ley Nº 6396, quedando
redactado de la siguiente manera: “Créase, a partir del primero de enero de 2008, el Fondo Compensador
integrado por un aporte del Gobierno de la Provincia de pesos nueve millones ($9.000.000) anuales,
distribuyéndose en cuotas mensuales iguales, que serán efectivizadas junto con los recursos del Art. 6º.
Esta suma será distribuida de la siguiente manera: A) Municipalidad de Capital: 96,15%; B) Municipalidad
de La Paz: 3,85%) y en el año 2010 por Ley 8154 (Artículo 118 - Fondo Compensador - Modifíquese el
Artículo 7º de la Ley Nº 6396 y sus modificatorias, a partir del 1º de enero de 2010, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Art. 7.- Créase el Fondo Compensador integrado por un aporte del
Gobierno de la Provincia de pesos trece millones ($13.000.000) anuales, distribuyéndose en cuotas
mensuales iguales, que serán efectivizadas junto con los recursos del artículo 6º. Esta suma será
distribuida de la siguiente manera: a) Municipalidad de Capital: 96,15%; b) Municipalidad de La Paz:
3,85%").
Que afirma que el crecimiento de la masa coparticipable ha dejado muy lejos el concepto y espíritu del
fondo compensador, que al momento de su creación significaba un 2,50% del total de fondos a coparticipar
y en el ejercicio 2024 representaría solo un 0,004%. En igual sentido, manifiesta que los ingresos que
recibe la Ciudad por este concepto pasaron de representar el 26,83% de las transferencias totales por
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
coparticipación en el año 1997, mientras que representarán el 0,067% en el año 2024.
Que finalmente, señala que la situación ha sido planteada también ante el Poder Legislativo, existiendo
proyectos presentados con la finalidad de adecuar el fondo y establecer algún sistema de ajuste, a fin de
garantizar la autonomía económica y financiera del municipio (indica en este sentido que “sin recursos
nada existe, por más autonomía que se proclame”).
Que corresponde encuadrar formalmente la presentación como Reclamo Administrativo en los términos del
Artículo 187 de la Ley Nº 9.003, por lo que “…no está sujeto a plazos perentorios, pudiendo presentarse
mientras la acción para hacer valer el derecho o interés jurídico invocados no haya prescripto”. Que
conforme la norma citada, “El reclamo administrativo debe ser decidido por el órgano que tenga asignada
la competencia para ello” y “La decisión que causa estado será la dictada por el Poder Ejecutivo o por el
Ministerio que aquél designe al efecto….”
Que la presentación cuestiona los alcances del Artículo 7º de la Ley Nº 6.396 (si bien por un error material
se menciona como Ley 6.393 en diversos pasajes del reclamo) que en su actual redacción, luego de ser
reformado por Ley Nº 8.154 establece: “Créase el Fondo Compensador integrado por un aporte del
Gobierno de la Provincia de pesos trece millones ($13.000.000) anuales, distribuyéndose en cuotas
mensuales iguales, que serán efectivizadas junto con los recursos del Artículo 6º. Esta suma será
distribuida de la siguiente manera: a) Municipalidad de Capital: 96,15%; b) Municipalidad de La Paz:
3,85%".
Que la Ley Nº 6.396 regula el régimen de coparticipación entre la Provincia y los Municipios. Establece en
su Artículo 1º las participaciones de las municipalidades de la Provincia en los recursos de jurisdicción
nacional y provincial efectivamente percibidos por la Provincia y en su Artículo 2º los mecanismos de
distribución de esa masa de recursos (corresponde: a) 25% en igual proporción a todos los municipios. b)
65% en proporción directa al total de la población de cada departamento. c) 10% en función al coeficiente
de equilibrio del desarrollo regional que se indica en Planilla Anexa I, la cual es parte integrante de la
presente ley); con excepción de los previstos en los incisos e) (Impuesto a los Automotores) y f) (Regalías
petrolíferas, uraníferas e hidroeléctricas y gasíferas y por derechos de asociación en la exploración,
desarrollo y explotación de cualquier área de la Provincia de Mendoza percibido o por percibir) que se
regulan en los Artículos 3º y 4º.
Que el Artículo 5º de la norma citada precedentemente, reglamenta el coeficiente de equilibrio del
desarrollo regional al que refiere el inciso c) del Artículo 2º.
Que el Artículo 8º de la Ley Nº 6.396, dispone la creación de “la Comisión Especial Bicameral de
coparticipación municipal en el ámbito de la Legislatura Provincial, la que tendrá como objeto elaborar un
proyecto de ley que establezca un sistema de coordinación financiera entre la provincia y los municipios.
Dicho sistema deberá tender al logro de por lo menos los siguientes objetivos: a) Mayor eficiencia en el
uso de los recursos. b) Tender al mejoramiento y unificación de los sistemas de información financiera. c)
Mayor equidad en la distribución de los recursos. d) Tender al crecimiento armónico de la Provincia.”
Que de los antecedentes del caso, los argumentos del reclamante y el marco normativo vigente, se
advierte que el planteo en trato no puede prosperar porque se formula inicialmente como una solicitud para
“gestionar la adecuación del Fondo Compensador” la que, como bien se deja entrever a lo largo del
desarrollo de los argumentos, corresponde al ámbito competencial de la Honorable Legislatura de la
Provincia. Así se señalan las modificaciones o “adecuaciones” que ha efectuado el cuerpo legislativo a la
norma en conflicto “a pedido de la Municipalidad” y se reseñan distintos proyectos que actualmente se
encuentran en trámite ante ese órgano.
Que en consecuencia, el Coeficiente del Artículo 7º de la Ley Nº 6.396 solo puede ser modificado o
alterado por la propia Legislatura mediante la modificación del texto normativo, tal como hiciera en los años
2008 y 2010.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que se solicita adicionalmente “tomar intervención inmediata a fin de gestionar la adecuación del Fondo
Compensador ordenando preventivamente se transfiera al municipio el monto correspondiente a la
aplicación del coeficiente C.E.R. y se dé solución definitiva a la problemática, dejando establecida esta u
otra forma de adecuación…”.
Que dicha pretensión, implica apar-tarse del texto normativo en tanto pretende que se asigne a la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza un monto distinto al que prevé el Artículo 7º de la Ley Nº 6.396 (en
el pedido de pronto despacho que obra en Orden Nº 2 del expediente Nº EX-2024-1636835--GDEMZA-
GOBIERNO indica que frente al primer pago efectuado por el gobierno provincial por la suma de
$1.041.625, recibido en disconformidad por el municipio, correspondería la suma de $606.023.265) lo que
resulta improcedente.
Que tanto en su redacción original como en sus posteriores modificaciones, la norma ha optado por
conformar el Coeficiente mediante una suma fija, sin prever ningún mecanismo de actualización. De esta
manera, la mención al “espíritu” de la norma que se incorpora en el reclamo como fundamento para
solicitar su modificación, al margen de resultar un concepto en líneas generales inasible, no responde a la
expresa decisión manifestada por el legislador tanto al momento de concebir el Coeficiente, como en sus
sucesivas modificaciones, en las que ha optado siempre por no incluir un mecanismo de actualización
automática, lo que impide considerar que exista una decisión implícita en la norma de que ese monto sea
modificado por otro mecanismo que no sea el de la sustitución del artículo por la propia legislatura.
Que cualquier modificación o apartamiento de lo expresamente previsto por la norma por parte de la
administración, importaría arrogarse la facultad de modificar el texto legal, en abierta contradicción con las
disposiciones del Artículo 12 de la Constitución de la Provincia, en cuanto establece que “El gobierno de la
Provincia será dividido en tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de éstos podrá
arrogarse, bajo pena de nulidad, facultades que no le estén deferidas por esta Constitución, ni delegar las
que le correspondan.”
Que la Ley Nº 6.396 contempla en el Artículo 8º la conformación de una Comisión Bicameral con
competencia para revisar todo lo atinente al régimen de coparticipación municipal, lo que resulta acorde a
las facultades legislativas en la materia y refuerza el argumento de la improcedencia de un reclamo de esta
naturaleza ante el Poder Ejecutivo.
Que por su parte el Dictamen Nº 338/2021, Asesoría de Gobierno señala, sobre las “variadas
aplicaciones” del principio de informalismo administrativo, “que la equivocación en el destinatario del
recurso (es decir, la equivocación respecto a la autoridad para ante quien se lo interpone) tampoco afecta
la procedencia del recurso, y que debe ser tramitado por la administración en la forma pertinente
(Dictámenes, 73: 69; 66: 210; 64: 176; 60: 34, etc) inclusive cuando la calificación hecha por el recurrente
es clara y terminante: Si el recurso que el administrado quiso interponer es improcedente, la administración
debe considerarlo y resolverlo como si fuera el recurso que en su lugar era Procedente” (Dictámenes 66:
225).
Que en el caso, no estando en cuestión un accionar u omisión materialmente administrativa (Artículo 187
de la L.P.A., primer párrafo), en la mejor hipótesis para la reclamante, la omisión legislativa en proceder a
una nueva modificación de las leyes que ella misma invoca como antecedentes y fundamento de su
pretensión, ello solo puede decidirlo la Honorable Legislatura, como órgano competente en la materia
(Artículos 12, 99 y 199 CMza.).
Que corresponde en consecuencia, se declare la incompetencia del Poder Ejecutivo (Artículo 4º de la
L.P.A.), disponiendo la remisión de las actuaciones a la referida Comisión Bicameral (Artículo 6-a de la
L.P.A.), para que lo analice y canalice el pedido de modificación legal en ese ámbito de poder competente
y por la vía adecuada, si compartiera la justicia, conveniencia o necesidad de la actualización propiciada.
Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
a Orden Nº 9 y Asesoría de Gobierno en el Orden Nº 15, ambos del expediente Nº
EX-2023-09231833--GDEMZA-MGTyJ,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1° - Declárese la incompetencia del Poder Ejecutivo en los términos del Artículo 4º de la Ley
de Procedimiento Administrativo, para resolver el reclamo presentado en el Orden Nº 2 del expediente Nº
EX-2023-09231833--GDEMZA-MGTyJ, por el Doctor ULPIANO LEANDRO SUAREZ, en su condición de
Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente norma legal.
ARTÍCULO 2° - Remítanse las presentes actuaciones a la Comisión Bicameral de la Honorable Legislatura
de la Provincia de Mendoza, prevista en el Artículo 8º de la Ley Nº 6.396, teniendo en cuenta lo establecido
por el Artículo 6-a de la Ley de Procedimiento Administrativo.
ARTÍCULO 3° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. VICTOR FAYAD
S/Cargo
02/08/2024 (1 Pub.)
