DECRETOS

Decreto Nº 1121

Fecha de publicación
11 de junio de 2024
Fecha de la norma
6 de junio de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.127 · páginas 11–18
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1121 MENDOZA, 06 DE JUNIO DE 2024 Visto el expediente N° EX-2023-09249003-GDEMZA-CCC y los expedientes en tramitación conjunta Nros. EX-2022-04291509--GDEMZA-ATM y EX-2023-05518749--GDEMZA-ATM; y CONSIDERANDO: Que en el Orden Nº 2 - páginas 1/17 del expediente Nº EX-2023-09249003--GDEMZA-CCC, el C.P.N. FEDERICO HERAS, D.N.I. Nº 24.983.139, presenta Recurso de Alzada contra la Resolución Interna Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica A.T.M. Nº 162 de fecha 5 de octubre de 2023, emitida por el Administrador General de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.), cuya copia obra en las páginas 21/23 del citado Orden. Que la Resolución mencionada precedentemente, rechazó el reclamo interpuesto por el agente HERAS respecto al reconocimiento de la antigüedad por los años de servicios trabajados en la Administración Pública, bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios desde el año 2008 al 1º de noviembre de 2014, fecha en la que fuera incorporado a la Planta Permanente en la Dirección General de Catastro dependiente de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.). Que el Recurso debe ser admitido formalmente, por haber sido interpuesto en legal tiempo y forma, conforme lo establecido en los Artículos 183, 184 y cc. de la Ley Nº 9.003. Que el agente HERAS interpone un Recurso de Alzada contra la Resolución Interna Nº 162/23 de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.), solicitando se revoque la misma debido a que ésta se aparta del principio de legalidad de la actividad administrativa y el de la razonabilidad y que se le reconozca la antigüedad, aportes y contribuciones no realizadas, vacaciones no gozadas, diferencias salariales y perdida de chance; a tal efecto sostiene haber comenzado a trabajar en la Dirección Provincial de Catastro en diciembre de 2008, aproximadamente, realizando tareas inherentes a su profesión, Contador Público Nacional y que su contrato fue renovado en forma ininterrumpida hasta pasar a ser empleado de planta permanente. Alega que esa situación lo coloca en inferioridad de condiciones respecto de sus compañeros que ingresaron como personal de planta y por lo tanto percibieron diferente remuneración; aportes a la seguridad social, antigüedad, etc. Que el acto impugnado emitido en los expedientes Nros. EX-2022-04291509--GDEMZA-ATM y EX-2023-5518749--GDEMZA-ATM, ambos tramitados en forma conjunta, resuelve rechazar la pretensión del C.P.N. FEDERICO HERAS, respecto al reconocimiento de la antigüedad por los años de servicios trabajados en la Administración Publica, bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, por las razones expuestas en los considerandos, esto es desde el año 2008 al 01/11/2014. Asimismo, se le hizo saber que tenía derecho a impugnar el acto administrativo interponiendo Recurso de Alzada, conforme a lo establecido por el Artículo 183 de la Ley N° 9.003, en el plazo de quince (15) días desde su notificación. Que como fundamento se invoca por Resolución Interna A.T.M. Nº 83 de fecha 28 de octubre de 2014, cuya copia obra en el Orden Nº 4 del expediente Nº EX-2022-04291509--GDEMZA-ATM, la cual se rescindió el Contrato de Locación del señor HERAS y se lo designa en la planta permanente de la Administración Tributaria Mendoza. Que la determinación que da la antigüedad de cada agente se hace computando los servicios no simultáneos ejercidos en forma ininterrumpida o alternada en Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales. Asimismo, no existen en el sistema de sueldos de la Provincia de Mendoza, liquidaciones de haberes a favor del agente anteriores a la fecha de designación en la planta de personal permanente. Que por ello el Departamento de Gestión Administrativa sugirió no hacer lugar a lo solicitado dado que no hay constancias de antigüedad certificadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal que acrediten que el agente haya prestado servicios en los mismos como personal de planta. Que no existen en el sistema de sueldos de la Provincia de Mendoza, liquidaciones de haberes a favor del agente anteriores a la fecha de designación en la planta de personal permanente. Que el Departamento Asuntos Legales en IF-23-6691566-GDEMZA-ATM dictamina en forma coincidente con lo expresado por el Departamento de Gestión Administrativa, conforme doctrina y jurisprudencia, ambos dependientes de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.). Que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica estamento administrativo. Que mediante negociaciones colectivas (acuerdo paritario suscripto) se dispuso ingresar a determinados contratados a planta permanente. Que no se pone bajo sospecha la constitucionalidad de las leyes dictadas por el legislador provincial de nombramiento y en materia de contratos públicos, por lo que impera la sujeción al principio de legalidad (ad. 19 de la Constitución Nacional), entre ellos el que establece que se relega la autonomía de voluntad de las partes rigiendo las formalidades preestablecidas para cada tipo de contrato y su sometimiento a los contenidos impuestos normativamente. Que los contratos firmados por el señor Heras no incluían el reconocimiento de antigüedad y tampoco la legislación contemplaba el reconocimiento de la prestación de servicios personales. Que el peticionante se encontraba vinculado con el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través de Contratos de Locación de Servicios en virtud de los cuales se le abonaban honorarios y con facultad de la locadora de rescindir unilateralmente los mismos, con solo preavisar en un plazo determinado su retiro efectivo, debiendo el contratado reintegrar los bienes a cargo y haber cumplido las tareas que se le encomendaron. Asimismo, los acuerdos referidos establecían que se liquidaba contra la presentación de factura y/o recibo de acuerdo con la legislación impositiva y previsional vigente en los ámbitos nacional y provincial y que los honorarios no harían que la locadora adquiera derecho a la percepción de ningún tipo de adicional o suplemento de aplicación en remuneraciones de agentes en relación de dependencia ni ningún otro beneficio que no esté expresamente establecido. Que los contratos celebrados tributaron impuesto de sellos, el que estuvo a cargo de cada parte y se acordaba que corrían por exclusiva cuenta del reclamante, todos los impuestos, derechos, tasas, gravámenes, contribuciones previsionales y/o contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que le correspondieran como consecuencia de sus obligaciones contractuales personales (Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias, etc.). Que el vínculo que ostentaba el reclamante hasta su ingreso con carácter efectivo no revestía el carácter de empleo público, sino la de un contrato de carácter civil como lo es la Locación de Servicios. Por su parte las actas paritarias nada establecieron respecto a la antigüedad de los contratados a designar. Que todos los argumentos expuestos por el recurrente corresponden a los empleados públicos dado que tratan de normativa del Régimen de Empleo Público y por ende no aplicable a su caso, tales los de retribución justa; igualdad de oportunidades en la carrera, igualdad de remuneración, etc., respecto a los cuales se requiere que medie nombramiento o contratación con arreglo a las disposiciones del Estatuto del Empleo Público, lo que no sucedió en el caso en análisis. Tampoco asiste razón al agente cuando manifiesta que su falta de reconocimiento implicaría una desigualdad toda vez que se trata de distintas modalidades de contratación de naturaleza y efectos distintos. Que tampoco resultan de aplicación y/o se contradice lo dispuesto por los Artículos 14 bis y 16 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, ya que se trata de distintos tipos de contratos y el utilizado aseguraba a la reclamante los extremos exigidos por dichas normas correspondientes a su naturaleza. Que se equivoca el recurrente al encuadrar su caso como trabajador de planta toda vez que durante el período reclamado no fue designado por acto administrativo (Artículo 8vo. del Decreto Ley N° 560/73)-sino bajo el régimen de Derecho Privado. Al respecto el Artículo 1° del Decreto Ley N° 560/73 establece: “ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO Capitulo 1 – Ámbito Art. 1- Este estatuto comprende a todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en los tres poderes del estado, Tribunal de Cuentas de la provincia, municipalidades y entes autárquicos”. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que el señor HERAS no se encontraba comprendido en el Estatuto del Empleado Público al no haber prestado servicios en virtud de acto administrativo, por lo que no corresponde computar la antigüedad a su respecto sino recién a partir de su designación en planta permanente. Igual razonamiento cabe respecto a los demás reclamos formulados: licencia ordinaria, aportes previsionales y diferencias salariales, etc. Que existen aspectos más relevantes, aplicables al presente caso: En primer término, se considera que el reclamo originario se encuentra prescripto, en los términos del Artículo 38 bis del Estatuto del Empleado Público (Decreto-Ley Nº 560/73, modificado por Ley Nº 6.502), el que establece: Prescriben a los dos (2) años los reclamos y acciones relativos a créditos provenientes de las relaciones de empleo público, en todo el ámbito del sector público provincial, salvo norma especial en contrario contenida en los respectivos regímenes aplicables, teniendo en cuenta la fecha de presentación de dicha reclamación y las fechas informadas en las referidas certificaciones, siendo claro que transcurrieron más de dos años desde el pase a planta de los reclamantes y la fecha de la reclamación indicada. Que la prescripción citada precedentemente, es tanto respecto de la pretensión de diferencias salariales y adicionales, como también en relación al reclamo referido al cómputo de la antigüedad por el período que refieren, dadas las fechas que surgen en las referidas certificaciones y la del reclamo administrativo originario, por lo cual lo peticionado ha sido debidamente desestimado debiendo ser rechazado el recurso en trato. El reclamo en sede administrativa se presentó habiéndose vencido el plazo de prescripción referido. Que el reclamo fue legítimamente rechazado por encontrarse prescripta la acción conforme la normativa citada y constancias de la piezas administrativas individualizadas, por lo cual el recurso debe desestimarse desde lo substancial; al respecto Asesoría de Gobierno expresó en los dictámenes Nº 100/20 y 498/23: “Más allá de la prescripción señalada, el recurso en trato -como el reclamo inicial- no puede correr mejor suerte, pues en lo substancial resulta improcedente, siendo legítimo el acto atacado, el cual se motiva… (en que) el precedente De La Roza, invocado por los ahora recurrentes no resulta aplicable a este caso, pues las circunstancias de esa causa son diferentes a la de marras.” “Pero además, siendo esto fundamental, existen fallos posteriores de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que rechazan planteos como el de autos.”; uno de ellos que dictó la Suprema Corte el 12/3/2018 en la causa N° 13-03816090-1, Segura, Marcela c/ Gobierno de la Prov. Mendoza s/ A.P.A., mediante el cual rechazó un reclamo por antigüedad igual al de marras. Asimismo es fundamental destacar que los propios recurrentes reconocen -más allá de las mencionadas certificaciones- que, durante el período que reclaman que le sea tenido en cuenta para la antigüedad, estuvieron contratados mediante locación de servicios hasta su designación en planta permanente, no discutiendo que durante ese período no eran empleados públicos. Que con el criterio de los recurrentes, caeríamos en la irrazonable derivación de que debería tenerse en cuenta para la antigüedad el período de prestaciones de proveedores vinculados al Estado mediante locaciones de servicios o locaciones de obras. Tan irrazonable es el planteo que un proveedor de sistemas informáticos -por ej.- vinculado con la Administración Pública mediante una locación de obra o de servicios derivados de un procedimiento licitatorio, podrían en un futuro, si luego es designado en planta permanente, reclamar -para la antigüedad- el tiempo durante el cual era proveedor del Estado prestando servicios con motivo de una locación de servicios o concretando obras con motivo de una locación de obras derivadas de una licitación en la que intervino. No se trata de que el acto atacado haya distinguido donde la Ley no hace distinción, sino que dicho acto aplicó debidamente una normativa prevista para el empleo público, que lógica y razonablemente tiene en cuenta para la antigüedad situaciones de empleo público anteriores del agente, pero no meras relaciones locativas como las que invocan los reclamantes, las cuales - como ellos mismos lo reconocen- no tenían naturaleza de empleo público. Que mal pueden invocar ahora un derecho -la antigüedad prevista en la Ley aplicable (Estatuto del Empleado Público y Ley 5126)- que solamente está prevista para aquellos que son empleados públicos. Esa relación contractual -y los términos del contrato- fue plenamente consentida por los reclamantes, sin haberla cuestionado durante el período que duró. Consintieron no sólo eso, sino que consintieron durante años que no se le abonara el adicional por antigüedad considerando ese período o que en el cálculo de la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica antigüedad no se computara esos años, por lo que mal pueden ahora efectuar el planteo de marras, lo cual implica una contracción con su propio actuar durante años -más allá de la prescripción planteada- e intentar quejarse de una situación que fue consentida durante muchos años. Que en ese período, al no existir relación de índole laboral pública que les habilite a reclamar el reconocimiento que pretenden, no existió ninguna relación de empleo público durante ese tiempo; habiendo consentido durante ese tiempo la naturaleza de la relación, como así también -luego- la legítima no consideración de ese período para la antigüedad. La contratación como locación de servicios no le confiere ninguno de los derechos que le corresponden a los agentes que se incorporan a la planta de personal permanente estatal, por eso no le asiste ningún derecho para reclamar la antigüedad a los fines del adicional por antigüedad durante el período en que la relación se fundaba exclusivamente en un contrato de locación ni para el cálculo de su antigüedad, pues lógicamente el régimen normativo aplicable prevé solamente la consideración de la antigüedad respecto de anteriores relaciones de empleo público y no, de meras relaciones locativas: ya se ha afirmado que el criterio invocado por los impugnantes no es razonable, pues sino cualquier proveedor al que se le adjudicó una locación de servicios o de obra en un procedimiento licitatorio podría luego -si ingresa al Estado- reclamar como antigüedad ese período en el cual era un mero proveedor de servicios o de obra. Que con anterioridad a sus designaciones en planta permanente, los recurrentes no revestían el carácter de empleados públicos conforme al Estatuto aplicable, no pudiendo ello ser causa de derechos previstos exclusivamente para agentes públicos. En efecto, el personal que se vincula al Estado provincial bajo la forma de locación de servicios o de obra, al no revestir en planta de personal no es empleado público, no se configura una relación de empleo, no teniendo derecho entonces a que se compute su relación contractual para la antigüedad. Los contratados no revisten el carácter de empleados públicos, en tanto su vínculo con la Administración no emana de un acto administrativo por parte de la autoridad competente que lo incorpore a la planta del personal estatal, sino que el mismo se configura bajo una mera relación locativa del derecho civil. Que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha señalado que: Ingresando al tratamiento de las cuestiones discutidas, sostengo que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, tal como surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo. (SCJMza. – Exp. 94.089, Caramello c/ Gobierno de Mendoza s/ APA). Este fallo pone de manifiesto la improcedencia del reclamo, pues queda claro que no se reconoce antigüedad a los contratados a los fines salariales: los contratados no tienen derecho a la antigüedad ni al adicional consecuente, por lo cual ese período no puede ser incluido en el cálculo para la antigüedad ni pagado el adicional. Y como corolario de los párrafos transcriptos, respecto al precedente "De La Roza", se ha destacado su inaplicabilidad al caso de reclamos de profesionales contratados fuera de las partidas presupuestarias habilitadas para pagar cargos de personal administrativo de planta -sea permanente o temporaria-, por diferir las circunstancias de esa causa con las de marras, advirtiendo la existencia de fallos de la Suprema Corte local posteriores al invocado -por los recurrentes- que rechazan planteos como el de estas piezas administrativas. Que la Suprema Corte rechazó un reclamo por antigüedad igual a este caso mediante la sentencia dictada el 12/3/2018 en la causa N° 13-03816090-1, Segura, Marcela c/ Gobierno Prov. Mendoza s/ A.P.A., supuesto que se trató la antigüedad en los términos del Artículo 53 de la Ley Nº 5.126, la Corte señaló: “…A) Reclamo por antigüedad. En cuanto al requerimiento de la Sra. Segura sobre el reconocimiento de su antigüedad desde el momento en que comenzó a prestar servicios en la Administración bajo la modalidad de contrato de locación de servicio, estimo que la situación planteada en este caso es análoga a la resuelta por el Tribunal en el fallo “Zaffaroni” (L.S. 460-237) y, más recientemente, en “Perelman” (CUIJ n° 13-02859528-4), en los que se recordó la jurisprudencia según la cual el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo”. Que teniendo en cuenta los precedentes citados, conforme criterio uniforme del Tribunal, los efectos de la incorporación a la planta permanente, el ingreso y el ascenso en la carrera administrativa, sin la realización previa de los procedimientos que la ley predispone a fin que se garantice la acreditación de la debida idoneidad para la función (conf. lo exigen el Artículo 16 de la Constitución Nacional y el Art. 30 de la Constitución Provincial) deben ser leídos con un criterio taxativo. Así por ejemplo, desde los autos n° 73.161, caratulados: Chaparro, Ramón Alberto c/ Municipalidad de Luján de Cuyo s/ A.P.A. (L.S. 342-26), en ocasión de interpretar los alcances del Artículo 91 de la Ley Nº 5.892 (Estatuto y Escalafón Municipal) la Sala Segunda ha resuelto que “la incorporación a la planta permanente por la permanencia en el tiempo como personal contratado es una excepción a la regla del ingreso previo concurso, razón por la cual debe ser analizado cada caso en particular y con criterio restrictivo”. En tal contexto jurídico esta Sala interpreta el art. 7, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual expresa que: “Los Estados… reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: …c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”. A partir de la conjunción “y” utilizada, se ha advertido que no basta el mero transcurso del tiempo en la prestación del servicio de que se trate para acceder al ascenso en el empleo,sino que a ello se suma otro recaudo denominado ‘capacidad’ (L.S. 443-163). Que el ingreso a la planta permanente del Estado sin cumplir de modo acabado las disposiciones legales en la materia, debe interpretarse de modo restrictivo. Asimismo, en otro caso igual al de marras, respecto del cómputo del adicional por antigüedad, con posterioridad al fallo De La Rosa citado por los reclamantes, la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó sentencia el 1º de marzo de 2018 en la causa N° 13-03816092-8, Del Campo, Guillermina c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ A.P.A. En el referido precedente el Supremo Tribunal ha señalado -en lo que a esta causa interesa- lo siguiente: “Ingresando al análisis de fondo del caso, se advierte que el mismo guarda analogía con el resuelto el día 31.07.2017, por este Tribunal en la causa 13-02859528-4 in re Perelman, así como en el resuelto en Zaffaroni (L.S. 460-237). Conforme se expresó en el voto mayoritario del último fallo arriba mencionado, en el que se recordó la jurisprudencia según la cual el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo." Que de la normativa citada en el presente, y en el acto impugnado, y en consideraciones a las pautas jurisprudenciales descriptas, el razonamiento es sencillo, claro y lógico: si el adicional por antigüedad -y la propia antigüedad- no se le reconoce al que tiene una locación de servicios, -por ende- una vez que fue designado como empleado público, no puede considerársele el período durante el cual se vinculó al Estado mediante una locación de servicios a los efectos del cálculo de la antigüedad. Si mientras el ahora recurrente estaba contratado no podía cobrar ese adicional (pues no le es aplicable al no ser empleado público), entonces no puede ser considerado ese período para el cálculo de la antigüedad ahora que sí es empleado público, una interpretación diferente no resulta razonable. Que si existe unanimidad de criterios (doctrinales y jurisprudenciales) en relación a que debe realizarse una interpretación restrictiva respecto del pase a planta de personal que ingresó al Estado sin concurso, entonces claramente también debe usarse un criterio restrictivo en la consideración de los adicionales propios del empleado público respecto de personas que no eran empleados sino simple locadores de servicios, lo que conlleva que ese criterio restrictivo también debe usarse para no considerar para la antigüedad y el pertinente adicional el período de tiempo en el que no era empleado público sino una locador de servicios. Que conforme lo determinado por la Suprema Corte en los fallos citados, el reconocimiento de la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Que la doctrina sentada por la Sala I, 13-02139844-0/1, “SARA, MARIA DE LOS ANGELES C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA S/A.P.A.”, en su sentencia del 22/12/2016, suscripta por los ministros PEREZ HUALDE, GOMEZ y NANCLARES, expresa: “El adicional por antigüedad se percibe desde el momento en que se completa la petición del interesado con la declaración jurada y los instrumentos que acrediten la situación normativa prevista. El adicional se percibe para el futuro, sin que tenga efectos retroactivos, es decir, ex tunc (conf. art. 33, Ley 2471)”. Siendo ello así, mal podría el agente HERAS, retrotraer su reclamo hasta alcanzar a una locación de servicios que, según el mismo reconoce, concluyó en el año 2014, siendo su primer planteo en contrario a lo entonces pactado (doctrina de los propios actos) de fecha 22/06/2022 (EX-2022-04291509-GDEMZA-ATM) y avalando la postura, la Sala I de nuestra Corte (CUIJ: 13- 05079047-3, MÜLLER MARÍA LAURA Y OTS. C/ HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL DR. CARLOS PEREYRA S/ A.P.A. P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA, sentencia del 5/10/2023, con votos concurrentes de los Dres. Day, Llorente y Gómez) denegó a profesionales médicos el “reconocimiento de su real antigüedad a partir del cómputo del período de residencia médica en cumplimiento de las Leyes 7.857 y 7.759, persiguiendo la propagación de sus efectos en relación con el adicional mismo, la parte previsional, y el ascenso de clase en la carrera, así como la reliquidación retroactiva de las diferencias, con tope en los dos años anteriores a la presentación de los reclamos”. Luego de analizar el reclamo de ex residentes, tras ser incorporados al régimen de carrera médica, se advirtió: “que la situación del caso no difiere de la ya analizada por esta Sala Primera en los autos N° 13-05086671-2, caratulados: Salinas Tosi y ots. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción Procesal Administrativa, por lo que corresponde aplicar el criterio y la solución allí desplegada. Esto es, que debe desestimarse la pretensión referida al cómputo de los años cumplidos en la residencia como tiempo de servicio, a los efectos de la promoción automática.”…“El Tribunal ha sentado como principio en causas referidas a agentes contratados por la Administración, los siguientes criterios: a) el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, tal como surge de la normativa legal aplicable a cada estamento administrativo; b) su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo (conf. expte. n° 94.083, caratulado: Coria, Celia, L.S.: 418-163; y n° 94.079, caratulado: Zabala, Margarita Nancy, L.S.: 418-168).” Que respecto a la invocada violación de la garantía de igualdad y la aplicación de principios laborales al empleo público, la doctrina seguida por el Tribunal, las convenciones colectivas del trabajo ponen en evidencia la ‘laboralización’ del empleo público, en la medida que introducen figuras propias del derecho laboral en la relación de carácter público que caracteriza a ese contrato administrativo. No obstante, esta circunstancia ha sido ponderada y considerada constitucional en la medida que el marco normativo ha preservado la estabilidad del empleo, la prohibición de negociar el principio de idoneidad como base del ingreso y la formación de la carrera administrativa. Se trata de limitaciones expresas que la normativa ha contemplado y que indican de modo indubitable la diferencia que existe entre las convenciones colectivas propias del régimen laboral en general y las del sector público en especial (LS. 377- 198, LS 460-237). De allí que debe ser cuidadosa la traspolación, que de los principios laborales propios del sector privado se pretenda efectuar en el empleo público, en este caso en específico para no efectuar equiparaciones entre situaciones que no son similares, en la comparación entre los efectos propios de la carrera médica y del contrato del médico residente. Que conforme reiterada e inconcusa doctrina de la Corte Federal “la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias (CS, Fallos: 16:118; 95:327; 117:22; 124:122; 126:280; 137:105; 138:313; 151:359; 182:355; 199:268; 270:374; 286:97; 300:1084, entre muchos otros), lo que no impide que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas (CS, Fallos: 115:111; 123:106; 127:167; 182:398; 236:168; 273:228; 295:455; 306:1560; 318:1256). De allí que la diversa interpretación de la antigüedad y Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica sus efectos en la regulación en torno a la carrera médica y la residencia, no violenta garantía constitucional alguna.” Que los criterios jurisprudenciales aplican al reclamante que se sometiera voluntariamente a un contrato civil, como las locaciones de servicios profesionales ofrecidas como prueba, por lo tanto el acto administrativo que rechazó su reclamación administrativa resulta legítimo, correspondiendo que el Recurso de Alzada interpuesto sea rechazado en lo substancial. Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el Orden Nº 8 y Asesoría de Gobierno en el Orden Nº 15, todos del expediente Nº EX-2023-09249003--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: ARTÍCULO 1° - Admítase formalmente y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto en el Orden Nº 2 - páginas 1/17 del expediente Nº EX-2023-09249003--GDEMZA-CCC, por el C.P.N. FEDERICO HERAS, D.N.I. Nº 24.983.139, contra la Resolución Interna Nº 162 de fecha 5 de octubre de 2023, emitida por el Administrador General de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.), cuya copia obra en las páginas 21/23 del citado Orden, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO LIC. VICTOR FAYAD S/Cargo 11/06/2024 (1 Pub.) MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES