DECRETOS
Decreto Nº 1121
- Fecha de publicación
- 11 de junio de 2024
- Fecha de la norma
- 6 de junio de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.127 · páginas 11–18
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1121
MENDOZA, 06 DE JUNIO DE 2024
Visto el expediente N° EX-2023-09249003-GDEMZA-CCC y los expedientes en tramitación conjunta Nros.
EX-2022-04291509--GDEMZA-ATM y EX-2023-05518749--GDEMZA-ATM; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden Nº 2 - páginas 1/17 del expediente Nº EX-2023-09249003--GDEMZA-CCC, el C.P.N.
FEDERICO HERAS, D.N.I. Nº 24.983.139, presenta Recurso de Alzada contra la Resolución Interna
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
A.T.M. Nº 162 de fecha 5 de octubre de 2023, emitida por el Administrador General de la Administración
Tributaria Mendoza (A.T.M.), cuya copia obra en las páginas 21/23 del citado Orden.
Que la Resolución mencionada precedentemente, rechazó el reclamo interpuesto por el agente HERAS
respecto al reconocimiento de la antigüedad por los años de servicios trabajados en la Administración
Pública, bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios desde el año 2008 al 1º de noviembre de
2014, fecha en la que fuera incorporado a la Planta Permanente en la Dirección General de Catastro
dependiente de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.).
Que el Recurso debe ser admitido formalmente, por haber sido interpuesto en legal tiempo y forma,
conforme lo establecido en los Artículos 183, 184 y cc. de la Ley Nº 9.003.
Que el agente HERAS interpone un Recurso de Alzada contra la Resolución Interna Nº 162/23 de la
Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.), solicitando se revoque la misma debido a que ésta se aparta
del principio de legalidad de la actividad administrativa y el de la razonabilidad y que se le reconozca la
antigüedad, aportes y contribuciones no realizadas, vacaciones no gozadas, diferencias salariales y
perdida de chance; a tal efecto sostiene haber comenzado a trabajar en la Dirección Provincial de Catastro
en diciembre de 2008, aproximadamente, realizando tareas inherentes a su profesión, Contador Público
Nacional y que su contrato fue renovado en forma ininterrumpida hasta pasar a ser empleado de planta
permanente. Alega que esa situación lo coloca en inferioridad de condiciones respecto de sus compañeros
que ingresaron como personal de planta y por lo tanto percibieron diferente remuneración; aportes a la
seguridad social, antigüedad, etc.
Que el acto impugnado emitido en los expedientes Nros. EX-2022-04291509--GDEMZA-ATM y
EX-2023-5518749--GDEMZA-ATM, ambos tramitados en forma conjunta, resuelve rechazar la pretensión
del C.P.N. FEDERICO HERAS, respecto al reconocimiento de la antigüedad por los años de servicios
trabajados en la Administración Publica, bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, por las
razones expuestas en los considerandos, esto es desde el año 2008 al 01/11/2014. Asimismo, se le hizo
saber que tenía derecho a impugnar el acto administrativo interponiendo Recurso de Alzada, conforme a lo
establecido por el Artículo 183 de la Ley N° 9.003, en el plazo de quince (15) días desde su notificación.
Que como fundamento se invoca por Resolución Interna A.T.M. Nº 83 de fecha 28 de octubre de 2014,
cuya copia obra en el Orden Nº 4 del expediente Nº EX-2022-04291509--GDEMZA-ATM, la cual se
rescindió el Contrato de Locación del señor HERAS y se lo designa en la planta permanente de la
Administración Tributaria Mendoza.
Que la determinación que da la antigüedad de cada agente se hace computando los servicios no
simultáneos ejercidos en forma ininterrumpida o alternada en Organismos Nacionales, Provinciales o
Municipales. Asimismo, no existen en el sistema de sueldos de la Provincia de Mendoza, liquidaciones de
haberes a favor del agente anteriores a la fecha de designación en la planta de personal permanente.
Que por ello el Departamento de Gestión Administrativa sugirió no hacer lugar a lo solicitado dado que no
hay constancias de antigüedad certificadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal que acrediten
que el agente haya prestado servicios en los mismos como personal de planta.
Que no existen en el sistema de sueldos de la Provincia de Mendoza, liquidaciones de haberes a favor del
agente anteriores a la fecha de designación en la planta de personal permanente.
Que el Departamento Asuntos Legales en IF-23-6691566-GDEMZA-ATM dictamina en forma coincidente
con lo expresado por el Departamento de Gestión Administrativa, conforme doctrina y jurisprudencia,
ambos dependientes de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.).
Que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al
personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada
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estamento administrativo.
Que mediante negociaciones colectivas (acuerdo paritario suscripto) se dispuso ingresar a determinados
contratados a planta permanente.
Que no se pone bajo sospecha la constitucionalidad de las leyes dictadas por el legislador provincial de
nombramiento y en materia de contratos públicos, por lo que impera la sujeción al principio de legalidad
(ad. 19 de la Constitución Nacional), entre ellos el que establece que se relega la autonomía de voluntad
de las partes rigiendo las formalidades preestablecidas para cada tipo de contrato y su sometimiento a los
contenidos impuestos normativamente.
Que los contratos firmados por el señor Heras no incluían el reconocimiento de antigüedad y tampoco la
legislación contemplaba el reconocimiento de la prestación de servicios personales.
Que el peticionante se encontraba vinculado con el Gobierno de la Provincia de Mendoza a través de
Contratos de Locación de Servicios en virtud de los cuales se le abonaban honorarios y con facultad de la
locadora de rescindir unilateralmente los mismos, con solo preavisar en un plazo determinado su retiro
efectivo, debiendo el contratado reintegrar los bienes a cargo y haber cumplido las tareas que se le
encomendaron. Asimismo, los acuerdos referidos establecían que se liquidaba contra la presentación de
factura y/o recibo de acuerdo con la legislación impositiva y previsional vigente en los ámbitos nacional y
provincial y que los honorarios no harían que la locadora adquiera derecho a la percepción de ningún tipo
de adicional o suplemento de aplicación en remuneraciones de agentes en relación de dependencia ni
ningún otro beneficio que no esté expresamente establecido.
Que los contratos celebrados tributaron impuesto de sellos, el que estuvo a cargo de cada parte y se
acordaba que corrían por exclusiva cuenta del reclamante, todos los impuestos, derechos, tasas,
gravámenes, contribuciones previsionales y/o contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que
le correspondieran como consecuencia de sus obligaciones contractuales personales (Impuestos sobre los
Ingresos Brutos, Impuesto a las Ganancias, etc.).
Que el vínculo que ostentaba el reclamante hasta su ingreso con carácter efectivo no revestía el carácter
de empleo público, sino la de un contrato de carácter civil como lo es la Locación de Servicios. Por su
parte las actas paritarias nada establecieron respecto a la antigüedad de los contratados a designar.
Que todos los argumentos expuestos por el recurrente corresponden a los empleados públicos dado que
tratan de normativa del Régimen de Empleo Público y por ende no aplicable a su caso, tales los de
retribución justa; igualdad de oportunidades en la carrera, igualdad de remuneración, etc., respecto a los
cuales se requiere que medie nombramiento o contratación con arreglo a las disposiciones del Estatuto del
Empleo Público, lo que no sucedió en el caso en análisis. Tampoco asiste razón al agente cuando
manifiesta que su falta de reconocimiento implicaría una desigualdad toda vez que se trata de distintas
modalidades de contratación de naturaleza y efectos distintos.
Que tampoco resultan de aplicación y/o se contradice lo dispuesto por los Artículos 14 bis y 16 de nuestra
CONSTITUCIÓN NACIONAL, ya que se trata de distintos tipos de contratos y el utilizado aseguraba a la
reclamante los extremos exigidos por dichas normas correspondientes a su naturaleza.
Que se equivoca el recurrente al encuadrar su caso como trabajador de planta toda vez que durante el
período reclamado no fue designado por acto administrativo (Artículo 8vo. del Decreto Ley N° 560/73)-sino
bajo el régimen de Derecho Privado. Al respecto el Artículo 1° del Decreto Ley N° 560/73 establece:
“ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO Capitulo 1 – Ámbito Art. 1- Este estatuto comprende a todas las
personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios
remunerados en los tres poderes del estado, Tribunal de Cuentas de la provincia, municipalidades y entes
autárquicos”.
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Que el señor HERAS no se encontraba comprendido en el Estatuto del Empleado Público al no haber
prestado servicios en virtud de acto administrativo, por lo que no corresponde computar la antigüedad a su
respecto sino recién a partir de su designación en planta permanente. Igual razonamiento cabe respecto a
los demás reclamos formulados: licencia ordinaria, aportes previsionales y diferencias salariales, etc.
Que existen aspectos más relevantes, aplicables al presente caso: En primer término, se considera que el
reclamo originario se encuentra prescripto, en los términos del Artículo 38 bis del Estatuto del Empleado
Público (Decreto-Ley Nº 560/73, modificado por Ley Nº 6.502), el que establece: Prescriben a los dos (2)
años los reclamos y acciones relativos a créditos provenientes de las relaciones de empleo público, en
todo el ámbito del sector público provincial, salvo norma especial en contrario contenida en los respectivos
regímenes aplicables, teniendo en cuenta la fecha de presentación de dicha reclamación y las fechas
informadas en las referidas certificaciones, siendo claro que transcurrieron más de dos años desde el pase
a planta de los reclamantes y la fecha de la reclamación indicada.
Que la prescripción citada precedentemente, es tanto respecto de la pretensión de diferencias salariales y
adicionales, como también en relación al reclamo referido al cómputo de la antigüedad por el período que
refieren, dadas las fechas que surgen en las referidas certificaciones y la del reclamo administrativo
originario, por lo cual lo peticionado ha sido debidamente desestimado debiendo ser rechazado el recurso
en trato. El reclamo en sede administrativa se presentó habiéndose vencido el plazo de prescripción
referido.
Que el reclamo fue legítimamente rechazado por encontrarse prescripta la acción conforme la normativa
citada y constancias de la piezas administrativas individualizadas, por lo cual el recurso debe desestimarse
desde lo substancial; al respecto Asesoría de Gobierno expresó en los dictámenes Nº 100/20 y 498/23:
“Más allá de la prescripción señalada, el recurso en trato -como el reclamo inicial- no puede correr mejor
suerte, pues en lo substancial resulta improcedente, siendo legítimo el acto atacado, el cual se motiva… (en
que) el precedente De La Roza, invocado por los ahora recurrentes no resulta aplicable a este caso, pues
las circunstancias de esa causa son diferentes a la de marras.” “Pero además, siendo esto fundamental,
existen fallos posteriores de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que rechazan planteos como el de
autos.”; uno de ellos que dictó la Suprema Corte el 12/3/2018 en la causa N° 13-03816090-1, Segura,
Marcela c/ Gobierno de la Prov. Mendoza s/ A.P.A., mediante el cual rechazó un reclamo por antigüedad
igual al de marras. Asimismo es fundamental destacar que los propios recurrentes reconocen -más allá de
las mencionadas certificaciones- que, durante el período que reclaman que le sea tenido en cuenta para la
antigüedad, estuvieron contratados mediante locación de servicios hasta su designación en planta
permanente, no discutiendo que durante ese período no eran empleados públicos.
Que con el criterio de los recurrentes, caeríamos en la irrazonable derivación de que debería tenerse en
cuenta para la antigüedad el período de prestaciones de proveedores vinculados al Estado mediante
locaciones de servicios o locaciones de obras. Tan irrazonable es el planteo que un proveedor de sistemas
informáticos -por ej.- vinculado con la Administración Pública mediante una locación de obra o de servicios
derivados de un procedimiento licitatorio, podrían en un futuro, si luego es designado en planta
permanente, reclamar -para la antigüedad- el tiempo durante el cual era proveedor del Estado prestando
servicios con motivo de una locación de servicios o concretando obras con motivo de una locación de
obras derivadas de una licitación en la que intervino. No se trata de que el acto atacado haya distinguido
donde la Ley no hace distinción, sino que dicho acto aplicó debidamente una normativa prevista para el
empleo público, que lógica y razonablemente tiene en cuenta para la antigüedad situaciones de empleo
público anteriores del agente, pero no meras relaciones locativas como las que invocan los reclamantes,
las cuales - como ellos mismos lo reconocen- no tenían naturaleza de empleo público.
Que mal pueden invocar ahora un derecho -la antigüedad prevista en la Ley aplicable (Estatuto del
Empleado Público y Ley 5126)- que solamente está prevista para aquellos que son empleados públicos.
Esa relación contractual -y los términos del contrato- fue plenamente consentida por los reclamantes, sin
haberla cuestionado durante el período que duró. Consintieron no sólo eso, sino que consintieron durante
años que no se le abonara el adicional por antigüedad considerando ese período o que en el cálculo de la
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antigüedad no se computara esos años, por lo que mal pueden ahora efectuar el planteo de marras, lo cual
implica una contracción con su propio actuar durante años -más allá de la prescripción planteada- e
intentar quejarse de una situación que fue consentida durante muchos años.
Que en ese período, al no existir relación de índole laboral pública que les habilite a reclamar el
reconocimiento que pretenden, no existió ninguna relación de empleo público durante ese tiempo;
habiendo consentido durante ese tiempo la naturaleza de la relación, como así también -luego- la legítima
no consideración de ese período para la antigüedad. La contratación como locación de servicios no le
confiere ninguno de los derechos que le corresponden a los agentes que se incorporan a la planta de
personal permanente estatal, por eso no le asiste ningún derecho para reclamar la antigüedad a los fines
del adicional por antigüedad durante el período en que la relación se fundaba exclusivamente en un
contrato de locación ni para el cálculo de su antigüedad, pues lógicamente el régimen normativo aplicable
prevé solamente la consideración de la antigüedad respecto de anteriores relaciones de empleo público y
no, de meras relaciones locativas: ya se ha afirmado que el criterio invocado por los impugnantes no es
razonable, pues sino cualquier proveedor al que se le adjudicó una locación de servicios o de obra en un
procedimiento licitatorio podría luego -si ingresa al Estado- reclamar como antigüedad ese período en el
cual era un mero proveedor de servicios o de obra.
Que con anterioridad a sus designaciones en planta permanente, los recurrentes no revestían el carácter
de empleados públicos conforme al Estatuto aplicable, no pudiendo ello ser causa de derechos previstos
exclusivamente para agentes públicos. En efecto, el personal que se vincula al Estado provincial bajo la
forma de locación de servicios o de obra, al no revestir en planta de personal no es empleado público, no
se configura una relación de empleo, no teniendo derecho entonces a que se compute su relación
contractual para la antigüedad. Los contratados no revisten el carácter de empleados públicos, en tanto su
vínculo con la Administración no emana de un acto administrativo por parte de la autoridad competente
que lo incorpore a la planta del personal estatal, sino que el mismo se configura bajo una mera relación
locativa del derecho civil.
Que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha señalado que: Ingresando al tratamiento de las
cuestiones discutidas, sostengo que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un
derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, tal como surge de la normativa
legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales,
como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen
respectivo. (SCJMza. – Exp. 94.089, Caramello c/ Gobierno de Mendoza s/ APA). Este fallo pone de
manifiesto la improcedencia del reclamo, pues queda claro que no se reconoce antigüedad a los
contratados a los fines salariales: los contratados no tienen derecho a la antigüedad ni al adicional
consecuente, por lo cual ese período no puede ser incluido en el cálculo para la antigüedad ni pagado el
adicional. Y como corolario de los párrafos transcriptos, respecto al precedente "De La Roza", se ha
destacado su inaplicabilidad al caso de reclamos de profesionales contratados fuera de las partidas
presupuestarias habilitadas para pagar cargos de personal administrativo de planta -sea permanente o
temporaria-, por diferir las circunstancias de esa causa con las de marras, advirtiendo la existencia de
fallos de la Suprema Corte local posteriores al invocado -por los recurrentes- que rechazan planteos como
el de estas piezas administrativas.
Que la Suprema Corte rechazó un reclamo por antigüedad igual a este caso mediante la sentencia dictada
el 12/3/2018 en la causa N° 13-03816090-1, Segura, Marcela c/ Gobierno Prov. Mendoza s/ A.P.A.,
supuesto que se trató la antigüedad en los términos del Artículo 53 de la Ley Nº 5.126, la Corte señaló:
“…A) Reclamo por antigüedad. En cuanto al requerimiento de la Sra. Segura sobre el reconocimiento de su
antigüedad desde el momento en que comenzó a prestar servicios en la Administración bajo la modalidad
de contrato de locación de servicio, estimo que la situación planteada en este caso es análoga a la
resuelta por el Tribunal en el fallo “Zaffaroni” (L.S. 460-237) y, más recientemente, en “Perelman” (CUIJ
n° 13-02859528-4), en los que se recordó la jurisprudencia según la cual el reconocimiento de la
antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a
los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su
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cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que
se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo”.
Que teniendo en cuenta los precedentes citados, conforme criterio uniforme del Tribunal, los efectos de la
incorporación a la planta permanente, el ingreso y el ascenso en la carrera administrativa, sin la realización
previa de los procedimientos que la ley predispone a fin que se garantice la acreditación de la debida
idoneidad para la función (conf. lo exigen el Artículo 16 de la Constitución Nacional y el Art. 30 de la
Constitución Provincial) deben ser leídos con un criterio taxativo. Así por ejemplo, desde los autos n°
73.161, caratulados: Chaparro, Ramón Alberto c/ Municipalidad de Luján de Cuyo s/ A.P.A. (L.S. 342-26),
en ocasión de interpretar los alcances del Artículo 91 de la Ley Nº 5.892 (Estatuto y Escalafón Municipal) la
Sala Segunda ha resuelto que “la incorporación a la planta permanente por la permanencia en el tiempo
como personal contratado es una excepción a la regla del ingreso previo concurso, razón por la cual debe
ser analizado cada caso en particular y con criterio restrictivo”. En tal contexto jurídico esta Sala interpreta
el art. 7, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual expresa
que: “Los Estados… reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que le aseguren en especial: …c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de
su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de
tiempo de servicio y capacidad”. A partir de la conjunción “y” utilizada, se ha advertido que no basta el
mero transcurso del tiempo en la prestación del servicio de que se trate para acceder al ascenso en el
empleo,sino que a ello se suma otro recaudo denominado ‘capacidad’ (L.S. 443-163).
Que el ingreso a la planta permanente del Estado sin cumplir de modo acabado las disposiciones legales
en la materia, debe interpretarse de modo restrictivo. Asimismo, en otro caso igual al de marras, respecto
del cómputo del adicional por antigüedad, con posterioridad al fallo De La Rosa citado por los reclamantes,
la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictó sentencia el 1º de marzo de 2018 en la causa N°
13-03816092-8, Del Campo, Guillermina c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ A.P.A. En el referido
precedente el Supremo Tribunal ha señalado -en lo que a esta causa interesa- lo siguiente: “Ingresando al
análisis de fondo del caso, se advierte que el mismo guarda analogía con el resuelto el día 31.07.2017, por
este Tribunal en la causa 13-02859528-4 in re Perelman, así como en el resuelto en Zaffaroni (L.S.
460-237). Conforme se expresó en el voto mayoritario del último fallo arriba mencionado, en el que se
recordó la jurisprudencia según la cual el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es
un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa
legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales,
como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen
respectivo."
Que de la normativa citada en el presente, y en el acto impugnado, y en consideraciones a las pautas
jurisprudenciales descriptas, el razonamiento es sencillo, claro y lógico: si el adicional por antigüedad -y la
propia antigüedad- no se le reconoce al que tiene una locación de servicios, -por ende- una vez que fue
designado como empleado público, no puede considerársele el período durante el cual se vinculó al
Estado mediante una locación de servicios a los efectos del cálculo de la antigüedad. Si mientras el ahora
recurrente estaba contratado no podía cobrar ese adicional (pues no le es aplicable al no ser empleado
público), entonces no puede ser considerado ese período para el cálculo de la antigüedad ahora que sí es
empleado público, una interpretación diferente no resulta razonable.
Que si existe unanimidad de criterios (doctrinales y jurisprudenciales) en relación a que debe realizarse
una interpretación restrictiva respecto del pase a planta de personal que ingresó al Estado sin concurso,
entonces claramente también debe usarse un criterio restrictivo en la consideración de los adicionales
propios del empleado público respecto de personas que no eran empleados sino simple locadores de
servicios, lo que conlleva que ese criterio restrictivo también debe usarse para no considerar para la
antigüedad y el pertinente adicional el período de tiempo en el que no era empleado público sino una
locador de servicios.
Que conforme lo determinado por la Suprema Corte en los fallos citados, el reconocimiento de la
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antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a
los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo.
Que la doctrina sentada por la Sala I, 13-02139844-0/1, “SARA, MARIA DE LOS ANGELES C/
GOBIERNO DE LA PROVINCIA S/A.P.A.”, en su sentencia del 22/12/2016, suscripta por los ministros
PEREZ HUALDE, GOMEZ y NANCLARES, expresa: “El adicional por antigüedad se percibe desde el
momento en que se completa la petición del interesado con la declaración jurada y los instrumentos que
acrediten la situación normativa prevista. El adicional se percibe para el futuro, sin que tenga efectos
retroactivos, es decir, ex tunc (conf. art. 33, Ley 2471)”. Siendo ello así, mal podría el agente HERAS,
retrotraer su reclamo hasta alcanzar a una locación de servicios que, según el mismo reconoce, concluyó
en el año 2014, siendo su primer planteo en contrario a lo entonces pactado (doctrina de los propios actos)
de fecha 22/06/2022 (EX-2022-04291509-GDEMZA-ATM) y avalando la postura, la Sala I de nuestra Corte
(CUIJ: 13- 05079047-3, MÜLLER MARÍA LAURA Y OTS. C/ HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL
DR. CARLOS PEREYRA S/ A.P.A. P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA, sentencia del 5/10/2023,
con votos concurrentes de los Dres. Day, Llorente y Gómez) denegó a profesionales médicos el
“reconocimiento de su real antigüedad a partir del cómputo del período de residencia médica en
cumplimiento de las Leyes 7.857 y 7.759, persiguiendo la propagación de sus efectos en relación con el
adicional mismo, la parte previsional, y el ascenso de clase en la carrera, así como la reliquidación
retroactiva de las diferencias, con tope en los dos años anteriores a la presentación de los reclamos”.
Luego de analizar el reclamo de ex residentes, tras ser incorporados al régimen de carrera médica, se
advirtió: “que la situación del caso no difiere de la ya analizada por esta Sala Primera en los autos N°
13-05086671-2, caratulados: Salinas Tosi y ots. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ Acción
Procesal Administrativa, por lo que corresponde aplicar el criterio y la solución allí desplegada. Esto es,
que debe desestimarse la pretensión referida al cómputo de los años cumplidos en la residencia como
tiempo de servicio, a los efectos de la promoción automática.”…“El Tribunal ha sentado como principio en
causas referidas a agentes contratados por la Administración, los siguientes criterios: a) el reconocimiento
de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad,
no a los contratados, tal como surge de la normativa legal aplicable a cada estamento administrativo; b) su
cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que
se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo (conf. expte. n° 94.083, caratulado:
Coria, Celia, L.S.: 418-163; y n° 94.079, caratulado: Zabala, Margarita Nancy, L.S.: 418-168).”
Que respecto a la invocada violación de la garantía de igualdad y la aplicación de principios laborales al
empleo público, la doctrina seguida por el Tribunal, las convenciones colectivas del trabajo ponen en
evidencia la ‘laboralización’ del empleo público, en la medida que introducen figuras propias del derecho
laboral en la relación de carácter público que caracteriza a ese contrato administrativo. No obstante, esta
circunstancia ha sido ponderada y considerada constitucional en la medida que el marco normativo ha
preservado la estabilidad del empleo, la prohibición de negociar el principio de idoneidad como base del
ingreso y la formación de la carrera administrativa. Se trata de limitaciones expresas que la normativa ha
contemplado y que indican de modo indubitable la diferencia que existe entre las convenciones colectivas
propias del régimen laboral en general y las del sector público en especial (LS. 377- 198, LS 460-237). De
allí que debe ser cuidadosa la traspolación, que de los principios laborales propios del sector privado se
pretenda efectuar en el empleo público, en este caso en específico para no efectuar equiparaciones entre
situaciones que no son similares, en la comparación entre los efectos propios de la carrera médica y del
contrato del médico residente.
Que conforme reiterada e inconcusa doctrina de la Corte Federal “la garantía de igualdad ante la ley radica
en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias
(CS, Fallos: 16:118; 95:327; 117:22; 124:122; 126:280; 137:105; 138:313; 151:359; 182:355; 199:268;
270:374; 286:97; 300:1084, entre muchos otros), lo que no impide que el legislador contemple de manera
distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que dichas distinciones no se formulen con
criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importen
ilegítima persecución de personas o grupos de ellas (CS, Fallos: 115:111; 123:106; 127:167; 182:398;
236:168; 273:228; 295:455; 306:1560; 318:1256). De allí que la diversa interpretación de la antigüedad y
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sus efectos en la regulación en torno a la carrera médica y la residencia, no violenta garantía constitucional
alguna.”
Que los criterios jurisprudenciales aplican al reclamante que se sometiera voluntariamente a un contrato
civil, como las locaciones de servicios profesionales ofrecidas como prueba, por lo tanto el acto
administrativo que rechazó su reclamación administrativa resulta legítimo, correspondiendo que el Recurso
de Alzada interpuesto sea rechazado en lo substancial.
Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas
en el Orden Nº 8 y Asesoría de Gobierno en el Orden Nº 15, todos del expediente Nº
EX-2023-09249003--GDEMZA-CCC,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1° - Admítase formalmente y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto en
el Orden Nº 2 - páginas 1/17 del expediente Nº EX-2023-09249003--GDEMZA-CCC, por el C.P.N.
FEDERICO HERAS, D.N.I. Nº 24.983.139, contra la Resolución Interna Nº 162 de fecha 5 de octubre de
2023, emitida por el Administrador General de la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.), cuya copia
obra en las páginas 21/23 del citado Orden, por los motivos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. VICTOR FAYAD
S/Cargo
11/06/2024 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
