DECRETOS

Decreto Nº 639

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Fecha de publicación
10 de abril de 2024
Fecha de la norma
3 de abril de 2024
Referencia documental
Boletín Nº 32.084 · páginas 18–22
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 639 MENDOZA, 03 DE ABRIL DE 2024 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2023-03412979-GDEMZA-CCC, y su Vinculado N° EX-2023-02003951-GDEMZA-CCC; CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Sr. CLAUDIO ALEJANDRO, HIDALGO LÓPEZ interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 365-S-2023, emitida por el entonces Ministro de Seguridad, actual Ministerio de Seguridad y Justicia, que rechazó sustancialmente el Recurso de Reconsideración, oportunamente interpuesto contra Resolución N° 133-S-2022, confirmando con ello la sanción de Cesantía impuesta por esta última norma jurídica; Que en orden 02 del expediente N°EX-2023-03412979-GDEMZA-CCC, obra presentación por la cual el letrado defensor del Sr. Hidalgo López acompaña como prueba documental copia de la notificación digital del Sobreseimiento ordenado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción Judicial, mediante Sentencia N° 13312 en el marco del Expediente N° P-115579/14 caratulado: “F. c/ LUIS ALBERTO SOSA ROJAS p/EXACCIONES ILEGALES” (Art. 266 del Código Penal); Que en orden 02 del expte. N° EX-2023-02003951-GDEMZA-CCC obra el recurso interpuesto por el administrado; Que analizado el aspecto formal del remedio deducido, el acto impugnado fue notificado en fecha 25 de febrero del año 2023 (orden 20 del expte. EX-2022-00966815-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG) y siendo que el recurso fue presentado el día 17 de marzo de 2023 según la fecha de creación del ticket de orden 03 del expte. N° EX-2023-02003951-GDEMZA-CCC, por lo cual debe admitirse formalmente por haber sido interpuesto dentro del término previsto por el art. 179 de la Ley N° 9003; Que analizando el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el Sr. Hidalgo postulando, en primer Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica lugar, que la Resolución N° 133-S-2022, es arbitraria, porque se limita a considerar como única prueba el “acta de desgrabado de un video obtenido con un celular, producida en el expediente penal”, por ello no resulta de ningún modo procedente tal agravio. Alega que el hecho de que la resolución sancionatoria ponga de resalto el desgrabado de dicha filmación evidencia que la pondera como el elemento dirimente para la atribución de responsabilidad administrativa, pero claramente no es la única prueba de cargo obrante en el expediente sumarial. Glosan también en dicha pieza (2695-D-2014-00107), todas las actuaciones del expediente penal (incorporadas detal modo al sumario// //administrativo), como por ejemplo la denuncia del ciudadano de nacionalidad chilena Sr. Mieres Henríquez (fs. 52/54), el acta de infracción vial (fs. 80), el acta de procedimiento (fs. 61), secuestro de fs. 63, DVD acompañado por el denunciante (fs. 63), etc. Dichos elementos probatorios fueron merituados por el prolijo y analítico dictamen de clausura de la instrucción (246/251 vta.), como así también por la Junta de Disciplina en el Dictamen N° 178-PM (fs. 268/270 vta.) en el cual coincidió con las conclusiones del instructor y sugirió en consonancia con aquél, la aplicación de la sanción de Cesantía sujeta a Exoneración; Que en segundo lugar, reitera el recurrente que en la reconsideración cuestionó la calificación legal dada a los hechos en sede administrativa, ya que el artículo 44 inciso 3) de la Ley N° 6722 y modificatorias, sanciona la conducta de “…Aceptar dádivas, recompensas o cualesquiera otras ventajas patrimoniales, con motivo u ocasión del desempeño de la función policial…”, mientras que la resolución atacada, describe la conducta como requerir el pago de dinero a cambio de evitar confeccionar multas. Por ello, considera inaplicable el precitado dispositivo legal; Que la tipicidad propia de las infracciones disciplinarias no reviste la estrictez característica de las figuras penales. En tal sentido tiene dicho la SCJM: “…Si bien algunos principios del derecho penal son rectores en materia administrativa, es cierto también que tienen un contenido menos restrictivo. Por ello se aplican contenidos de responsabilidad objetiva y pueden sancionarse comportamientos aunque no se haya acreditado un daño actual a un bien jurídico sino potencial(así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 65812/98, V.796. XLII. “Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA”. Resol 14/04). En ese sentido, el principio de tipicidad es menos riguroso en materia administrativa. Los comportamientos pasibles de ser sancionados, en sede administrativa, son descriptos genéricamente y contienen una profusión de conductas a mero título enunciativo, cuyo encuadre fáctico queda en manos del agente de control” (expte. 96715 “OSM c/ EPAS s/ APA”, Sala II, CUIJ 13-02845009-9, 30/9/15). En similar orden de ideas, también sostiene nuestra Suprema Corte: “Tal como destacara este Tribunal en el precedente “Pastrana” (Cuij N°13-03618579-6, sent. 02-03-16), nos ilustra Fiorini diciendo que puede considerarse “la existencia de una deontología del agente estatal y su cumplimiento será más exigente cuando mayor responsabilidad funcional éste tenga”; y agrega que “no se trata de una deontología para un grupo técnico o un sector de profesionales sino para todos los agentes en razón de formar parte de la administración, agentes comunes, jerarquizados, técnicos, etc…” (Bartolomé A. Fiorini, “Derecho Administrativo”, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa deontología, o lógica del deber, del agente// //estatal permite exigirle el cumplimiento de determinadas conductas aunque no estén expresamente detalladas en los estatutos específicos. Este Tribunal ya ha receptado esta premisa al calificar como cláusulas abiertas a aquellas disposiciones genéricas referidas a las obligaciones del agente público, las que si bien expresan conceptos jurídicos indeterminados responden al contenido que tienen las actividades administrativas y al comportamiento exigible al agente en función de esa actividad (LS 296-162; 304-66), lo que permite sostener que el hecho de que no se establezca la tipificación de una conducta en forma detallada no interesa, pues están implícitas en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras). Asimismo, ha propiciado una interpretación armónica y lógica de las conductas que es dable exigir de los funcionarios, resaltándose, con remisión al Estatuto del Empleado Público, la existencia de deberes que surgen de la naturaleza misma del cargo que se desempeña y la viabilidad aún en inexistencia de una norma que determinara un específico deber (L.S. 398-219),destacándose también que tanto la administración como el empleado o funcionario público, más aún los que se desempeñan en cargos jerárquicos, están obligados activa y pasivamente, a cumplir con comportamientos que sean consecuencia de la índole de la vinculación, de los acuerdos que se celebren colectivamente y de los deberes públicos, apreciados con criterio de colaboración, solidaridad social y mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S. 296-162; 304-66) … Además de lo expuesto sobre los deberes que están implícitos en la conducta de todo Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras), tiene dicho la doctrina que en “el derecho disciplinario no es factible postular una tipicidad absoluta. Por el contrario en el derecho disciplinario existe una mayor flexibilidad de este principio que se ve reflejada en la razonable discrecionalidad que la Administración ejerce al aplicar una sanción, atento el carácter abierto de los tipos legales que describen las conductas ilícitas (Miriam M. Ivanega “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa” Segunda Edición Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 151/152)…”; Que si bien tales principios generales alcanzarían ya para rechazar el cuestionamiento del recurrente a la calificación legal, en el caso además resulta indiscutible que la conducta observada implica una violación a normas legales y una transgresión dolosa de los principios y procedimientos básicos de actuación policial, todo lo cual se subsume en los artículos 8 y 100 inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias, que fundamentaron normativamente la sanción aplicada; Que por otro lado, el sr. Hidalgo invoca una serie de errores en el “acta de desgravado” efectuado en la Unidad Fiscal N° 5, del contenido del video registrado en el teléfono celular del denunciante. Dicha acta glosa a fs. 4 del Expediente Penal N° P-115.579/14 y a fs. 56 del sumario administrativo. Para el recurrente, tales errores ameritarían declarar la nulidad del acta, conforme lo establecido por el art. 148 del Código Procesal Penal. Dicha acta es un instrumento público, y la veracidad de su contenido sólo se vería conmovida en el caso de que su invalidez hubiese sido declarada en el fuero penal. Muy por el contrario, consta a fs. 177/179 del expediente sumarial, que el Cuarto Juzgado de Garantías en autos N° P-115.579/14 rechazó el respectivo planteo de nulidad, cuya impetración por parte de Hidalgo consta a fs. 149/164 de la pieza sumarial; Que invoca también el quejoso que conforme al art. 39 de la Ley N° 3909 (vigente cuando se inició el sumario administrativo), los agentes estatales para adoptar una decisión deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer en aquéllas, medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico. Y se agravia porque a su criterio dichas circunstancias no han sido merituadas en el caso. Es dable colegir de ello que el reclamante discrepa con la valoración probatoria efectuada en el procedimiento disciplinario y, en consecuencia, con los hechos tenidos por ciertos como fundamento de la sanción. Pero esta mera discrepancia no determina que la resolución recurrida se encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de los elementos de convicción incorporados. Por el contrario, la resolución sancionatoria resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca. Sus deducciones y conclusiones se derivan de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado y la autoría del agente sancionado; Que por último, postula Hidalgo que en el sumario administrativo se ha violado al principio de plazo razonable previsto en el artículo 1 inciso d) de la Ley N° 9003, ya que el hecho investigado ocurrió el 31/10/2014 y la sanción de Cesantía se dictó en fecha 28/1/2022. En relación a ello, la Ley N° 9003 en su art. 1° punto II d) manda al respecto que la Administración debe evitar trámites dilatorios, incurrir en ritualismos inútiles o, en general, en requerimientos innecesarios, dilatorios o frustrantes de derechos, todo lo cual ha sido debidamente evitado en las actuaciones; Que la garantía del plazo razonable exige que los procedimientos administrativos se desarrollen sin dilaciones indebidas. Este derecho pretende impedir que los administrados permanezcan largo tiempo sin certeza sobre la determinación de sus derechos y obligaciones, lo cual puede afectar sus intereses y propiciar una situación de inseguridad jurídica. La doctrina sostiene que el “plazo razonable” constituye un concepto jurídico indeterminado que debe ser establecido en base a la ley, considerando el tipo de procedimiento en trámite. En tal sentido, el carácter “razonable” de la duración de un procedimiento administrativo debe apreciarse considerando las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la conducta de los reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora; Que en el caso, luego de ocurrido el hecho se labró una información sumaria tendiente a colectar la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica prueba, pero en forma prudencial se aguardó al pronunciamiento del Cuarto Juzgado de Garantías en autos N°P-115.579/14 a favor de la validez del “acta de desgravado”, lo que ocurrió el 13/03/2017, (fs. 177/179 del expediente sumarial N° 2695-D-2014-00107), para recién ordenar por Resolución N° 720/17 la instrucción de formal sumario administrativo (fs. 197/199 del procedimiento disciplinario); Que teniendo en consideración las circunstancias ya señaladas, se entiende como evidente que en el sumario los plazos no han sido irrazonables, y son por demás inferiores a los que la CSJN ha considerado tales en los fallos "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA” -26/7/12- (15 años), y “Bonder Aaron” (10 años); Que por otra parte, y en relación con la sentencia de sobreseimiento dictada por el beneficio de la duda, arts. 353 incisos 5) y 2) del Código Procesal Penal de Mendoza(Ley N° 6730 y modificatorias), en relación a Hidalgo, cabe señalar en primer término que la misma no implica de ningún modo un juicio de mérito afirmativo de la inexistencia de los hechos imputados; en segundo lugar y en lo que resulta más relevante, que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 6722), y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales P-115.579/14 labradas para determinar si el accionar de Hidalgo constituye también el ilícito penal de Exacciones Ilegales (art. 266 Cód. Penal); Que en tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales se cita: “…las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados…” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del Régimen Disciplinario Policial, consagración legislativa expresa en el artículo 141 de la Ley N° 6722 y modificatorias; Que por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso jerárquico articulado, confirmando la resolución atacada. Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 22 del expediente principal; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. HIDALGO LÓPEZ, CLAUDIO ALEJANDRO D.N.I. N° 29.189.721, contra la Resolución Nº 365-S-2023, emitida por el entonces Ministerio de Seguridad, actual Ministerio de Seguridad y Justicia, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese al recurrente que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la vía administrativa y cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en el art. 20 la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la notificación del decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica LIC. ALFREDO V. CORNEJO MGTR. MARÍA MERCEDES RUS S/Cargo 10/04/2024 (1 Pub.) MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS