DECRETOS
Decreto Nº 639
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
- Fecha de publicación
- 10 de abril de 2024
- Fecha de la norma
- 3 de abril de 2024
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.084 · páginas 18–22
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 639
MENDOZA, 03 DE ABRIL DE 2024
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2023-03412979-GDEMZA-CCC, y su Vinculado N°
EX-2023-02003951-GDEMZA-CCC;
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Sr. CLAUDIO ALEJANDRO, HIDALGO LÓPEZ interpone Recurso
Jerárquico en contra de la Resolución Nº 365-S-2023, emitida por el entonces Ministro de Seguridad,
actual Ministerio de Seguridad y Justicia, que rechazó sustancialmente el Recurso de Reconsideración,
oportunamente interpuesto contra Resolución N° 133-S-2022, confirmando con ello la sanción de Cesantía
impuesta por esta última norma jurídica;
Que en orden 02 del expediente N°EX-2023-03412979-GDEMZA-CCC, obra presentación por la cual el
letrado defensor del Sr. Hidalgo López acompaña como prueba documental copia de la notificación digital
del Sobreseimiento ordenado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción
Judicial, mediante Sentencia N° 13312 en el marco del Expediente N° P-115579/14 caratulado: “F. c/
LUIS ALBERTO SOSA ROJAS p/EXACCIONES ILEGALES” (Art. 266 del Código Penal);
Que en orden 02 del expte. N° EX-2023-02003951-GDEMZA-CCC obra el recurso interpuesto por el
administrado;
Que analizado el aspecto formal del remedio deducido, el acto impugnado fue notificado en fecha 25 de
febrero del año 2023 (orden 20 del expte. EX-2022-00966815-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG) y
siendo que el recurso fue presentado el día 17 de marzo de 2023 según la fecha de creación del ticket de
orden 03 del expte. N° EX-2023-02003951-GDEMZA-CCC, por lo cual debe admitirse formalmente por
haber sido interpuesto dentro del término previsto por el art. 179 de la Ley N° 9003;
Que analizando el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el Sr. Hidalgo postulando, en primer
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lugar, que la Resolución N° 133-S-2022, es arbitraria, porque se limita a considerar como única prueba el
“acta de desgrabado de un video obtenido con un celular, producida en el expediente penal”, por ello no
resulta de ningún modo procedente tal agravio. Alega que el hecho de que la resolución sancionatoria
ponga de resalto el desgrabado de dicha filmación evidencia que la pondera como el elemento dirimente
para la atribución de responsabilidad administrativa, pero claramente no es la única prueba de cargo
obrante en el expediente sumarial. Glosan también en dicha pieza (2695-D-2014-00107), todas las
actuaciones del expediente penal (incorporadas detal modo al sumario// //administrativo), como por
ejemplo la denuncia del ciudadano de nacionalidad chilena Sr. Mieres Henríquez (fs. 52/54), el acta de
infracción vial (fs. 80), el acta de procedimiento (fs. 61), secuestro de fs. 63, DVD acompañado por el
denunciante (fs. 63), etc. Dichos elementos probatorios fueron merituados por el prolijo y analítico
dictamen de clausura de la instrucción (246/251 vta.), como así también por la Junta de Disciplina en el
Dictamen N° 178-PM (fs. 268/270 vta.) en el cual coincidió con las conclusiones del instructor y sugirió en
consonancia con aquél, la aplicación de la sanción de Cesantía sujeta a Exoneración;
Que en segundo lugar, reitera el recurrente que en la reconsideración cuestionó la calificación legal dada a
los hechos en sede administrativa, ya que el artículo 44 inciso 3) de la Ley N° 6722 y modificatorias,
sanciona la conducta de “…Aceptar dádivas, recompensas o cualesquiera otras ventajas patrimoniales, con
motivo u ocasión del desempeño de la función policial…”, mientras que la resolución atacada, describe la
conducta como requerir el pago de dinero a cambio de evitar confeccionar multas. Por ello, considera
inaplicable el precitado dispositivo legal;
Que la tipicidad propia de las infracciones disciplinarias no reviste la estrictez característica de las figuras
penales. En tal sentido tiene dicho la SCJM: “…Si bien algunos principios del derecho penal son rectores en
materia administrativa, es cierto también que tienen un contenido menos restrictivo. Por ello se aplican
contenidos de responsabilidad objetiva y pueden sancionarse comportamientos aunque no se haya
acreditado un daño actual a un bien jurídico sino potencial(así lo entiende la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en autos 65812/98, V.796. XLII. “Volcoff, Miguel Jorge y otros c/ BCRA”. Resol 14/04). En ese
sentido, el principio de tipicidad es menos riguroso en materia administrativa. Los comportamientos
pasibles de ser sancionados, en sede administrativa, son descriptos genéricamente y contienen una
profusión de conductas a mero título enunciativo, cuyo encuadre fáctico queda en manos del agente de
control” (expte. 96715 “OSM c/ EPAS s/ APA”, Sala II, CUIJ 13-02845009-9, 30/9/15). En similar orden de
ideas, también sostiene nuestra Suprema Corte: “Tal como destacara este Tribunal en el precedente
“Pastrana” (Cuij N°13-03618579-6, sent. 02-03-16), nos ilustra Fiorini diciendo que puede considerarse
“la existencia de una deontología del agente estatal y su cumplimiento será más exigente cuando mayor
responsabilidad funcional éste tenga”; y agrega que “no se trata de una deontología para un grupo técnico
o un sector de profesionales sino para todos los agentes en razón de formar parte de la administración,
agentes comunes, jerarquizados, técnicos, etc…” (Bartolomé A. Fiorini, “Derecho Administrativo”, Tomo I,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa deontología, o lógica del deber, del agente// //estatal
permite exigirle el cumplimiento de determinadas conductas aunque no estén expresamente detalladas en
los estatutos específicos. Este Tribunal ya ha receptado esta premisa al calificar como cláusulas abiertas a
aquellas disposiciones genéricas referidas a las obligaciones del agente público, las que si bien expresan
conceptos jurídicos indeterminados responden al contenido que tienen las actividades administrativas y al
comportamiento exigible al agente en función de esa actividad (LS 296-162; 304-66), lo que permite
sostener que el hecho de que no se establezca la tipificación de una conducta en forma detallada no
interesa, pues están implícitas en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre
otras). Asimismo, ha propiciado una interpretación armónica y lógica de las conductas que es dable exigir
de los funcionarios, resaltándose, con remisión al Estatuto del Empleado Público, la existencia de deberes
que surgen de la naturaleza misma del cargo que se desempeña y la viabilidad aún en inexistencia de una
norma que determinara un específico deber (L.S. 398-219),destacándose también que tanto la
administración como el empleado o funcionario público, más aún los que se desempeñan en cargos
jerárquicos, están obligados activa y pasivamente, a cumplir con comportamientos que sean consecuencia
de la índole de la vinculación, de los acuerdos que se celebren colectivamente y de los deberes públicos,
apreciados con criterio de colaboración, solidaridad social y mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S.
296-162; 304-66) … Además de lo expuesto sobre los deberes que están implícitos en la conducta de todo
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y cualquier agente público (L.S. 394-049, entre otras), tiene dicho la doctrina que en “el derecho
disciplinario no es factible postular una tipicidad absoluta. Por el contrario en el derecho disciplinario existe
una mayor flexibilidad de este principio que se ve reflejada en la razonable discrecionalidad que la
Administración ejerce al aplicar una sanción, atento el carácter abierto de los tipos legales que describen
las conductas ilícitas (Miriam M. Ivanega “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa”
Segunda Edición Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015, pág. 151/152)…”;
Que si bien tales principios generales alcanzarían ya para rechazar el cuestionamiento del recurrente a la
calificación legal, en el caso además resulta indiscutible que la conducta observada implica una violación a
normas legales y una transgresión dolosa de los principios y procedimientos básicos de actuación policial,
todo lo cual se subsume en los artículos 8 y 100 inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias, que
fundamentaron normativamente la sanción aplicada;
Que por otro lado, el sr. Hidalgo invoca una serie de errores en el “acta de desgravado” efectuado en la
Unidad Fiscal N° 5, del contenido del video registrado en el teléfono celular del denunciante. Dicha acta
glosa a fs. 4 del Expediente Penal N° P-115.579/14 y a fs. 56 del sumario administrativo. Para el
recurrente, tales errores ameritarían declarar la nulidad del acta, conforme lo establecido por el art. 148 del
Código Procesal Penal. Dicha acta es un instrumento público, y la veracidad de su contenido sólo se vería
conmovida en el caso de que su invalidez hubiese sido declarada en el fuero penal. Muy por el contrario,
consta a fs. 177/179 del expediente sumarial, que el Cuarto Juzgado de Garantías en autos N°
P-115.579/14 rechazó el respectivo planteo de nulidad, cuya impetración por parte de Hidalgo consta a fs.
149/164 de la pieza sumarial;
Que invoca también el quejoso que conforme al art. 39 de la Ley N° 3909 (vigente cuando se inició el
sumario administrativo), los agentes estatales para adoptar una decisión deben valorar razonablemente las
circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer en aquéllas, medidas proporcionalmente
adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico. Y se agravia porque a su criterio dichas circunstancias
no han sido merituadas en el caso. Es dable colegir de ello que el reclamante discrepa con la valoración
probatoria efectuada en el procedimiento disciplinario y, en consecuencia, con los hechos tenidos por
ciertos como fundamento de la sanción. Pero esta mera discrepancia no determina que la resolución
recurrida se encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación lógica de las conclusiones
a las que arriba partiendo de los elementos de convicción incorporados. Por el contrario, la resolución
sancionatoria resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca. Sus deducciones y
conclusiones se derivan de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en
tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto
acerca de la existencia material del hecho investigado y la autoría del agente sancionado;
Que por último, postula Hidalgo que en el sumario administrativo se ha violado al principio de plazo
razonable previsto en el artículo 1 inciso d) de la Ley N° 9003, ya que el hecho investigado ocurrió el
31/10/2014 y la sanción de Cesantía se dictó en fecha 28/1/2022. En relación a ello, la Ley N° 9003 en su
art. 1° punto II d) manda al respecto que la Administración debe evitar trámites dilatorios, incurrir en
ritualismos inútiles o, en general, en requerimientos innecesarios, dilatorios o frustrantes de derechos, todo
lo cual ha sido debidamente evitado en las actuaciones;
Que la garantía del plazo razonable exige que los procedimientos administrativos se desarrollen sin
dilaciones indebidas. Este derecho pretende impedir que los administrados permanezcan largo tiempo sin
certeza sobre la determinación de sus derechos y obligaciones, lo cual puede afectar sus intereses y
propiciar una situación de inseguridad jurídica. La doctrina sostiene que el “plazo razonable” constituye un
concepto jurídico indeterminado que debe ser establecido en base a la ley, considerando el tipo de
procedimiento en trámite. En tal sentido, el carácter “razonable” de la duración de un procedimiento
administrativo debe apreciarse considerando las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la
conducta de los reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora;
Que en el caso, luego de ocurrido el hecho se labró una información sumaria tendiente a colectar la
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prueba, pero en forma prudencial se aguardó al pronunciamiento del Cuarto Juzgado de Garantías en
autos N°P-115.579/14 a favor de la validez del “acta de desgravado”, lo que ocurrió el 13/03/2017, (fs.
177/179 del expediente sumarial N° 2695-D-2014-00107), para recién ordenar por Resolución N° 720/17
la instrucción de formal sumario administrativo (fs. 197/199 del procedimiento disciplinario);
Que teniendo en consideración las circunstancias ya señaladas, se entiende como evidente que en el
sumario los plazos no han sido irrazonables, y son por demás inferiores a los que la CSJN ha considerado
tales en los fallos "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA” -26/7/12- (15 años), y “Bonder Aaron” (10
años);
Que por otra parte, y en relación con la sentencia de sobreseimiento dictada por el beneficio de la duda,
arts. 353 incisos 5) y 2) del Código Procesal Penal de Mendoza(Ley N° 6730 y modificatorias), en relación
a Hidalgo, cabe señalar en primer término que la misma no implica de ningún modo un juicio de mérito
afirmativo de la inexistencia de los hechos imputados; en segundo lugar y en lo que resulta más relevante,
que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible
infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 6722), y el procedimiento
predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales P-115.579/14 labradas para
determinar si el accionar de Hidalgo constituye también el ilícito penal de Exacciones Ilegales (art. 266
Cód. Penal);
Que en tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza
es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales se cita: “…las
investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio
de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario
sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es
más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el
cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o
no de los deberes asignados…” (LS312-Fs.219). Tal independencia tiene, en el caso del Régimen
Disciplinario Policial, consagración legislativa expresa en el artículo 141 de la Ley N° 6722 y
modificatorias;
Que por las razones expuestas, corresponde la admisión formal y el rechazo sustancial del recurso
jerárquico articulado, confirmando la resolución atacada.
Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 22 del expediente principal;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
HIDALGO LÓPEZ, CLAUDIO ALEJANDRO D.N.I. N° 29.189.721, contra la Resolución Nº 365-S-2023,
emitida por el entonces Ministerio de Seguridad, actual Ministerio de Seguridad y Justicia, la que se
confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la vía
administrativa y cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en el art. 20 la
Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la
notificación del decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MGTR. MARÍA MERCEDES RUS
S/Cargo
10/04/2024 (1 Pub.)
MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS
