DECRETOS

Decreto Nº 2861

Fecha de publicación
10 de abril de 2024
Fecha de la norma
6 de diciembre de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 32.084 · páginas 43–47
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2861 MENDOZA, 06 DE DICIEMBRE DE 2023 VISTO el EX-2022-08628370-GDEMZA-CCC en el cual obra el Recurso Jerárquico interpuesto por la Arquitecta MONICA YAMIN, D.N.I. 13.324.574, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Pueblo de Montaña, en contra de la Resolución Nº 459 emitida por el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública en fecha 4 de noviembre de 2022 (Resolución N° 459-PIP-2022); y CONSIDERANDO: Que el citado Recurso rola en el orden 2 y los antecedentes en el EX-2020-05684423-GDEMZA- DHIDRA#MIPIP. Que por la Resolución atacada se aceptó desde el punto de vista formal y se rechazó sustancialmente, el Recurso Jerárquico interpuesto por la mencionada profesional, contra la Resolución Nº 40 dictada por la Dirección de Hidráulica en fecha 29 de julio de 2022, no haciendo lugar al pedido de suspensión de ejecución del acto administrativo (Resolución Nº 40-DH-2022). Que por la Resolución Nº 40-DH-2022 se rechazó el Recurso de Revocatoria planteado contra la Resolución Nº 28-DH-2020. Que en el orden 27 rola copia del Decreto Nº 293/2023, por el cual se rechazó la solicitud de suspensión administrativa de la ejecución del acto administrativo, que solicitó la Arquitecta Mónica Yamín, en su Recurso del orden 2. Que, en el dictamen producido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, obrante en el orden 41, se realiza el análisis sobre el fondo del Recurso Jerárquico oportunamente planteado. Que en la referida presentación la recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución Nº 459-PIP-2022, se resuelva la nulidad del procedimiento administrativo y se dejen sin efecto las sanciones impuestas. Que la recurrente realiza una antología de la constitución del Fideicomiso Pueblo de Montaña hasta la actualidad, destacando que inició las tramitaciones frente al Municipio de Las Heras a fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental. En dicho proceso intervino oportunamente (11/04/2011) la Dirección de Hidráulica expidiéndose mediante la elaboración del Dictamen Sectorial competente, informando sobre los escurrimientos pluvioaluvionales y requiriendo un proyecto de obras de evacuación de escurrimientos y mitigación del riesgo, con estudio topográfico e hidrológico. Destacando que dicho trámite comenzó a realizarse 10 años después de su recomendación. Que la fiduciaria posee un punto de vista sesgado sobre las recomendaciones y observaciones realizadas por los organismos intervinientes, ya que, aunque no haya un plazo estricto para la presentación del Proyecto Hidrológico o de Escurrimientos, ello no obsta a su presentación; más aún, cuando en las conclusiones del Dictamen Sectorial elaborado por la Dirección de Hidráulica se considera necesario que antes de la aprobación del Aviso de Proyecto la Fiduciaria presente el Proyecto de Evacuación de Escurrimientos y Mitigación del Riesgo. Que no siendo ello suficiente, ni óbice para la expedición del Aviso de Proyecto por parte del Municipio, en la Resolución N° 39 del año 2011 de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Las Heras se aprueba el Aviso de Proyecto y en su Artículo 2° se enuncian los deberes de la fiduciaria, los cuales, al día de la fecha, se encuentran en proceso de cumplimiento. La quejosa entendió que la presentación del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica proyecto hidrológico “era complementario... y que de ninguna manera impedía el inicio de actividades...constructivas, de fraccionamiento, ni de desarrollo del Proyecto”. Que la fiduciaria aporta el Dictamen de Catastro Técnico elevado a la Dirección de Obras Privadas y Catastro del Municipio de Las Heras, fechado el mismo en 6 de Octubre 2015, por el cual se da continuidad a la aprobación de los planos de obra civil “...Sin perjuicio de que los “emprendedores” deban aportar, a requerimiento del municipio, las obras y documentación adicional que se requiera de conformidad con la legislación vigente.” Que lo anterior prueba que en ningún momento la Administración ha actuado maliciosamente, ni se le impidió al Fideicomiso el inicio de las actividades, ni su desarrollo, recomendando en cada oportunidad los trámites que debió haber realizado. Que para la fiduciaria la Resolución Nº 39/2011 del Municipio de Las Heras “...le genera derechos patrimoniales...” que, a su entender, la Dirección de Hidráulica y la Municipalidad de Lujan de Cuyo, 10 años después, pretenden desconocer. Todo lo contrario, se le permitió el desarrollo de sus actividades sin la presentación de lo requerido en cada oportunidad. Que la Administración ante la noticia del taponamiento de un cauce aluvional debe actuar, ya que la situación se torna riesgosa, pudiendo ocasionar un perjuicio para el resto de la población. Que, a su vez, dando cuenta del incumplimiento del Fideicomiso de los requerimientos oportunamente solicitados, ya sea porque no pudo comprenderlos previamente al momento de la aprobación del Aviso de Proyecto, o posteriormente, o en cada presentación por parte de la fiduciaria del Fideicomiso, es que la Administración debe actuar y tomar mayores recaudos velando por la seguridad del resto de los administrados. Que la recurrente insiste con similares argumentos que los vertidos en oportunidad de interponer el descargo (orden 21 del EX-2020- 05684423-GDEMZA-DHIDRA#MIPIP) por ante la Dirección de Hidráulica, el cual fue analizado oportunamente. Que las defensas esgrimidas por la recurrente en esta instancia y en anteriores son reiteradas. Que la Administración entiende que la Resolución Nº 459-PIP-2022, ahora atacada, se encuentra debidamente fundada, sumado a que la fiduciaria no ha aportado en esta instancia argumentos de entidad que autoricen a apartarse de lo resuelto en forma primigenia por la Directora de Hidráulica ni lo reafirmado por el Ministro de Planificación e Infraestructura Pública. Que no se advierte vicio de la voluntad, ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, ni que se haya violado el debido proceso administrativo y ante un peligro potencial la Administración actúa a fin de que dicha situación desaparezca, debiendo la fiduciaria restablecer el curso natural del cauce. Que la infracción en este caso en particular y de acuerdo a lo corroborado por la Dirección de Hidráulica indica que el cauce aluvional del Colector Blanco Encalada se encuentra taponado, constituyendo un peligro potencial, siendo dicho organismo quien ejerce y detenta el poder de policía sobre los cauces. Que la Resolución 459-PIP-2022 ha detallado en sus considerandos en forma clara el derecho aplicable, los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la fiduciaria indicando que el Fideicomiso no logra desvirtuar con lo alegado y probado el supuesto fáctico corroborado por la Administración. En otro punto, la impugnante expresa que a su criterio la sanción carece de motivación en cuanto a su graduación, sin dar fundamento alguno que revierta lo dispuesto. Que el monto de la multa ($ 83.070,00) se condice con los antecedentes y constancias del expediente, en base a lo preceptuado por el Artículo 22 ítem IV de la Ley Impositiva de la Provincia y lo relativo a la Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica graduación de sanciones del mencionado cuerpo legal. Que de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente, surge la existencia de la infracción imputada al Fideicomiso Pueblo de Montaña, la cual no ha sido destruida por prueba en contrario por parte de la recurrente, incorporándose los informes y análisis que avalan la conducta en transgresión de la misma. Que existe comprobación fehaciente de que la sancionada es responsable del taponamiento del cauce aluvional. Que encontrándose plenamente probada la transgresión y dado que el bien protegido es el Colector Blanco Encalada y la Dirección de Hidráulica conforme a la Ley Provincial Nº 2797 detenta jurisdicción sobre las obras de defensa contra aluviones y los cauces aluvionales existentes en terreno de dominio público o privado de la Provincia, la recurrente se hace pasible de la sanción de multa prevista por la normativa en cuestión. Que, habiendo obstruido el cauce del colector Blanco Encalada del dominio público y de carácter aluvional, lo que conlleva un grave riesgo hacia la población potencialmente afectada, el mismo debe ser restituido a su curso natural. Que por todo lo expuesto corresponde no hacer lugar al Recurso Jerárquico planteado. Que en el orden 50 rola dictamen de Asesoría de Gobierno, señalando que la clave del Recurso Jerárquico planteado radica en la Resolución Nº 28-DH-2020, en la que se da cuenta del informe agregado en el orden 3 del EX-2020-05684423-GDEMZA-DHIDRA#MIPIP sobre un taponamiento del colector Blanco Encalada para abrir un acceso al denominado Barrio Cóndores Pueblos de Montaña, describe los impactos y riesgos de esta acción no autorizada, tanto sobre el ambiente como sobre la población. También expresa que la caracterización del área es Aluvional, por lo que la empresa debía cumplir con lo dispuesto por Resolución Nº 34-DH-2019. Que, en la parte dispositiva, se emplaza a la firma a presentar en 10 días hábiles, la documentación necesaria para el análisis de las construcciones propuestas. Que en el Artículo 2º de la Resolución Nº 28-DH-2020 se ordena a la administrada la restitución a su estado original del colector Blanco Encalada, bajo apercibimiento de acción directa de autotutela estatal con cargo de cobro a costa del particular del gasto incurrido. En el Artículo 3 se le impone una multa conforme la Ley Impositiva, calificando como falta grave el taponamiento del mencionado Colector. Que la recurrente argumenta la legalidad del emprendimiento en ejecución por contar con Dictamen de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Las Heras de fecha 13 de octubre de 2011 y Resolución Interna Nº 39/11) D.A. de la citada Dirección, aprobando el Aviso de Proyecto sobre el “Complejo Turístico Cóndores – Pueblo de Montaña”, de la misma fecha. Que la referida Resolución en su Artículo 2º y en su parte pertinente, establece lo siguiente: “Que independientemente de lo establecido en el Artículo N° 1 deberá: Realizar un proyecto de obras de evacuación de escurrimientos y mitigación del riesgo, con el debido estudio topográfico e hidrológico, el cual debe ser presentado ante la Dirección de Hidráulica para su visado.”. Medida que responde al Informe Sectorial de la Dirección de Hidráulica incorporado al trámite del Aviso de Proyecto “Cóndores Pueblo de Montaña” de fecha 11 de abril de 2011. Que Asesoría de Gobierno comparte el dictamen del orden 41, pero en forma complementaria señala que el análisis valorativo requiere atenerse al Artículo 240 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el límite al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes (individuales), los cuales no deben afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Que las normas especiales, son las que se han aplicado en este caso. Las normas sobre seguridad aluvional y la Ley Nº 5961 de preservación del ambiente y su Decreto Reglamentario Nº 2019/94. En esta última norma se encuentra el aviso de proyecto como procedimiento abreviado de Evaluación el Impacto Ambiental. Las resoluciones que culminan con un Aviso de Proyecto establecen medidas complementarias (instrucciones) que el emprendedor está obligado a cumplir. Que, en el caso, la Resolución Nº 39/11 de la Municipalidad de Las Heras había impuesto una condición para el inicio del proyecto. De esto no cabe la menor duda, ya que se trata de una instrucción sustantiva para la ejecución del proyecto. Única forma de conocer que no se producirá una grave afectación al ambiente. Que, en efecto, los cauces aluvionales en la Provincia de Mendoza entrañan un riesgo para la seguridad de las construcciones como para la vida de los habitantes. Que la resolución atacada impone la recomposición del cauce aluvional. La afectación del ambiente entraña una responsabilidad objetiva que no requiere la demostración de la culpa del agente dañador (Artículo 27 de la Ley Nº 25.675). El Artículo 28 de la Ley 25.675, dispone la consecuencia del daño ambiental causado: “El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción...” Que el CCyCN establece el régimen de imputación objetiva de estas responsabilidades, completando el marco legal ambiental de estas decisiones, así e Artículo 1757 impone: “Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva”. Que el Artículo 1758, especialmente en el párrafo final, es tajante en cuanto al vínculo causal entre estos daños y el agente causante: “...el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.” Que, si alguna duda existiera para la recurrente sobre la razonabilidad de las medidas adoptadas, otra norma de fondo concurre para precisarla: la responsabilidad preventiva establecida en el Artículo 1710 del CCyCN, exige que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: “a) evitar causar un daño no justificado. b) adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. c) no agravar el daño, si ya se produjo...". Que es aquí donde se debe considerar si el argumento de no habérsele permitido el descargo tiene algún asidero. En realidad, la resolución le dio un plazo de 10 días para que presente estudios básicos para su emprendimiento, esta era su mejor defensa, pero esos estudios a lo largo del trayecto recursivo no se han aportado. Que, con relación al taponamiento del colector, debe atenerse a que los informes emitidos por el Estado tienen fuerza de informes periciales (Artículo 33 de la Ley Nº 25.675), por lo que la argumentación de que nada tuvo que ver con el mismo, requiere una demostración de su parte, ya que es evidente que la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros (Artículo 1758, in fine CCyCN). Las causales de Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica exención son restrictivas y pesan sobre la recurrente. Que los incumplimientos de la recurrente constituyen una amenaza de daño grave que amerita la aplicación del principio de precaución (Artículo 4º de la Ley Nº 2565). Ello en cuanto el no acatamiento de las obligaciones impuestas, primero en la Resolución 39/11 de la Municipalidad de Las Hera y luego en la Resolución Nº 28-DH-2020 y la ejecución de obras de urbanización, conforman un riesgo que justifican la adopción de medidas urgentes. Que, en consecuencia, las decisiones adoptadas cumplen con la razonabilidad constitucional, conforme los criterios exigidos en la Ley Nº 9003 de Procedimiento administrativo y en los Artículos 3 del CCyCN. Que por todo lo expuesto, Asesoría de Gobierno, entiende que no corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico. Por ello y teniendo en cuenta los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1 - Rechácese, por los motivos expuestos en los considerandos de esta norma legal, el Recurso Jerárquico obrante en el orden 2 del EX-2022-08628370-GDEMZA-CCC interpuesto por la Arquitecta MONICA YAMIN, D.N.I. 13.324.574, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Pueblo de Montaña, en contra de la Resolución Nº 459 emitida por el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública en fecha 4 de noviembre de 2022, la que queda confirmada. Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ S/Cargo 10/04/2024 (1 Pub.)