DECRETOS

Decreto Nº 2597

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
22 de marzo de 2024
Fecha de la norma
27 de noviembre de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 32.075 · páginas 15–17
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2597 MENDOZA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 Visto el expediente N° EX-2023-04697028-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 802 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 08 de junio de 2023; y Considerando: Que por la citada resolución se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de esa Resolución, el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 131, emitida por la Dirección de Fiscalización y Control, Ministerio de Economía y Energía, en fecha 21 de marzo de 2023; Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que no se ha logrado desvirtuar con prueba idónea la imputación realizada en Acta Nº 11653 en el número de orden 2 del expediente antecedente EX 2022-04192201-GDEMZA-DFYC#MEYE, esto es, que el inspector realizó un comparativo de precio góndola-precio caja, encontrando que existe diferencia en perjuicio del consumidor; Que la sancionada no logró desvirtuar con prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción constatada, pese a que pudo presentar descargo y ofrecer prueba; Que el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la Autoridad de Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses pudieran aportar los administrados”; Que no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de este. El acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a la quejosa por infracción al Decreto Nº 274/19 surge evidente al consignar los antecedentes y las normas jurídicas violadas, así como también se advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir prueba; Que así y tal como se ha indicado ut supra, la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en las Resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente de conformidad con el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, que indica: “Publicidad engañosa. Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”; Que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su apreciación es objetiva. Se configuran por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar la norma (Sala II “Ford Argentina S.A. c/ Secretaría de Comercio e inversiones - DiSP’DNCI n° 364/99”, 2/11/2000) (Cons. IX); Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el art. 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos Que el Decreto regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios; Que el esquema de protección que establece el Decreto Nº 274/19, se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que en tal sentido corresponde puntualizar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores sino la posibilidad de la existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la norma. (CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5399/2020 COTO CICSA c/ DNCI s/DEFENSA DEL CONSUMIDOR); Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros fijados por el Decreto Nº 274/19 atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la infractora; Que, finalmente, corresponde advertir que en la notificación del Decreto a emitirse admitiendo en lo formal y rechazando substancialmente el Recurso, debe mencionarse expresamente –en cumplimiento con el Artículo 150 de la Ley Nº 9003- que dicho acto agota la instancia administrativa, que la acción disponible para su impugnación en sede judicial es la acción procesal administrativa prevista en la Ley Nº 3918 (Artículos 1 y cc.) y que la misma deberá promoverse dentro del plazo de treinta días corridos, el que comenzará a regir desde el día siguiente al de la notificación de dicha decisión administrativa; Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica 33-50385092-9, contra la Resolución N° 802 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 08 de junio de 2023, por lo que la misma se confirma en todos sus términos. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 22/03/2024 (1 Pub.) MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES