DECRETOS
Decreto Nº 2597
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 22 de marzo de 2024
- Fecha de la norma
- 27 de noviembre de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.075 · páginas 15–17
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2597
MENDOZA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Visto el expediente N° EX-2023-04697028-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 802 emitida por el Ministerio de Economía y Energía
en fecha 08 de junio de 2023; y
Considerando:
Que por la citada resolución se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial, por los motivos
expuestos en los considerandos de esa Resolución, el Recurso Jerárquico interpuesto contra la
Resolución Nº 131, emitida por la Dirección de Fiscalización y Control, Ministerio de Economía y Energía,
en fecha 21 de marzo de 2023;
Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto
de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que no se ha logrado desvirtuar con prueba
idónea la imputación realizada en Acta Nº 11653 en el número de orden 2 del expediente antecedente EX
2022-04192201-GDEMZA-DFYC#MEYE, esto es, que el inspector realizó un comparativo de precio
góndola-precio caja, encontrando que existe diferencia en perjuicio del consumidor;
Que la sancionada no logró desvirtuar con prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción
constatada, pese a que pudo presentar descargo y ofrecer prueba;
Que el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de
una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el
hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días
de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde
efectuar su presentación. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del infractor copia de lo actuado.
La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por
la Autoridad de Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de
sus derechos o intereses pudieran aportar los administrados”;
Que no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de este. El acta fue
labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a
la quejosa por infracción al Decreto Nº 274/19 surge evidente al consignar los antecedentes y las normas
jurídicas violadas, así como también se advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido
la posibilidad de ofrecer y producir prueba;
Que así y tal como se ha indicado ut supra, la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos
relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en las Resoluciones impugnadas, que han
aplicado la sanción correspondiente de conformidad con el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, que indica:
“Publicidad engañosa. Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión
respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso,
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o
servicios”;
Que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción
misma del sujeto para su configuración, son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su
apreciación es objetiva. Se configuran por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar la norma
(Sala II “Ford Argentina S.A. c/ Secretaría de Comercio e inversiones - DiSP’DNCI n° 364/99”, 2/11/2000)
(Cons. IX);
Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el art. 42 tiene tres propósitos: la
protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y
veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos
Que el Decreto regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello
procura una mayor protección de los consumidores y usuarios;
Que el esquema de protección que establece el Decreto Nº 274/19, se asienta en la imposición de deberes
formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley. La imposición de tales deberes a
quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones
establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son;
Que en tal sentido corresponde puntualizar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los
consumidores sino la posibilidad de la existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y
conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la
norma. (CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 5399/2020 COTO CICSA c/
DNCI s/DEFENSA DEL CONSUMIDOR);
Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los
parámetros fijados por el Decreto Nº 274/19 atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco
de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte, no
se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la
infractora;
Que, finalmente, corresponde advertir que en la notificación del Decreto a emitirse admitiendo en lo formal
y rechazando substancialmente el Recurso, debe mencionarse expresamente –en cumplimiento con el
Artículo 150 de la Ley Nº 9003- que dicho acto agota la instancia administrativa, que la acción disponible
para su impugnación en sede judicial es la acción procesal administrativa prevista en la Ley Nº 3918
(Artículos 1 y cc.) y que la misma deberá promoverse dentro del plazo de treinta días corridos, el que
comenzará a regir desde el día siguiente al de la notificación de dicha decisión administrativa;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en
los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA
VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
33-50385092-9, contra la Resolución N° 802 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 08
de junio de 2023, por lo que la misma se confirma en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
22/03/2024 (1 Pub.)
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
