DECRETOS

Decreto Nº 2652

Fecha de publicación
19 de febrero de 2024
Fecha de la norma
28 de noviembre de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 32.051 · páginas 18–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2652 MENDOZA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 Visto el expediente EX-2023-00999564--GDEMZA-CCC en el cual el Dr. SEBASTIAN DONATO, interpone Recurso de Revocatoria en contra del Decreto Nº 1249/22; y CONSIDERANDO: Que mediante el mencionado Decreto se aplicó la sanción de cesantía al Dr. Donato; Que el acto cuestionado fue notificado el día 31 de octubre de 2022 según fs. 46 del expediente 795-D-17-05147 digitalizado en orden 11 y la presente impugnación fue planteada en fecha 7 de febrero de 2023 según consta en el ticket de orden 3; Que la presente Revocatoria resulta absolutamente extemporánea como tal (Art. 177 de la Ley de Procedimiento Administrativo) y asimismo excede cualquier pauta temporal razonable que permita evaluar el reclamo como denuncia de ilegitimidad (Arts. 158 y 173 punto II de la mencionada Ley); Que el Art. 158 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 dispone: "Los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, son perentorios, por lo que una vez vencidos los mismos, decae el derecho a presentarlos. No obstante, vencidos los mismos, el acto en cuestión puede igualmente ser materia de revisión por denuncia de ilegitimidad, con los efectos y en las condiciones de la misma” y el Art. 173 punto II del mismo cuerpo normativo establece: "Denuncia de ilegitimidad: Vencidos los plazos Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica establecidos para interponer recursos administrativos, los interpuestos extemporáneamente serán declarados formalmente inadmisibles. Ello no obstará a que el órgano competente para su resolución deba calificar al recurso tardío como denuncia de ilegitimidad, siendo su deber tramitarla y resolverla, a menos que la denuncia sea improcedente… Son impedimentos al progreso de la denuncia de ilegitimidad: “…b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante…"; Que en el presente caso se encuentran largamente excedidas las razonables pautas temporales de admisión del planteo. Tiene dicho nuestra Suprema Corte de Justicia respecto al plazo que considera razonable para impetrar este tipo de reclamos: “La denuncia por ilegitimidad debe ser planteada dentro de plazos razonables, que no permitan destruir los mecanismos de impugnación contenidos en la ley específica. El planteo de una impugnación cincuenta días después no constituye un plazo razonable para su cuestionamiento posterior. En consecuencia, el acto administrativo de remoción de la actora ha quedado firme, por no haber sido cuestionado debidamente”; Que postula el Dr. Donato que ningún plazo puede considerarse para impugnar el Decreto Nº 1249/22, ya que al notificarse el mismo, no se cumplió la exigencia del Artículo 150 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003, que establece para la administración el deber de indicar los recursos procedentes y los plazos para su interposición; Que la respectiva cédula de notificación, en su parte final consigna literalmente: “Nota: Se hace saber que en contra de dicho Decreto, podrá interponer Recurso de Revocatoria en el lapso de 15 días desde la notificación y de conformidad a lo que establece el Art. 177 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003”; Que en consecuencia, mal puede predicar el quejoso el incumplimiento de los recaudos del Art. 150 de la mencionada Ley; Que por otra parte, sostiene el recurrente que todas las notificaciones efectuadas en el procedimiento disciplinario fueron practicadas en un domicilio en el que ya no residía, señalando que en el sumario fueron informados dos domicilios suyos diferentes y no obstante resulta claro cuál era el último, todas las comunicaciones fueron cursadas al otro domicilio, en el cual no continuaba residiendo, concluyendo que de tal modo se lo privó por completo de la posibilidad de ejercer efectivamente el derecho de defensa; Que sólo el domicilio declarado como tal, ante la Administración, puede ser considerado el domicilio real a los fines de la relación de empleo público. Por el contrario, el otro domicilio es el consignado en un certificado de antecedentes, que no se relaciona con la obligación de los agentes públicos de mantener permanentemente actualizada la información referente al domicilio (Art. 13 inc. t del Decreto-Ley Nº 560/73), ni puede ser considerado el “domicilio real denunciado por el agente” al cual deben ser notificadas “las resoluciones que apliquen sanciones disciplinarias y las que resuelvan recursos” dentro del específico régimen de los profesionales de la salud (Art. 82 Ley Nº 7759); Que tampoco resulta procedente la suspensión de la ejecución del acto solicitada, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el Art. 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Por ello, en razón de lo dictaminado por la Subdirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes en orden 22 y por Asesoría de Gobierno en orden 31 del expediente EX-2023-00999564--GDEMZA-CCC, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Artículo 1º- Rechácese formalmente por extemporáneo, el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Dr. SEBASTIAN DONATO, DNI Nº 25.915.970, CUIL Nº 23-25915970-9, en contra del Decreto Nº 1249/22, en virtud de lo expuesto en los considerandos del presente decreto. Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ FARM. ANA MARÍA NADAL S/Cargo 19/02/2024 (1 Pub.)