DECRETOS

Decreto Nº 2981

Fecha de publicación
4 de enero de 2024
Fecha de la norma
8 de diciembre de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 32.021 · páginas 20–22
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2981 MENDOZA, 08 DE DICIEMBRE DE 2023 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2023-05281096-GDEMZA-CCC, su tramitación conjunta N° EX-2020-01970411-GDEMZA-IGS#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Oficial Subayudante –Personal Policial– CASTRO RODRIGUEZ, JOSÉ LEONCIO, a través de sus representantes legales, presenta Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 2007-S-2023, emitida por el Ministerio de Seguridad, por la cual se dispuso aplicarle al recurrente, la sanción expulsiva de Cesantía sujeta a Exoneración por la comisión de la falta prevista en el art. 100 inc. 1), en concordancia con el art. 8 primer parte, art. 43 incisos 1) y 2), con los agravantes del art. 88 incisos 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9), 11) y 13) todos de la Ley N° 6722 y modificatorias; Que analizado el aspecto formal del remedio deducido y teniendo en cuenta el principio de informalismo a favor del administrado, corresponde admitirlo formalmente en virtud de haber sido interpuesto dentro del término previsto por el artículo 179 y siguientes de la Ley N° 9003; Que analizado el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el recurrente postulando en primer lugar que la sanción es arbitraria por cuanto no se ha acreditado el hecho imputado, en segundo término que es excesiva, y por último que adolece de falta de motivación. Asimismo solicita la suspensión de la ejecución del acto; Que dicho planteo no es sostenible ya que conceptualmente, la motivación es una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emisión del acto administrativo y está contenida dentro de lo que usualmente se denomina: los considerandos; Quela de “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 9003, establece en su art. 45 que: “Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su publicación...”; Que así no es sostenible el planteo del recurrente, ya que definitivamente la simple lectura de la Resolución Ministerial N° 2007-S-23, da cuenta de que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica jurídicamente; Que en segundo lugar, la discrepancia del reclamante con la valoración probatoria efectuada en el procedimiento disciplinario no determina que la resolución recurrida se encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de los elementos de convicción incorporados. En el caso, la sanción se asienta en la merituación de prueba incorporada debidamente en el expediente sumarial, como así también en las constancias del expediente penal P-32193/20 caratulado: “Fiscal c/ Castro Rodríguez José Leoncio p/Lesiones Leves Dolosas Agravadas por el vínculo y por Mediar Violencia de Género en concurso Real con el Delito de Amenazas simples Agravada por el uso de arma de fuego (art. 92 en función del art. 80 incisos 1º y 11º, 55, 149 bis primer párrafo segundo supuesto del CP)”, en el cual recayó sentencia del 2º Juzgado Penal Colegiado (v. orden 100 EX-2020-01970411-GDEMZA-IGS#MSEG) que condenó al recurrente, por aplicación del procedimiento de juicio abreviado, a un año de prisión de ejecución condicional como autor penalmente responsable del referido ilícito; Que asimismo, el analítico y fundado Dictamen N° 209-23 de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad, merituó que quedó acreditada la falta al régimen disciplinario policial en los términos de la imputación efectuada en la Resolución N° 808/20 del Directorio de la Inspección General de Seguridad, existiendo una total correspondencia entre la imputación administrativa y los hechos probados. Concluyó la Junta que el impugnante violó con su accionar las reglamentaciones y/o normativas que rigen al personal policial, vulnerando los principios y deberes básicos que su envestidura requiere; Que en consecuencia, la resolución sancionatoria resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca. Sus deducciones y conclusiones se derivan de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado y la autoría del agente sancionado; Que tampoco resulta sostenible el exceso de punición alegado por Castro Rodríguez. La consideración de la gravedad de los hechos y la pena específicamente prevista para el caso de verificarse la infracción prevista por el art. 100 inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias, torna absolutamente razonable y proporcional (art. 39 Ley N° 9003) la sanción aplicada. Asimismo, el dictamen N° 209-23 de la Junta de Disciplina aconsejó también la Cesantía, sujeta a Exoneración para el caso de quedar firme la sentencia recaída en Autos N°P-32193/20, estimando que se tipificó la falta prevista por el art. 100 inc. 1) - incumplir o transgredir dolosamente los principios y procedimientos básicos de actuación policial establecidos en el Capítulo IV, Título III de la Ley N° 6722-, que establece una sanción de suspensión de más de treinta y cinco días a sesenta días o Cesantía; Que por último, no corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto, ya que no se configura ninguna de las causales previstas por el art. 83 de la Ley N° 9003: “La interposición de recursos o denuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. b) Cuando se alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. c) Cuando la autoridad constate que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños a terceros o al interés público…”; Que los perjuicios que pudiera ocasionar al impugnante la ejecución de la sanción son de neto corte económico y, en consecuencia, además de no equiparse con el interés público de que los agentes encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos se comporten en un marco de legalidad y decoro dentro y fuera del servicio, no son irreparables. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha sostenido: “No se advierte la irreparabilidad del daño que inflingiría la situación de hecho a revertir, ya que Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica el peticionante podrá requerir, en su caso, la pertinente reparación económica”, como así también que la presunción de legitimidad y de ejecutividad propias de los actos administrativos “autoriza la suspensión cuando la ejecución pueda producir un daño irreparable. Esto último no es de presumir en el caso de estudio, dado que debe admitirse que el Estado Provincial tiene solvencia suficiente para proveer a la reparación del daño patrimonial que se ocasionare, en su caso, si se revocare el acto que lo causó”; Que es dable destacar que el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede judicial, que en el caso de Cesantías o Exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la suspensión de su ejecución (art. 24 inc. b de la Ley N° 3918); Que por lo expuesto ut supra, no habiendo ilegitimidad alguna, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso intentado, confirmando la resolución atacada. Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 23 de la pieza principal, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial Subayudante – Personal Policial – CASTRO RODRIGUEZ, JOSÉ LEONCIO, D.N.I. N° 38.909.902, a través de sus representantes legales, contra la Resolución N° 2007-S-2023, emitida por el Ministerio de Seguridad, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese al recurrente que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la instancia administrativa, contando para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la notificación del decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. RAÚL LEVRINO S/Cargo 04/01/2024 (1 Pub.)