DECRETOS
Decreto Nº 2981
- Fecha de publicación
- 4 de enero de 2024
- Fecha de la norma
- 8 de diciembre de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.021 · páginas 20–22
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2981
MENDOZA, 08 DE DICIEMBRE DE 2023
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2023-05281096-GDEMZA-CCC, su tramitación conjunta N°
EX-2020-01970411-GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Oficial Subayudante –Personal Policial– CASTRO RODRIGUEZ, JOSÉ
LEONCIO, a través de sus representantes legales, presenta Recurso Jerárquico en contra de la
Resolución Nº 2007-S-2023, emitida por el Ministerio de Seguridad, por la cual se dispuso aplicarle al
recurrente, la sanción expulsiva de Cesantía sujeta a Exoneración por la comisión de la falta prevista en el
art. 100 inc. 1), en concordancia con el art. 8 primer parte, art. 43 incisos 1) y 2), con los agravantes del art.
88 incisos 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9), 11) y 13) todos de la Ley N° 6722 y modificatorias;
Que analizado el aspecto formal del remedio deducido y teniendo en cuenta el principio de informalismo a
favor del administrado, corresponde admitirlo formalmente en virtud de haber sido interpuesto dentro del
término previsto por el artículo 179 y siguientes de la Ley N° 9003;
Que analizado el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el recurrente postulando en primer
lugar que la sanción es arbitraria por cuanto no se ha acreditado el hecho imputado, en segundo término
que es excesiva, y por último que adolece de falta de motivación. Asimismo solicita la suspensión de la
ejecución del acto;
Que dicho planteo no es sostenible ya que conceptualmente, la motivación es una declaración de cuáles
son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la emisión del acto administrativo y está
contenida dentro de lo que usualmente se denomina: los considerandos;
Quela de “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 9003, establece en su art. 45 que:
“Deberán motivarse los actos que: a) Decidan sobre intereses jurídicamente protegidos o procedimientos
de contratación en general. b) Resuelvan denuncias, reclamos o recursos. c) Se separen del criterio
seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de
otras disposiciones legales, reglamentarias o de exigencias expresas o implícitas de transparencia y
legitimidad. La motivación contendrá la explicación de las razones de hecho y de derecho que
fundamentan el acto, con un sucinto resumen de los antecedentes relevantes del expediente, la finalidad
pública que justifica su emisión, la norma concreta que habilita la competencia en ejercicio y, en su caso, la
que establece las obligaciones o deberes que se impongan al administrado, individualizando su
publicación...”;
Que así no es sostenible el planteo del recurrente, ya que definitivamente la simple lectura de la
Resolución Ministerial N° 2007-S-23, da cuenta de que se encuentra suficientemente motivada, fáctica y
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jurídicamente;
Que en segundo lugar, la discrepancia del reclamante con la valoración probatoria efectuada en el
procedimiento disciplinario no determina que la resolución recurrida se encuentre viciada por falencias o
carencias en orden a la derivación lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de los elementos
de convicción incorporados. En el caso, la sanción se asienta en la merituación de prueba incorporada
debidamente en el expediente sumarial, como así también en las constancias del expediente penal
P-32193/20 caratulado: “Fiscal c/ Castro Rodríguez José Leoncio p/Lesiones Leves Dolosas Agravadas
por el vínculo y por Mediar Violencia de Género en concurso Real con el Delito de Amenazas simples
Agravada por el uso de arma de fuego (art. 92 en función del art. 80 incisos 1º y 11º, 55, 149 bis primer
párrafo segundo supuesto del CP)”, en el cual recayó sentencia del 2º Juzgado Penal Colegiado (v. orden
100 EX-2020-01970411-GDEMZA-IGS#MSEG) que condenó al recurrente, por aplicación del
procedimiento de juicio abreviado, a un año de prisión de ejecución condicional como autor penalmente
responsable del referido ilícito;
Que asimismo, el analítico y fundado Dictamen N° 209-23 de la Junta de Disciplina del Ministerio de
Seguridad, merituó que quedó acreditada la falta al régimen disciplinario policial en los términos de la
imputación efectuada en la Resolución N° 808/20 del Directorio de la Inspección General de Seguridad,
existiendo una total correspondencia entre la imputación administrativa y los hechos probados. Concluyó la
Junta que el impugnante violó con su accionar las reglamentaciones y/o normativas que rigen al personal
policial, vulnerando los principios y deberes básicos que su envestidura requiere;
Que en consecuencia, la resolución sancionatoria resulta coherente, en tanto es congruente, no
contradictoria e inequívoca. Sus deducciones y conclusiones se derivan de las pruebas incorporadas en
forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir
razonablemente un convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado y la
autoría del agente sancionado;
Que tampoco resulta sostenible el exceso de punición alegado por Castro Rodríguez. La consideración de
la gravedad de los hechos y la pena específicamente prevista para el caso de verificarse la infracción
prevista por el art. 100 inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias, torna absolutamente razonable y
proporcional (art. 39 Ley N° 9003) la sanción aplicada. Asimismo, el dictamen N° 209-23 de la Junta de
Disciplina aconsejó también la Cesantía, sujeta a Exoneración para el caso de quedar firme la sentencia
recaída en Autos N°P-32193/20, estimando que se tipificó la falta prevista por el art. 100 inc. 1) - incumplir
o transgredir dolosamente los principios y procedimientos básicos de actuación policial establecidos en el
Capítulo IV, Título III de la Ley N° 6722-, que establece una sanción de suspensión de más de treinta y
cinco días a sesenta días o Cesantía;
Que por último, no corresponde hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto, ya que no se
configura ninguna de las causales previstas por el art. 83 de la Ley N° 9003: “La interposición de recursos
o denuncias de ilegitimidad no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que lo dictó o
la que debe resolver la impugnación podrá disponer, de oficio o a petición de parte, y en ambos casos
mediante resolución fundada, la suspensión de la ejecución del acto, en cualquiera de los siguientes
casos: a) Cuando la ejecución cause un daño de difícil o imposible reparación al impugnante, o un daño
proporcionalmente mayor a los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad pública. b) Cuando se
alegare verosímilmente un vicio grave o grosero en el acto impugnado. c) Cuando la autoridad constate
que no hay necesidad impostergable de ejecutarlos, sin que ello pueda acarrear iguales o mayores daños
a terceros o al interés público…”;
Que los perjuicios que pudiera ocasionar al impugnante la ejecución de la sanción son de neto corte
económico y, en consecuencia, además de no equiparse con el interés público de que los agentes
encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos se comporten en un marco de legalidad y decoro
dentro y fuera del servicio, no son irreparables. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha
sostenido: “No se advierte la irreparabilidad del daño que inflingiría la situación de hecho a revertir, ya que
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el peticionante podrá requerir, en su caso, la pertinente reparación económica”, como así también que la
presunción de legitimidad y de ejecutividad propias de los actos administrativos “autoriza la suspensión
cuando la ejecución pueda producir un daño irreparable. Esto último no es de presumir en el caso de
estudio, dado que debe admitirse que el Estado Provincial tiene solvencia suficiente para proveer a la
reparación del daño patrimonial que se ocasionare, en su caso, si se revocare el acto que lo causó”;
Que es dable destacar que el régimen legal de las impugnaciones de actos administrativos en sede
judicial, que en el caso de Cesantías o Exoneraciones de agentes estatales deniega expresamente la
suspensión de su ejecución (art. 24 inc. b de la Ley N° 3918);
Que por lo expuesto ut supra, no habiendo ilegitimidad alguna, corresponde admitir en lo formal y rechazar
en lo sustancial el recurso intentado, confirmando la resolución atacada.
Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 23 de la pieza principal,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por
el Oficial Subayudante – Personal Policial – CASTRO RODRIGUEZ, JOSÉ LEONCIO, D.N.I. N°
38.909.902, a través de sus representantes legales, contra la Resolución N° 2007-S-2023, emitida por el
Ministerio de Seguridad, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la
instancia administrativa, contando para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en
la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la
notificación del decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. RAÚL LEVRINO
S/Cargo
04/01/2024 (1 Pub.)
