DECRETOS

Decreto Nº 2779

Fecha de publicación
29 de diciembre de 2023
Fecha de la norma
30 de noviembre de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 32.018 · páginas 16–19
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2779 MENDOZA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Visto el Expediente Nº EX-2019-05129066-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ, su fusionado EX-2021-01450951- GDEMZA-CCC y asociado EX-2020-02829365-GDEMZA-MGTYJ; y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se presenta la Distribuidora de Gas Cuyana S.A., C.U.I.T. Nº 33-65786558-9, en adelante ECOGAS, e interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Nº 105 de fecha 16/10/2020, emitida por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; Que la cuestión suscitada tiene su origen en la sanción de multa impuesta consistente en el pago de PESOS CINCO MILLONES con 00/100 ($ 5.000.000,00), por la Dirección de Defensa del Consumidor a ECOGAS, a través de la Resolución Nº 179 de fecha 27/09/2019, por violación a los Artículos 30 bis y 4 de la Ley N° 24.240, al no informar a los usuarios si existían periodos adeudados pendientes de pago, con fecha e intereses si correspondieren y en caso de no existir deudas pendientes, omitió colocar por escrito la leyenda: "no existen deudas pendientes"; Que en contra de la citada Resolución, ECOGAS interpone recurso de revocatoria, dando origen a la Resolución Nº 37 de fecha 05/02/2020, mediante la cual se resolvió admitir parcialmente en lo sustancial el recurso de revocatoria impetrado por ECOGAS, reduciendo el monto de la sanción de multa aplicada en la Resolución N° 179/2019 de la Dirección de Defensa del Consumidor, al considerar que no se ha violado el Artículo 6 de la Ley Nº 24.240, manteniendo el resto del monto al sostenerse la violación a los Artículos 4 y 30 bis de la Ley Nº 24.240. ECOGAS interpuso recurso jerárquico por ante el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, siendo rechazado mediante la Resolución Nº 105 de fecha 16/10/2020; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que la citada Resolución fue notificada al quejoso en fecha 17/02/2021 y 19/02/2021, conforme constancias obrantes en los órdenes y 17, respectivamente, del Expediente Nº EX-2020-02829365-GDEMZA-MGTYJ, por lo que el recurso en trato ha sido interpuesto en tiempo y forma, conforme las prescripciones del Artículo 179 de la Ley Nº 9003; Que el quejoso ha abonado la tasa retributiva de servicios y aportes a la Caja Forense, conforme constancias obrantes en orden 61 del Expediente N° EX-2019-05129066-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ; Que en el punto 4 del recurso, detalla los agravios que la Resolución Nº 105/2020 le causa, alegando vicio de arbitrariedad y falta de causa y los desarrolla en tres subpuntos: 1.- falta de afectación o perjuicio al usuario; 2.- discrecionalidad de la administración en la aplicación de la sanción sin hechos que la sustenten; y 3.- desproporción e irrazonabilidad de la sanción en relación al hecho; Que cabe remarcar sobre el primer agravio que las infracciones a la Ley Nº 24.240 son de tipo formal y quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley. Ello es así, porque la finalidad es evitar el engaño y confusión del usuario y/o consumidor. Y para eso debe velar la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la ley; Que la Ley Nº 24.240 se dictó para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas, porque para que el mercado continúe desenvolviéndose con más inversiones, tecnologías, creación de nuevos bienes de consumo, progreso constante en las técnicas de comercialización y marketing, se necesita el fortalecimiento de la posición del usuario y consumidor; Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación, la protección de usuarios y consumidores y el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Que esto significa que no se requiere la existencia de un elemento subjetivo para que quede configurada la infracción, ya que para ello basta la conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley; Que por eso, yerra la quejosa cuando refiere que ha sido sancionada solo por un “defecto formal detectado en seis facturas” (…) y “que no hubo perjuicio alguno al usuario”, porque como lo ha señalado de manera reiterada tanto la doctrina como la jurisprudencia, no es necesaria la existencia de un perjuicio al consumidor o usuario, siendo suficiente para la sanción, la constatación de una infracción; Que queda entonces desvirtuado el argumento expuesto por la recurrente respecto del primer punto, porque la sanción se impuso por violación al deber de información previsto en el Artículo 4 de la Ley Nº 24.240, ante la infracción en la que incurrió, conforme lo ordenado en el Artículo 30 bis de la norma citada. Así lo consagra el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone la obligación de proteger a los consumidores y garantizar el bienestar general; Que el segundo agravio se relaciona con el anterior. Alega que las facultades discrecionales tienen que estar sustentadas en circunstancias concretas que surjan de las actuaciones administrativas. Considera ECOGAS que ha sido sancionada sólo por un “defecto formal detectado en seis facturas”. Y reprocha a la Dirección de Defensa del Consumidor no haber adoptado “medidas para mejor proveer” o bien “recabar prueba de oficio” o requerir una “ampliación de fundamentos” para recabar la “verdad real” de los hechos de autos; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que esa afirmación vertida por la recurrente también carece de sustento fáctico y jurídico. Respecto de los hechos, se encuentran acabadamente probados en el expediente administrativo y NO han sido desconocidos por ECOGAS. Al contrario, los ha reconocido en sus presentaciones al referir sobre las facturas adjuntas. Respecto de lo jurídico, era la quejosa quien tenía la carga de probar que no había incurrido en infracción. ECOGAS se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Podría haber acompañado un informe contable o podría haber demostrado que corrigió la omisión en la información que debía consignar en la facturación y no lo hizo. Persistió en su posición de considerar que no se había producido perjuicio al usuario y que eso era suficiente para quedar eximido de sanción; Que por otra parte, la multa no solo se aplicó por violación al Artículo 30 bis de la Ley Nº 24.240, sino también por infracción al Artículo 4, cuyo derecho está garantizado por la Constitución Nacional en el Artículo 42; Que entonces, por aplicación del Artículo 53 de la Ley Nº 24.240, era ECOGAS quien debía aportar al proceso todos los elementos de prueba que obrasen en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio, máxime cuando se trata de una empresa monopólica y que presta un servicio público. La norma referida les impone a los proveedores de servicios, el deber de prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. De allí que en todo procedimiento en donde esté en juego una relación de consumo, rige en toda su dimensión el principio de la "carga dinámica" en materia probatoria” (Coliñir, Anahí Flavia c/ La Campagnola SACI-Grupo Arcor s/ ordinario s/ casación. SENTENCIA, 9 de Diciembre de 2019. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. VIEDMA, RÍO NEGRO. Magistrados: Sergio m. Barotto - en disidencia - Enrique J. Mansilla - en disidencia - Liliana Laura Piccinini - Ricardo A. Apcarian - Adriana Cecilia Zaratiegui. Id SAIJ: FA19050119); Que el último punto del agravio, radica en la supuesta desproporción e irrazonabilidad de la sanción, pero aquí la quejosa no explica de qué manera el monto de la sanción le provoca perjuicio económico a la empresa prestataria del servicio. Es decir, no ha justificado ni con prueba ni con argumentos jurídicos, que la multa impuesta resulta arbitraria o desproporcionada en relación al volumen de su facturación mensual o del patrimonio de la empresa, pudiendo generar un desbalance en las finanzas. No basta la simple invocación del agravio. Debe probarse con elementos relevantes y objetivos que el importe de la sanción es desproporcionado en relación al patrimonio de la sancionada o a la ganancia que la misma obtiene por la prestación del servicio; Que la quejosa ha efectuado un agravio genérico, sin especificar cuál es la arbitrariedad manifiesta en su cuantía, es decir, no ha aportado en concreto prueba que demuestre cuál ha sido el error de la Administración en la determinación del monto; Que ha dicho la SCJM en relación al tema que: “Los jueces en principio no pueden, sin correr el riesgo de interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción impuesta por parte de la Administración Pública y la magnitud de estas sanciones está, también en principio, reservada al razonable criterio de la autoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, por lo que cabe apartarse de las sanciones impuestas por un tribunal administrativo si del examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada, o si los hechos no han sido probados”. (Expte.: 13042804716 -RODRIGUEZ LEMOS RODOLFO IVAN C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA. Fecha: 26/12/2019 –SENTENCIA. Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA N° 2 Magistrado/s: ADARO PALERMO VALERIO); Que finalmente y con respecto a la alegada falta de motivación del acto administrativo impugnado no se advierte que el mismo presente vicios, pues de su simple lectura se desprenden las sólidas razones jurídicas esgrimidas por la Administración para aplicar la sanción en los términos de la Ley Nº 24.240. Se ha respetado el derecho de defensa de ECOGAS, quien pudo ofrecer pruebas en las oportunidades pertinentes y recurrió los actos respectivos; Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Subsecretaria Legal y Técnica Que sobre el pedido de suspensión del acto administrativo, tampoco corresponde su admisión, por no darse ninguno de los supuestos previstos en la norma (Artículo 83 de la Ley N° 9003); Por ello y atento con lo dictaminado en orden 70 por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y en orden 75 por Asesoría de Gobierno del expediente principal, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º- Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por Distribuidora de Gas Cuyana S.A., C.U.I.T. Nº 33-65786558-9, en contra de la Resolución Nº 105/2020 del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, de conformidad con lo expresado en los considerandos del presente decreto. Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ S/Cargo 29/12/2023 (1 Pub.)