DECRETOS
Decreto Nº 2779
- Fecha de publicación
- 29 de diciembre de 2023
- Fecha de la norma
- 30 de noviembre de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.018 · páginas 16–19
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2779
MENDOZA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Visto
el
Expediente
Nº
EX-2019-05129066-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ,
su
fusionado
EX-2021-01450951- GDEMZA-CCC y asociado EX-2020-02829365-GDEMZA-MGTYJ; y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se presenta la Distribuidora de Gas Cuyana S.A., C.U.I.T. Nº
33-65786558-9, en adelante ECOGAS, e interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Nº 105
de fecha 16/10/2020, emitida por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia;
Que la cuestión suscitada tiene su origen en la sanción de multa impuesta consistente en el pago de
PESOS CINCO MILLONES con 00/100 ($ 5.000.000,00), por la Dirección de Defensa del Consumidor a
ECOGAS, a través de la Resolución Nº 179 de fecha 27/09/2019, por violación a los Artículos 30 bis y 4 de
la Ley N° 24.240, al no informar a los usuarios si existían periodos adeudados pendientes de pago, con
fecha e intereses si correspondieren y en caso de no existir deudas pendientes, omitió colocar por escrito
la leyenda: "no existen deudas pendientes";
Que en contra de la citada Resolución, ECOGAS interpone recurso de revocatoria, dando origen a la
Resolución Nº 37 de fecha 05/02/2020, mediante la cual se resolvió admitir parcialmente en lo sustancial el
recurso de revocatoria impetrado por ECOGAS, reduciendo el monto de la sanción de multa aplicada en la
Resolución N° 179/2019 de la Dirección de Defensa del Consumidor, al considerar que no se ha violado el
Artículo 6 de la Ley Nº 24.240, manteniendo el resto del monto al sostenerse la violación a los Artículos 4 y
30 bis de la Ley Nº 24.240. ECOGAS interpuso recurso jerárquico por ante el Ministerio de Gobierno,
Trabajo y Justicia, siendo rechazado mediante la Resolución Nº 105 de fecha 16/10/2020;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que la citada Resolución fue notificada al quejoso en fecha 17/02/2021 y 19/02/2021, conforme
constancias
obrantes
en
los
órdenes
y
17,
respectivamente,
del
Expediente
Nº
EX-2020-02829365-GDEMZA-MGTYJ, por lo que el recurso en trato ha sido interpuesto en tiempo y
forma, conforme las prescripciones del Artículo 179 de la Ley Nº 9003;
Que el quejoso ha abonado la tasa retributiva de servicios y aportes a la Caja Forense, conforme
constancias obrantes en orden 61 del Expediente N° EX-2019-05129066-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ;
Que en el punto 4 del recurso, detalla los agravios que la Resolución Nº 105/2020 le causa, alegando vicio
de arbitrariedad y falta de causa y los desarrolla en tres subpuntos:
1.- falta de afectación o perjuicio al usuario;
2.- discrecionalidad de la administración en la aplicación de la sanción sin hechos que la sustenten; y
3.- desproporción e irrazonabilidad de la sanción en relación al hecho;
Que cabe remarcar sobre el primer agravio que las infracciones a la Ley Nº 24.240 son de tipo formal y
quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley. Ello es así, porque la
finalidad es evitar el engaño y confusión del usuario y/o consumidor. Y para eso debe velar la autoridad
administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la ley;
Que la Ley Nº 24.240 se dictó para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos
en las relaciones económicas, porque para que el mercado continúe desenvolviéndose con más
inversiones, tecnologías, creación de nuevos bienes de consumo, progreso constante en las técnicas de
comercialización y marketing, se necesita el fortalecimiento de la posición del usuario y consumidor;
Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación, la
protección de usuarios y consumidores y el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor,
las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del
mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los
derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos;
Que esto significa que no se requiere la existencia de un elemento subjetivo para que quede configurada la
infracción, ya que para ello basta la conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley;
Que por eso, yerra la quejosa cuando refiere que ha sido sancionada solo por un “defecto formal
detectado en seis facturas” (…) y “que no hubo perjuicio alguno al usuario”, porque como lo ha señalado
de manera reiterada tanto la doctrina como la jurisprudencia, no es necesaria la existencia de un perjuicio
al consumidor o usuario, siendo suficiente para la sanción, la constatación de una infracción;
Que queda entonces desvirtuado el argumento expuesto por la recurrente respecto del primer punto,
porque la sanción se impuso por violación al deber de información previsto en el Artículo 4 de la Ley Nº
24.240, ante la infracción en la que incurrió, conforme lo ordenado en el Artículo 30 bis de la norma citada.
Así lo consagra el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone la obligación de proteger a los
consumidores y garantizar el bienestar general;
Que el segundo agravio se relaciona con el anterior. Alega que las facultades discrecionales tienen que
estar sustentadas en circunstancias concretas que surjan de las actuaciones administrativas. Considera
ECOGAS que ha sido sancionada sólo por un “defecto formal detectado en seis facturas”. Y reprocha a la
Dirección de Defensa del Consumidor no haber adoptado “medidas para mejor proveer” o bien “recabar
prueba de oficio” o requerir una “ampliación de fundamentos” para recabar la “verdad real” de los hechos
de autos;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que esa afirmación vertida por la recurrente también carece de sustento fáctico y jurídico. Respecto de los
hechos, se encuentran acabadamente probados en el expediente administrativo y NO han sido
desconocidos por ECOGAS. Al contrario, los ha reconocido en sus presentaciones al referir sobre las
facturas adjuntas. Respecto de lo jurídico, era la quejosa quien tenía la carga de probar que no había
incurrido en infracción. ECOGAS se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Podría haber
acompañado un informe contable o podría haber demostrado que corrigió la omisión en la información que
debía consignar en la facturación y no lo hizo. Persistió en su posición de considerar que no se había
producido perjuicio al usuario y que eso era suficiente para quedar eximido de sanción;
Que por otra parte, la multa no solo se aplicó por violación al Artículo 30 bis de la Ley Nº 24.240, sino
también por infracción al Artículo 4, cuyo derecho está garantizado por la Constitución Nacional en el
Artículo 42;
Que entonces, por aplicación del Artículo 53 de la Ley Nº 24.240, era ECOGAS quien debía aportar al
proceso todos los elementos de prueba que obrasen en su poder, conforme a las características del bien o
servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio,
máxime cuando se trata de una empresa monopólica y que presta un servicio público. La norma referida
les impone a los proveedores de servicios, el deber de prestar la colaboración necesaria para el
esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. De allí que en todo procedimiento en donde esté en
juego una relación de consumo, rige en toda su dimensión el principio de la "carga dinámica" en materia
probatoria” (Coliñir, Anahí Flavia c/ La Campagnola SACI-Grupo Arcor s/ ordinario s/ casación.
SENTENCIA, 9 de Diciembre de 2019. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. VIEDMA, RÍO NEGRO.
Magistrados: Sergio m. Barotto - en disidencia - Enrique J. Mansilla - en disidencia - Liliana Laura Piccinini
- Ricardo A. Apcarian - Adriana Cecilia Zaratiegui. Id SAIJ: FA19050119);
Que el último punto del agravio, radica en la supuesta desproporción e irrazonabilidad de la sanción, pero
aquí la quejosa no explica de qué manera el monto de la sanción le provoca perjuicio económico a la
empresa prestataria del servicio. Es decir, no ha justificado ni con prueba ni con argumentos jurídicos, que
la multa impuesta resulta arbitraria o desproporcionada en relación al volumen de su facturación mensual o
del patrimonio de la empresa, pudiendo generar un desbalance en las finanzas. No basta la simple
invocación del agravio. Debe probarse con elementos relevantes y objetivos que el importe de la sanción
es desproporcionado en relación al patrimonio de la sancionada o a la ganancia que la misma obtiene por
la prestación del servicio;
Que la quejosa ha efectuado un agravio genérico, sin especificar cuál es la arbitrariedad manifiesta en su
cuantía, es decir, no ha aportado en concreto prueba que demuestre cuál ha sido el error de la
Administración en la determinación del monto;
Que ha dicho la SCJM en relación al tema que: “Los jueces en principio no pueden, sin correr el riesgo de
interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción impuesta por parte de la Administración Pública
y la magnitud de estas sanciones está, también en principio, reservada al razonable criterio de la autoridad
administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, por lo que cabe apartarse de las sanciones
impuestas por un tribunal administrativo si del examen de los hechos concretos surge que las mismas no
guardan proporción con la falta imputada, o si los hechos no han sido probados”. (Expte.: 13042804716
-RODRIGUEZ LEMOS RODOLFO IVAN C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCION
PROCESAL ADMINISTRATIVA. Fecha: 26/12/2019 –SENTENCIA. Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA
N° 2 Magistrado/s: ADARO PALERMO VALERIO);
Que finalmente y con respecto a la alegada falta de motivación del acto administrativo impugnado no se
advierte que el mismo presente vicios, pues de su simple lectura se desprenden las sólidas razones
jurídicas esgrimidas por la Administración para aplicar la sanción en los términos de la Ley Nº 24.240. Se
ha respetado el derecho de defensa de ECOGAS, quien pudo ofrecer pruebas en las oportunidades
pertinentes y recurrió los actos respectivos;
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Que sobre el pedido de suspensión del acto administrativo, tampoco corresponde su admisión, por no
darse ninguno de los supuestos previstos en la norma (Artículo 83 de la Ley N° 9003);
Por ello y atento con lo dictaminado en orden 70 por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo
y Justicia y en orden 75 por Asesoría de Gobierno del expediente principal,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º- Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por
Distribuidora de Gas Cuyana S.A., C.U.I.T. Nº 33-65786558-9, en contra de la Resolución Nº 105/2020 del
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, de conformidad con lo expresado en los considerandos del
presente decreto.
Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
29/12/2023 (1 Pub.)
