DECRETOS
Decreto Nº 680
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
- Fecha de publicación
- 15 de diciembre de 2023
- Fecha de la norma
- 14 de abril de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 32.009 · páginas 20–23
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 680
MENDOZA, 14 DE ABRIL DE 2023
Visto el expediente EX-2020-04061766-GDEMZA-CCC y asociado EX-2020-00873951-GDEMZA-
DPA#SAYOT, en el que se tramita el Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 220/2020-SAYOT,
presentado por ROGELIO NAZAR BOULIN en representación de POTASIO RIO COLORADO S.A.; y,
CONSIDERANDO:
Que en orden 02 obra Recurso Jerárquico formulado ante la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial de Mendoza y contra la Resolución N° 220/2020-SAYOT, con el objeto de que sea revocada por
contrario imperio, en tanto se encontraría viciada de gravedad, lo que acarrearía su nulidad en los términos
y alcances de la Ley N° 9003.
Que el Recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, conforme constancias de notificación obrante en
orden 27 del expediente asociado EX-2020-00873951-GDEMZA-DPA#SAYOT.
Que por Resolución N° 220/2020-SAYOT, obrante en orden 23 del expediente asociado
EX-2020-00873951-GDEMZA-DPA#SAYOT, se rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto por la
empresa POTASIO RÍO COLORADO S.A., C.U.I.T. Nº 30-64159355-5, contra la Resolución N°
661/2019-SAYOT.
Que la presentante refiere a la improcedencia de la exigencia de Tasa Ambiental de Evaluación y
Fiscalización Minera (TAEFM) del año 2016 por los siguientes argumentos: 1) Que POTASIO RÍO
COLORADO no era operadora de la mina y no es la titular registral, argumento que resulta no válido toda
vez que reconoce en el escrito ser la operadora y haber abonado oportunamente la Tasa de Fiscalización,
no acredita haber cesado en tal circunstancia, no es óbice que siga o no a actividad dado que no ha
retirado construcciones, instalaciones ni nada del lugar, lo que hace que sea necesario seguir controlando
dichas instalaciones y, siendo la operadora, es responsable del pago de la Tasa, aunque no sea la titular
registral. 2) Asimismo afirma la improcedencia de pretender su cobro, en virtud de no haberse publicado el
cálculo del costo por ser un tributo que debe ser fijado legalmente.
Que la Resolución que determina la Tasa se encuentra debidamente publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Mendoza, del lunes 28 de marzo de 2016, N° 30.084 y responde a las competencias propias
de la Dirección de Protección Ambiental conforme lo dispuesto por la Ley de Ministerios Nº 9206 y el
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Artículo 59 de la Ley N° 8778. En particular, el régimen normativo previsto en el Decreto Nº 820/2006 cuyo
articulado expresa: “Artículo 31° - Con el objeto de recabar el dictamen técnico exigido por el Artículo 32°
de la Ley Provincial N° 5961, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Provincial N° 5657 y en
aplicación de la disposición contenida, en el Inciso b) del Artículo 261 del Código de Minería de la Nación,
el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas llamará públicamente a inscripción a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas con el fin de confeccionar un Registro de Consultores y Laboratorios, Centros
de Investigación e idóneos en materia de asesoramiento ambiental para la actividad minera. Artículo 32° -
A los fines de la fijación de la tasa cargo del proponente, establecida en el Artículo 40° de la Ley Provincial
N° 5961, la misma será determinada en cada caso por Resolución fundada de la Autoridad Ambiental
Minera la que en ningún caso podrá superar el valor de los honorarios correspondientes al dictamen
técnico referido por el citado Artículo. El destino de los aranceles será exclusivamente para atender el
costo del proceso de evaluación del impacto ambiental. Artículo 33° - La Autoridad Ambiental Minera
realizará inspecciones rutinarias o de oficio a fin de verifican el estado de situación y procederá a efectuar
las recomendaciones específicas en materia de saneamiento y control de riesgo ambiental. Además
emplazará a las empresas a la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes como a
la ejecución de los planes de saneamiento, bajo apercibimiento de las sanciones previstas.”
Que en este sentido, la Tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si
bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho
adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por
ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no
puede rehusar su pago aún cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene
en mira el interés general.
Que la Corte sostiene asimismo, que el cobro de una tasa debe corresponder siempre a una concreta,
efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto)
del contribuyente. El cimero Tribunal, también expresa, respecto a la correspondencia entre el monto de
este tributo en el caso concreto y el costo del servicio, que ello no significa que debe existir una
equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer; pero ello no implica que se permite que la
relación sea desproporcionada y menos que el destino de los fondos sea aplicado a cualquier otro objetivo.
Que las competencias que cumplimentan el principio de legalidad tributaria se encuentran ejercidas por
medio de ley formal y material, en ocasión de la creación de la Tasa (Artículo 40° de la Ley Provincial N°
5961) la cual encuentra la limitación del máximo de su cuantía por la propia norma de creación.
Adicionalmente el Artículo 12 de la Ley de Presupuesto N° 8778 dispone "De conformidad con lo
dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las tasas retributivas de servicios expresadas en moneda de
curso legal, según se detalla en el Anexo de Tasas de Retributivas de Servicio de este Capítulo integrante
de la presente Ley. El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el alcance de la aplicación de estas tasas para
los casos que lo requiera"
Que el Artículo 59 del anexo - ANEXO TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS - CAPÍTULO IX
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTUACIONES EN GENERAL de la Ley N° 8778 establece en su inc.
V. "Tasa de Evaluación y Fiscalización Minera (T.A.E.F.M.), destinada a afrontar los gastos que demanda
el control de la actividad minera tanto en la evaluación de la información contenida en cada expediente
como el control en el terreno a través de inspecciones, cuyo monto resultará de la aplicación de una
fórmula polinómica, que tendrá en cuenta la distancia en kilómetros recorridos hasta el lugar del proyecto,
el precio del kilómetro, la cantidad de días por inspección, cantidad de inspecciones y el valor estimado
unitario de la inspección por persona, un porcentaje del presupuesto anual para el funcionamiento del área
multiplicado por un factor que tendrá en cuenta la escala del proyecto, la categoría del mineral y el impacto
sobre el medio ambiente. El cálculo de la tasa anual para los proyectos mineros sujetos a evaluación y
fiscalización, se discriminará de la siguiente manera: a) Tasa para Prospección, Exploración y Explotación
de Minerales Metalíferos con DIA y no Metalíferos T=I+D+P, T=tasa-a-cobrar, I= n° de inspectores * n° de
inspecciones * días de inspección * costo ($) de la inspección por persona, D= 150* precio del alquiler del-
vehículo-por-km, P= % del presupuesto de funcionamiento de área * f. La Secretaria de Ambiente y
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Protección Ambiental determinará, por resolución
fundada, los valores estimados para las variables "Costo del km recorrido" y "Costo de la inspección por
persona", y los criterios para definir el factor de presupuesto “f”, a efectos de precisar el resultado de la
fórmula polinómica".
Que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que ha de guardar cierta relación, sin
que ello se deba interpretar en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de
establecer (arg. Fallos: 201:545; 234:663, entre otros), a lo que agregó, con rotundidad, que "se ha
considerado justo y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía de la
tasa retributiva de los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a
cada contribuyente sino también la capacidad contributiva de los mismos representada por el valor del
inmueble o el de su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la
requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público" (Fallos:
234:663;).
Que la doctrina ha sostenido que no resulta exigible la equivalencia estricta y consecuentemente su
fundamentación de todos y cada uno de los elementos siendo necesaria la exteriorización del criterio
adoptado lo cual permitiría en el caso concreto acreditar la arbitrariedad, confiscatoriedad o irracionalidad
del mismo. Extremo que no se acredita ni se justifica de manera alguna en el recurso en cuestión.
Que en tal sentido solo refiere a que se trataría de una caso de falta de fundamentación derivado de la
falta de notificación de los dictámenes que fundamentan la decisión lo cual resulta un exceso en la
pretensión del administrado quien podría acceder a las fundamentaciones compulsando el expediente en
cuestión.
Que cabe destacar que la atribución tributaria ha sido ejercida dentro del marco de legalidad, en que existe
en forma previa una norma que contiene el hecho imponible referido a una tasa, luego cuantificada por otra
norma posterior, con contraprestación, consistente en servicios típicamente ambientales , como son las
inspecciones de instalaciones, previamente empadronadas, con las que se prestan servicios en el territorio
provincial y que refieren al genérico control ambiental que requiere toda actividad bajo estudio y finalmente
no se encuentra acreditada la existencia de confiscatoriedad.
Por ello, conforme a la Ley N° 7889, Ley N° 9003 y lo dictaminado por las Asesorías Legales de la
Dirección de Protección Ambiental, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y Asesoría de
Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, el Recurso Jerárquico contra la Resolución
N° 220/2020-SAYOT, presentado por ROGELIO NAZAR BOULIN en representación de POTASIO RIO
COLORADO S.A., por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º - Ratifíquese en todas sus partes la Resolución N° 220/2020-SAYOT.
Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial
Subsecretaria Legal y Técnica
S/Cargo
15/12/2023 (1 Pub.)
