DECRETOS
Decreto Nº 2318
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 24 de noviembre de 2023
- Fecha de la norma
- 7 de noviembre de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.994 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2318
MENDOZA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
Visto el expediente EX-2023-01637929-GDEMZA-CCC, en el cual obra el Recurso Jerárquico interpuesto
por el Doctor Gustavo Kasanowicz en representación de los señores Ricardo Manuel San Julián, Andrea
San Julián y Gustavo Martínez; y
CONSIDERANDO:
Que los recurrentes cuestionan y reclaman la revocación de la "resolución sin número" notificada en autos,
ordenando la suspensión de la misma y la continuidad del expediente administrativo REF: EXPTE. 94-I-91,
SAN JULLIAN...IF-2020-00833823-GDEMZA-SSIC#MEIYE como así también la nulidad de “la
notificación” y por tanto la inexistencia del acto por no informar los recursos pertinentes conforme
establece la Ley Nº 9003 en su Artículo 150;
Que expresan los recurrentes que en el EXPTE. 94-I-91-01519 presentaron y/o iniciaron un procedimiento
de continuidad de obras comprometidas con el Estado y que el mismo no estaría resuelto;
Que “el emplazamiento” -sin distinguir o especificar a qué emplazamiento se refiere- no se habría
producido mediante acto administrativo y que el acto que se intenta ejecutar contiene vicios sustanciales
groseros, por lo cual sería inexistente;
Que siguiendo en ese orden de ideas aduce nuevamente que no se ha resuelto aún su petición formulada
en el EXPTE. 94-I-91-01519 y reiteran en forma por demás genérica y casi dogmática que el
emplazamiento no habría contado con la competencia suficiente;
Que expresan que se estaría ante un acto complejo de la Administración, que derivaría de otros actos y
que los mismos no se perfeccionan hasta tanto no se hayan consumado todos los pasos;
Que manifiesta como única cuestión novedosa –en relación al recurso que lo precede- que según su
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tesitura existiría un acto con un vicio grosero, que no puede subsistir por un análisis formal del caso. Acusa
a la Administración de ampararse en una cuestión formal, para cubrir una supuesta violación sustancial al
derecho, exigiendo una obligación prescripta;
Que alegan arbitrariedad de la resolución, aduciendo que sus representados habrían efectuado un plan de
obras y que como hecho sobreviniente, el inmueble habría sido usurpado por METAL 1 S.A. y que la
posesión la obtuvieron judicialmente en el expediente de la quiebra de dicha empresa, razón por la cual
habría existido una imposibilidad de llevar a cabo las labores comprometidas en la adjudicación del predio;
Que seguidamente retoman el tópico de una supuesta nulidad de una notificación, sin acreditar ni mucho
menos especificar cuál habría sido, por no cumplir con los presupuestos del Artículo 150 de la Ley Nº
9003, no obstante presentan reclamo ante esta supuesta notificación nula lo cual es a todas luces
contradictorio y violenta palmariamente la doctrina del venire contra factum, por lo que es claramente
reprochable la misma con los actos anteriores jurídicamente relevantes;
Que finalmente explicitan que existe una irregularidad o vicio en la voluntad al emitir el acto, cuestión que
tornaría nula la resolución y que no se tuvo en consideración el planteo oportunamente efectuado que
liberaría a la denunciada de toda responsabilidad, lo que se asemeja más a una cuestión de empleo
público y sanciones en ese ámbito, que la cuestión que aquí se ventila;
Que como primer cuestión ineludible y necesaria para enmarcar y consecuentemente rechazar desde el
aspecto formal el recurso articulado, se debe reseñar que por medio del Decreto Nº 1451/21 dictado en el
marco de los autos N° EX–2020-00262983-GDEMZA-MESA#MEIYE se procedió a la rescisión del
contrato suscripto entre el Estado Provincial y los presentantes respecto a un inmueble ubicado en el
Parque Industrial Provincial creado por Decreto Ley Nº 4227/77 y su Decreto Reglamentario Nº 427/78, del
cual la Subsecretaría de Industria y Comercio es autoridad de aplicación conforme al Decreto Nº 952/10;
Que ello se dispuso en razón de lo muchos y sostenidos incumplimientos constatados, resolviendo volver
el dominio del inmueble al Estado Provincial. Cabe resaltar a estas alturas que dicho decreto se encuentra
plenamente firme e inconmovible, ello en razón de que, los hoy recurrentes junto a sus representantes
legales desistieron de la acción procesal administrativa que presentaron contra dicho decreto, la cual se
sustanció en los autos (Expediente CUIJ: 13-06760382-0 “SAN JULIAN RICARDO MANUELY OT.
C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”). Lo cual
tuvo como lógica y legal consecuencia, la pérdida y/o extinción de todo derecho para interponer una nueva
acción y hacer valer su pretensión en contra de dicha norma, su contenido y efectos, puesto que por
expresa normativa de orden procesal y de fondo se encuentran vedados para volver a ejercitar la acción
respectiva y discutir su validez, en razón de haber desistido de tal acción (Artículo 82 CPCCyT);
Que con lo cual y siguiendo las actuaciones ejercidas por el Ministerio de Economía y Energía en pleno
ejercicio de sus funciones y competencias, se instó a los recurrentes a continuar con el procedimiento de
inscripción del dominio a nombre de la Provincia y, consecuentemente, cesar la empresa en toda eventual
actividad al respecto, así como cualquier tipo de obra sobre el terreno, incluyendo cualquier proyecto o
plan de obra, por carecer de toda acción y/o derecho para ello;
Que al desistir de la acción judicial en la que se impugnaba el DECRETO DE RECISIÓN, los recurrentes
renunciaron en forma expresa e indeclinable a toda discusión sobre su contenido, no pudiendo desconocer
su alcance y efectos -rescisión del contrato- -vuelta del inmueble al dominio del Estado Provincial-
imposibilidad de seguir usando y menos efectuando obras en el mismo- y es que, con la extinción de la
acción procesal, deviene que la misma no puede ser ejercida nuevamente, ni mucho menos tratarse lo allí
vertido a una nueva replica, es decir toda discusión sobre la vigencia y validez del Decreto Nº 1451/21
deviene en vana y abstracta;
Que a partir de lo expuesto derivan dos cuestiones que signan el rechazo formal del recurso presentado:
1) La improcedencia formal del recurso contra la mencionada notificación, que no es un acto administrativo
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y que, además, aún si se lo considerara como tal, sería irrecurrible pues sería un acto que es reproducción
de uno anterior que fue expresamente consentido por el interesado (cfr. Artículo 9 Ley Nº 3918), ello en
razón de haber desistido de la acción procesal administrativa ya aludida;
Que la presentación efectuada es una improcedente reedición, una inviable reproducción, de la
reclamación tramitada en la pieza administrativa arriba referida, pues lo supuestos agravios vertidos son
idénticos al que articulara con motivo de atacar el procedimiento de ejecución del acto administrativo
tramitado en el EX–2022-06913500-GDEMZA-MESA#MEIYE. Tiene dicha la doctrina que son requisitos
propios del recurso: El de indicar, de manera concreta, “la conducta o el acto que el recurrente estimare
como legítima para sus derechos o intereses.” Parece evidente, pese a la algo confusa redacción del
artículo, que de lo que se trata es de poner de manifiesto la contradicción entre el acto que se recurre y el
ordenamiento jurídico o al menos la voluntad de obtener un nuevo pronunciamiento de la Administración,
como antaño sostuvo la Procuración del Tesoro de la Nación. Capítulo III, LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, Gordillo Agustín;
Que surge del recurso y las actuaciones, que el acto administrativo que dispone la rescisión es el que se
está ejecutando con la notificación cuestionada, que es su lógica y propia consecuencia. Encontrándose el
mismo firme, y su posibilidad de cuestionamiento fue desistida en sede judicial. Por lo tanto no existe
posibilidad de recurso administrativo alguno en su contra en esta instancia sino que el acto debe ser
cumplido, que es justamente lo que intenta la Administración con la notificación referida;
Que la notificación de fecha 16 de noviembre del 2022, supone un acto de ejecución del Acto
Administrativo firme (Decreto Nº 1451/21), por lo tanto no debe indicar los recursos en su contra, ni el
plazo para su interposición que ya fueron referidos oportunamente en el mencionado acto administrativo, lo
que paradójicamente propició la interposición de la acción procesal administrativa por parte de los
presentantes que ante el pedido de caducidad por parte del Gobierno de Mendoza, fue desistida dicha
acción;
Que así las cosas, tal cuestión no puede ser entendida, ni mucho menos caracterizada como un acto
administrativo en los términos del Artículo 28 de la Ley Nº 9003, sino de la ejecución de una función que le
es propia, esto es la gestión y administración de los predios del parque PIP, que como bien manifestó el
Decreto Nº 1451/21 rescindió el contrato con los presentantes y dispuso volver el dominio del inmueble al
Estado Provincial de conformidad a la normativa que rige el PIP;
Que esta subrepticia discusión que intentan instalar los recurrentes carece de todo sustento legal y fáctico,
como así también adolece de vigencia y validez, frente a la categoría e indiscutible vigencia del Decreto Nº
1451/21, el cual se haya firme;
Que como corolario de este derrotero de indeterminaciones y cuestiones confusas, cita un gran cúmulo de
doctrina y jurisprudencia que nada tiene que ver con el caso en estudio, la cual se refiere a supuestos de
empleo público, siendo esto notoriamente improcedente y ajeno al tema;
Que la imposibilidad de presentar cualquier tipo de trámite, en especial un nuevo plan de obras como
pretenden los recurrentes, dado que el contrato de venta entre las partes ya está rescindido por acto firme,
hace que cualquier recurso devenga en un inexorable rechazo formal del mismo;
Que es manifiesta la pérdida de derecho, acción e interés de los presentantes al intentar ingresar por la
ventana un plan de obras (ver fojas 1/6 del Expediente Nº 94-I-91-01519 y su orden 2:
NO-2022-06913568-GDEMZA-MESA#MEIYE), cuando el instrumento jurídico base de su pretensión está
extinguido, sin posibilidad de ejercitar acción alguna, al haber desistido de su acción y, en consecuencia,
perdiendo sus derechos. Cualquier presentación similar a la expuesta en el Expediente 94-I-91-01519
carece de fundamento alguno, pues habiéndose revertido el dominio del inmueble mediante acto
administrativo firme, cualquier intento o pretensión de obra se torna ilegítima y contraria a derecho;
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Que el reclamo carece de todo sustento fáctico como jurídico, ya sea mediante nota
NO-2022-06913568-GDEMZA-MESA#MEIYE y/o presentación administrativa en los autos, sobre
obligaciones o acciones que hubieran surgido de la vigencia de un contrato ya extinto por acto
administrativo firme. Por la sencilla y contundente razón de que no tienen interés alguno en la petición en
tanto ya no son titulares del derecho extinto -por haberse rescindido el contrato del cual derivarían los
derechos que hoy intentan extemporánea e ilegítimamente hacer valer-. De lo cual se desprende que los
recurrentes carecen de interés jurídicamente protegido (arg. arts. 117; 173 LPA 9003; 41 CPCCT);
Que, en consecuencia, si el acto administrativo ya no puede ser impugnado, tampoco pueden los
presentantes cuestionar las actividades, pasos y etapas tendientes a su cumplimiento, derivaciones
directas e inmediatas de aquél, como son la notificación cuestionada, el emplazamiento cursado a los
presentantes y el dictamen que indica cómo ejecutar o cumplir el acto administrativo. Ni, mucho menos,
pueden cuestionar lo dispuesto por aquél (el acto administrativo) impugnando sus actos de ejecución;
Que en cuanto a la alegación que realiza el presentante referida a una usurpación de Metal 1 S.A. de los
terrenos adjudicados que habría impedido toda actividad o labor en la zona, es necesario destacar, que, en
primer lugar, ello se esgrimió o debió ser esgrimido en la Acción Procesal Administrativa que luego fuera
desistida por los propios interesados y que, además, la referida alegación recién se denunció el día 7 de
octubre de 2021, es decir, con posterioridad a que se constataran fehacientemente los incumplimientos
prolongados de los presentantes en la realización de las obras y en las obligaciones que surgían del
contrato, todo lo que –como se dijo- quedó reflejado en el acto administrativo (Decreto Nº 1451 de fecha 21
de setiembre del mismo año): rescisión contractual que se encuentra firme. Finalmente se aprecia que el
ilegítimo e inapropiado plan de obras que los recurrentes pretenden hacer valer en esta extemporánea e
inadecuada instancia, luego de casi una veintena de años, se erige como un burdo intento de revivir vías y
acciones ya fenecidas;
Por todo lo expuesto y en conformidad con los dictámenes producidos al respecto,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º - Rechácese desde lo formal el Recurso Jerárquico presentado por el abogado Gustavo
Kasanowicz, DNI Nº 17.204.201, en representación de Andrea San Julián, Ricardo San Julián y Gustavo
Martínez contra resolución sin número por improcedente.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
24/11/2023 (1 Pub.)
