DECRETOS
Decreto Nº 2214
- Fecha de publicación
- 22 de noviembre de 2023
- Fecha de la norma
- 25 de octubre de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.992 · páginas 5–6
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2214
MENDOZA, 25 DE OCTUBRE DE 2023
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2021-05733501-GDEMZA-IGS#MSEG, su tramitación conjunta
Nros. EX-2021-05749557-GDEMZA-DGSERP#MSEG y EX-2023-044063-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Agente S.C.S. GOMEZ, DIEGO GABRIEL, interpone Recurso de Alzada
contra la Resolución N° 837/2022 emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, por la
cual se resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria contra la Resolución N° 592/2022, que a su vez
rechazó el Incidente de Nulidad impetrado contra la Resolución N° 421/2022 emitida por el citado
Organismo;
Que analizando el aspecto formal del remedio en trato, el mismo ha sido presentado en el plazo y
condiciones exigidas por el artículo 184 y siguientes de la Ley N° 9003, por lo que resulta procedente;
Que analizando el aspecto sustancial del recurso incoado yatendiendo a los agravios que resultan
conducentes al control de legitimidad (artículo 184 último párrafo Ley N° 9003), postula el impugnante que
la Resolución N° 421/2022, es nula por cuanto el Directorio de la I.G.S. se apartó de las conclusiones del
instructor sumariante (veintiún (21) días de suspensión laboral), sugiriendo a la Junta de Disciplina, la
aplicación de la sanción expulsiva de Cesantía sin desarrollar fundamentos ni explicitar motivos, y
resultando dicha sanción desproporcionada e irrazonable. En consecuencia, solicita se revoque la
Resolución N° 837/2022 y se declare la nulidad de la Resolución N° 421/2022, ambas emitidas por el
mencionado organismo;
Que preliminarmente es oportuno recordar que en el ámbito local la Ley N° 9003 en su artículo 72 y
siguientes, limita expresamente los planteos de nulidad al caso de vicios, artículo 49 y siguientes de dicha
norma, que afecten actos administrativos. Estos últimos, son los definidos por el artículo 28 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, como “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función
administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. No lo son los meros
pronunciamientos administrativos, los cuales no gozan de los caracteres de los actos administrativos, no
hay en relación a los mismos carga impugnatoria, ni alteran las competencias judiciales correspondientes
para accionar…”;
Que en el presente caso, el Sr. Gómez Ortiz, cuestiona la sanción sugerida por el Directorio de la I.G.S.,
en la actuación que le dio vista para alegar. Ésta se enmarca procedimentalmente en el artículo 75 de la
Ley N° 7493: "Dentro de los ocho (08) días siguientes de producidas las pruebas, el sumariante emitirá
dictamen en el que aconsejará la resolución a adoptar. Del mismo se correrá vista al inculpado para que
en el término de cinco días produzca su alegato".En dicha instancia, el ámbito de actuación de la IGS se
limita a dar esa vista y remitir posteriormente el sumario a la Junta de Disciplina (artículo 77 de la Ley N°
7493), siendo esta última la que tiene competencia para resolver la sanción a aplicar, en el caso que
coincida con la sanción sugerida por el instructor sumariante (artículo 83 inciso 1)de la Ley N° 7493), o en
caso de que la Junta entienda y dictamine que corresponde la sanción expulsiva de Cesantía, según lo
propiciado por el Directorio de la I.G.S. (artículo 83 inciso 2) de la Ley N° 7493) en definitiva será el Sr.
Ministro de Seguridad el competente para aplicarla;
Que en todo caso, lo indiscutible es que la sugerencia efectuada por los directores de la I.G.S., no
encuadra en una instancia reglada procedimentalmente y no es un acto administrativo, en tanto no
produce efectos jurídicos individuales en forma directa (artículo 28 de la Ley N° 9003). A lo sumo podrá
considerarse una expresión asimilable a un dictamen, de naturaleza jurídica meramente consultiva,
actividad preparatoria interna de la Administración que no entra en relación con terceros (conf.
CASSAGNE, Ezequiel, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, La Ley 15/08/2012);
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2023-08908116-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Que en definitiva, la resolución que adoptó la Junta de Disciplina o el Sr. Ministro de Seguridad
determinando la sanción es el acto administrativo que deberá ser proporcional, razonable y motivado
conforme al artículo 45 y siguientes de la Ley N° 9003 para no adolecer de un vicio potencialmente
invalidante. Por el contrario, la sugerencia del directorio de la I.G.S. contenida en la Resolución N°
421/2022 no puede ser declarada nula, en razón de no ser un acto administrativo y también por cuanto,
como lógica consecuencia de ello, no implica gravamen en sí misma (la declaración de invalidez se
condiciona a la existencia de un perjuicio efectivo, práctico y concreto);
Que por todo lo expuesto ut supra y no habiendo ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada,
corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso incoado, confirmándose en
consecuencia la resolución atacada;
Por ello y atento lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 119 de la Pieza Principal;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por el
Agente S.C.S. GOMEZ, DIEGO GABRIEL, D.N.I. N° 38.209.833,en contra de la Resolución N° 837/2022
emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad, por la cual se resolvió rechazar el Recurso
de Revocatoria contra la Resolución N° 592/2022, que a su vez rechazó el Incidente de Nulidad impetrado
contra la Resolución N° 421/2022 emitida por el citado organismo, la que se confirma en todas sus partes,
porlos motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Notifíquese al recurrente, que el Acto Administrativo que resuelve el presente recurso agota la
vía administrativa, pudiendo impugnar el presente decreto mediante la Acción Procesal Administrativa en el
plazo de treinta (30) días corridos, desde la notificación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, de
conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 3918.
Artículo 3º - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. RAÚL LEVRINO
S/Cargo
22/11/2023 (1 Pub.)
