DECRETOS
Decreto Nº 1957
MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
- Fecha de publicación
- 26 de septiembre de 2023
- Fecha de la norma
- 20 de septiembre de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.954 · páginas 11–15
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1957
MENDOZA, 20 DE SETIEMBRE DE 2023
VISTO el expediente Nº EX-2020-03315647-GDEMZA-CPT#SAYOT en el cual se tramita el
reconocimiento del “Suplemento Organismo Colegiado” Artículo 19 inciso h) del Decreto N° 2528/2015
(Régimen 35 puesto en vigencia por Acuerdo Paritario de fecha 17 de febrero de 2017, homologado por
Decreto N° 196/2017 y ratificado por Ley N° 8958), a favor de la agente de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial, NORA SUSANA MUSTONI; y,
CONSIDERANDO:
Que se tramita el reconocimiento del Suplemento Organismo Colegiado, Artículo 19 inciso h) del Decreto
N° 2528/2015 (Régimen 35 Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial), a la agente de la
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Sra. NORA SUSANA MUSTONI, en el marco de lo
establecido por el Decreto Reglamentario N° 2457/2017 del Decreto-Ley N° 1447/1975 y modificatoria Ley
N° 8300, quien por Resolución N° 104/2020-SAYOT, obrante en orden 4, fue designada a partir del 01 de
febrero del 2020 y hasta junio del 2023 (baja por jubilación ordinaria Decreto N° 1522/2023), como
Miembro Titular de la “Comisión Valuadora General de la Provincia”.
Que el Decreto N° 2528/2015 no determina la procedencia del ítem reclamado sino que únicamente
resulta de utilidad como parámetro para el cálculo del mismo.
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Que obra disparidad de criterios entre la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial (dictámenes de órdenes 51 y 63), Asesoría de Gobierno (orden 70) y Fiscalía de
Estado (orden 59), sobre el reconocimiento del suplemento organismo colegiado a la ex agente Mustoni.
Esta diferencia no es en orden a la resolución del asunto, sobre cuyo resultado práctico no hay
discrepancia, en tanto ambos órganos jurídicos coinciden sobre la procedencia del pago, no así sobre su
fundamento.
Que la discrepancia se centra en el fundamento jurídico del reconocimiento, es decir, si encuadra o no en
el Artículo 19 inc. h) del Decreto N° 2528/2015, (que prevé el suplemento por integración permanente de
organismo colegiado para el escalafón del personal de Ambiente). Para Fiscalía de Estado no encuadra en
la literalidad dicha norma (Decreto N° 2528/2015, B.O.: 05/01/16, Artículo 19°), sin perjuicio de su
procedencia con apoyo excepcional en la doctrina del enriquecimiento sin causa. La norma en cuestión
dice: “Todo aquel personal perteneciente a este escalafón, con prestación efectiva de servicios en el
ámbito de la Dirección de Desarrollo Territorial, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Recursos
Naturales Renovables, Unidad de Proyectos Críticos, Agencia de Ordenamiento Territorial, Agencia
Mendocina de Cambio Climático, Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, o los organismos
que en el futuro los reemplacen, tendrán derecho a percibir los siguientes porcentajes en concepto de
Compensación Funcional: … h) Suplemento Organismo Colegiado: Se aplica al personal de los
agrupamientos Profesional - Técnico y el Administrativo, que participe de manera regular de consejos,
comisiones, juntas y demás organismos colegiados que se creen dentro del ámbito del Ministerio.”
Que Asesoría de Gobierno en orden 70 indica que no es posible quedar atrapados en un apego literal
excesivo a la expresión gramatical deslizada en la parte final de la norma transcripta. No existe constancia,
ni debe presumirse, su inconsistencia, error o injusticia. De allí que, sobre la literalidad o sentido
gramatical, debamos preferir su significado jurídico, procurando salvar (o en su caso aclarar) la armonía de
este decreto particular con el resto del ordenamiento jurídico, sus principios y la finalidad de la norma en
trato (pautas de los Artículos 148 y 149 CP y de la primera parte del Artículo 1 de la Ley N° 9003, referidos
a las fuentes del Derecho y las normas y su interpretación). En tal sentido, la labor hermenéutica debe
evitar, en la medida de lo posible y sin violentar la normativa aplicable al caso, poner en pugna al decreto
en crisis con el resto del ordenamiento vigente; dándole el sentido y alcance más coherente y valioso, sin
dejar que sus palabras contradigan sus antecedentes, finalidad o el resto del orden jurídico objetivo en el
que se inserta. Justamente, porque el intérprete no puede presumir la torpeza jurídica de su autor, ni
resignarse a dar a la norma un sentido o resultado contradictorio e injusto, si este es evitable, conforme las
mismas pautas hermenéuticas que bien apuntara Fiscalía de Estado, de conformidad a las sentadas en los
referidos artículos constitucionales y de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003. En cuanto a los
antecedentes de la norma en cuestión, está fuera de duda que se trata de un escalafón especial, acordado
paritariamente, lo que descarta una posible finalidad restrictiva de derechos precedentemente acordados
por normas de rango superior, en condiciones de generalidad e igualdad para todo el personal del estado
provincial y municipal. Más bien, la letra y el espíritu de la norma reglamentaria, parece ordenada a hacer
efectivos esos derechos preexistentes, acorde a las exigencias y particularidades funcionales, técnicas y
específicas del personal “perteneciente a este escalafón, con prestación efectiva de servicios en el ámbito
de la Dirección de Desarrollo Territorial, Dirección de Protección Ambiental, Dirección de Recursos
Naturales Renovables, Unidad de Proyectos Críticos, Agencia de Ordenamiento Territorial, Agencia
Mendocina de Cambio Climático, Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, o los organismos
que en el futuro los reemplacen” (Artículo 19, cuyo inciso h), en su parte final, motivara la discusión). De
allí la redacción conclusiva del primer párrafo de la norma citada, que inicialmente revela la finalidad
procurada: reconocer el “derecho a percibir los siguientes porcentajes en concepto de Compensación
Funcional”. Esto es, que el concepto o finalidad de la remuneración es compensatoria de las funciones,
labores o prestaciones, adicionales a las normales y habituales del cargo, clase, tramo y agrupamiento. No
parece haber sido el espíritu del decreto limitarse a compensar sólo la prestación de dichas funciones
adicionales en colegios, juntas o comisiones pertenecientes a un ministerio o rama de la organización
administrativa de la provincia. No se ha demostrado la premisa de que fuera la razón de la ley,
efectivamente, restringir la compensación funcional, haciendo este derecho más estrecho y restrictivo a su
regulación legal más amplia e inclusiva en el aspecto organizacional. Esto es, que efectivamente se
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quisiera acotar el derecho al tiempo futuro de creación, o la pertenencia de los organismos colegiados a un
determinado ministerio, con exclusión de otros –en lo funcional asimilables-, dentro de la compleja
organización administrativa de la provincia. No se encuentra cuál habría sido la razón tenida en miras por
la comisión paritaria para acotar una compensación a la que reconoce expresamente su carácter funcional
y no un criterio organizacional, como sería la exigencia de pertenencia al ámbito ministerial del nuevo
escalafón (ya no del personal merecedor de la compensación funcional, sino del colegio mismo donde
aquel presta la función remunerada). No parece haber sido una finalidad taxativa o una implicancia
restrictiva de derechos generales la buscada con la parte final del inciso transcripto. Sería incoherente con
la precedente calificación del carácter funcional de la compensación. Nada permite suponer en la
redacción de la norma bajo análisis una finalidad excluyente o limitante, por razones temporales u
organizativas, que deban prevalecer sobre su expreso alcance funcional. De allí que el intérprete deba
privilegiar esos antecedentes y finalidad, sin quedar atrapado en la mera redacción de la parte final del
inciso h), más allá de que literalmente diga: “organismos colegiados que se creen dentro del ámbito del
Ministerio”. Primero, porque no sería una razonable finalidad excluyente. Carece de sentido jurídico
válidamente limitante la primera parte de la expresión utilizada (“que se creen…”). No hay razón para que
deba acotarse la compensación funcional al desempeño en organismos a crearse –a futuro- dentro del
mismo ámbito ministerial. Tampoco la norma se inspira en un criterio organizativo, no debiéndose
privilegiar en ella un mandato de exclusión en tal sentido. Nada induce a pensar que haya sido la intención
de sus autores excluir, ni juntas creadas con anterioridad; como tampoco sólo los colegios existentes
dentro del referido ámbito ministerial. La inteligencia de la norma, acorde a los correctos paradigmas de
buena hermenéutica recordados en el dictamen fiscal, no debe resultar servil a la literalidad de las
palabras empleadas, sino a su sentido lógico, sistemático y armónico; en definitiva, encontrando el
significado jurídico del precepto, que nada indica ser el gramatical o literal, aunque sea el primero que
sugiera su texto. Así como no puede darse por cierto aquél sentido o intención normativa, excluyente de
funciones prestadas de manera regular en órganos colegiados creados con anterioridad dentro del mismo
ministerio; tampoco parece razonable acotarla a la ubicación organizacional de la junta en él. El mismo
encabezado de la norma sugiere otro criterio de reconocimiento de este suplemento o derecho, que de lo
contrario se vería desvirtuado en su expresa calificación de compensación “funcional”. Tal el dato
normativo relevante, siendo la función desempeñada y no la incardinación organizativa del colegio, junta o
comisión en un determinado ministerio, con exclusión de otros. En aval de estas razones, gravita que, la
interpretación contraria, dejaría expuesto al Decreto N° 2528/2015 a su cuestionamiento constitucional,
desde que nada justificaría su válido apartamiento del alcance funcional amplio que tiene este suplemento
en el Artículo 61 de la Ley N° 4322 (B.O. 20/02/79, t.o. por Ley N° 4426, Artículo 4° y Decreto
Reglamentario N° 2396/1986, Artículo 17). Norma de superior rango normativo que establece el régimen
de remuneraciones para todo el personal de la Administración Pública Provincial y Municipal. La misma no
brinda cobertura a esta posible restricción, por la pertenencia del colegio al mismo ámbito ministerial del
agente (de nuevo, porque lo relevante en ella, como asimismo en el Decreto 2528/2015, es el criterio
funcional y no el organizativo). Artículo 61: “Los integrantes de organismos colegiados percibirán una
suma mensual por los conceptos e importes que surjan de aplicar los porcentajes que se establecen, para
cada caso…” Habla luego de “suplemento para los integrantes que desempeñen cargos en la
administración”, sin importar en qué rama de la misma; porque lo relevante es ser “miembros de
organismos colegiados”, pudiendo incluso residir “en forma permanente a más de ciento cincuenta (150)
kilómetros del asiento de la repartición o dependencia donde debe sesionar el correspondiente organismo
colegiado”. No se encuentra en la ley general y de superior rango normativo ninguna otra pauta de
sustento a la dudosa exigencia de pertenencia del colegio al mismo ministerio del agente, incluso,
previendo el pago de “gastos de movilidad”.
Que hasta tanto se modifique el Artículo 19 inciso h) del Decreto N° 2528/2015 y compartiendo lo
dictaminado por Asesoría de Gobierno en cuanto a que no es posible quedar atrapados en un apego literal
excesivo a la expresión gramatical deslizada en la norma en cuestión y atento los principios de celeridad,
economía, eficacia, sencillez, oficialidad y verdad real que rigen el procedimiento administrativo provincial,
corresponde el pago del Suplemento Organismo Colegiado a la agente Mustoni de tal forma de evitar que
el estado provincial incurra en un enriquecimiento sin causa, de acuerdo a lo sugerido por Fiscalía de
Estado.
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Que en orden 142 obra la autorización expresa para hacer uso de la excepción al Artículo 1° del Decreto
N° 03/2023.
Que en orden 172 obra informe de la Contaduría General de la Provincia otorgando el Visto Bueno a los
cálculos de órdenes 21, 169 y 170.
Que de acuerdo a lo informado en orden 168, la deuda se va a pagar con el refuerzo presupuestario
otorgado por Decreto N° 1068/2023, obrante en orden 163.
Por ello y teniendo en cuenta lo dispuesto por los Artículos 10 y 34 del Decreto-Ley Nº 1447/1975 y
modificatoria Ley N° 8300, Decreto Reglamentario Nº 2457/2017, Resolución N° 104/2020-SAYOT,
Decreto N° 2528/2015, los Artículos 24, 34 y 47 de la Ley N° 9433, Artículos 9, 14, 17 y 26 del Decreto
Acuerdo N° 490/2023 y lo dictaminado por la Asesoría Legal de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial, Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1° Apruébese el Acuerdo de Pago Individual, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de
Mendoza, representado por el señor Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Licenciado
HUMBERTO MINGORANCE, D.N.I. Nº 17.317.022, por una parte y por la otra, la señora NORA SUSANA
MUSTONI, C.U.I.L. N° 27-11688286-3, el que en copia certificada como Anexo, forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 2º - Reconózcase desde el 01 de febrero del 2020 y hasta junio del 2023, a favor de la ex agente
de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, NORA SUSANA MUSTONI, la suma total de
PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 77/100
($1.139.312,77), monto que incluye capital más intereses, en concepto de “Suplemento Organismo
Colegiado”, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 3º - Autorícese a la oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial, a liquidar los montos que se detallan en el Acuerdo de Pago Individual que se aprueba en el
Artículo 2º del presente decreto.
Artículo 4° - El gasto que demande lo dispuesto por el presente decreto será atendido con cargo al
presupuesto de Erogaciones Vigente Ejercicio 2023, correspondiente a la Unidad de Gestión de Crédito:
SA1000-411-01-00 y Unidad de Gestión de Consumo: SA0001, C.Ju.O. 1-23-01.
Artículo 5º - El presente decreto será comunicado a la Contaduría General de la Provincia para su
registración.
Artículo 6º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en el siguiente link: Anexo
o podrán ser consultados en la edición web del Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
www.boletinoficial.mendoza.gov.ar
S/Cargo
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ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2023.09.26 08:25:58 -03'00'
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26/09/2023 (1 Pub.)
