DECRETOS

Decreto Nº 1400

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
25 de septiembre de 2023
Fecha de la norma
30 de junio de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.953 · páginas 32–33
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1400 MENDOZA, 30 DE JUNIO DE 2023 Vistos el Expediente N° 2647-D-2019-20108 y sus acumulados Nros. 2371-D-2017-01283 y 5374-D-2014-01409, en el primero de los cuales la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN DE PUY, en nombre y representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 595 dictada por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 18 de octubre de 2019; y Considerando: Que si bien al momento del dictado del presente Acto rige en materia de Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia el DNU 274/19, derogatorio de la Ley Nº 22.802 y modificatorias, las causas abiertas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto se seguirán rigiendo bajo la Ley derogada (Artículo 72 DNU 274/19); Que por la resolución atacada se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por el Doctor ARMANDO RODRIGUEZ MONTERO, en nombre y representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, contra la Resolución N° 1067 de la Dirección de Fiscalización y Control de fecha 24 de octubre de 2017; Que el Recurso Jerárquico ahora interpuesto ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, conforme lo establecen las normas legales vigentes; Que surge del Acta N° 0041189 obrante a fojas 1 del Expediente N° 5374-D-2014-01409, que el día 10 de noviembre de 2014 inspectores de la Dirección de Industria y Comercio se hicieron presentes en el local de la sancionada y constataron la infracción a los Artículos 5 y 6 de la Resolución Nacional N° 07/02, concordante con la Ley Nacional N° 22.802, por no tener exhibidos los precios a la vista del público de los productos que comercializa; Que desde el punto de vista sustancial surge que la recurrente no ha aportado argumentos eficientes, avalados con prueba idónea que justifique el apartamiento en la aplicación de las normas infringidas y las sanciones correspondientes; Que las infracciones a la Resolución Nacional N° 07/02 son de tipo formal y quedan tipificadas por la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la Ley. Ello es así porque la finalidad de la ley es evitar el engaño y/o confusión del consumidor. Para eso debe velar la autoridad administrativa que tiene a su cargo la aplicación de la Ley; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-07253510-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 32 de 113 Que las Leyes Nros. 24.240 y 22.802 modificatorias y complementarias se dictaron para proteger a los consumidores ante la creciente vulnerabilidad de éstos en las relaciones económicas; Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de los usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores y la transparencia del mercado y de ella deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarde tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Que el esquema de protección establecido en la Ley N° 22.802 y modificatorias se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la misma. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo, no se requiere la existencia de un perjuicio concreto o un damnificado identificado. Lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que por las razones indicadas anteriormente no le asiste razón a la quejosa al pretender impugnar la validez del Acta, por lo que el agravio debe ser desestimado; Que tampoco le asiste razón a la administrada al pretender impugnar el acto administrativo que, no sólo ha sido debidamente motivado sino que, además, fue dictado luego de un proceso en el que se respetó el debido derecho de defensa y se cumplió con los trámites sustanciales exigidos por la normativa correspondiente; Que con relación al monto de la multa aplicada, la misma se presenta como razonable teniendo en cuenta el tipo de infracción cometida y la ausencia de justificación del agravio desarrollado. En efecto, la administrada no ha logrado demostrar cuál es el perjuicio concreto que la sanción le acarrea, no aportando en concreto dónde radica el error de la Administración en la determinación del monto; Por lo expuesto y en conformidad con los dictámenes emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto a fojas 1/17 del Expediente N° 2647-D-2019-20108 por la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN DE PUY, en nombre y representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT 33-50385092-9, contra la Resolución N° 595 dictada por el ex Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, actual Ministerio de Economía y Energía, en fecha 18 de octubre de 2019. En consecuencia, ratifíquese la misma en todas sus partes. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 25/09/2023 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-07253510-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 33 de 113