DECRETOS
Decreto Nº 1590
MINISTERIO SEGURIDAD
- Fecha de publicación
- 18 de septiembre de 2023
- Fecha de la norma
- 26 de julio de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.948 · páginas 6–8
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1590
MENDOZA, 26 DE JULIO DE 2023
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2020-01909949-GDEMZA-IGS#MSEG, su tramitación conjunta N°
EX-2021-03295725-GDEMZA-CCC,
EX-2022-05195121-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG,
EX-2022-06372810-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG,
EX-2022-06783040-GDEMZA-
MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2023-01922893-GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Ex Subcomisario P.P. MIGUEL ANDRÉS, SALINAS ORTIZ, interpone
Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 429-S de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por el
Ministerio de Seguridad, mediante la cual se aplicó la sanción de Cesantía sujeta a Exoneración al
recurrente, por la comisión de la falta prevista en el artículo 100 inciso 1), en concordancia con el artículo 8
primera parte, artículo 43 incisos 1) y 2), con los agravantes del artículo 88 incisos 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9),
11) y 13) todos de la Ley N° 6722 y modificatorias;
Que analizado el aspecto formal del remedio deducido, corresponde su admisión en virtud de haber sido
interpuesto dentro del término previsto por el artículo 179 y siguientes de la Ley N° 9003;
Que analizado el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el recurrente esencialmente
postulando que la sanción viola la presunción de inocencia, en razón de que ha presentado Recurso de
Casación ante la S.C.J.M. contra la sentencia penal condenatoria, por lo cual ésta no se encuentra firme.
Por otra parte, sostiene que la resolución sancionatoria sólo contempló los agravantes, pero no tuvo en
cuenta los atenuantes;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
Que en orden 191 de la Pieza Principal, glosa copia de la Sentencia N° 1972 del Segundo Tribunal Penal
Colegiado, emitida para fecha 03/02/2022 en Autos N° P-31.653/20 caratulados "F. c/ Salinas Ortiz Miguel
Andrés p/ Allanamiento Ilegal y Concusión”, que da cuenta que el imputado, asistido por su abogado
defensor, y el representante del Ministerio Público Fiscal comparecieron ante el referido órgano
jurisdiccional que admitió la aplicación del procedimiento de Juicio Abreviado, lo que presupone que
Salinas solicitó dicho procedimiento, admitiendo el hecho atribuido y su participación en el mismo (Art. 418
inc. a) C.P.P. Ley N° 6730 y modificatorias);
Que en consecuencia y de conformidad con las previsiones de los artículos419 y 420 del C.P.P. fue
condenado a la pena de tres años de Prisión en suspenso, Inhabilitación Absoluta Perpetua y Multa por la
suma de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL CON 00/100($1.062.000,00), como autor penalmente
responsable del delito de Allanamiento Ilegal en concurso real con Concusión (arts. 151, 55 y 268 en
función del 266 del Cód. Penal);
Que conforme lo informado en orden 220 de la Pieza Principal, la defensa técnica del condenado interpuso
Recurso de Casación contra dicha sentencia, por lo cual la misma no se encuentra firme;
Que asimismo, resulta oportuno recordar que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la
eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el
previsto por Ley N° 6722) y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones
judiciales (P-31.653/20) labradas para determinar si el accionar de Salinas constituye los ilícitos penales de
Allanamiento Ilegal y Concusión;
Que en tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con la de naturaleza
penal es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos
permitimos citar: “...las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos
independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos
también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la
pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las
obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia
en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219);
Que tal independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración legislativa expresa en el art. 141
de la Ley N° 6722: “La substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones
pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo
hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que
correspondiere mediante procedimiento sumarial”;
Que concretamente en el caso de marras, la sanción se asentó en las actuaciones del expediente
sumarial, del cual hizo un prolijo y exhaustivo detalle el dictamen de clausura (orden 221). Finalmente, la
Resolución sancionatoria N° 429-S/2023, resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e
inequívoca. Sus deducciones y conclusiones se derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en
forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un
convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado (falta administrativa) y la
autoría del ahora recurrente Salinas Ortiz;
Que la referencia en dicha resolución ministerial a que la Cesantía queda sujeta a Exoneración, siguiendo
al Dictamen N° 58-PM de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad (orden 252), resulta obligada
en función de lo previsto por el artículo 99 inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias, que prevé que la
última de dichas sanciones será procedente ante una condena judicial por comisión de delitos dolosos.
Esta es la única implicancia en el procedimiento administrativo disciplinario de que quede firme la
sentencia dictada en el orden penal;
Que respecto al agravio relativo a las agravantes y atenuantes, lógicamente se impone darle trato como
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
una queja contra la proporcionalidad de la sanción aplicada;
Que tampoco este agravio resulta procedente. La gravedad de la infracción en razón de su naturaleza y
entidad justifica por sí misma la sanción aplicada, que resulta ser ajustada a las previsiones legales para
los deberes infringidos en el caso. Asimismo, la Cesantía encuentra mérito en el abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo y la perturbación del servicio, pautas de proporcionalidad convalidadas por la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia en Autos N° 86.641 caratulados "Bilbao, Franklin Rubén Eduardo C/
Provincia De Mendoza S/APA", de fecha 4 de marzo de 2008, con cita a Carretero Pérez, Adolfo y otro,
“Derecho administrativo sancionador”, Madrid, Edersa, 1992, pág. 153; y Castillo Blanco, Federico,
“Función pública y poder disciplinario del Estado”, Madrid, Civitas, 1992, p. 290;
Que por último, cabe tener presente también que la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad en su
Dictamen N°PM-58 (orden 252 de la Pieza Principal) se expidió a favor de la pena aplicada al recurrente;
Que por lo expuesto ut supra, no habiendo ilegitimidad alguna, corresponde admitir en lo formal y rechazar
en lo sustancial el recurso intentado, confirmando la resolución atacada;
Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 293 de la pieza principal;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Ex Subcomisario P.P. MIGUEL ANDRÉS, SALINAS ORTIZ, D.N.I. N° 25.123.247,en contra de la
Resolución N°429-S de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por el Ministerio de Seguridad, la que se
confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2° - Notifíquese al recurrente que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la
instancia, y cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918,
la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la notificación del
decreto que resuelve el planteo formulado.
Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. RAÚL LEVRINO
S/Cargo
18/09/2023 (1 Pub.)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
