DECRETOS

Decreto Nº 1590

MINISTERIO SEGURIDAD

Fecha de publicación
18 de septiembre de 2023
Fecha de la norma
26 de julio de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.948 · páginas 6–8
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1590 MENDOZA, 26 DE JULIO DE 2023 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2020-01909949-GDEMZA-IGS#MSEG, su tramitación conjunta N° EX-2021-03295725-GDEMZA-CCC, EX-2022-05195121-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, EX-2022-06372810-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG, EX-2022-06783040-GDEMZA- MESAENTGENERAL#MSEG y EX-2023-01922893-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Ex Subcomisario P.P. MIGUEL ANDRÉS, SALINAS ORTIZ, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Nº 429-S de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por el Ministerio de Seguridad, mediante la cual se aplicó la sanción de Cesantía sujeta a Exoneración al recurrente, por la comisión de la falta prevista en el artículo 100 inciso 1), en concordancia con el artículo 8 primera parte, artículo 43 incisos 1) y 2), con los agravantes del artículo 88 incisos 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9), 11) y 13) todos de la Ley N° 6722 y modificatorias; Que analizado el aspecto formal del remedio deducido, corresponde su admisión en virtud de haber sido interpuesto dentro del término previsto por el artículo 179 y siguientes de la Ley N° 9003; Que analizado el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el recurrente esencialmente postulando que la sanción viola la presunción de inocencia, en razón de que ha presentado Recurso de Casación ante la S.C.J.M. contra la sentencia penal condenatoria, por lo cual ésta no se encuentra firme. Por otra parte, sostiene que la resolución sancionatoria sólo contempló los agravantes, pero no tuvo en cuenta los atenuantes; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que en orden 191 de la Pieza Principal, glosa copia de la Sentencia N° 1972 del Segundo Tribunal Penal Colegiado, emitida para fecha 03/02/2022 en Autos N° P-31.653/20 caratulados "F. c/ Salinas Ortiz Miguel Andrés p/ Allanamiento Ilegal y Concusión”, que da cuenta que el imputado, asistido por su abogado defensor, y el representante del Ministerio Público Fiscal comparecieron ante el referido órgano jurisdiccional que admitió la aplicación del procedimiento de Juicio Abreviado, lo que presupone que Salinas solicitó dicho procedimiento, admitiendo el hecho atribuido y su participación en el mismo (Art. 418 inc. a) C.P.P. Ley N° 6730 y modificatorias); Que en consecuencia y de conformidad con las previsiones de los artículos419 y 420 del C.P.P. fue condenado a la pena de tres años de Prisión en suspenso, Inhabilitación Absoluta Perpetua y Multa por la suma de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL CON 00/100($1.062.000,00), como autor penalmente responsable del delito de Allanamiento Ilegal en concurso real con Concusión (arts. 151, 55 y 268 en función del 266 del Cód. Penal); Que conforme lo informado en orden 220 de la Pieza Principal, la defensa técnica del condenado interpuso Recurso de Casación contra dicha sentencia, por lo cual la misma no se encuentra firme; Que asimismo, resulta oportuno recordar que el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 6722) y el procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales (P-31.653/20) labradas para determinar si el accionar de Salinas constituye los ilícitos penales de Allanamiento Ilegal y Concusión; Que en tal orden de ideas, la independencia de la responsabilidad administrativa con la de naturaleza penal es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “...las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219); Que tal independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración legislativa expresa en el art. 141 de la Ley N° 6722: “La substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial”; Que concretamente en el caso de marras, la sanción se asentó en las actuaciones del expediente sumarial, del cual hizo un prolijo y exhaustivo detalle el dictamen de clausura (orden 221). Finalmente, la Resolución sancionatoria N° 429-S/2023, resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca. Sus deducciones y conclusiones se derivan razonablemente de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir un convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado (falta administrativa) y la autoría del ahora recurrente Salinas Ortiz; Que la referencia en dicha resolución ministerial a que la Cesantía queda sujeta a Exoneración, siguiendo al Dictamen N° 58-PM de la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad (orden 252), resulta obligada en función de lo previsto por el artículo 99 inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias, que prevé que la última de dichas sanciones será procedente ante una condena judicial por comisión de delitos dolosos. Esta es la única implicancia en el procedimiento administrativo disciplinario de que quede firme la sentencia dictada en el orden penal; Que respecto al agravio relativo a las agravantes y atenuantes, lógicamente se impone darle trato como Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica una queja contra la proporcionalidad de la sanción aplicada; Que tampoco este agravio resulta procedente. La gravedad de la infracción en razón de su naturaleza y entidad justifica por sí misma la sanción aplicada, que resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso. Asimismo, la Cesantía encuentra mérito en el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo y la perturbación del servicio, pautas de proporcionalidad convalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en Autos N° 86.641 caratulados "Bilbao, Franklin Rubén Eduardo C/ Provincia De Mendoza S/APA", de fecha 4 de marzo de 2008, con cita a Carretero Pérez, Adolfo y otro, “Derecho administrativo sancionador”, Madrid, Edersa, 1992, pág. 153; y Castillo Blanco, Federico, “Función pública y poder disciplinario del Estado”, Madrid, Civitas, 1992, p. 290; Que por último, cabe tener presente también que la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad en su Dictamen N°PM-58 (orden 252 de la Pieza Principal) se expidió a favor de la pena aplicada al recurrente; Que por lo expuesto ut supra, no habiendo ilegitimidad alguna, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso intentado, confirmando la resolución atacada; Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 293 de la pieza principal; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el Ex Subcomisario P.P. MIGUEL ANDRÉS, SALINAS ORTIZ, D.N.I. N° 25.123.247,en contra de la Resolución N°429-S de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por el Ministerio de Seguridad, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2° - Notifíquese al recurrente que el acto administrativo que resuelve este recurso agota la instancia, y cuenta para su impugnación, con la acción procesal administrativa prevista en la Ley N° 3918, la que podrá ser interpuesta en el plazo de treinta (30) días corridos, a contar desde la notificación del decreto que resuelve el planteo formulado. Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. RAÚL LEVRINO S/Cargo 18/09/2023 (1 Pub.) MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA