DECRETOS

Decreto Nº 1858

MINISTERIO SEGURIDAD

Fecha de publicación
15 de septiembre de 2023
Fecha de la norma
7 de septiembre de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.947 · páginas 6–9
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1858 MENDOZA, 07 DE SETIEMBRE DE 2023 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638 Date: 2023.09.15 11:02:37 -03'00' BO-2023-07024996-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 6 de 101 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2022-06350944-GDEMZA-DGSERP#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones, el Sr. JOSEN HUMBERTO APES, en representación de la Empresa SERVIFOOD S.A., C.U.I.T. N° 30-71000228-9, interpone Recurso de Revocatoria contra el Decreto N°1494/2022, por el cual se adjudican Raciones Alimentarias con destino atender las necesidades del Servicio Penitenciario Provincial dependiente del Ministerio de Seguridad; Que en atención a que el decreto cuya revocatoria se postula informara a la recurrente su admisibilidad formal, sin que este error en el cumplimiento de la carga informativa del artículo 150 de la Ley N° 9003, pueda perjudicar al afectado, cabe prescindir en este caso del expreso impedimento previsto en el artículo 178 - primer párrafo de la misma Ley Procedimental; Que en primer lugar, cabe recordar que los requisitos de admisibilidad de los recursos resultan esenciales o sustantivos (no meras formalidades dispensables), en tanto los ha predispuesto el legislador para el buen orden y eficiencia de los procedimientos impugnatorios de los actos administrativos. Por lo que deben ser cumplidos. No son pasibles de dispensa por la administración. Si bien puede calificarse correctamente un recurso admisible, no tiene cabida el principio de informalismo en favor del administrado para suplir esos requisitos esenciales de procedencia; como se dijo, por ser inexcusables, por su rango legal superior, en miras al orden público comprometido en la estabilidad y seguridad jurídica de las declaraciones administrativas. Lo que deja de ser una mera formalidad dispensable, o excusable por los órganos de aplicación de la Ley; Que en este sentido, “Lo contrario, importaría una clara violación legal, además de la auto atribución de competencia (en contra del art. 2 de la LPA) para crear o modificar los recursos admisibles, cuando éstos son de origen legal y gozan de la preeminencia de tal rango formal (arts. 1-I y II, b y e, 31-b, 32, 52, 174 y cc. LPA)”// //Si bien también se dijo que, en principio, no es dable apartarse del presupuesto de admisibilidad introducido por la Ley N° 9003 en el artículo 178, al limitar la revocatoria “formalmente al cuestionamiento de los actos administrativos dictados de oficio”; no siendo el caso del decreto atacado, que puso término al procedimiento licitatorio donde fuera ya oído este oferente disconforme con la adjudicación a una oferta de mayor precio que la suya, habiendo también “contado con la audiencia previa a la declaración contraria a sus pretensiones” de resultar la oferta más conveniente; Que se señaló entonces que “…la transcripta modificación, introducida por la Ley N° 9003, importa un claro texto legal, que torna inaplicable, ahora, el precedente de la Corte Federal en el caso Transporte Uspallata SRL C/ Gobierno de la Prov. de Mendoza P/APA. En consecuencia, mantener esa interpretación sobre el texto legal derogado… prescinde de la norma hoy vigente, y del fin (art. 1-I, b LPA) de la reforma. Por lo que no puede compartirse una interpretación que prescinde del expreso texto y sentido de la modificación legal introducida al transcripto art. 178 de la LPA. Bien es aplicable al caso la doctrina de Paulo (Digesto 32, 25, 1) cum in verbisnullaambiguitasest, non debetadmittivoluntatisquaestio (cuando en las palabras no hay ninguna ambigüedad, no se debe admitir cuestión sobre la voluntad), hoy mayormente resumido en el adagio in claris non fitinterpretatio. Habiendo recordado el Tribunal Constitucional Español, que se funda en la prohibición de la interpretación contra legem: «No estamos, por tanto, ante una regulación que permita varias interpretaciones, pudiendo elegir de entre estas aquella que resulta conforme a la Constitución, sino de preceptos cuya literalidad es clara y no deja margen para interpretaciones alternativas (STCE 138/2005, de 26 de mayo, FJ 5 y 148/2012, del 5 de julio); Que de allí que…no cabe al intérprete, deliberadamente, mantener una conclusión que ya no resulta acorde a la reforma introducida al artículo 178 de la Ley N° 9003. No encontramos fundamento en el artículo (177), cuando, justamente, el artículo siguiente precisa este supuesto en que tal opción no existe, por tratarse de un supuesto de inadmisibilidad formal de la revocatoria. No puede vaciarse de sentido a la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-07024996-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 7 de 101 nueva redacción legal dada al artículo 178; Que en resumen, a la luz de todas esas razones, tenidas en consideración a la hora de modificarse por la Ley N° 9003 los anteriores arts. 177 y 178, ya no es de recibo la doctrina del precedente federal Uspallata. Y así lo dijo Asesoría de Gobierno (Dictamen Nº 427/2020): “Habiendo reconocido en su presentación la recurrente que el acto que la agravia ha sido dictado en un procedimiento en el que tuvo previa intervención, presentó descargos e impugnaciones anteriores, la revocatoria resulta inadmisible, en los términos del artículo 178 de la Ley N° 9003”; Que por otra parte y para destruir la presunción de legitimidad del Decreto N° 1494/22 (artículo 79 Ley N° 9003) no basta con replantear la personal disidencia con los criterios ponderados de la grilla y puntajes otorgados por la Comisión de Preadjudicación a los rubros previstos al efecto. Se encuentra consentida por todos los oferentes esa grilla del Anexo V del Pliego de Condiciones Particulares, por lo que es insuficiente manifestar las conclusiones del propio e interesado juicio discrecional de un oferente, para acreditar que se han superado los límites elásticos o reglados de la discrecionalidad administrativa reflejada en la valoración de las ofertas del orden 261, página 04, seguida por el Poder Ejecutivo al adjudicar la licitación, según surge de los considerandos de dicho Decreto; Que si bien no se trata del mismo error informativo del precedente transcripto, al haberse indicado como procedente la revocatoria y no tan sólo la aclaratoria en el decreto venido en revisión (artículo 8 del Decreto N° 1494/22, en orden 314 del Expediente N° EX-2022-01398375-GDEMZA-DGSERP#MSEG), en los términos del citado párrafo final del artículo 150 de la Ley N° 9003, ese error administrativo obliga a resolver la revocatoria improcedente, por lo que en cuanto a su admisión formal cabrá estar al dictamen previo de orden 14 (del Expediente de referencia). Como en este caso no tratamos una aclaratoria al acto mismo (también improcedente en cuanto el recurso pretende una modificación sustancial del decreto de adjudicación de la Licitación Pública de marras), la revocatoria de orden 02 contra el Decreto N° 1494/22, se abre – excepcionalmente- y sólo en aplicación del referido párrafo final del artículo 150 de la Ley N° 9003, debido al error de la información suministrada sobre su procedencia, cuando en realidad se trata de quien ha sido parte y tenido audiencia plena y previa en el procedimiento licitatorio; Que la cuestión de fondo venida a reconsideración del Poder Ejecutivo: En este aspecto cabe estar a lo dicho en el precedente dictamen de orden 14, toda vez que los agravios del orden 2 reiteran cuestionamientos ya tratados suficientemente por Fiscalía de Estado en su Dictamen 1074/22, de fecha 10/08/2022 (ver orden 286 del expediente licitatorio antes citado, puntos 6.2.3 a 6.2.5 y 7, páginas 30/39); Que en el Recurso de Revocatoria se reiteran los planteos y cuestionamientos del sistema de selección de ofertas ya tratados (ver análisis de la denuncia del Senador Moyano y la anterior impugnación de la firma oferente SERVIFOOD S.A.), de lo que ya se han ocupado los precedentes dictámenes de Fiscalía de Estado (orden 286 del Expediente Licitatorio) y del Ministerio de Seguridad (orden 14 de estos obrados); Que en este sentido, la crítica no demuestra ningún error claro y cierto, que supere lo opinable o discutible en estas materias, ajenas a la competencia, en lo que se revela como una aplicación razonable de la grilla y la asignación de los puntajes por los organismos técnicos que precedieran la adjudicación y avalan la decisión adoptada en el Decreto venido en recurso. Para enervar la presunción de validez apuntada (artículos 73 y 79 Ley N° 9003) no basta, la mera insistencia en el tardío cuestionamiento al sistema de adjudicación, no habiéndose demostrado que el mismo implique una barrera irrazonable al ingreso en la contratación pública de nuevos y mejores proveedores de raciones alimentarias para las personas privadas de libertad. Esto es, la ilegitimidad de la metodología y criterios de ponderación aplicados para seleccionar la oferta más conveniente (que no es, necesariamente, la de menor precio); Que como bien se advierte y teniendo en cuenta que la disconformidad de la firma recurrente apunta a la aplicación razonable que se observa de la grilla de ponderación, ya consentida y firme en el trámite licitatorio. Desde que la sola presentación de los oferentes, salvo excepciones no acreditadas en autos, importa expresa aceptación de las reglas de adjudicación, así como del margen de discrecionalidad que Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-07024996-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 8 de 101 ellas dejan a la administración, para dar con la oferta más conveniente; Por ello, atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 21; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Sr. JOSEN HUMBERTO APES, D.N.I. N° 16.351.838, en representación de la Empresa SERVIFOOD S.A., C.U.I.T. N° 30-71000228-9, contra el Decreto N° 1494/2022, por el cual se adjudican Raciones Alimentarias con destino atender las necesidades del Servicio Penitenciario Provincia de Mendoza dependiente del Ministerio de Seguridad, el que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. RAÚL LEVRINO S/Cargo 15/09/2023 (1 Pub.) MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA