DECRETOS
Decreto Nº 1226
- Fecha de publicación
- 31 de agosto de 2023
- Fecha de la norma
- 16 de junio de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.936 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1226
MENDOZA, 16 DE JUNIO DE 2023
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2022-00724641-GDEMZA-IGS#MSEG y su Vinculado N°
EX-2022-04841150-GDEMZA-CCC; y
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CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones elSubcomisario –Personal Policial– ASTUDILLO SORIA, RAMÓN ARIEL,
interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 373 de fecha 16 de junio del 2022 dictada por el
Directorio de la Inspección General de Seguridad, por la cual se admitió en lo formal y se rechazó en lo
sustancial el Planteo de Nulidad interpuesto contra la Resolución N° 38/22 emitida por el citado
Organismo, en la cual se ordenó instruir formal sumario administrativo al recurrente;
Que analizada la procedencia formal del remedio en trato y atento al principio de informalismo en favor del
administrado y en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 7813, corresponde dar al presente
el trámite de formal Recurso de Alzada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 183 de la Ley N°
9003;
Que analizando el aspecto sustancial del presente recurso yatendiendo los agravios que resultan
conducentes al control de legitimidad (art. 184 último párrafo, Ley N° 9003), el impugnante insiste en su
pretensión de que se declare la nulidad de la Resolución N° 38/22 por adolecer de un vicio grave
conforme al artículo 51, inciso b), 60 inciso a) y 72 de la Ley N° 9003, ya que es absolutamente imprecisa
en cuanto a la falta que se le atribuye y vulnera su derecho de defensa al desconocer cuáles serían los
hechos que concretamente constituirían la falta administrativa;
Que en este sentido, dicho planteo es notoriamente improcedente. La Resolución N° 38/2022 efectúa un
pormenorizado análisis de los antecedentes que motivan la apertura del sumario, y respecto al recurrente
finalmente concluye: “…en consecuencia correspondería ordenar la Apertura de Formal Sumario
Administrativo al Subcomisario P.P. ASTUDILLO SORIA Ramón Ariel D.N.I. N° 22.259.680 por la presunta
introducción de datos falsos en la nota 01/22 de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña en el
cual refiere que los efectivos policiales identificados como Sr. Auxiliar 1° P.P. PEREZ Ricardo Jonathan
D.N.I. N° 35.516.725; Auxiliar P.P. URZAGASTE David Gustavo D.N.I. N° 33.053.272, tendrían
vacunación completa y asimismo lo mismo refiere sobre la ciudadana DELSOUC Mónica Beatriz D.N.I. N°
23.949.012 como integrante del personal …”;
Que la plataforma fáctica endilgada fue circunstanciada y puntillosamente puesta en conocimiento del
sumariado en su indagatoria de fecha 04/02/22, ante la presencia de sus letrados defensores;
Que en consecuencia, resulta insostenible el agravio en trato. Astudillo Soria ha sido cabalmente
informado de los hechos respecto a los cuales debería orientar su actividad defensiva;
Que resta considerar que en ciertos pasajes del recurso el agente aduce que la imprecisión del hecho
intimado se sigue de su encuadre jurídico en el artículo 100, inciso 1) de la Ley N° 6722 y modificatorias
(“serán causas de suspensión de más de treinta y cinco (35) días a sesenta (60) días o cesantía: 1-
Incumplir o transgredir dolosamente los principios y procedimientos básicos de actuación establecidos en
el Título III, Capítulo IV de la presente ley”);
Que dicha proposición carece de toda lógica jurídica: una cosa son los hechos y otra distinta su calificación
legal. Que a juicio del quejoso la subsunción en la precitada norma sea genérica, no tiene virtualidad
alguna para conmover que la plataforma fáctica imputada está claramente delimitada y ha sido cabalmente
puesta en su conocimiento;
Que por un lado, lo que la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio (artículo 18
CN) exige en esta instancia es que el sumariado sea informado circunstanciadamente del hecho que se le
atribuye, ya que de no ser así no podría defenderse. En tal sentido sentenció la CIDH, en el Caso Fermín
Ramírez v. Guatemala (20/06/2005), párrafo 67: “La descripción material de la conducta imputada contiene
los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio
de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el
imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que
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se le imputan”;
Por otra parte, tratándose de un procedimiento disciplinario de naturaleza administrativa, tampoco cabe la
exigencia de una tipificación legal estricta del suceso investigado: coincidimos al respecto con la asesora
preopinante en citar el fallo de la SCJM dictado en autos CUIJ 13- 04060449-3 “SAVARD DANIEL
HORACIO C/GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ APA” (27/11/18): “Tal como destacara
este Tribunal en el precedente “Pastrana” (Cuij N° 13-03618579-6, sent. 02-03-16).//// Nos ilustra Fiorini
diciendo que puede considerarse “la existencia de una deontología del agente estatal y su cumplimiento
será más exigente cuando mayor responsabilidad funcional éste tenga”; y agrega que “no se trata de una
deontología para un grupo técnico o un sector de profesionales sino para todos los agentes en razón de
formar parte de la administración, agentes comunes, jerarquizados, técnicos, etc…” (Bartolomé A. Fiorini,
“Derecho Administrativo”, Tomo I, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1995, p. 826,). Esa deontología, o lógica
del deber, del agente estatal permite exigirle el cumplimiento de determinadas conductas aunque no estén
expresamente detalladas en los estatutos específicos. Este Tribunal ya ha receptado esta premisa al
calificar como cláusulas abiertas a aquellas disposiciones genéricas referidas a las obligaciones del agente
público, las que si bien expresan conceptos jurídicos indeterminados responden al contenido que tienen las
actividades administrativas y al comportamiento exigible al agente en función de esa actividad (LS
296-162; 304-66), lo que permite sostener que el hecho de que no se establezca la tipificación de una
conducta en forma detallada no interesa, pues están implícitas en la conducta de todo y cualquier agente
público (L.S. 394-049, entre otras). Asimismo, ha propiciado una interpretación armónica y lógica de las
conductas que es dable exigir de los funcionarios, resaltándose, con remisión al Estatuto del Empleado
Público, la existencia de deberes que surgen de la naturaleza misma del cargo que se desempeña y la
viabilidad aún en inexistencia de una norma que determinara un específico deber (L.S. 398-219),
destacándose también que tanto la administración como el empleado o funcionario público, más aun los
que se desempeñan en cargos jerárquicos, están obligados activa y pasivamente, a cumplir con
comportamientos que sean consecuencia de la índole de la vinculación, de los acuerdos que se celebren
colectivamente y de los deberes públicos, apreciados con criterio de colaboración, solidaridad social y
mejoramiento del servicio a la comunidad (L.S. 296-162; 304-66) … Además de lo expuesto sobre los
deberes que están implícitos en la conducta de todo y cualquier agente público (L.S. 394- 049, entre otras),
tiene dicho la doctrina que en “el derecho disciplinario no es factible postular una tipicidad absoluta. Por el
contrario en el derecho disciplinario existe una mayor flexibilidad de este principio que se ve reflejada en la
razonable discrecionalidad que la Administración ejerce al aplicar una sanción, atento el carácter abierto
de los tipos legales que describen las conductas ilícitas (Miriam M. Ivanega “Cuestiones de potestad
disciplinaria y derecho de defensa” Segunda Edición Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires 2015,
pág. 151/152)”.
Que finalmente, resta considerar que las resoluciones cuestionadas por esta vía aparecen debidamente
fundadas y motivadas, careciendo las mismas de vicios o defectos que hagan admisibles el remedio
intentado;
Que por todo lo expuesto ut supra, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancialmente el
recurso interpuesto, confirmando la resolución atacada;
Por ello y atento lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 28 de la Pieza Principal;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por
elSubcomisario –Personal Policial– ASTUDILLO SORIA, RAMÓN ARIEL, D.N.I. N° 22.259.680, contra la
Resolución N° 373 de fecha 16 de junio del 2022 dictada por el Directorio de la Inspección General de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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Seguridad, por la cual se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial el planteo de nulidad
interpuesto contra la Resolución N° 38/22 emitida por el citado Organismo, en la cual se ordenó instruir
formal sumario administrativo al recurrente, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos
expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. RAÚL LEVRINO
S/Cargo
31/08/2023 (1 Pub.)
