DECRETOS
Decreto Nº 1567
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA
- Fecha de publicación
- 28 de agosto de 2023
- Fecha de la norma
- 21 de julio de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.933 · páginas 4–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1567
MENDOZA, 21 DE JULIO DE 2023
Visto los Expedientes Nros. EX-2021-05783823- -GDEMZA-CCC; EX-2021-05788795- -GDEMZA-CCC;
EX-2021-05789409-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05744266-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05743090-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05742735-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05739335-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05738762-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05723190-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05748374-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05738047-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05736202-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05729157-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05723731-
-GDEMZA-CCC;
EX-2021-05722809-
-GDEMZA-CCC; EX-2021-05091811- -GDEMZA-CCC y EX-2021-05341984- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en los expedientes citados, se presenta el Abogado Alejandro F. Jofré, por CÉSAR MIGUEL
QUINTANA, D.N.I. Nº 14.065.251; CECILIA NORA SANTI, D.N.I. Nº 20.556.768; LAURA ANGÉLICA
VERA ROMERO, D.N.I. Nº 20.389.228; DIEGO GERMÁN PEREA, D.N.I. Nº 29.327.173; CRISTINA DEL
CARMEN MARINO, D.N.I. Nº 16.616.469; VERÓNICA FERNANDA LOZANO, D.N.I. Nº 25.782.675;
LORENA JACINTO, D.N.I. Nº 23.942.816; LIS MARINA INZIRILLO, D.N.I. Nº 28.527.280; SILVIA AMALIA
ANGELONI, D.N.I. Nº 21.809.067; VIOLETA LIS QUESADA, D.N.I. Nº 16.067.951; CARINA BELÉN
GARCÍA, D.N.I. Nº 25.666.837; MARÍA ELENA DISPENZA, D.N.I. Nº 20.657.575; SILVIA CELIA
FIGUEROA, D.N.I. Nº 16.373.895; MARÍA LAURA ARROYO, D.N.I. Nº 29.787.891; ESTELA VIVIANA
ÁLVAREZ, D.N.I. Nº 20.386.832; CARINA ANDREA VANINI, D.N.I. Nº 22.316.608 y GRACIELA
MARGARITA KALLUS, D.N.I. Nº 21.878.470, agentes del Poder Judicial, con el patrocinio de María
Virginia García Zucchelli e interponen reclamos mediante los cuales solicitan que se reestructure el sueldo
percibido, considerando los rubros no remunerativos incluidos en los bonos de sueldo y se incluyan estos
rubros en el salario básico, por ser los mismos una remuneración;
Que se acompañan en las actuaciones las actas paritarias de donde surge que por acta paritaria del mes
de septiembre de 2021 (homologada por Decreto Nº 1500/21 y ratificado por Ley Nº 9352), se modificó el
acuerdo salarial homologado por Decreto Nº 69/21 y en su reemplazo se acordó un aumento en la
asignación de clase como ítem remunerativo y bonificable;
Que los reclamantes sostienen que por distintos acuerdos paritarios se viene abonando a los trabajadores
públicos un monto no remunerativo y que de acuerdo a lo normado por los Artículos 25 y 53 del Decreto Nº
560/73 y jurisprudencia aplicable al caso, estas sumas deberían ser incorporadas al concepto de sueldo,
por tanto deben considerarse a todas remunerativas;
Que asimismo señalan que no es facultad de la Provincia y contraviene todas las normas de la Seguridad
Social, el otorgar aumentos no remunerativos, atento a que lo que no se paga en concepto de antigüedad
y presentismo, no aporta al servicio de la seguridad social y su sistema solidario;
Que los reclamantes sostienen que en el presente caso, al no aplicarse la ley, se habilita el trabajo no
registrado, dejando la función del empleado público desprestigiada y menos retribuida, se violenta el
derecho de propiedad de los presentantes, cuando reciben menos de lo que les corresponde, afectando su
capacidad de ahorro, gasto y bienestar, como el derecho al trabajo en condiciones satisfactorias, etc.;
Que también precisan que en virtud de los argumentos expuestos, las sumas fijas que se abonaban en
virtud del dictado de los decretos y leyes mencionados en los puntos 1º, 2º y 3º del reclamo, deberían
formar parte del sueldo desde la fecha de promulgación de los mismos y liquidarse las diferencias
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salariales que resulten, con más los intereses que correspondan;
Que por último, sostienen que no sólo tenemos una clara violación al principio de igualdad, sino también
una afectación clara al derecho de propiedad de sus mandantes. Expresa que la liquidación de los haberes
mensuales de sus instituyentes, tal como se viene efectuando hasta la fecha de interposición del reclamo,
resulta así violatoria de derechos reconocidos expresamente por nuestra Constitución Nacional (Artículos
14 y 17 CN y Artículo 16 CM);
Que en primer lugar cabe destacar que los reclamos presentados resultan ser imprecisos y genéricos, ya
que no surge de los mismos cuáles serían los ítems del sueldo de los presentantes cuya restructuración
persigue;
Que en efecto, los presentantes refieren que “…las sumas fijas que se abonaban en virtud del dictado de
los decretos y leyes mencionados en los puntos 1º, 2º y 3º deberían formar parte del sueldo desde la fecha
de promulgación de los mismos y liquidarse las diferencias salariales que resulten con más, los intereses
que correspondan…” y sin embargo no surge de los puntos 1º, 2º y 3º de los reclamos ninguna mención de
las supuestas normas a las que se refieren;
Que sin perjuicio de esta imprecisión de la que adolecen los reclamos, surge del informe de Liquidaciones
del Poder Judicial que “El adicional 1365 - Compensación Paritario a 2021, Decreto Nº 1807/2020 fue el
único ítem de la composición con la característica de No remunerativo ni bonificable, esta condición
solamente estuvo vigente desde enero de 2021 hasta agosto de 2021”;
Que al día de la fecha no existirían ítems dentro del sueldo del personal del Ministerio Público ni del
personal del Poder Judicial que tengan carácter de no remunerativos;
Que en tal sentido y de conformidad con lo acordado, habida cuenta del acta citada, dicha petición habría
devenido en abstracta, por lo que consecuentemente corresponde el sobreseimiento del presente por
sustracción de materia;
Que cabe recordar la aplicación del principio receptado por la jurisprudencia, tal como ha expresado la
Corte local: “El sobreseimiento constituye un modo anómalo de terminación del proceso, de creación
doctrinaria y jurisprudencial que se presenta cuando no existe discusión real entre el actor y el
demandado, ya porque el juicio o incidencia de la que se trata es ficticia desde su comienzo, o porque a
raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de
la acción (Imaz y Rey – “Recurso Extraordinario”, 2da. edición, Nuevas Ediciones, pág. 70 y 61). Se trata
de una aplicación del principio según el cual los tribunales no pueden dar opiniones o consejos
(Barraguirre, Jorge, "Control de constitucionalidad", Rev. Jurisprudencia Santafecina N° 19, pág. 16; conf.
Bianchi Alberto B., "Control de Constitucionalidad, El proceso y la jurisdicción constitucionales", Bs. As.,
ed. Abaco, 1992 N° 16, pág. 143);
Que asimismo corresponde referirse a supuestas diferencias salariales que podrían haber surgido en el
período comprendido entre el acuerdo salarial conformado a inicios del 2021 y el acta paritaria de
setiembre de aquel año, que fuera homologada por Decreto Nº 1500/21 y ratificada por Ley Nº 9352;
Que en este punto se advierte que las actas paritarias reseñadas nada expresan respecto a tales
diferencias, de donde se infiere que ésta fue la intención de todas las partes firmantes. Por ello los efectos
derivados del acuerdo alcanzado, rigen a partir del día siguiente a su publicación conforme lo establecido
en el Artículo 15 de la Ley N° 24.185, que rige las negociaciones colectivas que se celebren entre la
Administración Pública Nacional y sus empleados, a la que la Provincia de Mendoza adhiere por Ley N°
6656 (Artículo 24) y el Artículo 6 de su Decreto Reglamentario Nº 955/04. Ello, por cuanto ha existido un
sometimiento voluntario al régimen jurídico, lo cual obsta a su ulterior impugnación con base constitucional;
Que cabe recordar que, a priori, le está vedado a la Administración Pública la posibilidad de inaplicar per
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se una ley, con fundamento en que se considera inconstitucional, salvo en el supuesto -que no es el de
marras - en el que la vulneración de garantías y derechos previstos constitucionalmente surja con carácter
manifiesto, superando lo meramente opinable y que se trate de un patente, evidente, grosero, flagrante,
apartamiento de la Ley Fundamental (cfr. Dictamen N° 620/91 Asesoría de Gobierno);
Que en el caso bajo análisis, no surge que el acuerdo paritario homologado por Decreto Nº 69/21, se
aparte de manera patente, manifiesta, evidente, grosera y flagrante de las disposiciones de la Constitución
Nacional y de las garantías y derechos protegidos y contemplados por ella. Por el contrario, se trata de un
acuerdo celebrado con todas las formalidades que exige la normativa en materia de negociaciones
colectivas;
Que en otro orden de ideas, cabe poner de resalto que el monto de $ 54.000 pagadero en cuotas que
surge del acuerdo homologado por Decreto Nº 69/21, no se trató de un ítem que al momento de su
otorgamiento hubiera tenido vocación de perdurabilidad, primero como no remunerativo, para luego mutar
como remunerativo, sino que dicho monto constituyó una suma fija de carácter extraordinario, de allí su
carácter no remunerativo. Es decir, en tanto suma fija y extraordinaria, no se previó su mantenimiento
como ítem para su posteridad, sino que la misma, originalmente se agotaba una vez culminado su pago en
los términos acordados;
Que de modo tal que la paritaria de setiembre de 2021, no importó darle continuidad a dicha suma fija
mutando su carácter de no remunerativo a remunerativo, sino que constituye un nuevo acuerdo que
modifica el anterior, al disponer un nuevo incremento en la asignación de la clase vigente al 30/11/2020, es
decir, no fue acumulativo ese incremento, no se computan al efecto las cuotas pagadas al momento de la
suma fija para calcular dicho incremento (dado su carácter de suma fija extraordinaria y no remunerativa);
Que en el entendimiento de que las partes han visto de modo satisfactorio la recomposición de la
estructura salarial con este nuevo incremento sobre la asignación de la clase de carácter remunerativo a
partir de setiembre, es que han acordado que el mismo absorbe las restantes cuotas del bono a partir de
setiembre, quedando con ello eliminado este bono hacia adelante. Es decir, se modifica lo acordado
previamente, se renuncia a percibir las cuotas restantes de dicha suma fija extraordinaria, pero ello no
implica considerar que dicha suma (bono de $ 54.000) se tratara de un ítem perdurable en el tiempo que
luego mutara su carácter;
Que siempre se trató de una suma fija extraordinaria, de allí su carácter no remunerativo. La misma no ha
sido mantenida, sino todo lo contrario. Con el nuevo acuerdo fue eliminada. No se trata de un ítem que a
partir de setiembre se mantiene (ahora con carácter remunerativo) y pasa a integrar la asignación de la
clase. De allí que no pueda considerarse que desde su origen debiera haber ostentado carácter
remunerativo, y con ello generar diferencias salariales y aportes retroactivos;
Por ello y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Rechácese el reclamo impetrado por los agentes: CÉSAR MIGUEL QUINTANA, D.N.I. Nº
14.065.251; CECILIA NORA SANTI, D.N.I. Nº 20.556.768; LAURA ANGÉLICA VERA ROMERO, D.N.I. Nº
20.389.228; DIEGO GERMÁN PEREA, D.N.I. Nº 29.327.173; CRISTINA DEL CARMEN MARINO, D.N.I.
Nº 16.616.469; VERÓNICA FERNANDA LOZANO, D.N.I. Nº 25.782.675; LORENA JACINTO, D.N.I. Nº
23.942.816; LIS MARINA INZIRILLO, D.N.I. Nº 28.527.280; SILVIA AMALIA ANGELONI D.N.I. Nº
21.809.067; VIOLETA LIS QUESADA, D.N.I. Nº 16.067.951; CARINA BELÉN GARCÍA, D.N.I Nº
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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25.666.837; MARÍA ELENA DISPENZA, D.N.I. Nº 20.657.575; SILVIA CELIA FIGUEROA, D.N.I. Nº
16.373.895; MARÍA LAURA ARROYO, D.N.I. Nº 29.787.891; ESTELA VIVIANA ÁLVAREZ, D.N.I. Nº
20.386.832; CARINA ANDREA VANINI, D.N.I. Nº 22.316.608 y GRACIELA MARGARITA KALLUS, D.N.I.
Nº 21.878.470, de conformidad con lo expresado en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
28/08/2023 (1 Pub.)
MINISTERIO SEGURIDAD
