RESOLUCIONES
Resolución Nº 2414
- Fecha de publicación
- 28 de agosto de 2023
- Fecha de la norma
- 25 de agosto de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.933 · páginas 25–28
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 2414
MENDOZA, 25 DE AGOSTO DE 2023
VISTO lo actuado en el expediente electrónico EX-2023-02391296- -GDEMZA-EMOP en el cual la Sub
Dirección de Asuntos Jurídicos, analiza tres hechos presuntamente ilícitos, cometidos por la firma AIST
ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71701110-0 (denominación de fantasía: “MAXIM viajes y envíos”), de los
que resultan también con consecuencias para los transportistas contratados o vinculados por la plataforma
electrónica; y,
CONSIDERANDO:
Que el día 17/08/2023, se labra acta de infracción n° 10375 al Sr. Renzo Daniel González, D.N.I. n°
41.030.457, en su carácter de titular del vehículo dominio AF-102-DG, y a Adrián Daniel Archi, D.N.I. n°
28.977.718, su conductor, por “estar trabajando en el servicio de plataforma electrónica “MAXIM” y no dar
cumplimiento a la Resolución 1985/23.”
Que el 22/08/2023 se infracciona con el acta n° 11042 al Sr. Germán Oscar Castro, D.N.I. n° 29.939.446,
titular del vehículo AB-458-ST, y a Adolfo Francisco Castro, D.N.I. n° 36.618.721, su conductor, por “estar
trabajando para la plataforma electrónica MAXIM sin permiso de la Dirección de Transporte, cobrando por
el viaje una suma de dinero, a través de dicha aplicación”.
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Que, en ambos casos, el E.Mo.P. a través de su personal de Inspección General, en ejercicio legítimo de
sus funciones, ha constatado que la plataforma electrónica mencionada, ha despachado, al menos, estos
dos viajes.
Que esta conclusión surge no solo de la presunción prevista en el art. 122 de la ley 9024, de aplicación a
la materia, sino luego de haber constatado personalmente en los celulares de los infraccionados, donde se
observa y certifica que los viajes fueron despachados por la plataforma. Además, claro está, por la
declaración expresa de los conductores y pasajeros transportados en tal sentido.
Que por otro lado, en expediente n° 6165371/23, consta el tercer antecedente consistente en una
denuncia formulada por APROTAM, donde a través de constatación notarial denuncia y certifica dos
hechos más, donde se comprueba la utilización de la plataforma para enviar y asignar viajes los días 11 y
15 de agosto, actuaciones que se dan por reproducidas y a las que nos remitimos en honor a la brevedad.
Que existen elementos de convicción suficientes y contundentes para certificar que la firma Maxim ha
transgredido la prohibición prescripta por la Resolución E.Mo.P. n° 1985/23 y su reglamentaria n°
1998/23.
Que dichas normas dispusieron la prohibición de tomar y/o despachar viajes de pasajeros durante el plazo
de 30 días, siendo notificadas y publicadas el día 02 y 03 de agosto respectivamente. Además, claro está,
de la extensión de la veda hacia los particulares, que tampoco podían realizar viajes.
Que la sanción de suspensión comienza su vigencia a partir del día 04/08/2023, día posterior a la
notificación de la última norma reglamentaria al interesado. Siendo también notificadas el 02 y 03 en el
B.O.
Que se puede concluir que, el imputado, muy lejos de acatar la sanción aplicada por esta Autoridad de
Contralor, nunca ha dejado de prestar sus servicios, adolece de una severa reticencia u omisión dolosa
hacia el cumplimiento de la normativa legal y del orden jurídico provincial. Su conducta es deliberada,
dolosa, es decir, con la clara intención de trasgredir la prohibición legal, sin importar las consecuencias que
su accionar ocasione, tanto al ordenamiento jurídico como a los propios asociados a su plataforma.
Que en el ámbito jurídico y en términos conceptuales contravencionales, el dolo es la voluntad deliberada
de cometer un acto a sabiendas de su prohibición, o de que se va a producir un resultado lesivo sobre otro
sujeto.
Que en derecho el dolo “es la voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de
su ilicitud (elemento intelectivo, intelectual o cognitivo)”. Es decir que, el imputado ha cometido al menos
tres actos ilícitos, intencionada y premeditadamente, y a sabiendas de su ilegalidad.
Que de parte del E.Mo.P. se han respetado los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad
o progresividad de las sanciones a esta empresa. Se le han brindado claras oportunidades de redirigir su
actividad hacia las acciones permitidas por la legislación de fondo, de encausar su comportamiento al
apego de la ley, y poco ha valorado y aprovechado las mismas.
Que para la doctrina, la proporcionalidad como principio supone el ejercicio razonable del poder político en
tanto eficaz para la realización de las exigencias del bien común, integrando y respetando los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En el texto constitucional argentino, esto resulta manifestado por las
exigencias del art. 28 de la C.N.
Que desde la perspectiva constitucional, este principio pretende resguardar las libertades fundamentales
atendiendo a que la intervención pública sea idónea, indispensable y proporcionada.
Que, etimológicamente, razonabilidad o razonable significa arreglado, justo, conforme a razón. En tanto la
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Real Academia Española la define como “la facultad de discurrir”. El examen de razonabilidad, teniendo
en cuenta estos conceptos, comprende todo aquello que nuestra sana facultad de discurrir nos indica que
es justo.
Que Bidart Campos expresa que el principio de razonabilidad, derivado de los arts. 28 y 33 de nuestra
Carta Magna, importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o
irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un
patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley, y a los actos estatales de ella derivados
inmediata o mediatamente, un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser
obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de
aquélla sea razonable, justo y válido.
Que a juzgar por los antecedentes sumariales iniciados en esta dependencia, el E.Mo.P. ha respetado en
todo momento este principio, brindando innumerables oportunidades al imputado, comenzando la actividad
punitiva con una sanción leve, que, a medida del incremento de la actividad ilícita, necesariamente debe ir
proporcionalmente aumentando la sanción, por una más gravosa, justamente proporcional a la falta
cometida.
Que en primer término, y tras comprobar cuatro hechos ilícitos, se le aplica una sanción de apercibimiento
por Resolución 1126/23 de fecha 24/04/2023, luego sigue cometiendo infracciones (registradas en actas
de infracción 8819 del 28/04/2023, 8820 del 03/05/2023 y 10299 del 30/05/2023), ante lo cual se aplica la
sanción de suspensión por 60 días, dispuesta por Resolución 1385/23. Presenta Recurso de revocatoria
contra esta norma, solicitando se revoque la sanción impuesta, y el E.Mo.P. hace lugar parcialmente al
recurso, rebajando la pena impuesta por 30 días, manteniendo firme el apercibimiento del art. 2°, de
aplicar la inhabilitación definitiva en caso de trasgredir la pena de suspensión.
Que así se ha visto claramente reflejada la voluntad de esta autoridad de control, de aplicar escalonada o
progresivamente las sanciones, desde la más leve a la de mayor gravedad, y como respuesta del
imputado, muy por el contrario, continúa como desde el primer día de actividad en la provincia, infringiendo
la ley; con más de una docena de hechos ilícitos comprobados a través de las diferentes actas de
infracción labradas a los asociados y con dos sanciones de apercibimiento y suspensión aplicadas
directamente a la plataforma.
Que manifiestamente, a juzgar por su comportamiento y antecedentes, el propósito o fin de esta empresa
en la provincia es “violar la ley”, reclutar vehículos que no cumplen con los requerimientos de seguridad y
técnicos previstos en la ley 9086, para prestar servicios informales.
Que existe un conjunto organizado de servicios vulgarmente conocidos como “remises truchos”,
aglutinados por una empresa con ropaje jurídico, pero actividad clandestina. Sin perjuicio de la restante y
valorada actividad lícita que realiza con los vehículos que, si cumplen con los requisitos legales para ser
afectados al servicio, bajo las previsiones de los arts. 52, ss. y cc. de la ley 9086 y arts. 55, ss. y cc. del
decreto 1512/18.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto y ordenado por las Resoluciones n° 1385/23,
1985/23 y 1998/23, y arts. 10, 67 y cc. de la Ley 7412,
EL
DIRECTORIO DEL ENTE DE MOVILIDAD PROVINCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sancionar a la firma AIST ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71701110-0 (denominación de
fantasía: “MAXIM viajes y envíos”), aplicando la inhabilitación definitiva de la plataforma, acorde lo
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dispuesto por los arts. 64 inc. B de la ley 9086, por lo expuesto en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- Dese vista de la presente norma legal a la Secretaría de Servicios Públicos, a los fines
establecidos en el art. 63 del decreto 1512/18.
ARTÍCULO 3°.- Hágase saber al imputado que contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso
de Revocatoria conforme lo determina el art 177 de la ley 9003, dentro del plazo de QUINCE DIAS hábiles
ante este organismo.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese la presente norma legal en el B.O., sitio web del E.Mo.P., y dar amplia difusión
en los medios periodísticos, para interés y conocimiento de los eventuales pasajeros y permisionarios de la
plataforma.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese a quienes más corresponda, dese al Registro Oficial y archívese.
JORGE A. TEVES
PRESIDENTE EMOP
LUCAS A. QUESADA
DIRECTOR EMOP
S/Cargo
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