DECRETOS

Decreto Nº 1667

Fecha de publicación
16 de agosto de 2023
Fecha de la norma
10 de agosto de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.926 · páginas 5–7
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1667 MENDOZA, 10 DE AGOSTO DE 2023 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2022-04380441-GDEMZA-IGS#MSEG; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Suboficial Subayudante S.C.P. y A. CORVALAN VIALE, SERGIO RAÚL, D.N.I. N° 29.372.875, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 669/2021, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad del Ministerio de Seguridad, mediante la cual se rechazó el planteo de prescripción incoado por el recurrente; Que en órdenes 03 y 04 obra Expediente Digitalizado N° 1586-D-2017-00106 y sus respectivos acumulados; Que analizando el aspecto formal del recurso deducido y más allá de la denominación de Recurso Jerárquico dada por el quejoso, siendo que la impugnación se articula contra lo resuelto por una entidad descentralizada, debe encausarse su tratamiento en la regulación legal de Recurso de Alzada, de acuerdo al principio de informalismo a favor del administrado y las condiciones prevista en el artículo 183 y siguientes de la Ley N° 9003; Que analizando el aspecto sustancial del recurso en trato y atendiendo a los agravios que resultan conducentes al control de legitimidad (artículo 184 último párrafo de la Ley N° 9003), el Sr. Corvalan, formula una serie de críticas a la resolución en cuestión, todas postulando la aplicación del instituto de la prescripción por el artículo 81 de la Ley N°7493. Sostiene que el legislador buscó con esta norma, que se respete el principio del plazo razonable. Disidente con la comparación efectuada por la Inspección General de Seguridad de la instancia en trámite con una demanda judicial o una sentencia, afirmando que el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-06126182-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 5 de 104 proceso administrativo disciplinario es comparable con un proceso de derecho penal, en el cual en el artículo 62 del Código Penal de la Nación otorga un plazo acusador para llevar la acción a acabo; Que comenzando el análisis y coincidiendo con el recurrente en cuanto, a que tratándose de un procedimiento sancionatorio, el tema de su eventual prescripción debe evaluarse y resolverse a la luz de los principios respectivos del derecho penal, particularmente previsto en nuestro derecho positivo por el Código Penal en sus artículos 62 a 67 inclusivamente. Dicha normativa fija los términos de prescripción, pero también lógicamente las situaciones que suspenden o interrumpen dicho términos. Dentro de estas últimas, se destacan ciertos hitos procesales: la indagatoria, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, el auto de citación a juicio y el dictado de la sentencia condenatoria (artículo 67 del Código Penal); Que las causales de interrupción obedecen al fundamento mismo del instituto de la prescripción: la dilación en el avance de los procedimientos justifica la extinción de las acciones punitivas y sancionatorias cuando refleja la falta de interés del Estado en la persecución y castigo, pero no cuando convergen causales de demora que no traslucen ese desinterés y que por ende, no hacen presumir que el Estado haya abdicado a su potestad sancionatoria; Que el día 10/07/2018 mediante Resolución N° 606/2018, por la cual se ordenó instruir formal sumario administrativo al recurrente, compareció sólo después de intensa gestiones a tal fin, el día 25/02/2019, a la citación indagatoria, absteniéndose de declarar. Las conclusiones de la instrucción sumarial aconsejando la sanción de treinta y cinco (35) días de suspensión laboral al mismo, no consignan fechas pero fueron emitidas con seguridad antes del dictamen de fs. 148/149. A fs. 162/164 el Directorio de la I.G.S. mediante Resolución N° 155/2021, declaró nulas las referidas conclusiones, haciendo lugar al agravio del recurrente por la falta de producción de prueba testimonial que había ofrecido oportunamente. Finalmente para fecha 21/04/2021, se emiten nuevas conclusiones del sumario administrativo; Que en este sentido, el artículo 81 de la Ley N° 7493, establece el procedimiento sumarial aplicable al personal penitenciario establece en su primera parte que: “TODO SUMARIO ADMINISTRATIVO PRESCRIBIRÁ EN EL TERMINO DE DOS (02) AÑOS DE INICIADO EL MISMO. EL PERSONAL NO PODRÁ SER SUMARIADO DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO DOS (02) AÑOS DE COMETIDA LA FALTA QUE SE LE IMPUTA. EL PERSONAL NO PODRÁ SER SANCIONADO SINO UNA SOLA VEZ POR LA MISMA CAUSA.” Teniendo en cuenta la sinopsis y antecedente, tanto la indagatoria como las conclusiones acusatorias de la instrucción han interrumpido el término de la prescripción, por ser hitos asimilables a aquellos a los cuales el Código Penal dota de tal efecto en los procesos penales, cabe concluir que en el caso, no transcurrió dicho término de dos (02) años; Que obviamente una consideración especial merecen las conclusiones sumariales de fs. 146/147 y vuelta, ya que fueron declaradas nulas. // //Diversos fallos, establecen que el acto no pierde la eficacia interruptiva de la prescripción por su ulterior declaración de nulidad. En tal sentido, la Corte Suprema de Tucumán, ante un caso de declaración de nulidad de la requisitoria de elevación a juicio resolvió: “El acto nulo tiene una suerte de validez residual como secuela interruptiva de la prescripción, porque no se puede dudar del impulso procesal que ello significa, al no poderse prescindir del mismo por afectar la estructura procesal y al debido proceso como se dijo, tornándose necesario en su caso la renovación o rectificación.” (Moreno, José M., 14/09/2000, cita: TRLALEYAR/JUR/3510/2000). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sostenido – en el caso de una sentencia –que su nulidad solo la priva de sus consecuencias en la medida del vicio reconocido pero no respecto de sus otros efectos, entre ellos la interrupción de la prescripción de la acción penal. (A.O.E. s/homicidio culposo (art. 84, 2°párrafo), 11/07/2019, cita: TR LALEYAR/JUR/22688/2019); Que los plazos administrativos se encontraron suspendidos entre el 16 de marzo y el 08 de junio del año 2020; Que en relación a la invocación por parte del Sr. Corvalán, del principio del plazo razonable, la Ley N° Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-06126182-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 6 de 104 9003, en su artículo 1° – punto II manda al respecto que la Administración debe evitar: “tramites dilatorios, incurrir en ritualismos inútiles o en general, en requerimientos innecesarios, dilatorios o frustrantes del derecho”, todo lo cual ha sido debidamente evitado en las presentes actuaciones; Que la garantía del plazo razonable exige que los procedimientos administrativos se desarrollen sin dilaciones indebidas.// //Este derecho pretende impedir que los administrados permanezcan largo tiempo sin certeza sobre la determinación de sus derechos y obligaciones, lo cual puede afectar sus intereses y propiciar una situación de inseguridad jurídica. La doctrina sostiene que el plazo razonable, constituye un concepto jurídico indeterminado que debe ser establecido en base a la ley, considerando el tipo de procedimiento en trámite. En tal sentido, el carácter “razonable” de la duración de un procedimiento administrativo debe apreciarse considerando las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la conducta de los reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora; Que a modo de conclusión, entendemos como evidente que en el presente sumario administrativo, los plazos no han sido irrazonables y son por demás muy inferiores a los que la CSJN ha considerado tales en los fallos: “Loscier, Jorge Alberto y otros C/BCRA” -26/07/12 – (15 AÑOS) y “Bonder, Aaron” – (10 AÑOS); Que por todo lo expuesto ut supra y teniendo en cuenta que no hay ilegitimidad alguna en la resolución cuestionada, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el presente recurso, confirmándose la resolución atacada; Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en fojas 215/216 del expediente N° 1586-D-2017-00106digitalizado en órdenes 03 y 04; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º - Admítase desde lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por el Suboficial Subayudante S.C.P. y A. CORVALAN VIALE, SERGIO RAÚL, D.N.I.N° 29.372.875, en contra de la Resolución N°669/2021, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad del Ministerio de Seguridad, por la cual se rechazó el planteo de prescripción incoado por el recurrente, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º- Comuníquese, notifíquese, dese al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. RAUL LEVRINO S/Cargo 16/08/2023 (1 Pub.) MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA