DECRETOS
Decreto Nº 1667
- Fecha de publicación
- 16 de agosto de 2023
- Fecha de la norma
- 10 de agosto de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.926 · páginas 5–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1667
MENDOZA, 10 DE AGOSTO DE 2023
Visto el Expediente Electrónico N° EX-2022-04380441-GDEMZA-IGS#MSEG; y
CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones el Suboficial Subayudante S.C.P. y A. CORVALAN VIALE, SERGIO RAÚL,
D.N.I. N° 29.372.875, interpone Recurso Jerárquico en contra de la Resolución N° 669/2021, emitida por
el Directorio de la Inspección General de Seguridad del Ministerio de Seguridad, mediante la cual se
rechazó el planteo de prescripción incoado por el recurrente;
Que en órdenes 03 y 04 obra Expediente Digitalizado N° 1586-D-2017-00106 y sus respectivos
acumulados;
Que analizando el aspecto formal del recurso deducido y más allá de la denominación de Recurso
Jerárquico dada por el quejoso, siendo que la impugnación se articula contra lo resuelto por una entidad
descentralizada, debe encausarse su tratamiento en la regulación legal de Recurso de Alzada, de acuerdo
al principio de informalismo a favor del administrado y las condiciones prevista en el artículo 183 y
siguientes de la Ley N° 9003;
Que analizando el aspecto sustancial del recurso en trato y atendiendo a los agravios que resultan
conducentes al control de legitimidad (artículo 184 último párrafo de la Ley N° 9003), el Sr. Corvalan,
formula una serie de críticas a la resolución en cuestión, todas postulando la aplicación del instituto de la
prescripción por el artículo 81 de la Ley N°7493. Sostiene que el legislador buscó con esta norma, que se
respete el principio del plazo razonable. Disidente con la comparación efectuada por la Inspección General
de Seguridad de la instancia en trámite con una demanda judicial o una sentencia, afirmando que el
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proceso administrativo disciplinario es comparable con un proceso de derecho penal, en el cual en el
artículo 62 del Código Penal de la Nación otorga un plazo acusador para llevar la acción a acabo;
Que comenzando el análisis y coincidiendo con el recurrente en cuanto, a que tratándose de un
procedimiento sancionatorio, el tema de su eventual prescripción debe evaluarse y resolverse a la luz de
los principios respectivos del derecho penal, particularmente previsto en nuestro derecho positivo por el
Código Penal en sus artículos 62 a 67 inclusivamente. Dicha normativa fija los términos de prescripción,
pero también lógicamente las situaciones que suspenden o interrumpen dicho términos. Dentro de estas
últimas, se destacan ciertos hitos procesales: la indagatoria, el requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, el auto de citación a juicio y el dictado de la sentencia condenatoria (artículo 67 del
Código Penal);
Que las causales de interrupción obedecen al fundamento mismo del instituto de la prescripción: la dilación
en el avance de los procedimientos justifica la extinción de las acciones punitivas y sancionatorias cuando
refleja la falta de interés del Estado en la persecución y castigo, pero no cuando convergen causales de
demora que no traslucen ese desinterés y que por ende, no hacen presumir que el Estado haya abdicado
a su potestad sancionatoria;
Que el día 10/07/2018 mediante Resolución N° 606/2018, por la cual se ordenó instruir formal sumario
administrativo al recurrente, compareció sólo después de intensa gestiones a tal fin, el día 25/02/2019, a la
citación indagatoria, absteniéndose de declarar. Las conclusiones de la instrucción sumarial aconsejando
la sanción de treinta y cinco (35) días de suspensión laboral al mismo, no consignan fechas pero fueron
emitidas con seguridad antes del dictamen de fs. 148/149. A fs. 162/164 el Directorio de la I.G.S. mediante
Resolución N° 155/2021, declaró nulas las referidas conclusiones, haciendo lugar al agravio del
recurrente por la falta de producción de prueba testimonial que había ofrecido oportunamente. Finalmente
para fecha 21/04/2021, se emiten nuevas conclusiones del sumario administrativo;
Que en este sentido, el artículo 81 de la Ley N° 7493, establece el procedimiento sumarial aplicable al
personal penitenciario establece en su primera parte que: “TODO SUMARIO ADMINISTRATIVO
PRESCRIBIRÁ EN EL TERMINO DE DOS (02) AÑOS DE INICIADO EL MISMO. EL PERSONAL NO
PODRÁ SER SUMARIADO DESPUES DE HABER TRANSCURRIDO DOS (02) AÑOS DE COMETIDA LA
FALTA QUE SE LE IMPUTA. EL PERSONAL NO PODRÁ SER SANCIONADO SINO UNA SOLA VEZ
POR LA MISMA CAUSA.” Teniendo en cuenta la sinopsis y antecedente, tanto la indagatoria como las
conclusiones acusatorias de la instrucción han interrumpido el término de la prescripción, por ser hitos
asimilables a aquellos a los cuales el Código Penal dota de tal efecto en los procesos penales, cabe
concluir que en el caso, no transcurrió dicho término de dos (02) años;
Que obviamente una consideración especial merecen las conclusiones sumariales de fs. 146/147 y vuelta,
ya que fueron declaradas nulas. // //Diversos fallos, establecen que el acto no pierde la eficacia interruptiva
de la prescripción por su ulterior declaración de nulidad. En tal sentido, la Corte Suprema de Tucumán,
ante un caso de declaración de nulidad de la requisitoria de elevación a juicio resolvió: “El acto nulo tiene
una suerte de validez residual como secuela interruptiva de la prescripción, porque no se puede dudar del
impulso procesal que ello significa, al no poderse prescindir del mismo por afectar la estructura procesal y
al debido proceso como se dijo, tornándose necesario en su caso la renovación o rectificación.” (Moreno,
José M., 14/09/2000, cita: TRLALEYAR/JUR/3510/2000). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación también ha sostenido – en el caso de una sentencia –que su nulidad solo la priva de sus
consecuencias en la medida del vicio reconocido pero no respecto de sus otros efectos, entre ellos la
interrupción de la prescripción de la acción penal. (A.O.E. s/homicidio culposo (art. 84, 2°párrafo),
11/07/2019, cita: TR LALEYAR/JUR/22688/2019);
Que los plazos administrativos se encontraron suspendidos entre el 16 de marzo y el 08 de junio del año
2020;
Que en relación a la invocación por parte del Sr. Corvalán, del principio del plazo razonable, la Ley N°
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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9003, en su artículo 1° – punto II manda al respecto que la Administración debe evitar: “tramites dilatorios,
incurrir en ritualismos inútiles o en general, en requerimientos innecesarios, dilatorios o frustrantes del
derecho”, todo lo cual ha sido debidamente evitado en las presentes actuaciones;
Que la garantía del plazo razonable exige que los procedimientos administrativos se desarrollen sin
dilaciones indebidas.// //Este derecho pretende impedir que los administrados permanezcan largo tiempo
sin certeza sobre la determinación de sus derechos y obligaciones, lo cual puede afectar sus intereses y
propiciar una situación de inseguridad jurídica. La doctrina sostiene que el plazo razonable, constituye un
concepto jurídico indeterminado que debe ser establecido en base a la ley, considerando el tipo de
procedimiento en trámite. En tal sentido, el carácter “razonable” de la duración de un procedimiento
administrativo debe apreciarse considerando las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la
conducta de los reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora;
Que a modo de conclusión, entendemos como evidente que en el presente sumario administrativo, los
plazos no han sido irrazonables y son por demás muy inferiores a los que la CSJN ha considerado tales en
los fallos: “Loscier, Jorge Alberto y otros C/BCRA” -26/07/12 – (15 AÑOS) y “Bonder, Aaron” – (10
AÑOS);
Que por todo lo expuesto ut supra y teniendo en cuenta que no hay ilegitimidad alguna en la resolución
cuestionada, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el presente recurso,
confirmándose la resolución atacada;
Por ello y atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en fojas 215/216 del expediente N°
1586-D-2017-00106digitalizado en órdenes 03 y 04;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase desde lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso de Alzada interpuesto por el
Suboficial Subayudante S.C.P. y A. CORVALAN VIALE, SERGIO RAÚL, D.N.I.N° 29.372.875, en contra
de la Resolución N°669/2021, emitida por el Directorio de la Inspección General de Seguridad del
Ministerio de Seguridad, por la cual se rechazó el planteo de prescripción incoado por el recurrente, la que
se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º- Comuníquese, notifíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. RAUL LEVRINO
S/Cargo
16/08/2023 (1 Pub.)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
