RESOLUCIONES

Resolución Nº 1985

Fecha de publicación
4 de agosto de 2023
Fecha de la norma
2 de agosto de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.918 · páginas 42–44
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 1985 MENDOZA, 02 DE AGOSTO DE 2023 VISTO lo actuado en el expediente n° EX-2023-2391296- -GDEMZA-EMOP, donde a orden 16 se interpone recurso de revocatoria de la Resolución n° 1385/23, y CONSIDERANDO: Que, corresponde, en esta instancia, tras haber sido sancionada la Resolución n° 1840/23 por la cual se dispuso la suspensión de la ejecución de la Resolución n° 1385/23, resolver sobre el fondo de la cuestión planteada en el Recurso de Revocatoria incoado por el imputado. Que, en el aspecto formal, debe ser admitido en cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo de ley y en cumplimiento con los requisitos previstos en la ley 9.003. Que, se agravia el recurrente por cuanto, a su criterio, existen vicios susceptibles de declarar la nulidad de la notificación de la norma legal y respecto a cuestiones de fondo, desarrolladas en el apartado VI del escrito, las que se dan por reproducidas en honor a la brevedad. Que, se procede a analizar la solicitud de nulidad de la notificación de la norma, por cuanto pretende que carece de carátula, solo indica el número de expediente; no menciona el derecho de recurrir ni el plazo legal para hacerlo; y la misma no se cumplió en el domicilio de la empresa. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que, al respecto, luego de analizar lo actuado, es procedente el rechazo de la nulidad, por los siguientes motivos, Que, en cuanto a la carencia de carátula en la cédula de notificación, es preciso aclarar que, la notificación de la resolución se realiza mediante la entrega de una copia de la misma, al cuyo pie obra sello que hace las veces de cedulón, con los datos precisos y necesarios para que el administrado pueda comprender el objeto de la misma. Además de que, los expedientes administrativos no poseen carátula, solo se identifican con una nomenclatura compuesta por números, año, y una sigla que identifica la entidad de la cual emana. Que, todos estos datos son bien conocidos por la recurrente, dado que no es la primera vez que es citada a un proceso administrativo ante esta entidad, ya posee una extensa trayectoria a juzgar por los antecedentes. Que, la resolución se notifica además no solo en el domicilio electrónico denunciado en autos por la interesada, sino que también se realizó, como medida de mejor proveer, en forma física, tanto en el domicilio postal legal y comercial que esta misma entidad detectó. Que, en todos los casos la notificación fue realizada correctamente, diligenciada y notificada al interesado en cumplimiento de los requisitos de la ley 9.003. Que, si le asiste razón al imputado en cuanto a que se omitió la mención del derecho a recurrir en la resolución, pero a juzgar por los resultados en el proceso, no se advierte que se haya visto impedido de ejercer tal derecho, ni siquiera menoscabado el mismo. Que, no obstante, se trata de un vicio muy leve formal que no afecta la validez del acto, conforme lo establece el artículo 71 de la ley 9.003. Que, en lo atinente a los fundamentos de fondo del recurso, es preciso puntualizar que no se observan vicios al respecto, a la luz de las previsiones de los artículos 1, 28, 29 y cc. de la ley 9.003 y 14, 14 bis y cc. de la C.N. Que, el derecho de igualdad ante la ley y de propiedad no han sido ilícitamente menoscabados por la sanción aplicada, ya que han sido la consecuencia jurídica de una trasgresión a la normativa legal, expresamente prevista por el ordenamiento normativo. Que, tampoco es viable aceptar la presunta transgresión al derecho de propiedad constitucional, por los mismos motivos, naturalmente que, si existe una alteración de la propiedad del imputado, será en todo caso totalmente lícita y además atribuible a su propia responsabilidad y negligencia. Que, así, los restantes vicios pretendidos no son más que meras enunciaciones abstractas, vacías de contenido. Que, no puede considerarse mala fe contractual denunciada por el imputado, ya que el E.Mo.P. ha actuado en cumplimiento de un deber legal, no hay mala fe ni mucho menos un contrato que tenga que respetar, hay un sujeto obligado al respeto de una norma legal y otro, autoridad, encargado de velar por su cumplimiento Que, el E.Mo.P. ha actuado al amparo de los principios generales de buena práctica administrativa, pro homine, juridicidad, debido proceso adjetivo y todas las previsiones estipuladas en el artículo 1 de la ley 9.003, se ha garantizado y respetado el derecho de defensa, se le concedió la suspensión de la ejecución del acto solicitada; es decir, no puede hablarse de conducta antijurídica o irracional de parte de la Autoridad. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que, otro de los agravios mencionados es el referido a la afectación del derecho a trabajar por parte de los asociados a la empresa, los particulares; naturalmente esa es una consecuencia inevitable, pero quien es responsable absoluto y exclusivo de tal detrimento es el propio imputado, quien con su accionar ilícito ha provocado el daño que reclama. Que, en cuanto a la presunta irracionalidad, desproporcionalidad e injusticia de la sanción, por todos los argumentos ya vertidos, no puede prosperar por cuanto la suspensión ha sido dispuesta tras considerar los antecedentes del imputado, y luego de haber recaído una sanción de apercibimiento previa. Se ha respetado entonces el principio de gradualidad de la pena también. Que, no se han incorporado cuestiones novedosas ni hechos conducentes a adoptar una solución contraria a la que se tomó en primera instancia y que ya ha sido tratada en la instrucción, valorada y juzgada. Ello, en relación a la actividad que realiza la empresa, la habilitación de las autoridades competentes y los demás argumentos vertidos que fueron valorados oportunamente y no están en discusión. Que, sin perjuicio de lo cual, y conforme las previsiones de los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino (aplicable conforme art. 98 de la ley 9024), procede la reducción de la pena impuesta a criterio del juzgador en base a los elementos y circunstancias obrantes en el expediente. Que, la Sub Dirección Jurídica ha tomado la intervención correspondiente, cuyo dictamen legal se comparte. Que, por lo expuesto, y conforme los arts. 10, 67 y cc. de la ley 7412, arts. 177 y cc. de la ley 9.003, y art. 27 del decreto 496/19; EL DIRECTORIO DEL ENTE DE LA MOVILIDAD PROVINCIAL, RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Aceptar en lo formal y parcialmente en lo sustancial el recurso interpuesto por la firma AIST ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71701110-0, por lo expuesto en los considerandos. ARTÍCULO 2°: En consecuencia, dejar sin efecto la sanción impuesta por la Resolución n° 1385/23, y en su lugar, aplicar 30 días de suspensión. ARTÍCULO 3°: Informar al administrado que la presente Resolución es definitiva y cierra la instancia administrativa, procede la Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (artículo 65 ley 7412). ARTÍCULO 4°: Regístrese, notifíquese, y dese intervención al Departamento Ingresos. JORGE A. TEVES PRESIDENTE DEL EMOP AGUSTINA LLAVER DIRECTORA DEL EMOP LUCAS A. QUESADA DIRECTOR DEL EMOP S/Cargo 04/08/2023 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica