RESOLUCIONES
Resolución Nº 1985
- Fecha de publicación
- 4 de agosto de 2023
- Fecha de la norma
- 2 de agosto de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.918 · páginas 42–44
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 1985
MENDOZA, 02 DE AGOSTO DE 2023
VISTO lo actuado en el expediente n° EX-2023-2391296- -GDEMZA-EMOP, donde a orden 16 se
interpone recurso de revocatoria de la Resolución n° 1385/23, y
CONSIDERANDO:
Que, corresponde, en esta instancia, tras haber sido sancionada la Resolución n° 1840/23 por la cual se
dispuso la suspensión de la ejecución de la Resolución n° 1385/23, resolver sobre el fondo de la cuestión
planteada en el Recurso de Revocatoria incoado por el imputado.
Que, en el aspecto formal, debe ser admitido en cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo de ley y en
cumplimiento con los requisitos previstos en la ley 9.003.
Que, se agravia el recurrente por cuanto, a su criterio, existen vicios susceptibles de declarar la nulidad de
la notificación de la norma legal y respecto a cuestiones de fondo, desarrolladas en el apartado VI del
escrito, las que se dan por reproducidas en honor a la brevedad.
Que, se procede a analizar la solicitud de nulidad de la notificación de la norma, por cuanto pretende que
carece de carátula, solo indica el número de expediente; no menciona el derecho de recurrir ni el plazo
legal para hacerlo; y la misma no se cumplió en el domicilio de la empresa.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
Que, al respecto, luego de analizar lo actuado, es procedente el rechazo de la nulidad, por los siguientes
motivos,
Que, en cuanto a la carencia de carátula en la cédula de notificación, es preciso aclarar que, la notificación
de la resolución se realiza mediante la entrega de una copia de la misma, al cuyo pie obra sello que hace
las veces de cedulón, con los datos precisos y necesarios para que el administrado pueda comprender el
objeto de la misma. Además de que, los expedientes administrativos no poseen carátula, solo se
identifican con una nomenclatura compuesta por números, año, y una sigla que identifica la entidad de la
cual emana.
Que, todos estos datos son bien conocidos por la recurrente, dado que no es la primera vez que es citada
a un proceso administrativo ante esta entidad, ya posee una extensa trayectoria a juzgar por los
antecedentes.
Que, la resolución se notifica además no solo en el domicilio electrónico denunciado en autos por la
interesada, sino que también se realizó, como medida de mejor proveer, en forma física, tanto en el
domicilio postal legal y comercial que esta misma entidad detectó.
Que, en todos los casos la notificación fue realizada correctamente, diligenciada y notificada al interesado
en cumplimiento de los requisitos de la ley 9.003.
Que, si le asiste razón al imputado en cuanto a que se omitió la mención del derecho a recurrir en la
resolución, pero a juzgar por los resultados en el proceso, no se advierte que se haya visto impedido de
ejercer tal derecho, ni siquiera menoscabado el mismo.
Que, no obstante, se trata de un vicio muy leve formal que no afecta la validez del acto, conforme lo
establece el artículo 71 de la ley 9.003.
Que, en lo atinente a los fundamentos de fondo del recurso, es preciso puntualizar que no se observan
vicios al respecto, a la luz de las previsiones de los artículos 1, 28, 29 y cc. de la ley 9.003 y 14, 14 bis y
cc. de la C.N.
Que, el derecho de igualdad ante la ley y de propiedad no han sido ilícitamente menoscabados por la
sanción aplicada, ya que han sido la consecuencia jurídica de una trasgresión a la normativa legal,
expresamente prevista por el ordenamiento normativo.
Que, tampoco es viable aceptar la presunta transgresión al derecho de propiedad constitucional, por los
mismos motivos, naturalmente que, si existe una alteración de la propiedad del imputado, será en todo
caso totalmente lícita y además atribuible a su propia responsabilidad y negligencia.
Que, así, los restantes vicios pretendidos no son más que meras enunciaciones abstractas, vacías de
contenido.
Que, no puede considerarse mala fe contractual denunciada por el imputado, ya que el E.Mo.P. ha
actuado en cumplimiento de un deber legal, no hay mala fe ni mucho menos un contrato que tenga que
respetar, hay un sujeto obligado al respeto de una norma legal y otro, autoridad, encargado de velar por su
cumplimiento
Que, el E.Mo.P. ha actuado al amparo de los principios generales de buena práctica administrativa, pro
homine, juridicidad, debido proceso adjetivo y todas las previsiones estipuladas en el artículo 1 de la ley
9.003, se ha garantizado y respetado el derecho de defensa, se le concedió la suspensión de la ejecución
del acto solicitada; es decir, no puede hablarse de conducta antijurídica o irracional de parte de la
Autoridad.
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
Que, otro de los agravios mencionados es el referido a la afectación del derecho a trabajar por parte de los
asociados a la empresa, los particulares; naturalmente esa es una consecuencia inevitable, pero quien es
responsable absoluto y exclusivo de tal detrimento es el propio imputado, quien con su accionar ilícito ha
provocado el daño que reclama.
Que, en cuanto a la presunta irracionalidad, desproporcionalidad e injusticia de la sanción, por todos los
argumentos ya vertidos, no puede prosperar por cuanto la suspensión ha sido dispuesta tras considerar los
antecedentes del imputado, y luego de haber recaído una sanción de apercibimiento previa. Se ha
respetado entonces el principio de gradualidad de la pena también.
Que, no se han incorporado cuestiones novedosas ni hechos conducentes a adoptar una solución
contraria a la que se tomó en primera instancia y que ya ha sido tratada en la instrucción, valorada y
juzgada. Ello, en relación a la actividad que realiza la empresa, la habilitación de las autoridades
competentes y los demás argumentos vertidos que fueron valorados oportunamente y no están en
discusión.
Que, sin perjuicio de lo cual, y conforme las previsiones de los artículos 40 y 41 del Código Penal
Argentino (aplicable conforme art. 98 de la ley 9024), procede la reducción de la pena impuesta a criterio
del juzgador en base a los elementos y circunstancias obrantes en el expediente.
Que, la Sub Dirección Jurídica ha tomado la intervención correspondiente, cuyo dictamen legal se
comparte.
Que, por lo expuesto, y conforme los arts. 10, 67 y cc. de la ley 7412, arts. 177 y cc. de la ley 9.003, y art.
27 del decreto 496/19;
EL DIRECTORIO DEL ENTE DE LA MOVILIDAD PROVINCIAL,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aceptar en lo formal y parcialmente en lo sustancial el recurso interpuesto por la firma
AIST ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71701110-0, por lo expuesto en los considerandos.
ARTÍCULO 2°: En consecuencia, dejar sin efecto la sanción impuesta por la Resolución n° 1385/23, y en
su lugar, aplicar 30 días de suspensión.
ARTÍCULO 3°: Informar al administrado que la presente Resolución es definitiva y cierra la instancia
administrativa, procede la Acción Procesal Administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
(artículo 65 ley 7412).
ARTÍCULO 4°: Regístrese, notifíquese, y dese intervención al Departamento Ingresos.
JORGE A. TEVES
PRESIDENTE DEL EMOP
AGUSTINA LLAVER
DIRECTORA DEL EMOP
LUCAS A. QUESADA
DIRECTOR DEL EMOP
S/Cargo
04/08/2023 (1 Pub.)
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