DECRETOS
Decreto Nº 1181
- Fecha de publicación
- 31 de julio de 2023
- Fecha de la norma
- 9 de junio de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.914 · páginas 5–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1181
MENDOZA, 09 DE JUNIO DE 2023
Visto el Expediente Nº EX-2022-07768870- -GDEMZA-CCC y su asociado EX-2022-173816-GDEMZA-
CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 02 se presenta el Sr. EFRAIM OMAR QUIROZ e interpone Recurso Jerárquico en contra de
la Resolución Nº 129/2022 del Sr. Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, por la cual se admitió en lo
formal y se rechazó en lo sustancial su anterior recurso jerárquico contra la Resolución Nº 77-PS-21 de la
Oficina Técnica Previsional;
Que la Resolución Nº 77-PS-2021 del Coordinador Ejecutivo de la Oficina Técnica Previsional rechazó en
lo sustancial el Recurso de Revocatoria que le fuera elevado en contra de la Resolución Nº 262-PS-17,
mediante la cual se le denegó el beneficio de PENSION al recurrente;
Que el expediente donde se tramitó la solicitud original (expediente papel Nº 78823-S-05-01029) se
encuentra agregado en formato digital para su compulsa en órdenes 11/14 de las actuaciones
administrativas EX-2022-00173816-GDEMZA-CCC, en los cuales encontramos dictámenes jurídicos de la
O.T.P. (fs. 200 y 233/234), como también de Fiscalía de Estado (fs. 235);
Que en expediente electrónico EX-2022-05392355-GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG se dio trámite
a un pedido de PRONTO DESPACHO, en el cual se incorporó un dictamen legal de la O.T.P.;
Que de la compulsa de las actuaciones reseñadas se advierte que el recurrente no cumple con los
requisitos para poder acceder al beneficio solicitado, los cuales se encuentran previstos en los Artículos 24
y 25 de la Ley Nº 3794 (modificada por Ley Nº 6239);
Que en cuanto a la norma aplicable mencionada, la fecha del fallecimiento del padre del recurrente es
anterior a la suscripción del acta complementaria del convenio de transferencia de previsión social de la
provincia de Mendoza al Estado Nacional, ratificada mediante Decreto Nº 779/2007, por lo que resulta de
aplicación la Ley Nº 3794, modificada por Ley Nº 6239;
Que en marco de la ley aplicable surge que en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con
derecho a jubilación, gozarán de la pensión los hijos e hijas solteros/as hasta los dieciocho (18) años de
edad (Art. 24 inc. c) Ley Nº 3794). Por lo tanto los divorciados, como en el caso de autos no gozan del
derecho a pensión. Ello sin perjuicio de que la Ley Nº 3794 en su Art. 25 disponga que los límites de edad
fijados en los incisos c) y d) del Art. 24 no rijan si los derechohabientes se encontraran incapacitados para
el trabajo y a cargo del causante a la fecha del fallecimiento de este, o incapacitados a la fecha que
cumplieran los dieciocho (18) años de edad;
Que le está vedado a la Administración Pública la posibilidad de inaplicar per se una ley, con fundamento
en que se considera inconstitucional, salvo en el supuesto -que no es el de marras-en el que la vulneración
de garantías y derechos previstos constitucionalmente surja con carácter manifiesto, superando lo
meramente opinable y que se trate de un patente, evidente, grosero, flagrante, apartamiento de la Ley
Fundamental (cfr. Dictamen Nº 620/91 Asesoría de Gobierno);
Que el recurso en trato se limita a reiterar los argumentos vertidos en sus anteriores recursos, sin hacerse
cargo de las razones de legalidad que impiden encuadrar su pretensión en la normativa que reconoce
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Subsecretaria Legal y Técnica
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aplicable. Pareciera no advertir que los principios pro homine e in dubio pro justicia social:, no autorizan a
prescindir de la ley vigente, sino sólo a inclinar la balanza, en casos de que admita más de una inteligencia
posible;
Que ello así, desde que la Ley aplicable (Ley Nº 3794, modificada por Ley 6239 y estando al Convenio de
transferencia de la Caja Previsional de Mendoza al Estado Nacional, ratificado mediante Decreto Nº
779/2007), en sus arts. 24 y 25, no deja lugar a dudas interpretativas, como lo señalan todos los
dictámenes precedentes. Lo que impide encuadrar la situación del recurrente en las excepciones regladas
por dichas normas;
Que de modo que no está la administración en posibilidad jurídica de concederle el beneficio pensionario,
que es excepcional y de interpretación estricta. Acceder a su reclamo importaría incurrir en violación de
esa ley (en los términos de los Arts. 31 y 52, en sus incs. b), de la Ley 9003);
Que el beneficio de la pensión por invalidez de los hijos la ley lo reserva, en lo que aquí interesa, sólo a los
solteros y declarados incapaces, estando al cuidado del titular del haber jubilatorio. La razón parece obvia,
brindando continuidad a esa tutela de los hijos que, por tales circunstancias, jamás pudieron emanciparse,
casarse o proveer a su propio sustento;
Que las incapacidades sobrevinientes, como bien se ha dicho en estas actuaciones, no reviven la calidad
de beneficiario de una pensión futura en quien ya adquirió su plena capacidad civil, incluso, perdiendo su
estado civil de casado. Sólo podrán servir de causa al derecho a recibir alimentos, a cargo del ex cónyuge
divorciado (Arts. 434 y cc. CCCN);
Que como se ve, la ley no habilita a recibir el beneficio pensionario a los hijos mayores, casados o
divorciados. Circunstancias que tampoco hace renacer la exigencia -sine qua non- de tener estado civil de
solteros, que condiciona su vocación pensionaria;
Que la excepción del segundo de los artículos citados es al límite de edad. No al estado civil, o a la
invalidez sobreviniente a la adquisición de capacidad por mayoría de edad, e incluso por matrimonio.
Todos los requisitos legales deben verificarse antes de contraer matrimonio o adquirir plena autonomía
personal, para proveer a la propia subsistencia, lo que pone corte a la cobertura legal;
Que como bien lo expresa la Ley Nº 9003, en su Art. 1º, las leyes deben interpretarse en armonía con las
demás fuentes del ordenamiento normativo, sus principios y valores que los informan; pero no le está
permitido a la administración pública, ni a los jueces (Arts. 148 y 149 de la CP), prescindir de la ley
aplicable al caso, modificándola, según sus propios criterios de conveniencia o de razonabilidad. Es pauta
interpretativa compartida por la jurisprudencia y doctrina, que no puede hacerle decir a la ley lo que esta no
dice, ni dispensar los requisitos de sus excepciones, so pretexto de imprevisión o error del legislador;
Que no debe olvidarse que el primer intérprete de tales principios y fuentes superiores, al reglamentarlos,
con un amplio margen de apreciación local, adaptándolos a las circunstancias de personas, de tiempo y
lugar, así como a las posibilidades económicas del sistema previsional, no es otro que el propio legislador.
De cuyos mandatos legales, salvo clara e insalvable inconstitucionalidad (arg. del Art. 19 LPA) no pueden
dispensarse aquellos a quienes incumbe ejecutarlas y hacerlas cumplir (Arts. 1, 5 y cc. de la CN; 1, 12 y
cc. CP);
Que tal es el fundamento jurídico, también superior y fundante, que imponen esos otros principios, también
cardinales: el de juridicidad y la seguridad jurídica, recogidos en las normas citadas;
Que como se ha dicho, por tratarse de un hijo que adquirió la mayoría de edad y que también contrajo
matrimonio (nació en el año 1968 y se casó en el año 1989), en vida del causante. Su divorcio posterior,
antes de padecer la incapacidad que invoca o, como alega pero no prueba, aún si fuera sobreviniente y el
motivo de la ruptura matrimonial, no lo devuelve a la condición de beneficiario legal. Porque no es causal
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de recuperación del estado civil (soltero) requerido por la ley. Su reconocido estado civil es divorciado. La
invalidez sobreviniente no permite prescindir del expreso requisito de ser soltero, cuya pérdida, sin
consideración a la edad, acarrea el de la condición de beneficiario de la pensión por invalidez. Con
prescindencia, como alega el interesado, si esa incapacidad es anterior a la muerte de su padre (en el año
2005) o posterior (sea en los años 2009 o 2012, como surgiría de las constancias de fs. 197 y 180 de los
expedientes agregados digitalmente en órdenes 11/14 del EX-2022-00173816-GDEMZA-CCC);
Por ello y de conformidad con lo dictaminado en orden 06 por Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno,
Trabajo y Justicia y en orden 10 por Asesoría de Gobierno de la Provincia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
EFRAIM OMAR QUIROZ, D.N.I. Nº 20.114.088, en contra de la Resolución Nº 129/2022 Señor Ministro de
Gobierno Trabajo y Justicia, de conformidad con lo expresado en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
31/07/2023 (1 Pub.)
MINISTERIO SEGURIDAD
