DECRETOS

Decreto Nº 647

Fecha de publicación
28 de abril de 2023
Fecha de la norma
10 de abril de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.854 · páginas 22–24
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 647 MENDOZA, 10 DE ABRIL DE 2023 Visto el expediente N° EX–2021-08180806-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 942 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 09 de noviembre de 2021; y Considerando: Que por la citada resolución se admite en lo formal y se rechaza en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” contra la Resolución 358 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 19 de julio de 2021; Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que surge de la compulsa de los antecedentes que no se ha logrado desvirtuar con prueba idónea la imputación realizada en el Acta Nº 6357 digitalizada en el número de Orden 6 del expediente antecedente; esto es, que se tomó muestra de tarros de duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido que se encontraban a la venta minorista, que luego del análisis realizado por el laboratorio, surge que el mismo resulta apto para el consumo, pero no para comercializar, todo ello violatorio del Artículo 11 del Decreto Nº 274/19; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-03157220-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 22 de 164 Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que la sancionada no logró desvirtuar con prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción constatada, pese a que pudo presentar descargo y ofrecer prueba; Que el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación”; Que “la Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la Autoridad de Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados”; Que por tal razón no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de este. El acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a la quejosa por infracción al Decreto Nº 274/19 surge evidente al consignar los antecedentes y las normas jurídicas violadas, como así también se advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir prueba; Que la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en la resolución impugnada que aplicó la sanción correspondiente de conformidad con el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, que indica: “Publicidad engañosa. Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”; Que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su apreciación es objetiva. Se configuran por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar la norma; Que La Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Que el Decreto Nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. El esquema de protección que establece se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley; Que la imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son; Que, en tal sentido, corresponde puntualizar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores sino la posibilidad de la existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la norma; Que con relación al monto de la multa, la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros fijados por el Decreto Nº 274/19, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-03157220-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 23 de 164 teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la infractora; Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución N° 942 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 09 de noviembre de 2021, por lo que la misma queda firme en todos sus términos. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 28/04/2023 (1 Pub.)