DECRETOS
Decreto Nº 647
- Fecha de publicación
- 28 de abril de 2023
- Fecha de la norma
- 10 de abril de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.854 · páginas 22–24
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 647
MENDOZA, 10 DE ABRIL DE 2023
Visto el expediente N° EX–2021-08180806-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA MILLÁN, en
representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso
Jerárquico contra la Resolución N° 942 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 09 de
noviembre de 2021; y
Considerando:
Que por la citada resolución se admite en lo formal y se rechaza en lo sustancial el Recurso Jerárquico
interpuesto por la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA” contra la Resolución 358 dictada por la Dirección
de Fiscalización y Control en fecha 19 de julio de 2021;
Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto
de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que surge de la compulsa de los antecedentes que no se ha logrado desvirtuar con prueba idónea la
imputación realizada en el Acta Nº 6357 digitalizada en el número de Orden 6 del expediente antecedente;
esto es, que se tomó muestra de tarros de duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido que
se encontraban a la venta minorista, que luego del análisis realizado por el laboratorio, surge que el mismo
resulta apto para el consumo, pero no para comercializar, todo ello violatorio del Artículo 11 del Decreto Nº
274/19;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que la sancionada no logró desvirtuar con
prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción constatada, pese a que pudo presentar descargo
y ofrecer prueba;
Que el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de
una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el
hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días
de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde
efectuar su presentación”;
Que “la Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del infractor copia de lo actuado. La reglamentación
establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la Autoridad de
Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o
intereses, pudieran aportar los administrados”;
Que por tal razón no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de
este. El acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución
que sanciona a la quejosa por infracción al Decreto Nº 274/19 surge evidente al consignar los
antecedentes y las normas jurídicas violadas, como así también se advierte que se le ha respetado el
derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir prueba;
Que la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el
criterio sustentado en la resolución impugnada que aplicó la sanción correspondiente de conformidad con
el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, que indica: “Publicidad engañosa. Queda prohibida la realización de
cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza,
origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de
producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”;
Que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción
misma del sujeto para su configuración, son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su
apreciación es objetiva. Se configuran por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar la norma;
Que La Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y
veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos;
Que el Decreto Nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con
ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. El esquema de protección que
establece se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos
obligados por la ley;
Que la imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son;
Que, en tal sentido, corresponde puntualizar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los
consumidores sino la posibilidad de la existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y
conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la
norma;
Que con relación al monto de la multa, la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros fijados por el
Decreto Nº 274/19, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad,
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teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra parte, no se ha demostrado
cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el patrimonio de la infractora;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en
los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA MILLÁN,
en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la
Resolución N° 942 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 09 de noviembre de 2021,
por lo que la misma queda firme en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
28/04/2023 (1 Pub.)
