DECRETOS

Decreto Nº 612

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
28 de abril de 2023
Fecha de la norma
5 de abril de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.854 · páginas 17–20
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 612 MENDOZA, 05 DE ABRIL DE 2023 Visto el expediente N° EX–2022-04569599-GDEMZA-CCC, en el cual LEANDRO RUBÉN GIARETTO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 762 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 31 de mayo de 2022; y Considerando: Que por la citada resolución se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial, por los motivos expuestos en los considerandos de esa Resolución, el Recurso Jerárquico interpuesto por la administrada contra la Resolución N° 567 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 15 de diciembre de 2021; Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que en orden 02, 04 y 20 del EX 2021-05389488-GDEMZA-DFYC#MEIYE se agrega listado de contratos con sus respectivas registraciones emitidos por la Bolsa de Comercio. A orden 20/21 y 34/35 del mencionado expediente rolan informes técnicos, a orden 80 se incorpora la Resolución N° 762/2022 y a orden 82 la constancia de notificación de dicha norma legal; Que en orden 02 del EX–2022-04569599-GDEMZA-CCC rola el Recurso Administrativo incoado por la firma recurrente contra la Resolución N° 762-EyE-2022; Que la recurrente en esta instancia reitera en lo sustancial los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer el Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 567/2021 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control como así también en su descargo y ampliación, no aportando nuevos elementos que permitan no tener por acaecido el hecho motivo de la infracción, insistiendo en la falta de fundamentación, la violación del derecho de defensa, del debido proceso adjetivo y el error o interpretación errónea en cuanto a la forma de establecer la fecha de registración de los contratos vínicos que en definitiva derivan en la multa o sanción impuesta a la quejosa; Que el Artículo 39 de la Ley Nº 9003 establece: “Los agentes estatales, para adoptar una decisión deben Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Página 17 de 164 BO-2023-03157220-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer en aquellas, medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico”; Que la doctrina establece: “Los actos son arbitrarios, entre otros casos, cuando prescinden de los hechos probados, se fundan en hechos no probados, aprecian mal o ni siquiera ven los hechos, toman determinaciones no proporcionadas o no adecuadas a tales hechos... Las decisiones que prescinden de los hechos acreditados en el expediente, o se fundan en hechos o pruebas inexistentes o carecen de una situación de hecho que las justifique, son nulas de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por adolecer del vicio de arbitrariedad...” (cfr. GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo,10ª ed., F.D.A., C.A.B.A., 2011, T.3, p. IX-34, y T.4, p. VII-25). Por lo que no es procedente la argumentación de vicios de arbitrariedad en la resolución, encontrándose el acto administrativo debida y suficientemente motivado; Que de los términos en que se ha planteado el recurso se advierte que los fundamentos del recurrente respecto al hecho determinado en la Resolución 762-EyE-2022 carecen de un andamiaje fáctico y normativo que avale su posición para lograr revertir la situación en la que se encuentra en relación a la sanción impuesta en los términos de la Ley N° 9133 y su Decreto Reglamentario, lo que impide tener por no acaecido el hecho causal; Que existe comprobación fehaciente de que la sancionada infringió la normativa citada, y dichas infracciones son del tipo formal, por lo que quedan tipificadas con la simple conducta objetiva contraria a los preceptos legales; Que la normativa aplicable al caso concreto es clara y precisa, no dando lugar a interpretaciones contradictorias, por tanto, no existe posibilidad jurídicamente relevante y atendible, tomando en cuenta el informe técnico de orden 02/06, 20 y 35 del EX 2021-05389488-DFYC-2021; Que no puede soslayarse lo manifestado por la recurrente en oportunidad de presentar el descargo pertinente, ya que expresa y manifiestamente dice que “...por el periodo de pandemia no fue posible reunir personalmente a las partes interesadas para la firma de los contratos. Por otro lado, fue demoroso el proceso para llegar a un acuerdo conveniente para ambos, teniendo en cuenta el contexto inflacionario actual”. A su vez, y antes de esgrimir lo expuesto, dice textual “Por lo notificado en expediente de referencia, se viene a justificar la presentación fuera de término de los contratos de uva adquirida para los establecimientos”; Que de lo anterior claramente se desprende que no sólo que la recurrente acepta de manera expresa y categórica que presentó fuera de término la registración de los contratos vínicos con lo cual quiere “justificar” ese actuar y para ello esgrime como base a sus fundamentos justificativos y como eximentes de responsabilidad por un lado la pandemia que imposibilitó o complicó el reunir a las partes para la firma del contrato y por el otro el contexto inflacionario que demoro el proceso para llegar a un acuerdo; Que estos fundamentos no pueden ser tomados en consideración a los fines de la no aplicación de la sanción por la transgresión palmaria de la norma aplicable a este caso en concreto, sumado a que muchos establecimientos vitivinícolas sí procedieron en igual periodo a registrar en tiempo y forma los contratos de ingreso de uva como manda la ley y la situación y el contexto eran los mismos, razón por la cual es la recurrente quien debe arbitrar los medios necesarios para poder cumplir con las mandas legales que hacen a su giro comercial; Que conforme a lo informado ante el requerimiento que se le formuló a orden 62 desde esta DAJ del Ex 2021-05389488-DFYC-2021, desde la Dirección de Fiscalización y Control se comunicó a orden 65/66 lo siguiente: “Se adjunta Anexo orden 65 con las copias de los contratos de compra de uva, coincidentes al detalle Bolsa de Comercio orden 20. Puede observarse que los contratos poseen el sello fuera de término colocado por la entidad registradora, habiendo tomado las fechas de registro, el 01/07 y el 12/07/2021, fechas que corresponden al momento en que son físicamente presentados los contratos con las firmas de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-03157220-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 18 de 164 las partes, productor y bodeguero ante la Bolsa de Comercio para su registración conforme indica la Ley 9133”; Que el Artículo 1° de la Ley N° 9133 expresa: “Los contratos que tengan por objeto la compra venta de productos agrícolas, cuyo uso o destino final sea su entrega a establecimientos agroindustriales de la Provincia de Mendoza serán de registración obligatoria. A tal efecto, créase en el ámbito del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, o quien en el futuro lo reemplace u organismo que este último defina, el "Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas”; Que, asimismo, el Artículo 6° del citado cuerpo normativo establece: “Los establecimientos que omitan la inscripción de los contratos impuesta por la presente Ley, serán sancionados con multas del cinco (5) por ciento del valor acordado en el contrato cuya inscripción se omitió. También podrá disponerse la clausura de los establecimientos incumplidores, en caso de reincidencia, conforme las condiciones, procedimiento y por el plazo que determine la Autoridad de Aplicación”; Que el Artículo 1º del Decreto Reglamentario N° 114/2020 modificatorio del Artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 225/2019 de la Ley N° 9133 establece: “A partir de la temporada 2018/19 se inscribirán solamente los contratos de compra venta de uva destinada a la elaboración de vinos y mostos. La obligación de registración de los restantes contratos agrícolas se implementará gradualmente, en función del grado de desarrollo institucional que tengan los mercados de compraventa de materia prima para los distintos sectores agroindustriales de la Provincia”; Que el marco normativo en cuestión implica un beneficio directo para el productor, que cuenta con una herramienta legal que le garantiza el acuerdo de precio y la forma de pago. En ambos casos, la política de Estado está orientada a reglamentar los tiempos que le permiten al productor una mayor previsibilidad para encarar la nueva temporada agrícola; Que por tanto, la infracción aludida en la resolución atacada hace referencia a que el establecimiento bodeguero MILLAN S.A., no ha cumplido con la registración obligatoria en tiempo oportuno como establece expresamente la manda normativa, alegando dicho establecimiento en su defensa inconsistencias en cuanto a la temporalidad de lo denominado como registración o inscripción contractual y el pago del sellado o tributo de los mismos, situación ésta que se clarifica ante el pedido de informe solicitado a orden 62 del EX 2021-05389488-DFYC-2021 y respondido categóricamente a orden 65/66 adjuntando las copias de los contratos de compra de uva, coincidentes con el detalle de la Bolsa de Comercio de orden 20 con los sellos fuera de término; Que las leyes están para ser cumplidas en tanto y en cuanto un hecho se encuadre en ellas y que un sistema cooperativo supuestamente cumpla con los mismos fines no lo exceptúa de dar cumplimiento a las mismas; Que en relación a la inscripción en el Registro de Infractores, el Artículo 6° de la Ley N° 9133 es una consecuencia directa, necesaria e inescindible de la sanción aplicada, disponiendo la norma mencionada que: “...”El "Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas", también tendrá a su cargo el "Registro de Infractores" donde inscribirá a quienes no efectúen la registración de contratos exigida por esta Ley y a quienes posean sentencia condenatoria por incumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos registrados”; Que, así, se advierte en el texto de la norma que no se ha otorgado a la Administración una potestad facultativa para decidir si hace o no hace algo que se le está proponiendo, sino que importa una directiva, al decir la norma citada en el párrafo precedente: “donde inscribirá a quienes no efectúen la registración de contratos exigida por esta Ley”, por tanto, es un deber de la Administración, verificada una infracción, inscribir al infractor en el registro pertinente. En suma, se considera que la infracción se encuentra verificada y es pasible de la sanción dispuesta en los Artículos 1º y 6° de la Ley N° 9133/19; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-03157220-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 19 de 164 Que la multa fijada en la Resolución Nº 567-DFyC-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, tiene sustento fáctico y base jurídica que la avale, ostentando fundamentación suficiente para poder ser mantenida en esta instancia, considerándola ajustada a derecho y dentro de los límites de razonabilidad según lo preceptuado por el Artículo 6° de la Ley N° 9133 y su Decreto Reglamentario N° 1298/20; Que se registran contratos fuera de término por 4.636,15 qq. de uva adquirida a terceros, que conforme detalle Bolsa de Comercio Mendoza de orden 20, registró los mismos por la suma de $ 21.014.380,00. A este importe se le aplica el 5% del valor del contrato cuya inscripción se omitió, conforme el Artículo 6º del Decreto N° 1298/2020, resultando un total de $ 1.050.719,00 que se aplicó de sanción/multa al establecimiento; Que se ha respetado en el proceso el derecho de defensa, habiendo la recurrente, oportunamente, tomado intervención en el proceso (descargo de orden 15 y 27, entrega de copia en formato digital de las actuaciones a su solicitud a orden 39/40, ampliación de descargo a orden 41, solicitud de certificado a orden 48 y Recurso Jerárquico de orden 52, todo del EX 2021-05389488-DFYC-2021) y nuevo recurso adjuntado a orden 02, en virtud del Artículo 183 y cc de la Ley N° 9003; Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor LEANDRO RUBÉN GIARETTO, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución N° 762 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 31 de mayo de 2022, por lo que la misma queda firme en todos sus términos. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 28/04/2023 (1 Pub.)