DECRETOS
Decreto Nº 611
- Fecha de publicación
- 14 de abril de 2023
- Fecha de la norma
- 5 de abril de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.844 · páginas 42–45
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 611
MENDOZA, 05 DE ABRIL DE 2023
Visto el expediente N° EX–2022-04759993-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 877 emitida por el Ministerio de Economía y Energía
en fecha 21 de junio de 2022; y
Considerando:
Que por la citada resolución se admitió en lo formal y se rechazó en lo sustancial, por los motivos
expuestos en los considerandos de esa norma, el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma arriba
mencionada, contra la Resolución N° 482/21 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control;
Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto
de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que la recurrente en esta instancia insiste en similares argumentos que los vertidos en la oportunidad de
interponer tanto el Recurso Jerárquico como su ampliación en orden 30 y 39, respectivamente, del
EX2020-06018487-GDEMZA-DFYC#MEIYE;
Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores, como al plantear el presente
Recurso, consisten en afirmar la nulidad del acta por vicio de voluntad de quien emitió el acto
administrativo, indicando que el inspector no ha valorado razonablemente las circunstancias de hecho y el
derecho aplicable;
Que expresa que su mercadería (producto) no se hallaba en venta al público en el supermercado y el
inspector al no aclarar en qué lugar de la góndola se ubicaba el mismo, conlleva esto a tener una duda
razonable respetando el principio in dubio pro administrado, más en este aspecto de carácter infraccional;
Que la recurrente reitera argumentos relativos a que el acta que origina las actuaciones, no aclara que los
duraznos en infracción se encontraban en el depósito, no a la venta y que no existen pruebas sobre la
realización de publicidades, ni que la mercadería se encontrara en góndolas a disposición del consumidor,
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reconociendo así mismo, que no todas las cajas estaban aptas para la venta, pero considerando que de
ello devienen irregularidades procedimentales y generación de una situación de inseguridad jurídica. En tal
punto indica que los fundamentos dados en el resolutivo en crisis son inconsistentes y carentes de
fundamentos;
Que, indica, que se ha visto cercenado su derecho de defensa y que el acta labrada por el inspector es
nula de nulidad absoluta. Sostiene que este es un rechazo voluntarista que se emite con fundamentos
vacuos de contenido, lo que lo torna nulo de nulidad absoluta por falta de motivación al momento de emitir
el acto;
Que la Resolución atacada se encuentra debidamente fundada, sumado a que Millán S.A. no ha aportado
en esta instancia argumentos de entidad y consideración que autoricen a apartarse de lo resuelto en su
momento por el Director de Fiscalización y Control, como por el Ministerio de Economía y Energía;
Que no se advierte vicio de la voluntad ni falta de motivación suficiente en el acto impugnado, todo lo
contrario;
Que respecto al acta de infracción es un instrumento público realizado por un funcionario público en
ejercicio del poder de policía y que además adjunta elementos de prueba suficientes para constatar la falta,
conforme con lo dispuesto por el Artículo 289 y cc del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo quela
alegación de la recurrente no es el medio idóneo para atacar el instrumento público (el funcionario
pertinente se constituyó específicamente en el local supermercado de nombre de fantasía ÁTOMO ubicado
en calle Ballofet N° 2661 del Departamento de San Rafael mediante acta de toma de muestra n° 8801 de
fecha 11 de diciembre de 2020 tomando muestra de lata de durazno-muestra n° 23 y acta n° 6355 de
fecha15 de diciembre de 2020 donde se recorren las góndolas, exhibidores y heladeras para decomisar los
productos que previamente ya se informó que no son aptos para comercialización según rotulación,
notificándole el resultado de dicho análisis y la infracción a la legislación);
Que es menester recordar al sumariado que la sola constatación de la infracción por parte del inspector
constituye un medio que otorga plena fe pública a los efectos de la aplicación de la ley, no observándose
que el acta sea nula y para fulminarla con los efectos propios de la nulidad solicitada debe haber certeza o
vicio tal que no permita otra conclusión;
Que, asimismo, se constata que del resultado del protocolo analítico y los diferentes informes incorporados
en la pieza administrativa EX-2020-06018487-GDEMZA-DFYC#MEIYE surge del análisis de laboratorio
que el producto APTO PARA CONSUMO y del análisis de rotulación surge que el producto resulta
NOAPTO PARA COMERCIALIZAR, atento a que el producto antes identificado se encuentra el Brix por
debajo de lo permitido (dando 11,5 Brix) según las normativas legales vigentes;
Que la infracción, en este caso en particular, no responde a cuestiones de peso, sino a los grados Brix
quedan por debajo de la tolerancia permitida, por lo que debe desestimarse los argumentos relacionados
al método de pesado y a los instrumentos para pesar;
Que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores sino la posibilidad de la
existencia de tal daño y las normas legales imponen pautas o conductas objetivas que deben ser
respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la norma;
Que, en otro punto, la impugnante expresa que a su criterio la sanción es exorbitante y desproporcionada,
dando sus fundamentos;
Que el monto de la multa impuesta de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) se condice con los
antecedentes y constancias del expediente, en base a lo preceptuado por el Arrtículo 57, Inciso b del
Decreto N° 274/19 y lo relativo a la graduación de sanciones del Artículo 58 del mencionado cuerpo legal.
Por tanto, el argumento del recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale en tal sentido;
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Que la infracción ha sido constatada por los inspectores firmantes del acta en presencia de personal
responsable de la sucursal constatando lo expuesto en la misma y tal situación fue tratada en las
instancias anteriores, por lo que la queja de la recurrente no encuentra andamiaje fáctico ni jurídico que la
avale y en consecuencia debería mantenerse la decisión de los órganos inferiores;
Que debe recordarse que la imposición de la multa es efectuada por la autoridad administrativa en el
marco de los Artículos 38 y 39 de la Ley N° 9003 y es una facultad de ejercicio discrecional (lo que induce
a la necesidad de debida motivación, Artículo 45 Inciso d) última parte de la Ley N° 9003) en tanto se
efectivice entre los límites mínimos y máximos establecidos legalmente, debiendo en consecuencia ser
razonablemente merituada, sin que ello conduzca necesariamente a la materialización de una disminución
como se solicita ni que asista derecho a tal proceder por parte del recurrente;
Que de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente, surge la existencia de la
infracción imputada a la firma sancionada, la cual no ha sido destruida por prueba en contrario por su
parte, incorporándose los informes y análisis de laboratorio que avalan la conducta en transgresión;
Que la firma sancionada registra antecedentes de violación a la misma norma, por lo que no solo incumple
sino que reincide en la misma conducta;
Que existe comprobación fehaciente de que la sancionada infringió la normativa y dichas infracciones son
del tipo formal, por lo que quedan tipificadas con la simple conducta objetiva contraria a los preceptos
legales;
Que el Decreto de Lealtad Comercial parte del supuesto de que los proveedores de bienes y servicios,
debido a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor
manera que los consumidores la información relevante sobre los diversos factores involucrados en los
procesos productivos y de comercialización;
Que el propósito de la Ley es el de evitar que los consumidores, mediante falta de informaciones, poco
claras y/o engañosas o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos,
mercaderías o en la contratación de servicios protegiéndose, de este modo, el derecho de aquellos a una
información adecuada, completa y veraz, con relación al consumo;
Que estas normas se orientan a proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la que suelen
encontrarse dentro del mercado. La Constitución Nacional incorporó dentro de los llamados derechos de
tercera generación la protección de usuarios y consumidores. La protección establecida en el Artículo 42
tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y
oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una
información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los
ciudadanos;
Que la Resolución cuestionada y atacada en esta oportunidad se encuentra debidamente fundamentada,
plasmando en sus considerandos los motivos que llevan a la adopción de la sanción a la infraccionada;
Que no se observan en la Resolución N° 877-EYE-2022 vicios en los términos de la Ley N° 9003 de
Procedimiento Administrativo que permitan aconsejar la acogida favorable del recurso en tratamiento,
encontrándose probada la transgresión al Artículo 11 del Decreto N° 274/19, haciéndose pasible la
sumariada de la sanción de multa prevista por la normativa en cuestión;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, conforme los fundamentos expuestos en
los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA
VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT
Nº33-50385092-9, contra la Resolución N° 877 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha
21de junio de 2022, por lo que la misma se confirma en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
14/04/2023 (1 Pub.)
