DECRETOS
Decreto Nº 457
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 10 de abril de 2023
- Fecha de la norma
- 21 de marzo de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.840 · páginas 5–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 457
MENDOZA, 21 DE MARZO DE 2023
Visto el expediente N° EX–2021-07970783-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9,
interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 852 emitida por el Ministerio de Economía y Energía
en fecha 09 de noviembre de 2021; y
Considerando:
Que por la citada resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 050/21 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía;
Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto
de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que de los antecedentes que obran en el expediente EX-2020-06107365-GDEMZA-DFYC#MEIYE, se
observa el Acta de infracción N° 0009954-DFyC que indica que se toma muestra de tarros de duraznos
amarillos en mitades comunes en jarabe diluido y que luego de su análisis surge que el mismo resulta apto
para consumo, pero no resulta apto para comercializar, atento a que el contenido neto escurrido da por
debajo del mínimo de tolerancia permitido; todo ello violatorio del Artículo 11 del DNU N° 274/19 de
Lealtad Comercial;
Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que la recurrente insiste en idénticos
argumentos que los vertidos en la oportunidad de interponer el Recurso de Revocatoria por ante la
Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía;
Que las defensas esgrimidas por la quejosa consisten en afirmar que el vicio de la Administración está
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dado por convalidar un acta de presunta infracción sin que se haya acreditado la comisión de la misma. En
tal sentido, de las constancias de las actuaciones compulsadas como antecedente surge claramente la
existencia de la infracción imputada a la firma sancionada. Consta en el acta de toma de muestras n°
0009954-DFyC que: “...se procede... a la extracción de muestras, tomadas al azar, de las mercaderías y/o
productos que se encuentran listos para su venta minorista...”.
Que es dable señalar que las actas labradas por funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control
constituyen documentos públicos (Artículo 289 y concordantes del C.C.C.N.) y que es necesario tener en
cuenta que las actuaciones administrativas llevan ínsita la presunción iuris tantum de su legitimidad y
autenticidad. Ello no implica la inversión de la carga de la prueba, ya que, en virtud de las constancias del
acta, la infracción se encontraba probada y quien alegue lo contrario deberá cargar con la prueba de tales
asertos, no contrariando principios constitucionales, hecho que no se refleja en las actuaciones, toda vez
que el recurrente no ha aportado prueba en contrario alguna;
Que la recurrente indica también que no existen pruebas sobre la realización de publicidades, como
tampoco de que la mercadería se hallara en las góndolas a disposición del consumidor. Afirma de esta
forma que no se han dado los elementos del tipo infraccional previstos en el Artículo 11 del DNU 274/2019;
Que es dable aclarar, en primer lugar, que la firma no presentó factura para deslindar responsabilidad al
elaborador. En esa línea, el precepto legal descripto tipifica conductas formales de deslealtad que tienden
a falsear el contenido de una información para provocar error, engaño o confusión. La norma no
comprende únicamente la publicidad engañosa sino que abarca asimismo otros comportamientos que
persigan inducir a error a los potenciales interesados en adquirir un determinado producto o utilizar ciertos
servicios, tal como ocurrió en este caso mediante la disposición de las mercaderías en infracción, las que
se encontraban en el supermercado listas para su venta minorista (según se consignó en el Acta N°
0009954-DFyC) y cuyo etiquetado informaba un peso escurrido inferior al real, según resultó de los
análisis efectuados;
Que la finalidad del DNU N° 274/19 y concordantes es la protección del consumidor en su sentido más
amplio, lo cual implica asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones de
los bienes y servicios que le son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra y que ella se
corresponda con lo realmente suministrado. Por otro lado, busca que todos los proveedores de bienes y
servicios cumplan con las normas de comercialización vigentes, de forma tal de garantizar reglas claras en
las transacciones que se hacen efectivas en el mercado; hecho que no se constata en las actuaciones,
provocando de esta manera un claro engaño al consumidor;
Que como segundo agravio, indica la recurrente que la administración no justificó el cálculo de la multa
pretendida. Sobre el particular, el Artículo 57 del DNU 274/2019 dispone que las personas humanas o
jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este decreto y su reglamentación, serán pasibles de las
siguientes sanciones: ...b) Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES
(10.000.000) de Unidades Móviles. A los efectos del presente decreto, defínase a la “Unidad Móvil” como
unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido en la Ley N° 27.442, y será
actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o el indicador de
inflación oficial que lo reemplace en el futuro;
Que, a su vez, la Resolución N° 151 de fecha 18 de febrero de 2021 de la Secretaría de Comercio Interior
actualizó el valor de la unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia en la
suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 55,29). En consecuencia, la
sanción de multa prevista en el inciso b) del Artículo 57 del Régimen de Lealtad Comercial, que se
establece entre 1 y 10.000.000 Unidades Móviles, puede ir desde la suma de PESOS CINCUENTA Y
CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 55,29) hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL ($ 55.290.000,00);
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Que por lo antes dicho la multa aplicada a la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, por la suma de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) se encuentra sustancialmente cercana al mínimo legal aplicable,
concluyendo de esta forma que el argumento de la recurrente no encuentra razón suficiente que lo avale
en tal sentido;
Que la Resolución N° 852-EYE-2021 ha detallado en sus considerandos en forma clara y precisa el
derecho aplicable, puntualizando los antecedentes, dando tratamiento a las argumentaciones de la
empresa e indicando que la firma no se expide en relación al supuesto fáctico;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en
los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA
VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
33-50385092-9, contra la Resolución N° 852 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 09
de noviembre de 2021, por lo que la misma queda firme en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
10/04/2023 (1 Pub.)
