RESOLUCIONES
Decreto Nº 508
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 5 de abril de 2023
- Fecha de la norma
- 28 de marzo de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.839 · páginas 25–27
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 508
MENDOZA, 28 DE MARZO DE 2023
Visto el expediente N° EX–2022-04567153-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA MILLÁN, en su
carácter de Presidenta de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico en contra
de la Resolución Nº 801 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 06 de junio de 2022; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico
interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 67/22 dictada por la Dirección de
Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía, por violación al Artículo 11 del
Decreto N° 274/2019, prevista en el Artículo 54 Inciso b) del citado decreto;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que en la pieza administrativa Ex-2020-06018257-GDEMZA-DFYC#MEIYE rolan todos los antecedentes
que sirven de base a la cuestión planteada, mencionando que a orden 68 de dicha pieza administrativa se
incorporó la norma legal atacada en este Recurso incoado por la recurrente, norma legal N° 801-EyE-2020
de fecha 06 de junio de 2022 y a orden 67 la constancia de notificación de la misma;
Que desde el aspecto sustancial surge que la recurrente insiste en similares argumentos que los vertidos
en oportunidad de interponer el Recurso atacando la norma n° 67/22 emitida por el Director de
Fiscalización y Control de este Ministerio de Economía y Energía;
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que las defensas esgrimidas por la empresa en las instancias anteriores consistieron en afirmar la nulidad
del acta por vicio de voluntad de quien emitió el presente acto administrativo, indicando que el inspector no
ha valorado razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable;
Que su mercadería (producto) no se hallaba en venta al público en el supermercado y el inspector al no
aclarar en qué lugar de la góndola se ubicaba el mismo, conlleva esto a tener una duda razonable
respetando el principio in dubio pro administrado, más en este aspecto de carácter infraccional;
Que la sancionada no logró desvirtuar con prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción
constatada, pese a que pudo presentar descargo y ofrecer prueba;
Que el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de
una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el
hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días
de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde
efectuar su presentación. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del presente infractor copia de
lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos
constatados por la Autoridad de Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que,
en defensa de sus derechos o interese, pudieran aportar los administrados”;
Que no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de este. El acta fue
labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a
la quejosa surge evidente al consignar los antecedentes y las normas jurídicas violadas, así como se
advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir
prueba;
Que la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el
criterio sustentado en las resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente de
conformidad con el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, que indica: “Publicidad engañosa. Queda prohibida
la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes
u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades,
naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o
técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”;
Que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción
misma del sujeto para su configuración, son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su
apreciación es objetiva. Se configuran por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar la norma
(Sala II “Ford Argentina S.A. c/ Secretaría de Comercio e inversiones - DiSP’DNCI n° 364/99”, 2/11/2000)
(Cons. IX);
Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y
veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos. Siguiendo
esa temática, el decreto regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con
ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. El esquema de protección que
establece el Decreto Nº 274/19 se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos
por los sujetos obligados por la ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad
comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis
tampoco lo son;
Que en tal sentido, corresponde puntualizar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los
consumidores, sino la posibilidad de la existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y
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conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la
norma;
Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los
parámetros fijados por el Decreto Nº 274/19, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un
marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra
parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el
patrimonio de la infractora;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, por los argumentos expuestos en los
considerandos de este decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA MILLÁN, en su
carácter de Presidenta de MILLÁN S.A., CUIT Nº 33-50385092-9, contra la Resolución Nº 801 emitida por
el Ministerio de Economía y Energía en fecha 06 de junio de 2022, por lo que la misma queda firme en
todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
05/04/2023 (1 Pub.)
