RESOLUCIONES

Resolución Nº 53

Fecha de publicación
28 de marzo de 2023
Fecha de la norma
6 de febrero de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.833 · páginas 39–54
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 53 MENDOZA, 06 DE FEBRERO DE 2023 VISTO: El expediente EX-2021-02693582-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ caratulado “Miralles Oviedo Daniel Héctor C/ Autos del Sol S.A. - FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados", en el cual obran las actuaciones sumariales contra las firmas “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT 30-69223905-5, con domicilio en Carlos María Della Paolera 297, Piso 25, Buenos Aires, domicilio legal en calle San Lorenzo Nº 91 -Piso 2º Oficina 5º, Ciudad (5500), Mendoza y domicilio electrónico en notificaciones@bincimilone.com, y “AUTO DEL SOL S.A.” CUIT 30-69658772-4, con domicilio en calle Av. Centenario Nº 1001, San Isidro, Buenos Aires, y domicilio legal en calle Comandante Fossa Nº 4, Ciudad (5500), Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) IF-2021-02699529-GDEMZA- ICON#MGTYJ, rola denuncia interpuesta por el Sr. Miralles Oviedo Daniel Héctor, con DNI Nº 29.875.580, domicilio real declarado en calle Dorrego Nº 324, Godoy Cruz, Mendoza, y domicilio electrónico danielmiralles947@hotmail.com, contra las firmas “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT 30-69223905-5, y “AUTOS DEL SOL S.A.” CUIT 30-69658772-4, en virtud de que en el mes de Julio de 2017, la firma “AUTOS DEL SOL S.A.”, concesionaria de la marca Fiat, se contacta telefónicamente y le ofrece un plan de ahorro de la misma marca, de 84 cuotas sobre el rodado Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X2. Le indican que si entrega un 30% del valor en la tercera cuota le aseguran la adjudicación del mismo (inclusive recibían su vehículo usado a fin de cancelar dicho porcentaje, textualmente la alternativa ofrecida era “llave por llave”) y continuaría abonando el 70% restante. También le dicen que si paga cuotas VIP cuenta con la entrega asegurada y los gastos administrativos y de entrega bonificados y que el costo de las cuotas sería aproximadamente de $ 3.900,00. Cabe aclarar que sobre ésas condiciones el Sr. Miralles Oviedo Daniel brinda su consentimiento, proporcionando en consecuencia mediante aplicativo Whatsapp los datos de una tarjeta de crédito y DNI para que se procediera a los descuentos de las mismas, perfeccionando el contrato en los términos expuestos. Manifiesta el denunciante, que la concesionaria nunca le respetó la posibilidad de la entrega asegurada en la tercera cuota, a la modalidad de “llave por llave” y a desconocer el pago de las cuotas VIP (a pesar de que con ese concepto se debitó de la tarjeta de crédito). Por otro lado, advirte que los pagos se realizaban a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, lo que nunca se le informó. Reclama además, que la denunciada varió unilateralmente los términos del contrato celebrado entre las partes, tales como el aumento desmesurado en el monto de la cuota y la modificación del objeto contratado tras el cambio del modelo del rodado seleccionado e indicado previamente por el modelo Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X4, sin el consentimiento del Sr. Miralles Oviedo Daniel, menciona que ni siquiera lo informaron previamente al respecto. Agrega que mediante comunicaciones con un estudio de cobranza y personal de la concesionaria pretenden hacer valer cláusulas de un supuesto documento contractual que nunca firmó, por lo que responsabiliza a los denunciados por los ilícitos penales, civiles y administrativos que ocasione en el caso de que el instrumento en cuestión realmente exista y se hubiere falsificado su firma o bien usurpado su identidad. Que el Sr. Miralles Oviedo solicita la devolución de su dinero, realiza el reclamo ante las firmas denunciadas sin recibir una respuesta favorable. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que se dispone dar traslado de la denuncia incoada por el Sr. Miralles, a las firmas "FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" y “AUTOS DEL SOL S.A.” a fin de que tomen conocimiento de la misma y presenten propuesta y/o descargo en el plazo de diez (10) días hábiles. Que la firma "FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" presenta descargo, en el cual niega la comisión de infracción alguna. Informa como datos del Plan 13642-078 que el Sr. Miralles Oviedo Daniel es titular de un plan 70-30 DIP-Sellado pr. 18 ctas con la Solicitud N° 2597336, ingresada en fecha 31/07/2017 con el Concesionario “AUTO DEL SOL S.A.”. Que la unidad de ahorro que suscribió fue una TF3 Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X2 y la actual unidad de ahorro es una TF7 Fiat Toro Freedom 2.0 16V 4X4. Pertenece a un grupo Normal, no tiene cotitular. Que el avance del grupo es cuota n°21 y que adjudicó pero no ingresó pedido de la unidad por lo que se procedió a la baja: El Plan se encuentra "rescindido por rechazo renuncia" con fecha 27/12/2018. Que manifiesta que "si bien el plan se encuentra dado de baja, el grupo sigue vigente..., por lo que el precio de las alícuotas no se congelan por cese en la fabricación del bien -si así fuera no se podrían comprar unidades para las adjudicaciones nuevas, no alcanzaría e iría en contra de lo que es un plan de ahorro y del concepto de “valor móvil”, concepto base del plan-...Lo que paga el ahorrista mensualmente a lo largo de todo su plan de ahorro, adjudicado o no, es una parte del valor 0km de la unidad de ahorro al momento de cada cuota...Si no se actualizara el Valor Móvil de acuerdo al precio de los vehículos informado por la terminal fabricante, el sistema completo de plan de ahorro sería inviable, toda vez que la administradora no podría adquirir las unidades para ser entregadas a los adherentes aún no adjudicados, quienes verían frustrada la finalidad perseguida al adherir al sistema de ahorro previo..." Informa también, que no se le notificó de manera fehaciente la modificación de la unidad al Sr. Miralles Oviedo, dado que el valor móvil de la unidad de ahorro no resultó un incremento del 20% al momento de la discontinuación del bien tipo (artículo 12 de la Solicitud de Adhesión). Indica que "FCA no se hace responsable por las promesas y/o bonificaciones que hacen los agentes o concesionarios. Son ellos quienes deben responder por las mismas (artículo 3.1 de la Solicitud de Adhesión). Que en razón de lo mencionado por la firma "FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" se dispone emplazarla a fin de que adjunte la solicitud y contrato en cuestión, debidamente suscriptos por el denunciante. Siendo fehacientemente notificada, según D.E. IF-2021-05069459-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden n°18. Que la firma “AUTOS DEL SOL S.A.” niega todos y cada uno de los hechos denunciados por el Sr. Miralles Oviedo Daniel. Indica que "Auto del Sol SA, es agencia oficial de Fiat, y como tal se sujeta estrictamente a los parámetros operativos y de venta que la última define. En los casos de plan de autoahorro el contrato se celebra con FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados y el cliente (en este caso la denunciante); en tanto que mi mandante es un mero intermediario entre las partes..." A su vez, manifiesta no haber recibido el traslado de la denuncia. Que en virtud de lo expresado, se dispone enviar nuevamente el traslado de la denuncia según las constancias del D.E. IF-2021-05277867-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden n° 22. Cabe mencionar que la firma “AUTOS DEL SOL S.A.” no realiza presentación alguna. Que en razón de lo sucedido con las firmas denunciadas, se considera finalizada y fracasada la instancia conciliatoria. Que a raíz de ello, esta Dirección, dispone conforme D.E. PV-2022-00610574-GDEMZA-DDEFCO#MGTYJ de orden n° 24 la apertura de sumario para ambas firmas denunciadas. Para “AUTO DEL SOL S.A.” CUIT 30-69658772-4, se imputa infracción por presunta violación a los artículos 4° y 19° de la Ley N° 24.240 "por cuanto no surgen constancias de autos que acrediten haber brindado al consumidor denunciante una información en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales del “Plan de Ahorro FIAT solicitud Nº 2597336, ingresada por este Concesionario autorizado el 31/07/2017, número de grupo y orden 13642-078” sobre el rodado FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X2, que Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica comercializó con aquel, desplegando asimismo una deficiente prestación de servicio. Toda vez que este menciona haber recibido cierta información sobre el mismo y haber acordado que durante 84 meses/cuotas pagaría al Concesionario la suma de $3.900 a fin de adquirir el mencionado vehículo; que entregando el 30% del valor total en la tercera cuota se aseguraba la adjudicación del mismo inclusive recibiendo su vehículo usado como forma de pago y que abonando cuotas VIP contaba con la mencionada entrega asegurada y los gastos administrativos y gastos de entrega bonificados. Condiciones que no fueron respetadas y algunas modificadas sin su conocimiento y consentimiento, por cuanto se entera tras los primeros abonos que era FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados el acreedor y quien cumpliría con la entrega del bien; que el valor de la cuota de $3.900,00 que pagaría durante su vigencia se fue elevando con el pasar de los meses; que se procedió al cambio de modelo de la unidad objeto del contrato a uno doble tracción; no pudo obtener el bien en la tercer cuota tras querer cancelar el 30% o más del mismo; sin saber realmente a qué se refería con cuota VIP según lo expone. Circunstancias que denotan un desconocimiento del consumidor sobre el servicio y/o deficiente información al respecto brindada por el Concesionario. Sumado a que menciona que nunca se le entregó ni firmó contrato de adhesión alguno y sus condiciones ni la Administradora del Plan de Ahorro lo acompañó en autos a pesar de haber sido específicamente emplazada... Finalmente por presunta violación al artículo 34° de la Ley N° 24.240, toda vez que habiéndose concretado la operación con el consumidor a la distancia y a través de telecomunicación y medios electrónicos o similares (arts. 33° Ley N° 24.240 y 1105/1106 CCCN), no procedió a informar al consumidor en forma clara y notoria en todo documento que con motivo de venta la sea presentado que contaba con derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se celebre el contrato, sin responsabilidad alguna, de acuerdo prescripciones del artículo bajo imputación en cuestión y del art. 1110 CCCN." Siendo notificado fehacientemente en fecha 3 de febrero de 2022 según D.E. IF-2022-00713599-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ, de orden n° 27. Para “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT 30-69223905-5, se imputa infracción por presunta violación a los artículos 4°, 10° bis inc. c) y 19° de la Ley N° 24240 y al artículo 58° inc. d) de la Ley N° 5.547 "por cuanto no surgen constancias de autos que acrediten haber brindado al consumidor denunciante una información en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales del “Plan de Ahorro FIAT solicitud Nº 2597336, ingresada por este Concesionario autorizado el 31/07/2017, número de grupo y orden 13642-078” sobre el rodado FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X2, que comercializó con aquel a través de la Concesionaria Oficial habilitada a tal fin Auto del Sol S.A., desplegando asimismo una deficiente prestación de servicio. Toda vez que este menciona haber recibido cierta información sobre el mismo y haber acordado que durante 84 meses/cuotas pagaría al Concesionario la suma de $3.900 a fin de adquirir el mencionado vehículo; que entregando el 30% del valor total en la tercera cuota se aseguraba la adjudicación del mismo inclusive recibiendo su vehículo usado como forma de pago y que abonando cuotas VIP contaba con la mencionada entrega asegurada y los gastos administrativos y gastos de entrega bonificados. Condiciones que no fueron respetadas y algunas modificadas sin su conocimiento y consentimiento, por cuanto se entera tras los primeros abonos que era FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados el acreedor y quien cumpliría con la entrega del bien; que el valor de la cuota de $3.900,00 que pagaría durante su vigencia se fue elevando con el pasar de los meses; que se procedió al cambio de modelo de la unidad objeto del contrato a uno doble tracción; no pudo obtener el bien en la tercer cuota tras querer cancelar el 30% o más del mismo; sin saber realmente a qué se refería con cuota VIP según lo expone. Circunstancias que denotan un desconocimiento del consumidor sobre el servicio y/o deficiente información al respecto brindada por el Concesionario y la Administradora del Plan de Ahorro. Sumado a que menciona que nunca se le entregó ni firmó contrato de adhesión alguno y sus condiciones, ni la Administradora del Plan de Ahorro lo acompañó en autos a pesar de haber sido específicamente emplazada..., en presunta violación al art. 58 inc d) de la Ley 5.547 tras entenderse dicha postura como negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de este Organismo. Hechos que implican por parte del sumariado además de la presunta infracción a los arts. 4 y 19 de la Ley 24.240, un incumplimiento del contrato en los términos expuestos y por el cual el consumidor lo resuelve endilgando su culpa mediante misiva obrante en autos y emplazándola a que en el término de 15 días proceda a reintegrarle los valores abonados con más sus intereses legales de acuerdo a lo determinado por el C.C.C.N. desde la fecha de cada pago, con más los daños y perjuicios sufridos como consecuencia, según art. 10 bis inc. c) de la Ley 24.240, lo cual no se encuentra cumplimentado por FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Finalmente por presunta violación al art. 34 de la Ley 24.240, toda vez que habiéndose concretado la operación con el consumidor a la distancia y a través de telecomunicación y medios electrónicos o similares (arts. 33 Ley 24.240 y 1105 y 1106 CCCN), no procedió a informar al consumidor en forma clara y notoria en todo documento que con motivo de venta la sea presentado que contaba con derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se celebre el contrato, sin responsabilidad alguna, de acuerdo prescripciones del artículo bajo imputación en cuestión y del art. 1110 CCCN." Siendo notificado fehacientemente en fecha 3 de febrero de 2022 según D.E. IF-2022-00713626-GDEMZA-NOTIF#MGTYJ de orden n° 28. Que a orden nº 30, conforme D.E. IF-2022-01093738-GDEMZAMESAYAS#MGTYJ rola descargo presentado por la firma “AUTO DEL SOL S.A.” CUIT 30-69658772-4, en el cual señala que "es agencia oficial de FCA SA y como tal se sujeta a los parámetros operativos y de venta que ella decide. En los casos de plan de ahorro, el contrato se celebra entre FCA SA de Ahorro Para Fines Determinados y el cliente (en este caso el denunciante);" en tanto el Concesionario es un mero intermediario entre las partes. Las normas son autorizadas por la entidad de contralor correspondiente, la IGJ. Expresa también, que todo lo expuesto por el denunciante debe estar debidamente acreditado, porque no resulta plausible invertir la carga probatoria. Que no puede imputarse por no haber cumplido con lo previsto en el artículo 4°, sólo con dichos del consumidor, siendo que en el contrato suscripto entre las partes se encuentran establecidas las condiciones generales. Que respecto de los artículos 19° y 34° de la Ley N° 24.240, considera que son improcedentes ya que se le informó al denunciante las condiciones del plan, sin perjuicio que se encuentra establecido en el contrato. Aclara que el vendedor informa el pedido del plan de ahorro, personal de la concesionaria y la administradora del plan de ahorro verifican ello, para luego ser enviado mediante correo el contrato de adhesión y/o suscripción dado la distancia. Todo se informa y el cliente presta su conformidad. Son los vendedores quienes envían el correspondiente contrato mediante el medio que consideran y una vez firmado el mismo y al ser devuelto firmado mediante el mismo medio los vendedores se los entregan firmados a sus jefes/gerentes de equipo, quienes son responsables de entregarlos dentro del área administradora del plan; es decir queda una copia en poder del cliente y la otra en poder de la administradora. En ese mismo contrato figura que la administradora resulta ser FCA SA de ahorro para fines determinados. Manifiesta que todo lo relativo a la composición de la cuota (montos y conceptos) se encuentra a cargo de la administradora del plan. No obstante siempre se le aclara al cliente que el valor de las cuotas van acorde en relación al valor de la unidad, que no es establecida de ninguna manera por AUTO DEL SOL S.A. Dada la situación económica del país que nos encontramos atravesando, resulta ser de público conocimiento, que hubo un aumento en el valor de las unidades, es por ello que las cuotas fueron variando. Que en el contrato están establecido los pasos a seguir para la entrega de la unidad. En el art. 6 se establece las distintas formas de adjudicación que es mediante sorteo o licitación, y una vez resultado ganador se deben cumplir las condiciones generales establecidas en el art. 7 Que para la entrega de la unidad usada, expone que ofrece tomar como parte de pago el usado dándole un valor estimativo en ese momento y aclarando que debe tasarse al momento de adjudicar. Se le aclara y explica el procedimiento, es decir que llegado el momento debe presentarse en la firma a los fines de corroborar estado de unidad y confirmar valuación a esa fecha. Nada de ello ocurrió en el presente caso, por lo que no existió incumplimiento del concesionario. Que finalmente solicita se disponga el sobreseimiento del sumario a la firma "AUTO DEL SOL S.A." y se disponga el archivo de las actuaciones. Adjunta imágenes tomadas de una solicitud de adhesión y contrato de plan de ahorro en relación a las cláusulas indicadas en su defensa sin que se encuentren firmadas por el denunciante o persona alguna inclusive. Que a orden nº 32, conforme D.E. IF-2022-01493336-GDEMZASDLEG#MGTYJ, rola descargo presentado por la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, en donde señala que rechaza la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica imputación, planteando en primera medida la incompetencia de esta Dirección para entender en el asunto en razón de la inexistencia de relación de consumo. Por cuanto no se encuentran acreditados los elementos propios de la relación de consumo, sin explicar fundadamente como los hechos se subsumen en aquella. Que "no se conoce y la omisión del organismo tampoco lo permite, cuáles son, concretamente, los hechos y circunstancias que le permitieron inferir que el denunciante supuestamente actuó en carácter de “destinatario final”. Que expresa también que "...el organismo interviniente parece presumir, excepto que se pruebe lo contrario, que cualquier denunciante, o al menos el Sr. Miralles Oviedo, es calificable como “consumidor”. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no contempla una presunción respecto del carácter de “consumidor”, por lo que para proceder a esta calificación y tornar aplicable, en consecuencia, la ley 24.240 es necesario alegar y probar, con suficiencia, los distintos extremos fácticos que permitan tener por configurados los requerimientos plasmados por el régimen legal. En definitiva, los datos necesarios para tener por acreditada la existencia de una “relación de consumo” no han sido introducidos al procedimiento y, por tanto, no es posible obrar, válidamente, sobre ellos. Que esta circunstancia, por sí misma, es suficiente para dejar sin efecto la cuestionada imputación y ordenar el archivo de las presentes actuaciones, lo que así se solicita. Que “son nulos los actos dictados con incompetencia, tanto en razón de la materia, del territorio, del tiempo y del grado” (HUTCHINSON, Tomás; “Régimen de procedimientos administrativos”; 8ª adición actualizada y ampliada; Astrea; página 131). Que ello basta, como se dijo, para declarar la nulidad del auto de imputación, lo que así se solicita. Que en segundo lugar plantea vicio en la causa del acto administrativo. Que la doctrina señala que “la ´causa´ que funda el dictado de un acto administrativo son las ´circunstancias de hecho y de derecho ´ que motivan su emisión y, según la PTN, no puede ser ´discrecional´, porque debe hallarse referida a circunstancias perfectamente verificables” (COMADIRA, Julio Rodolfo; “Curso de derecho administrativo”; 1era ed.; Buenos Aires; Abeledo Perrot; 2012; página 400). Así también vicio en la motivación del acto administrativo sancionador. Que se ha afirmado que “… la falta de fundamentación implica no sólo vicio de forma sino también y principalmente, vicio de arbitrariedad…” (GORDILLO Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo. El Acto Administrativo”, Buenos Aires, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, vol 3,), agregándose que “…en cada caso será indispensable explicar clara y acabadamente, exhaustivamente, cuáles son los hechos probados, cuál es su prueba, qué valoración reciben, qué relación existe entre tales hechos y lo que el acto dispone, qué normas concretas son las que se aplican al caso (no bastando, según quedó dicho, la genérica invocación de una ley) y por qué se las aplica, etc. Esto demuestra que la fundamentación o motivación no es un problema de forma, sino de fondo y que su presencia u omisión no se puede juzgar desde un punto de vista formal pues hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión…” (GORDILLO… Ob. cit.). Que de una simple lectura a la imputación notificada, puede observarse que la dependencia actuante se limitó a resumir los hechos denunciados por el requirente, tomando como ciertas todas sus manifestaciones y a transcribir artículos de la ley 24.240 y cierta jurisprudencia. Sin embargo, la dependencia no brindó explicación alguna de cómo lo relatado por el denunciante (a quién se creyó sin más trámite y sin prueba alguna) implicaría que esta sociedad habría incumplido sus obligaciones. Tampoco explicó de qué manera la jurisprudencia citada resultaría aplicable al caso de autos. Esta parte considera que dicha imputación carece de motivación en tanto la dependencia no explicó: i. Por qué motivos consideró que el denunciante resultaría calificable, supuestamente, en este caso, como “consumidor”. ii. Por qué motivos juzgó que lo manifestado por el requirente se correspondía con lo que efectivamente sucedió sin solicitarle ni producir prueba alguna al respecto. iii. En general, cómo y por qué esta sociedad infringió las normas por las que fue imputada. Véase que en efecto la dependencia actuante se limitó a mencionar los artículos que pretenden imputarse a esta parte. Que, en consecuencia, esta parte sostiene que el auto de imputación adolece de un vicio en su motivación y que, por tanto, debe ser declarado nulo. Que respecto a la imputación por una supuesta infracción al artículo 4° de la Ley N° 24.240, señala que "...no indicó, concreta y específicamente, cuál fue la información que esta sociedad habría omitido suministrar. Es decir, la dependencia actuante se limitó a señalar, livianamente y tomando como ciertas sin más trámite las declaraciones del denunciante, que esta parte habría incumplido sus obligaciones Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica contractuales y legales; circunstancia que resulta insuficiente para tener por acreditada la infracción que se le imputa..." Añade que la imputación se ha apoyado en el artículo 4 de la ley 24.240, que se encuentra derogado. Que el decreto de necesidad y urgencia 27/2018 de “desburocratización y simplificación” sustituyó, a través de su artículo 169, el artículo 4 de la ley 24.240. Recuérdese que aquel dispuso “sustitúyase el artículo 4° de la Ley N° 24.240, por el siguiente: ´ARTÍCULO 4º.- Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en el soporte que el proveedor determine, salvo que el consumidor opte por el soporte físico. En caso de no encontrarse determinado el soporte, este deberá ser electrónico´”. Posteriormente, el artículo 134 de la ley 27.444 estableció “deróganse los capítulos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX, XXI, y XXII del decreto de necesidad y urgencia 27/18 del 10 de enero del corriente”. El artículo 139 del decreto de necesidad y urgencia 27/2018, en tanto se encontraba contenido en el capítulo XXII de este último, fue derogado por el artículo 134 de la ley 27.444. Por lo tanto, el artículo 4 de la ley 24.240 sufrió derogaciones sucesivas y, como no se dispuso un nuevo texto para dicha norma, esta fue derogada. Que, al respecto, el Manual de Técnica Legislativa, elaborado en el marco del proyecto “Digesto Jurídico Argentino”, aprobado por la ley 24.967, dispone, en el numeral 69, que “REVIVIFICACIÓN. Si se pretende hacer revivir una disposición abrogada o derogada, no es suficiente derogar la disposición abrogatoria o derogativa, sino que es necesario especificar expresamente tal intención” (el destacado es propio de esta presentación). Tal como se indicó, el artículo 134 de la ley 27.444 se limitó a derogar, entre otras disposiciones, el artículo 4 de la ley 24.240, sin disponer un nuevo contenido para este último. En consecuencia, dicha norma ha sido derogada. La jurisprudencia, por su parte, ha adoptado el mismo temperamento. A modo meramente ejemplificativo, recuérdese que se ha señalado que “la abrogación de una norma abrogante no tiene la función de volver a su anterior estado a la norma abrogada por esta última, salvo que se disponga expresamente para tal caso” (Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, in re “Charra, Miguel R. c. Fontana, Giusepe”, D.T. 986-A, 192-DJBA, 129-881; Buenos Aires, Mayo 7- 985; el destacado es propio de esta presentación). La doctrina más autorizada afirma que “por más que el art. 169 del DNU fue ahora derogado y, entonces, dejó de pertenecer al sistema jurídico actual, este acto no impacta en el anterior art. 4º de la LDC (según la ley 27.250) que fue eliminado oportunamente del sistema anterior (sistema al que pertenecía el DNU). Consecuentemente, esta norma anterior no revivificó…por todo lo expuesto, concluimos que la LSD no revivificó el art. 4º de la LDS (según ley 27.250), y, por lo tanto, este artículo se encuentra derogado” (IRIGOYEN TESTA, Matías; “Deber de Información:Derogación del artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor”; publicado en La Ley; 28.11.2018; el destacado es propio de esta presentación). Que en el mismo sentido, se ha manifestado que “la derogación del art. 4º, LDC, en la versión del decreto de Desburocratización y Simplificación, no trajo aparejada consigo de manera automática la "resurrección" del art. 4º según ley 27.250. Esto porque el art. 134 de la ley 27.444 nada dispuso sobre el punto, limitándose simplemente a derogar contenidos del decreto 27/2018, pero sin advertir que mediante la técnica legislativa utilizada se dejaba a la LDC sin art. 4º (en cualquiera de sus versiones)” (CHAMATROPULOS, Demetrio Alejandro, "Estatuto del Consumidor Comentado" Tomo I, 2da. Edición, Actualizada y ampliada. La Ley, Buenos Aires, 2019). En consecuencia, ley, doctrina y jurisprudencia permiten sostener que, en derecho, con rigor técnicojurídico, el artículo 4 de la ley 24.240 ha sido derogado; es decir, no se encuentra vigente y, por tanto, no pertenece al ordenamiento jurídico argentino, por lo que no puede constituir el sustento de una imputación ni de una sanción. Que, "en cuanto a la imputación por la supuesta violación al artículo 19, no se ha expresado cuál habría sido la modalidad, término, plazo, etc., que esta sociedad no habría respetado. En efecto, tan solo se la imputa por una violación a un supuesto deber de seguridad. Sin embargo, debe considerarse que, en primer lugar, ello no es lo que refiere el artículo 19. En segundo lugar, que no se ha acreditado que esta sociedad haya sido la que habría enviado el correo electrónico solicitando el pago en cuestión y, en tercer lugar, que el denunciante no ha acreditado al menos la existencia de los mismos, por lo que debe desestimarse la imputación en cuestión." Que plantea la ausencia de pruebas que acrediten las infracciones imputadas. Que, "a pesar de que la carga de la prueba pesa sobre el organismo interviniente, no se ha desplegado en autos esfuerzo Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica probatorio alguno." Que reitera que dicha sociedad no ha cometido infracción alguna. Que más allá de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar que "la realidad de los hechos es diferente a la relatada en la imputación, que ha omitido tener en consideración los ofrecimientos realizados y las actitudes de las partes. Y que, como podrá verse, no corresponde la imputación efectuada porque no se ha infringido deber alguno, ni contractual ni legal. En efecto, según surge de los registros de esta sociedad, y como ha sido informado en la presentación oportunamente realizada por esta parte –la cual ha sido desoída por la autoridad de aplicación-: primeramente cabe informar que el denunciante es titular de un plan “70-30” por solicitud N° 2597336 ingresada en 31/07/2017 por el Concesionario AUTO DEL SOL S.A., que se encuentra rescindido desde el 27/12/2018. Si bien el aquí denunciante ha adjudicado por sorteo en el mes de octubre de 2018, la misma se dio de baja en virtud de incumplimiento por parte del propio Sr. Miralles Oviedo ante los requisitos establecidos por los art. 6, 7 y 8 de la Solicitud de Adhesión –contrato oportunamente suscripto por el adherente-. Actualmente el grupo se encuentra en avance de cuota N°55, restando aun el devengamiento de 29 cuotas para la finalización del plazo de vigencia del mismo. Ello en virtud de que la Sociedad Administradora ha procedido de conformidad con lo establecido en el art. 12 del contrato suscripto, por cambio en el bien tipo. Ahora bien, con respecto al reclamo efectuado sobre una supuesta promesa con respecto al cobro de alícuotas fijas, cabe informar que la Solicitud de Adhesión establece expresamente que las cuotas serán en base a un “valor móvil”, el cual se encuentra definido en los arts. 1.7, y 5.3 de dicho contrato. Asimismo, en tanto esta sociedad considera que no existen en el presente caso circunstancias de hecho ni de derecho que justifiquen una imputación a su respecto...". Que esgrime la falta de responsabilidad con respecto a lo informado por el concesionario. Que tal como surge del propio relato realizado por el denunciante- quien habría realizado las supuestas promesas relativas a un monto fijo de alícuotas no fue FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS sino la concesionaria interviniente en la contratación del plan. De todo lo expuesto, resulta evidente que esta sociedad no asumió los compromisos que el requirente mencionó con respecto al congelamiento de cuotas llamado “cuota VIP” –circunstancia inexistente en el contrato de FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS-, y menos ha aceptado tomar como parte de pago del plan el vehículo usado del denunciante. En efecto, esta parte únicamente asumió las obligaciones correspondientes al contrato suscripto. En tal sentido, esta sociedad destaca que el artículo 3.1 del contrato de ahorro firmado por el denunciante dispone que “Son nulas todas y cada una de las bonificaciones y compromisos que se otorguen o comprometan los concesionarios (…) respecto de la administradora”. A su vez, ese mismo artículo dispone a su vez que “los concesionarios (…) no se encuentran autorizados a cobrar el importe de las cuotas ni recibir importe alguno de los adherentes o adjudicatarios, por conceptos vinculados al plan de ahorro”. Es decir, que las concesionarias no se encuentran habilitadas a recibir vehículos usados como parte de pago ni a realizar promesas por fuera del contrato de ahorro, circunstancia que le fue informada al denunciante en el momento de firmar el contrato de ahorro previo. Que se pone de resalto que dicha información se encuentra contenida en el contrato de ahorro previo y ha sido destacada en negrita y color rojo. El propio contrato de adhesión, plenamente válido prevé específicamente que si se pretende que esta sociedad asuma los compromisos del concesionario, se deben denunciar fehacientemente por escrito en un plazo de 30 días desde la suscripción del contrato. El denunciante no ha cumplido con dicha carga, dado que no ha denunciado por escrito, en un plazo de 30 días desde la suscripción del contrato, los supuestos compromisos que el concesionario habría asumido. Ello exhibe que esta sociedad se encontraba completamente al margen de dichos ofrecimientos y que por lo tanto no puede considerarse que esta sociedad los haya asumido. Tampoco que deba responder solidariamente por los mismos. Ofrece prueba informativa a la IGJE y pericial contable. Que del análisis de las presentes actuaciones y del descargo presentado por la firma AUTO DEL SOL S.A., como bien lo expone AUTO DEL SOL S.A., resulta su actuar el de intermediario entre la Administradora del Plan de Ahorro y el consumidor. Y en tal función, es quien ofrece el mismo a este último y quien, en consecuencia, debe cumplir en primer lugar con los lineamientos determinados en la legislación consumeril. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que uno de los preceptos más relevantes, el deber de información. Circunstancias que determinan sin más un consentimiento debidamente formado de parte del consumidor. Disponiendo el art. 4° de la Ley N° 24.240 que es el proveedor quien carga con dicha obligación y por ende quien debe acreditar en la relación de consumo el cumplimiento de la manda a fin de desobligarse al respecto, desbaratando así la postura del consumidor en pugna con lo que habría informado el proveedor al respecto. Que en el caso bajo análisis, no solo que la sumariada –Auto del Sol SA- no logra desacreditar la información precontractual que dice el consumidor haber recibido sino que tampoco logra acreditar aquella que alega haber proporcionado, inclusive acreditable con el documento que menciona habérsele remitido y suscripto el denunciante, el cual tampoco adjunta en auto. Sin que implique ello bajo ningún aspecto invertir carga probatoria alguna o colocar a la firma AUTO DEL SOL S.A. en la posición de tener que producir prueba imposible. Sino básicamente que acredite aquella circunstancia que alega, que la ley le impone y para la cual se encuentra en mejores condiciones de probar en virtud de su posición de profesional en la relación en cuestión. Que, si dice que se le envió al consumidor y este así firmó y retornó al Concesionario un documento por escrito que acredita la contratación del plan de ahorro mencionado, no tiene más que, simplemente, adjuntar el mismo para desterrar los dichos de aquel, dar por cumplimentada la prescripción legal del deber de información –en los términos del art. 4° de la Ley N° 24.240- hacia el denunciante y oponerle las condiciones contractuales así pactadas. Lo cual no ha sucedido en autos. Todas aquellas circunstancias que menciona el Concesionario se le habrían informado al consumidor –ya sea aquellas propias de la administradora del plan de ahorro como las suyas-, no se encuentran acreditado en la causa que fuera así. Lo que implica que no pueda exigírsele al consumidor un actuar al que no se obligó. No resultando por otro lado ilógico el planteo formulado por este último relativo a las condiciones que se le habría informado previo a realizar pago alguno que dieran origen al cumplimiento por su parte a dicho contrato. Que por otro lado, habiéndose concretado la operación con el consumidor a la distancia y a través de telecomunicación y medios electrónicos o similares (arts. 33 Ley 24.240 y 1105 y 1106 CCCN), tampoco acredita la sumariada en cuestión haber informado al consumidor en forma clara y notoria en todo documento que con motivo de venta la sea presentado que contaba con derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se celebre el contrato, sin responsabilidad alguna, de acuerdo prescripciones del artículo bajo imputación en cuestión y del art. 1110 CCCN. Que todo lo expuesto permite concluir que la sumariada Auto del Sol SA efectivamente incumplió los artículos 4º, 19º de la Ley N° 24.240, por cuanto no surgen constancias de autos que acrediten haber brindado al Sr. Miralles Oviedo Daniel Héctor una información en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales del “Plan de Ahorro FIAT solicitud Nº 2597336, ingresada por este Concesionario autorizado el 31/07/2017, número de grupo y orden 13642-078” sobre el rodado FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X2, que comercializó con aquel y se le pretende oponer al consumidor, desplegando asimismo una deficiente prestación de servicio. Toda vez que este menciona haber recibido cierta información sobre el mismo y haber acordado que durante 84 meses/cuotas pagaría al Concesionario la suma de $3.900 a fin de adquirir el mencionado vehículo; que entregando el 30% del valor total en la tercera cuota se aseguraba la adjudicación del mismo inclusive recibiendo su vehículo usado como forma de pago y que abonando cuotas VIP contaba con la mencionada entrega asegurada y los gastos administrativos y gastos de entrega bonificados. Condiciones que no fueron respetadas y algunas modificadas sin su conocimiento y consentimiento, por cuanto se entera tras los primeros abonos que era FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados el acreedor y quien cumpliría con la entrega del bien; que el valor de la cuota de $3.900,00 que pagaría durante su vigencia se fue elevando con el pasar de los meses; que se procedió al cambio de modelo de la unidad objeto del contrato a uno doble tracción; no pudo obtener el bien en la tercer cuota tras querer cancelar el 30% o más del mismo; sin saber realmente a qué se refería con cuota VIP según lo expone. Circunstancias que denotan un desconocimiento del consumidor sobre el servicio y/o deficiente información al respecto brindada por el Concesionario. Sumado a que menciona que nunca se le entregó ni firmó contrato de adhesión alguno y Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica sus condiciones, ni la Administradora del Plan de Ahorro y/o la Concesionaria lo acompañó en autos, a pesar de haber sido específicamente emplazada a tal fin mediante correo electrónico remitido por esta Dirección. Hechos que implican por parte de la firma sumariada la presunta infracción a los artículos 4° y 19° de la Ley N° 24.240. Que por la violación al art. 34° de la Ley N° 24.240, toda vez que habiéndose concretado la operación con el consumidor a la distancia y a través de telecomunicación y medios electrónicos o similares (arts. 33 Ley 24.240 y 1105 y 1106 CCCN), no procedió a informar al consumidor en forma clara y notoria en todo documento que con motivo de venta la sea presentado que contaba con derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se celebre el contrato, sin responsabilidad alguna, de acuerdo prescripciones del artículo bajo imputación en cuestión y del art. 1110 CCCN. Que respecto a lo presentado por la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, en cuanto al planteo de incompetencia de esta Dirección por no revestir el denunciante rol de consumidor según la Ley N° 24.240, es importante mencionar en primera medida que la sumariada no aporta prueba alguna que justifique su postura a pesar de la posición que reviste en la relación de consumo como por ejemplo la contratación de parte del denunciante de numerosos planes de ahorro que permita deducir su calidad de proveedor o bien que el fin para el cual estuviera destinado el rodado que contrató – aunque nunca recibió- no sea destino o consumo final. No obstante ello, de consultas en AFIP, surge que el denunciante presenta una categoría “A” como monotributista y una actividad de SERVICIOS PERSONALES N.C.P. (en esta sección incluye AFIP según http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/rg_afip_0485_f150_p01.htm la recolección de basura, desperdicios y desechos, así como su transporte y eliminación. También comprende el barrido y la limpieza de calles, caminos, etc. Además incluye las actividades de organizaciones empresariales, profesionales, de sindicatos, empleadores y las organizaciones religiosas y políticas. También se clasifican los servicios de diversión, esparcimiento y culturales que comprenden las actividades relacionadas con espectáculos, películas cinematográficas, videos, radio, televisión, obras teatrales y musicales, servicios de agencias de noticias, bibliotecas, museos, actividades deportivas, salones de juegos, etc. Por último, completan esta sección los servicios de lavandería y los servicios personales directos tales como belleza, estética corporal, etc.) de lo que se desprende la no inserción ya sea del plan de ahorro o bien del vehículo que se contrató en una cadena de comercialización. Por lo que corresponde desestimar el planteo de incompetencia de esta Dirección por falta de configuración en el denunciante de los requisitos legales de “consumidor”. Que en cuanto al planteo de vicio en la causa del acto administrativo y vicio en la motivación del acto administrativo de imputación, corresponde el rechazo de los mismos por las siguientes razones; esta Dirección no se limitó a resumir los hechos denunciados por el consumidor y a transcribir artículos –todo lo contrario- y jurisprudencia –no hay cita alguna al respecto- como lo expone la denunciada en cuestión. La imputación se encuentra correctamente motivada y fundada con expresa vinculación a los hechos suscitados y con relación a la prueba obrante en autos o bien sobre aquella exigida a las denunciadas sin que las mismas la aportaran al procedimiento. Al punto tal que permite a la sumariada a defenderse según argumentaciones posteriores, por lo que mucho menos afecta su derecho adjetivo de “defensa en juicio”. Que en cuanto al deber de información, esta Dirección no se limita a transcribir el art. 4º de la Ley N° 24.240 como lo expone la sumariada, de hecho ni siquiera lo hace. No solo ello sino que se encuentra correctamente determinado cual es la información que no se le brindó, ni más ni menos aquella en la que pretende escudarse, a saber, las condiciones del supuesto documento contrato de plan de ahorro que el denunciante manifiesta nunca haber suscripto y que las denunciadas no han acompañado tampoco en autos. Siendo que la que se brindó es la que el denunciante expone y presenta razonabilidad de acuerdo a las pruebas instrumentales obrantes en la causa, la cual no ha sido desvirtuada por los proveedores a pesar de su rol en la relación de consumo y la obligación legalmente impuesta. Que respecto a que el art. 4º se encuentra derogado en virtud del razonamiento esgrimido –al cual me remito en honor a la brevedad-, es importante destacar que la propia sumariada reseña previamente su Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica texto vigente y, contrariando sus propios actos, luego dice que el mismo está abrogado. Que no obstante ello, sería un absurdo decir que no existe deber de información en la relación de consumo en base a la alegada derogación cuando el principio tiene reconocimiento constitucional (art.42° CN) y se encuentra a la vez normado en el art. 40° de la Ley Provincial N° 5547. Por otro lado, respecto al art. 4° de la Ley N° 24.240, La Comisión de Defensa del Consumidor del Usuario y la Competencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, elevó en fecha 20/11/2018 nota al Jefe de Gabinetes de Ministros, Marco Peña, por la cual manifestaron que es voluntad de los legisladores que en el texto actualizado de la Ley 24.240 publicado en forma oficial por el Ministerio de Justicia, se reponga su artículo 4, según fuera modificado por la ley 27.250, transcribiendo el mismo –que coincide con su actual redacción-. Fundando la posición en el trámite parlamentario que se diera al tratamiento del DNU 27/2018, derogado en la parte pertinente por la ley 27.442, solicitando en consecuencia se ordene al Ministerio de Justicia ajuste la publicación de Infoleg según lo expuesto. Lo que viene a zanjar la disquisición generada a raíz de las derogaciones que ha sufrido dicha normativa, implicando que derogándose la normativa que derogó el mismo, vuelve la vigencia del texto previo. Que en lo que respecta a la defensa de la infracción al art. 19º, se encuentra correctamente determinado cuales son las disposiciones que se encuentran incumplidas, generando una deficiente prestación del servicio. Nada se dice de un deber de seguridad o remisión de correo electrónico como lo alega la denunciada. Que por último, plantea la sumariada que esta Dirección ha omitido tener en consideración los ofrecimientos realizados y las actitudes de las partes, cuando no surge de autos ofrecimiento alguno – todo lo contrario- y la actitud ha sido siempre rechazando el válido planteo del consumidor, sin aportar el documento contractual del plan de ahorro debidamente suscripto por el consumidor, que acreditaría su postura y todas las cláusulas y condiciones que pretende oponer frente a aquel y por sobre aquella razonable planteada por el consumidor. Inclusive aquellas ofertadas por el Concesionario en una teoría de la apariencia de un agente de venta de plan de ahorro oficial. Resultando, por lo tanto, innecesario producir la prueba ofrecida por la administradora del plan de ahorro. Que todo lo expuesto permite concluir que la sumariada FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS incumplió los artículos 4°, 10° bis inc. c), 19° de la Ley N° 24240 y artículo 58° inc. d) de la Ley Provincial N° 5.547 por cuanto no surgen constancias de autos que acrediten haber brindado al consumidor denunciante una información en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características esenciales del “Plan de Ahorro FIAT solicitud Nº 2597336, ingresada por este Concesionario autorizado el 31/07/2017, número de grupo y orden 13642-078” sobre el rodado FIAT TORO FREEDOM 2.0 16V 4X2, que comercializó con aquel a través de la Concesionaria Oficial habilitada a tal fin Auto del Sol S.A. y pretende oponérselo, desplegando asimismo una deficiente prestación de servicio. Toda vez que este menciona haber recibido cierta información sobre el mismo y haber acordado que durante 84 meses/cuotas pagaría al Concesionario la suma de $3.900 a fin de adquirir el mencionado vehículo; que entregando el 30% del valor total en la tercera cuota se aseguraba la adjudicación del mismo inclusive recibiendo su vehículo usado como forma de pago y que abonando cuotas VIP contaba con la mencionada entrega asegurada y los gastos administrativos y gastos de entrega bonificados. Condiciones que no fueron respetadas y algunas modificadas sin su conocimiento y consentimiento, por cuanto se entera tras los primeros abonos que era FCA S.A. de Ahorro Para Fines Determinados el acreedor y quien cumpliría con la entrega del bien; que el valor de la cuota de $3.900,00 que pagaría durante su vigencia se fue elevando con el pasar de los meses; que se procedió al cambio de modelo de la unidad objeto del contrato a uno doble tracción; no pudo obtener el bien en la tercer cuota tras querer cancelar el 30% o más del mismo; sin saber realmente a qué se refería con cuota VIP según lo expone. Circunstancias que denotan un desconocimiento del consumidor sobre el servicio y/o deficiente información al respecto brindada por el Concesionario y la Administradora del Plan de Ahorro. Que ello sumado a que menciona que nunca se le entregó ni firmó contrato de adhesión alguno y sus condiciones, ni la Administradora del Plan de Ahorro y/o la Concesionaria lo acompañó en autos a pesar Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica de haber sido específicamente emplazada a tal fin mediante correo electrónico remitido por esta Dirección, en presunta violación al art. 58° inc d) de la Ley N° 5.547 tras entenderse dicha postura como negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de este Organismo. Hechos que implican por parte del sumariado además de la presunta infracción a los arts. 4° y 19° de la Ley N° 24.240, un incumplimiento del contrato en los términos expuestos y por el cual el consumidor lo resuelve endilgando su culpa mediante misiva obrante en autos y emplazándola a que en el término de 15 días proceda a reintegrarle los valores abonados con más sus intereses legales de acuerdo a lo determinado por el C.C.C.N. desde la fecha de cada pago, con más los daños y perjuicios sufridos como consecuencia, según art. 10 bis inc. c) de la Ley 24.240, lo cual no se encuentra cumplimentado por FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados. Que finalmente por presunta violación al art. 34° de la Ley N° 24.240, toda vez que habiéndose concretado la operación con el consumidor a la distancia y a través de telecomunicación y medios electrónicos o similares (arts. 33 Ley 24.240 y 1105 y 1106 CCCN), no procedió a informar al consumidor en forma clara y notoria en todo documento que con motivo de venta la sea presentado que contaba con derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se celebre el contrato, sin responsabilidad alguna, de acuerdo prescripciones del artículo bajo imputación en cuestión y del art. 1110 CCCN. Que el artículo 4° de la Ley 24.240 reza que: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte física, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición....”. Que se debe tener presente que la obligación de informar, al decir de Santarelli, “es menester entenderla dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas. Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su derecho se derivan de determinada cláusula.” El deber de informar es un deber que incumbe a todo experto ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de deber-derecho, según la perspectiva que se adopte.” (Ricardo Luis Lorenzetti, CONSUMIDORES, Rubinzal y Culzoni, Editores). Que también es importante resaltar que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional luego de la reforma del año 1.994, expresando el Art. 42 de la Carta Magna “…los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y veraz...”. Y también ha sido consagrada en nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto, no podemos desconocer este principio elemental en la relación de consumo, que permite elecciones de consumo fundadas y racionales y permite, también, una utilización adecuada del producto o servicio contratado, ya sea que se trate del derecho a la salud y seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales. Que el artículo 10° bis indica que "El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a:....c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato..." (La negrita es propia) Que por su parte, el artículo 19º de la Ley N° 24.240 dispone que: “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.” Que Dice Javier Wajntraub “El cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido no es una Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica opción para el proveedor; se trata de circunstancias que deben acoplarse, en función de que es la única solución que se ajusta a los criterios de la ley (valor vinculante de las ofertas inclusión contractual de precisiones publicitarias, solución más favorable para el consumidor en caso de dudas en la interpretación del contrato etc)” (Ley de Defensa del Consumidor). Que por su parte el artículo 34º de la ley Nº 24.240 dispone “…Revocación de aceptación. En los casos previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada. El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria. El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por cuenta de este último..." Que no se puede desconocer las obligaciones asumidas y se debe actuar en consecuencia con la confianza generada en virtud de la apariencia ya que ello tiende a la estabilidad, a la armonía de las relaciones y por sobre todo reafirma la buena fe, principio básico de todo vínculo jurídico. Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal, prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que tenga su autor. Que el artículo 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de aplicación indique. Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de las sumariadas en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos. Que en el caso de marras, debe tenerse en cuenta lo que la propia denunciada informa a través de su página web https://www.autodelsol.com/quienes_somos/ “…Auto del Sol comenzó a operar como concesionario oficial el 15 de marzo de 1999, con la apertura de su casa Central en San Isidro, en la Provincia de Buenos Aires, comercializando la línea Fiat. Ofreciendo servicios de asesoramiento y un amplio abanico para una excelente atención postventa del cliente. Auto del Sol mantiene un compromiso de calidad y garantía, a través de la implementación de su Sistema de Compra Segura, Respaldo Total, con coberturas y promociones desde la preventa, venta, postventa y la futura adquisición de su auto. Asimismo mantiene un alto perfil de venta y servicios a través de la capacitación constante de su personal, traduciéndose en una excelente atención al cliente. Auto del Sol logró una alto impacto en la zona norte aumentando la participación de la marca Fiat en pocos meses Auto del Sol es parte integrante del grupo económico automotor más importante de todo el país. Por medio de sus constantes campañas y la preocupación por las necesidades y satisfacción del cliente, implementó los sistemas Auto del Sol Estudiantil, Fast Box Fiat Auto del Sol, Bonos Auto del Sol, excelentes acciones promocionales y de marketing beneficiando al comprador y diversos convenios con distintas entidades crediticias y bancarias para la mejor financiación de su automóvil Por todo esto Ud. encontrará, la mejor opción para la compra de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica su próximo auto, y el respaldo para venta, servicios de control y mantenimiento que sólo Auto del Sol puede ofrecer. Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la sumariada no cumple con su deber de informar ni con las condiciones oportunamente ofrecidas. Que respecto al perjuicio sufrido por el consumidor debe considerarse lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES–SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.). Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e Inversiones). Que las sumariadas no reparan el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir más de cinco años desde el hecho objeto del reclamo. Que atento a los parámetros antes expuestos, por los incumplimientos de los artículos 4º, 10º bis inc. C, 19º y 34º de la Ley 24.240, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT 30-69223905-5, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Dos Millones con 00/100 ($ 2.000.000,00.-) por la infracción verificada y analizada en autos. Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley Nº 24.240, representa sólo un 40% del total. Que por los incumplimientos de los artículos 4º, 19º y 34º de la Ley 24.240, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma “AUTO DEL SOL S.A.” CUIT 30-69658772-4, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Un Millón Quinientos Mil con 00/100 ($1.500.000,00.-) por la infracción verificada y analizada en autos. Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley Nº 24.240, representa sólo un 30% del total. Que por la imputación a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT 30-69223905-5, del art. 58º inc d) de la Ley 5.547 la misma expone “Considerase infracción reprimida con las penas establecidas en el artículo anterior, toda violación a la presente ley y su reglamentación, y especialmente: …d) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de la autoridad de aplicación…”. Que por lo ut supra mencionado, ésta Dirección considera que queda probada y firme la infracción por violación al artículo 58° inc. d) de la Ley N° 5.547, ante la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de la autoridad de aplicación. Que a su vez, el artículo 57º de la Ley N° 5.547, (según Ley Impositiva Nº 9432, Art. 10º) indica que las infracciones serán reprimidas con las siguientes penas: “...3) MULTAS (Ley N° 5547 artículo 57° inc. b): Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica 1. Leve desde 10.000 a 323.000; 2. Moderado desde 323.001 a 980.000; 3. Grave desde 980.001 a 6.750.000; 4. Gravísima desde 6.750.001 hasta 13.050.000,00. La reincidencia duplicará el monto de la multa aplicada”. Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas, estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b) el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir más de cinco años desde el hecho objeto del reclamo. Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, CUIT 30-69223905-5, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Dos Millones con 00/100 ($ 2.000.000,00), por la infracción verificada y analizada. Que dicho monto no resulta exorbitante atendiendo a que representa tan sólo el 15,3% aproximado del monto máximo aplicable, encontrándose dentro de los amplios límites establecidos en la norma que la determina, hallándose cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($ 13.050.000,00), y que dentro de la escala de la Ley Nº 5547, es considerada como una multa GRAVE. Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “ se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art. 19º de la Ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47º de la Ley 24.240”. Que finalmente téngase presente lo establecido en el artículo 61º de la Ley 5.547 según el cual se dispone que “Se depositaran en una cuenta especial, habilitada a tal efecto, los montos obtenidos por los siguientes conceptos: a) multas por aplicación: 1) de la presente ley. 2) ley nacional nº 22.802. 3) ley nacional nº 24.240. 4) ley nacional nº 19.511. 5) ley provincial nº 1.118. 6) ley provincial nº 6981 creación del sistema integral de control de combustibles (SICCOM). 7) toda norma o disposición de la que sea organismo de aplicación la dirección de fiscalización, control y defensa del consumidor. (...)” Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT 30-69223905-5, con domicilio legal en calle San Lorenzo Nº 91 -Piso 2º Oficina 5º, Ciudad (5500), Mendoza y domicilio electrónico en notificaciones@bincimilone.com, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS DOS MILLONES con 00/100 ($ 2.000.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación de los artículos 4º, 10º bis inc. c), 19º y 34º del mismo cuerpo legal. ARTICULO 2º - IMPONER a la firma “FCA S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT 30-69223905-5, con domicilio legal en calle San Lorenzo Nº 91 -Piso 2º Oficina 5º, Ciudad (5500), Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Mendoza y domicilio electrónico en notificaciones@bincimilone.com, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS DOS MILLONES con 00/100 ($ 2.000.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo 57º inc. b) de la Ley Nº 5.547, por la violación al artículo 58º inc. d) de la Ley 5.547. ARTICULO 3º - IMPONER a la firma “AUTO DEL SOL S.A.” CUIT 30-69658772-4, con domicilio legal en calle Comandante Fossa Nº 4, Ciudad (5500), Mendoza, la sanción de MULTA consistente en el pago de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL con 00/100 ($ 1.500.000,00.-), de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación de los artículos 4º, 19º y 34º del mismo cuerpo legal. ARTICULO 4º - INTIMAR por la presente al pago de las multas impuestas en los Artículos 1º, 2º y 3º, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 5.547- Cód. Tax 017-925 (Artículo 61º de la Ley 5547), el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de QUINCE (15) DIAS. Se informa que el boleto de pago debe generarse de manera online por vía web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) -www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multa- procedimientodigital-2/, pudiendo abonarse en Banco de la Nación Argentina /Banco Supervielle / Bolsa de Comercio. ARTICULO 5º - ACREDITAR el pago de las multas, con la presentación correspondiente ante esta Dirección de Defensa del Consumidor, a través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar. ARTICULO 6º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 7° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos Dos Mil Seiscientos con 00/100 ($2.600,00 según Ley Impositiva Nº 9432, Artículo 10º, punto 2 inc A) abonada en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle / Bolsa de Comercio. El recurso de revocatoria junto a la correspondiente tasa retributiva, podrá ser enviado al correo resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º, Decreto Nº 1099/2018). ARTICULO 8º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 9º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del Consumidor. ARTICULO 10º - NOTIFICAR a quienes corresponda de la presente. ARTICULO 11º - ARCHIVAR la presente Resolución. MGTER. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 28/03/2023 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica