RESOLUCIONES
Resolución Nº 84
- Fecha de publicación
- 23 de marzo de 2023
- Fecha de la norma
- 6 de marzo de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.831 · páginas 25–30
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 84
MENDOZA, 06 DE MARZO DE 2023
VISTO:
El expediente EX-2021-05486813-GDEMZA-MESAYAS#MGTYJ caratulado “Viani German Jonatan C/
Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para fines Determinados”, en el cual obran las actuaciones
sumariales contra la firma “TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS” CUIT 30-71439695-8, con domicilio legal en la calle Esmeralda 1320, 1º Piso, Oficina
A, de la Ciudad de Buenos Aires y especial electrónico en hlp@luchiapuig.com, y;
CONSIDERANDO:
Que a orden nº 2, según documento electrónico (en adelante D.E.) IF-2018-01607596-GDEMZA-
MESAYAS#MGTYJ, rola denuncia interpuesta por el Sr. Viani German Jonatan con DNI Nº 35.662.178,
con
domicilio
en
Almería
Nº
1702,
Godoy
Cruz,
Mendoza,
y
con
domicilio
electrónico
ger.viani@outlook.com, contra la firma “TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS” CUIT 30-71439695-8, en virtud de abonar la suma total de $44.155,44, en fecha
15/12/2020, a la firma denunciada mediante comprobante de pago #12649257272, correspondiente a las
cuotas n° 35,36,37,38,39,40 detalladas en la boleta de pago con vencimiento el 18/12/2020, referida al
plan de ahorro grupo 280 orden 33. Que al recibir la boleta de pago correspondiente a la cuota 41, observa
en referencia a cuotas impagas figura la n° 39 y 40, las cuales fueron canceladas en el recibo anterior.
Ante ello realiza en fecha 20/01/2021 el reclamo por medio de correo electrónico a la dirección
consultasplan@toyota.com.ar, previa comunicación telefónica al número de contacto 0800-888-8689 sin
obtener solución alguna. Junto a su denuncia acompaña documentación probatoria de sus dichos.
Que esta Dirección de Defensa del Consumidor dispone emplazar a la parte denunciada para que
presente propuesta conciliatoria, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45°de la Ley N° 24.240.
Que la firma emplazada no presenta propuesta conciliatoria en virtud de ello se da por finalizada la etapa
conciliatoria.
Que a raíz de lo mencionado anteriormente, mediante PV-2022-07003967-GDEMZA-DDEFCO#MGTYJ de
orden n° 16, esta Dirección dispone la apertura de sumario a la firma “TOYOTA PLAN ARGENTINA
S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS”, "por presunta violación al artículo 4° de la Ley N°
24.240 por cuanto la información dada al consumidor resulta insuficiente en cuanto a que rubros se imputa
el dinero oportunamente abonado por el consumidor así como también al momento de informar sobre el
correspondiente descuento por la medida cautelar, consecuentemente al determinar lo cancelado y
adeudado. Y por presunta violación al artículo 19° de la Ley N° 24.240 por cuanto conforme surge de las
constancias obrantes en el expediente, que el denunciante no adeudaría las cuotas reclamadas debido
que a la empresa infraccionada emitió un comprobante que decía cancelarlas pero resultó ser inexacto e
insuficiente, generando una deuda. Lo que implica por parte de Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para
Fines Determinados una presunta deficiente prestación del servicio contratado por el denunciante." Siendo
notificado fehaciente en fecha 14 de octubre de 2022, según consta en D.E. IF-2022-07292215-GDEMZA-
NOTIF#MGTYJ de orden nº 19.
Que no obra en autos descargo alguno de la sumariada, a pesar de estar fehacientemente notificada de la
apertura de sumario. Así tampoco, la sumariada presenta pruebas que permitan verificar que
efectivamente dio cumplimiento a lo ofrecido y contratado, configurándose claramente un incumplimiento
contractual.
Que de los elementos probatorios obrantes en los presentes autos, surge claramente lo expresado por la
parte denunciante y se encuentra probado que se transgredieron las citadas normas y se perjudicaron
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claramente los derechos del consumidor y, aún estando en posibilidad de esgrimir defensas ante la
imputación efectuada, la sumariada no ha efectuado presentación alguna respecto de las consideraciones
vertidas en el acta de imputación, lo cual permite tener por configurada y firme la imputación de autos
Que el artículo 4° de la Ley 24.240 reza que: “Información. El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre
gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte física, con claridad necesaria que permita su
comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase
de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a
disposición....”.
Que hay tener en cuenta que el artículo 4° de la Ley N° 24240 busca proteger al consumidor de manera
que el mismo “conozca con precisión todo aquello cuanto pueda ser capaz de influir sobre su decisión de
contratar” (“Wassington SACIFI c/ Sec. De Comercio e Inversiones – Disp. DNCI .N° 187/97” Causa
6655/97. C. Nac. Cont. Adm. Fes., sala V, 2/7/97). “Que el deber de información deviene en instrumento
de tutela del consentimiento en tanto otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al
momento de celebrar el contrato.
Que el precepto legal contenido en el artículo 4° de la Ley 24.240 determina claramente las condiciones
que deberá reunir la información al exigirle al empresario que aquella reúna los caracteres de veracidad,
eficacia y suficiencia.
Que se debe tener presente que la obligación de informar, al decir de Santarelli, “es menester entenderla
dentro del principio de la transparencia que debe regir en las relaciones patrimoniales intersubjetivas.
Transparencia entendida como un umbral aceptable de información para contratar, constituye un método
eficaz para erradicar una modalidad de cláusulas abusivas, denominadas sorpresivas; habida cuenta que
el consumidor no puede advertir, al momento de contratar, las consecuencias perjudiciales que para su
derecho se derivan de determinada cláusula.” El deber de informar es un deber que incumbe a todo
experto ubicado frente a un profano, y por ello asume una configuración de deber-derecho, según la
perspectiva que se adopte.” (Ricardo Luis Lorenzetti, CONSUMIDORES, Rubinzal y Culzoni, Editores).
Que también es importante resaltar que el derecho a la información ha adquirido jerarquía constitucional
luego de la reforma del año 1.994, expresando el artículo 42° de la Carta Magna “…los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo...a una información adecuada y
veraz...”. Y también ha sido consagrada en nuestro reciente sancionado CCCN. Por lo tanto, no podemos
desconocer este principio elemental en la relación de consumo, que permite elecciones de consumo
fundadas y racionales y permite, también, una utilización adecuada del producto o servicio contratado, ya
sea que se trate del derecho a la salud y seguridad y con la protección de los intereses patrimoniales.
Que en igual sentido el artículo 1100 del CCyC expresa “El proveedor está obligado a suministrar
información al, consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las
características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y
toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su compresión.
Que por su parte, el artículo 19º de la Ley N° 24.240 dispone que: “Quienes presten servicios de cualquier
naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás
circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.”
Que Dice Javier Wajntraub “El cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido no es una
opción para el proveedor; se trata de circunstancias que deben acoplarse, en función de que es la única
solución que se ajusta a los criterios de la ley (valor vinculante de las ofertas inclusión contractual de
precisiones publicitarias, solución más favorable para el consumidor en caso de dudas en la interpretación
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del contrato etc)” (Ley de Defensa del Consumidor).
Que no se puede desconocer las obligaciones asumidas y se debe actuar en consecuencia con la
confianza generada en virtud de la apariencia ya que ello tiende a la estabilidad, a la armonía de las
relaciones y por sobre todo reafirma la buena fe, principio básico de todo vínculo jurídico.
Que hay que tener en cuenta que las infracciones en materia de consumo son de carácter formal,
prescindiendo para su configuración de cualquier elemento subjetivo como la culpa o el dolo. Por ello la
infracción queda consumada por la simple conducta contraria a la ley, más allá de las intenciones que
tenga su autor.
Que el artículo 47º de la Ley N° 24.240 dispone “Sanciones. Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa
de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y
productos objeto de la infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por
un plazo de hasta TREINTA (30) días. e) Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de
proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes
impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los casos, el infractor publicará o la autoridad
de aplicación podrá publicar a costa del infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución
condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la autoridad de
aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de
una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice en un diario de gran
circulación en el país y en uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. (...)”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 49º de la misma normativa, el cual precisa que en la aplicación y graduación de las
sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la
posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la sumariada no cumple con
su deber de informar ni con las condiciones oportunamente ofrecidas. Que respecto al perjuicio sufrido por
el consumidor debe considerarse lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio
de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello
no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción
deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados:
”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE
APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES–SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina dice "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración de
éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo amplio
atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones matemáticas
propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec. de Comercio e
Inversiones).
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Que la sumariada no repara el daño sufrido por el consumidor, a pesar de transcurrir más de dos años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma “TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS” CUIT
30-71439695-8, conforme lo permite la escala legal, equivalente a Pesos Un Millón con 00/100 ($
1.000.000,00.-) por la infracción verificada y analizada en autos.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido y extremadamente lejos de su máximo ($
5.000.000), y que dentro de los amplios límites de la Ley Nº 24.240, representa sólo un 20% del total.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual “
se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19º de la Ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47º de la
Ley 24.240”.
Que finalmente téngase presente lo establecido en el artículo 61º de la Ley 5.547 según el cual se dispone
que “Se depositaran en una cuenta especial, habilitada a tal efecto, los montos obtenidos por los
siguientes conceptos: a) multas por aplicación: 1) de la presente ley. 2) ley nacional nº 22.802. 3) ley
nacional nº 24.240. 4) ley nacional nº 19.511. 5) ley provincial nº 1.118. 6) ley provincial nº 6981 creación
del sistema integral de control de combustibles (SICCOM). 7) toda norma o disposición de la que sea
organismo de aplicación la dirección de fiscalización, control y defensa del consumidor. (...)”
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTICULO 1º - IMPONER a la firma “TOYOTA PLAN ARGENTINA S.A.DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS” CUIT 30-71439695-8, con domicilio legal en la calle Esmeralda 1320, 1º Piso, Oficina
A, de la Ciudad de Buenos Aires y especial electrónico en hlp@luchiapuig.com, la sanción de MULTA
consistente en el pago de PESOS UN MILLON con 00/100 ($ 1.000.000,00.-), de conformidad con lo
prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por violación de los artículos 4º y 19º del mismo
cuerpo legal.
ARTICULO 2° - INTIMAR por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
Nº 5.547- Cód. Tax 017-925 (Artículo 61º de la Ley 5547), el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de QUINCE (15) DIAS. Se informa que el boleto de pago debe
generarse de manera online por vía web de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) -
www.mendoza.gov.ar/consumidores/pago-de-una-multa-procedimiento-digital-2/, pudiendo abonarse en
Banco de la Nación Argentina /Banco Supervielle / Bolsa de Comercio.
ARTICULO 3º - ACREDITAR el pago de la multa, con la presentación correspondiente ante esta Dirección
de Defensa del Consumidor, a través del correo electrónico resolucionesddc@mendoza.gov.ar.
ARTICULO 4º - PUBLICAR la presente en el Boletín oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción
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cometida y la sanción aplicada, en un diario de gran circulación de la Provincia de Mendoza y en un diario
de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de
la Ley Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INFORMAR al infractor, según art. 177º de la Ley 9003, que podrá interponer recurso de
revocatoria contra la presente resolución dentro de los QUINCE (15) DÍAS hábiles de notificada la
presente, debiendo acompañar la correspondiente Tasa Retributiva Código 927 por un importe de Pesos
Dos Mil Seiscientos con 00/100 ($2.600,00 según Ley Impositiva Nº 9432, Artículo 10º, punto 2 inc A)
abonada en Banco de la Nación Argentina / Banco Supervielle / Bolsa de Comercio. El recurso de
revocatoria
junto
a
la
correspondiente
tasa
retributiva,
podrá
ser
enviado
al
correo
resolucionesddc@mendoza.gov.ar. El recurso no suspenderá la ejecución de las sanciones de multa y el
obligado deberá depositar el importe de la multa dentro del plazo establecido en el Artículo 2º de la
presente Resolución. Vencido el plazo para el pago se procederá a la emisión de boleta de deuda
conforme lo previsto en el Artículo 249 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Artículo 4º,
Decreto Nº 1099/2018).
ARTICULO 6º - INSCRIBIR esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 7º - REGISTRAR al infractor en el Registro de Infractores de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
ARTICULO 8º - NOTIFICAR al infractor de la presente.
ARTICULO 9º - ARCHIVAR la presente Resolución.
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S/Cargo
23/03/2023 (1 Pub.)
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