DECRETOS

Decreto Nº 2569

MINISTERIO SEGURIDAD

Fecha de publicación
21 de marzo de 2023
Fecha de la norma
28 de diciembre de 2022
Referencia documental
Boletín Nº 31.829 · páginas 8–11
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 2569 MENDOZA, 28 DE DICIEMBRE DE 2022 Visto el Expediente Electrónico N° EX-2021-00880870-GDEMZA-CCC; y sus vinculados N° EX-2018-00240341-GDEMZA-IGS#MSEG Y EX-2022-02874374-GDEMZA-CCC; y CONSIDERANDO: Que en las citadas actuaciones el Oficial Ayudante –Personal Policial– FERNANDEZ GURLINO, HÉCTOR HUGO, presenta Recurso de Apelación contra la Resolución N° 527-S/20, por la cual el Ministro de Seguridad rechazó en lo sustancial el Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución N° 2264-S/19 que le aplicó la sanción expulsiva de Cesantía sujeta a Exoneración, como corolario del sumario instruido en el Expediente Electrónico EX-2018-00240341-GDEMZA-IGS#MSEG, vinculado a las presentes actuaciones en tramitación conjunta (v. orden 15); Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que analizado el aspecto formal del remedio deducido, preliminarmente corresponde señalar que, más allá de la denominación dada por el recurrente, en atención al principio de informalismo a favor del administrado (art. 1, punto II inc. e) de la Ley N° 9003) debe imprimirse el trámite correspondiente al Recurso Jerárquico, arts. 179 y ss. de la citada Ley. Sentado ello, debe admitirse formalmente el recurso importado al sistema el día 12 de Febrero del 2021 (orden 02) ya que, habiendo sido notificado el acto cuestionado el día 28 de Enero del mismo año (v. orden 164- EX-2018-00240341-GDEMZA-IGS#MSEG), el recurrente dio cumplimiento al término previsto por el art. 179 de la Ley N° 9003; Que analizando el aspecto sustancial del recurso en trato, se agravia el administrado invocando haber sido sancionado administrativamente cuando aún no se ha dictado sentencia en sede judicial conculcando el principio de inocencia. Postula también que en la valoración de las pruebas falta solidez jurídica y aduce, por último, que la sanción es desproporcionada; Que con respecto al primer agravio, el sumario administrativo no tiene por objeto verificar la eventual autoría de un delito, sino la posible infracción al régimen disciplinario respectivo (en el caso, el previsto por Ley N° 6722). El procedimiento predispuesto a tal efecto es independiente de las actuaciones judiciales labradas para determinar si el accionar del recurrente constituye asimismo un ilícito penal./// En tal sentido, la independencia de la responsabilidad administrativa con las de otra naturaleza es reconocida por uniforme jurisprudencia de la SCJM, en reiterados fallos de los cuales nos permitimos citar: “... las investigaciones administrativas y judiciales pueden y suelen tomar caminos independientes, sin perjuicio de su misma interrelación. Las finalidades son distintas y los propósitos también, ya que lo disciplinario sólo tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad. También es más amplio el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función. Este principio requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados” (LS312-Fs.219). Dicha independencia tiene, en el caso del régimen policial, consagración positiva expresa en el art. 141 de la Ley N° 6722: “La substanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes del proceso penal iniciado por el mismo hecho; y el sobreseimiento o absolución en sede judicial no impedirá la aplicación de la sanción que correspondiere mediante procedimiento sumarial”; Que en consecuencia, que la justicia penal considere suficientemente probado o no que Fernández Gurlino es autor del delito de Abuso Sexual calificado por la Calidad del Sujeto Activo en un número indeterminado de hechos en concurso real, que se le imputa en Autos Nº P-9606/18 originarios de la Unidad Fiscal Santa Rosa-La Paz, resulta independiente de la fehaciente acreditación de la falta atribuida en sede administrativa -legalmente encuadrada en las prescripciones del art. 100 inc. 1°, en función con el art. 8 primera parte, art. 43 incisos 3°, 4° y 5° con los agravantes del art. 88 incisos 2°, 3°, 5°, 8°, 9° y 11° de la Ley Nº 6722 y sus modificatorias. Podría, por ejemplo, considerar el tribunal penal que el accionar de Fernández no reúne los elementos del tipo objetivo de Abuso Sexual, sin que ello modifique que constituye un reiterado acoso a una compañera de trabajo y subordinada funcional, a todas luces un comportamiento inaceptable con subsunción en la precitada normativa disciplinaria; Que tales conclusiones tampoco resultan conmovidas por la nulidad el Requerimiento de Elevación a Juicio dispuesta en fecha 14/9/21, por el Tribunal Penal Colegiado en dicho expediente judicial, de la que da cuenta la defensa de Fernández (orden 32). Ello esencialmente por la independencia a la que referimos en el párrafo precedente, pero también por cuanto la nulidad sólo determina la invalidez de la pieza acusatoria en cuestión por algún vicio formal -y la obligación de concretar un nuevo requerimiento acorde a las normas rituales aplicables-, más no un pronunciamiento respecto a la verificación del hecho y/o la consecuente responsabilidad del imputado; Que respecto al segundo agravio lógicamente implica una discrepancia con la valoración probatoria efectuada y con los hechos tenidos por ciertos en consecuencia, que fundamentan la sanción impuesta. Pero esta mera discrepancia no implica que la resolución recurrida se encuentre viciada por falencias o carencias en orden a la derivación lógica de las conclusiones a las que arriba partiendo de los elementos de convicción incorporados; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Que conforme a la remisión prevista por el art. 131 de la Ley N° 6722, la merituación probatoria cabe encuadrarla en el precepto del art. 206 del Código Procesal Penal: “las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con arreglo a la sana crítica”. En relación a dicho sistema señala la doctrina: “La sana crítica racional se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de la prueba (de los datos que ontológicamente lo sean, por cierto) con total libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, vale decir, las normas de la lógica (constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, de no contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente), los principios incontrastables de las ciencias ..., y de la experiencia común ...”; Que en el caso concreto, el sumario administrativo tramitado en el EX-2018-00240341-GDEMZA- IGS#MSEG se inició con el preventivo (obrante como archivo de trabajo en el orden 2) con Nota de fecha 07/02/18 cursada desde la Comisaría 51° de La Paz a la IGS, informando respecto las actuaciones sumariales con intervención de la Oficina Fiscal de La Paz de las que resultaba como presunta víctima la Aux. Freites Quesada, Naila Lucrecia. Que posteriormente, los hechos imputados al recurrente en el marco de dicho procedimiento disciplinario fueron confirmados fundamentalmente por las declaraciones de los testigos presenciales Aux. 1° Hidalgo Carreño, Ricardo y Cabo Olguín Massoto, Daniel, integrando además el plexo probatorio los testimonios del Sub Comisario Uvilla Núñez y del Oficial Jofré Heredia respecto al relato de la agente policial (orden 56 y 55 de las actuaciones sumariales, respectivamente), el informe pericial psicológico efectuado a la víctima, la diagramación de guardias de la Comisaría 51°, etc; Que en consecuencia la resolución adoptada resulta coherente, en tanto es congruente, no contradictoria e inequívoca en sus deducciones y conclusiones, las cuales derivan de las pruebas incorporadas en forma concordante, verdadera y suficiente, en tanto los elementos de cargo resultan aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto acerca de la existencia material del hecho investigado y la autoría del agente sancionado; Que en relación al exceso de punición invocado por el recurrente, entendemos que la gravedad de las infracciones en razón de su naturaleza y entidad justifica por sí misma la sanción aplicada, que resulta ser ajustada a las previsiones legales para los deberes infringidos en el caso y sus agravantes (Ley 6722, art. 100 inc. 1°, en función con el art. 8 primera parte, art. 43 incs. 3°, 4° y 5° con los agravantes del art. 88 incs. 2°, 3°, 5°, 8°, 9° y 11); Que asimismo, la cesantía encuentra mérito en la reiteración de los hechos y el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo - Fernández Gurlino era el oficial de servicio en la Guardia y como tal superior jerárquico de la Aux. Freites Quesada-, pautas de proporcionalidad convalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en autos 86.641, caratulados "Bilbao, Franklin Rubén Eduardo C/ Provincia De Mendoza S/A.P.A.", de fecha 4 de marzo de 2008, con cita a Carretero Pérez, Adolfo y otro, “Derecho administrativo sancionador”, Madrid, Edersa, 1992, pág. 153; y Castillo Blanco, Federico, “Función pública y poder disciplinario del Estado”, Madrid, Civitas, 1992, p. 290; Que en este sentido, cabe tener presente también que la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad en su Dictamen N° 342/19 (orden 89) se expidió a favor de la pena aplicada al recurrente; Que por lo expuesto y teniendo en cuenta el principio del debido proceso, corresponde admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso en trato, confirmándose dicha resolución; Por ello, atento a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno en orden 43 de la Pieza Principal; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial Ayudante – Personal Policial – FERNANDEZ GURLINO, HÉCTOR HUGO, D.N.I. N° 22.988.085, contra la Resolución N° 527-S-2020, la que se confirma en todas sus partes, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes. Artículo 2º- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC RAÚL LEVRINO S/Cargo 21/03/2023 (1 Pub.)