DECRETOS
Decreto Nº 353
- Fecha de publicación
- 17 de marzo de 2023
- Fecha de la norma
- 6 de marzo de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.827 · páginas 10–13
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 353
MENDOZA, 06 DE MARZO DE 2023
Visto el expediente N° EX–2022-06700154-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA
MILLÁN DE PUY, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 1352 emitida por el Ministerio de
Economía y Energía en fecha 30 de agosto de 2022; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso de
Revocatoria interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 038/21 de la Dirección de Fiscalización y
Control del Ministerio de Economía y Energía;
Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto
de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que en el orden 2 obra el ACTA Nº 5922 confeccionada por un funcionario de la Dirección de Fiscalización
y Control del Ministerio de Economía y Energía, donde se constata que la sancionada exhibe productos en
góndola sin precios;
Que en el orden 6 obra descargo de la firma sancionada y en orden 10 obra el dictamen de la Dirección de
Fiscalización y Control del Ministerio de Economía y Energía desestimando lo alegado por la empresa y
sugiriendo la aplicación de una multa por PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00);
Que en el orden 12 consta certificación de antecedentes emanada del Registro de Antecedentes y en el
orden 19 rola Resolución Nº 414/20 de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Economía y
Energía aplicando la multa;
Que en el orden 25 obra Recurso de Revocatoria impetrado por los Doctores Rodríguez Montero y
Figueroa en nombre y representación de Millán S.A;
Que en el orden 31 se rechaza el Recurso presentado por la empresa sancionada, a través de la
Resolución Nº 38/21 de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio;
Que en orden 35 se observa Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 38/21 de la Dirección de
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Fiscalización y Control rechazado en lo sustancial por Resolución 1352-EyE-22 en orden 75;
Que la recurrente en esta instancia reitera los argumentos que vertiera en oportunidad de interponer los
anteriores recursos;
Que la administrada expresa que la Resolución dictada no logra desvirtuar el planteo nulificatorio del acta
de infracción oportunamente opuesto, que se funda en argumentos arbitrarios e ilegítimos así como que la
multa impuesta resulta exorbitante e irracional, siendo la misma desproporcionada con la presunta
infracción imputada;
Que el obrar de los inspectores como el de los asesores y funcionarios intervinientes en el proceso ha sido
regular y en cumplimiento riguroso de la normativa;
Que las disposiciones transgredidas rezan: Artículo 5 de la Resolución Nº 07/2002: “La exhibición de los
precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, horizontal y legible. Cuando se realice
mediante listas, éstas deberán exponerse en los lugares de acceso a la vista del público y en los lugares
de venta o atención a disposición del mismo”;
Que el Artículo 6 del mismo cuerpo normativo expresa: “En el caso de bienes muebles, la exhibición se
hará sobre cada objeto, artículo, producto o grupo o conjunto de una misma mercadería que se encuentre
expuesto a la vista del público. Cuando por la naturaleza o ubicación de los bienes no sea posible, deberá
utilizarse lista de precios”;
Que el hecho infraccionario descripto por la ley no requiere para su configuración de intención alguna, tan
solo de que acaezca el mismo. Tampoco requiere que se genere un daño comprobable a la confianza del
consumidor, ni el ilícito puede quedar “condonado” con una actitud de predisposición a las consultas de
los consumidores a los dispositivos verificadores o los empleados de caja, como sugiere la quejosa en la
presentación. El hecho se produjo, la sancionada lo ha reconocido y como tal se ha configurado el ilícito
sancionable;
Que tampoco se considera que pueda esgrimirse como atenuante o eximente de responsabilidad el
volumen de artículos, la fecha comercial o las técnicas de marketing utilizadas, porque todo ello pudo y
debió preverse. En una empresa de la magnitud de la recurrente se deben adaptar los mecanismos
adecuados para cumplir con todas las exigencias que determina la ley, rigurosa tanto para este como para
comercios de pocos empleados (conf. Art. 1725 del C.C. y C.);
Que este tipo de infracciones no requiere que se configure la existencia de dolo o que medie un perjuicio
constatable a algún consumidor determinado, pues el carácter de formal de este tipo de conductas
reprochadas hacen de su solo cumplimiento materia de sanción administrativa;
Que las actas labradas por el personal de la Dirección de Fiscalización y Control constituyen instrumentos
públicos, los cuales hacen fe de sí y se prueban por sí mismos. Este criterio ha sido seguido por el Decreto
Nº 274/19 en su Artículo 42, tercer párrafo: “La reglamentación establecerá la forma y condiciones de
notificación del acta. Los hechos constatados por la autoridad de aplicación tendrán valor probatorio pleno,
sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los
administrados”. La validez del acta no requiere de la intervención de testigos que certifiquen su contenido;
Que el acta detalla exhaustivamente el procedimiento seguido por el inspector, las falencias detectadas, la
normativa vulnerada, se identifican todos los productos observados que presentan deficiencias en la
exhibición del precio y se le informa a la sancionada los plazos de presentación de descargo;
Que el acta como su planilla adjunta no presentan vicios ni inconsistencias que pudieran poner en vilo la
regularidad del acto;
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Que la Resolución Nacional Nº 07/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa
del Consumidor fija un procedimiento específico para la exhibición de precios. En los considerandos de la
norma aclara específicamente que las disposiciones dictadas se enmarcan en lo que dispone el DNU Nº
274/19 de Lealtad Comercial, reglamentando lo estipulado por el Artículo 10, Incisos a) y c) de dicha
normativa. Por ende, la resolución tiene una exigibilidad plena y el incumplimiento de sus disposiciones
hace pasible al infractor de las sanciones que establece la norma;
Que en cuanto al importe de la multa es razonable por haber estado contemplado dentro del marco
normativo que establecen los Artículos 57 ss. y cc. del Decreto Nº 274/19 y teniendo en cuenta que la
empresa registra antecedentes y el volumen y variedad de los artículos en infracción, la misma se
encuentra más cerca del mínimo establecido por la norma que del máximo;
Que teniendo en cuenta el criterio de graduación plasmado por el Artículo 58 del Decreto Nº 274/19: “La
autoridad de aplicación graduará las sanciones en base a: la gravedad de la infracción; el daño causado a
todas las personas afectadas por la actividad prohibida; el beneficio obtenido por todas las personas
involucradas en la actividad prohibida; el efecto disuasivo; el valor de los activos involucrados al momento
en que se cometió la violación; la intencionalidad; la duración; la participación del infractor en el mercado;
el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica y los antecedentes del responsable así como su
capacidad económica”;
Que la colaboración con la autoridad de aplicación en el conocimiento o en la investigación de la conducta
podrá ser considerada un atenuante en la graduación de la sanción. La Resolución N° 151, de fecha 18 de
febrero de 2021, por medio de la cual la Secretaría de Comercio Interior (“SCI”), actualizó el valor de la
unidad móvil establecida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia (“LDC”) en AR$ 55,29(pesos
cincuenta y cinco con 29/100). En consecuencia, la sanción de multa prevista en el inciso b) del artículo 57
del Régimen de Lealtad Comercial, que se establece entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles, puede ir
desde AR$ 55,29 (pesos cincuenta y cinco con 29/100) hasta AR$ 55.290.000 (pesos cincuenta y cinco
millones doscientos noventa mil);
Que la sanción aparece justa en su monto en relación a la infracción concreta que se intenta sancionar con
la misma, atento a que pretende disuadir las conductas infractoras;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial, conforme los fundamentos expuestos en
los considerandos del presente Decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA
VALERIANA MILLÁN DE PUY, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT
Nº33-50385092-9, contra la Resolución N° 1352 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha
30 de agosto de 2022, por lo que la misma queda confirmada en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
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