DECRETOS
Decreto Nº 105
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 17 de marzo de 2023
- Fecha de la norma
- 1 de febrero de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.827 · páginas 8–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 105
MENDOZA, 01 DE FEBRERO DE 2023
Visto el expediente N° EX–2021-07966382-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA MILLÁN, en
representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso
Jerárquico contra la Resolución N° 857/21 emitida por el Ministerio de Economía y Energía; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso de
Revocatoria interpuesto por la firma arriba mencionada contra la Resolución N° 248/21 de la Dirección de
Fiscalización y Control;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 9003;
Que la sancionada no logró desvirtuar con prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción
constatada, pese a que pudo presentar descargo y ofrecer prueba;
Que el Decreto Nº 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el
hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días
de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde
efectuar su presentación. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del infractor copia de lo actuado.
La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por
la Autoridad de Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de
sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados”;
Que no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de este. El acta fue
labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a
la quejosa por infracción al Decreto Nº 274/19 surge evidente al consignar los antecedentes y las normas
jurídicas violadas, como así también se advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido
la posibilidad de ofrecer y producir prueba;
Que la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el
criterio sustentado en las Resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente de
conformidad con el Artículo 11 del Decreto Nº 274/19, que indica: “Publicidad engañosa. Queda prohibida
la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes
u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades,
naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o
técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”;
Que las infracciones formales no requieren la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción
misma del sujeto para su configuración, son los ilícitos denominados de “pura acción u omisión”. Su
apreciación es objetiva. Se configuran por la simple omisión, que basta, por sí misma, para violar la norma;
Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la
protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos:
la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y
servicios-y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y
veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos;
Que el Decreto Nº 274/19 regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con
ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. El esquema de protección que
establece se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos
obligados por la ley. La imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se
presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son;
Que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores, sino la posibilidad de la
existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y conductas objetivas que deben ser
respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la norma;
Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los
parámetros fijados por el Decreto Nº 274/19, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un
marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes. Por otra
parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto fijado provocaría en el
patrimonio de la infractora;
Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2023-01973683-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto por la
señora ELODIA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº
33-50385092-9, contra la Resolución N° 857/21 emitida por el Ministerio de Economía y Energía, por lo
que la misma queda firme en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
17/03/2023 (1 Pub.)
