DECRETOS

Decreto Nº 122

Fecha de publicación
16 de marzo de 2023
Fecha de la norma
3 de febrero de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.826 · páginas 5–6
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 122 MENDOZA, 03 DE FEBRERO DE 2023 Visto el expediente N° EX–2021-08251213-GDEMZA-CCC, en el cual la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 974 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 02 de diciembre de 2021; y Considerando: Que por la citada resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por la mencionada firma contra la Resolución N° 224 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 11 de mayo de 2021; Que el presente recurso ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el punto de vista formal, a tenor de lo dispuesto por los Artículos 179 y 180 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que del análisis sustancial del recurso ahora interpuesto surge que se ratifican las expresiones vertidas en el expediente antecedente EX-2020-06081835-GDEMZA-DFYC-MEIYE donde se sugiere el rechazo del remedio legal intentado, por cuanto sus términos convencen de su improcedencia sustancial, ya que no se ha logrado desvirtuar con prueba idónea la imputación realizada en acta Nº0009981 digitalizada en el número de orden 2; esto es, que se tomó muestra de tarros de duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido que se encontraban a la venta minorista, que luego del análisis realizado por el laboratorio surge que el mismo resulta apto para el consumo, pero no para comercializar, atento a que el contenido neto escurrido da por debajo del mínimo de tolerancia permitido, todo ello violatorio del Artículo 11 del Decreto N° 274/19; Que la sancionada no logró desvirtuar con prueba fehaciente e idónea los términos de la infracción constatada, pese a que pudo presentar descargo y ofrecer prueba; Que el Decreto N° 274/19 en su Artículo 42 establece que: “Si se tratare de la comprobación de oficio de una infracción, el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la norma infringida. Se notificará al presunto infractor que dentro de los DIEZ (10) días de notificado, deberá presentar su descargo y ofrecer pruebas, si las hubiere, debiéndose indicar dónde efectuar su presentación. La Autoridad de Aplicación pondrá a disposición del infractor copia de lo actuado. La reglamentación establecerá la forma y condiciones de notificación del acta. Los hechos constatados por la Autoridad de Aplicación tendrán valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, pudieran aportar los administrados”; Por tal razón, no se advierte vicio alguno en la emisión del acto atacado y tampoco en la forma de este. El acta fue labrada por funcionario que reviste competencia para ello y la motivación de la resolución que sanciona a la quejosa por infracción al Decreto N° 274/19 surge evidente al consignar los antecedentes y las normas jurídicas violadas, así como se advierte que se le ha respetado el derecho de defensa y ha tenido la posibilidad de ofrecer y producir prueba; Que la recurrente no ha aportado argumentos fácticos ni jurídicos relevantes que permitan modificar el criterio sustentado en las resoluciones impugnadas, que han aplicado la sanción correspondiente de conformidad con el Artículo 11 del Decreto N° 274/19, que indica: “Publicidad engañosa. Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”. Una de las analogías del deber de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica información y de la publicidad radica precisamente en que ambas tienen como fin transmitir conocimiento que ha de ser útil para el adquirente; Que existe comprobación fehaciente de que la sancionada infringió la normativa citada, y dichas infracciones son del tipo “formal”, por lo que quedan tipificadas con la simple conducta objetiva contraria a los preceptos de la ley; Que la Constitución de 1994 incorporó dentro de los llamados derechos de tercera generación la protección de usuarios y consumidores. Esta protección establecida en el Artículo 42 tiene tres propósitos: la protección del consumidor, las garantías a los competidores –productores y oferentes de bienes y servicios- y la transparencia del mercado. Y de ella se deriva el derecho a una información adecuada y veraz que resguarda tanto los derechos patrimoniales como los personales de los ciudadanos; Que siguiendo esa temática, el decreto regla aspectos vinculados con el correcto funcionamiento de los mercados y con ello procura una mayor protección de los consumidores y usuarios. El esquema de protección que establece el Decreto N° 274/19, se asienta en la imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la ley; Que la imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son. Por tal motivo no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra obligado no se verifique; Que con relación al monto de la multa, se destaca que la misma ha sido impuesta dentro de los parámetros fijados por el Decreto N° 274/19, atendiendo a las circunstancias del caso y dentro de un marco de razonabilidad, teniendo en cuenta el patrimonio del sancionado y sus antecedentes; Por otra parte, no se ha demostrado cuál sería el perjuicio irreparable que el monto de la multa fijado provocaría en el patrimonio de la infractora; Por todo lo expuesto y conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía y por Asesoría de Gobierno y lo establecido por el Artículo 45 de la Ley Nº 9003, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial conforme los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto, el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora ELODIA VALERIANA MILLÁN, en representación de la firma “MILLÁN SOCIEDAD ANÓNIMA”, CUIT Nº 33-50385092-9, la Resolución N° 974 emitida por el Ministerio de Economía y Energía en fecha 02 de diciembre de 2021, por lo que la misma queda firme en todos sus términos. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 16/03/2023 (1 Pub.) Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica