DECRETOS

Decreto Nº 314

MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA

Fecha de publicación
9 de marzo de 2023
Fecha de la norma
1 de marzo de 2023
Referencia documental
Boletín Nº 31.821 · páginas 5–7
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 314 MENDOZA, 01 DE MARZO DE 2023 Visto el expediente Nº EX-2021-03326961-GDEMZA#CCC, en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, interpone recurso jerárquico contra la Resolución N° 100/21, dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 10 de marzo de 2021; y Considerando: Que por la citada Resolución se rechazó en lo formal y en lo sustancial el recurso de revocatoria interpuesto por dicha firma contra la Resolución N° 448/20 del referido Organismo, mediante la cual se le aplicó una multa de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00) por violación a lo dispuesto por los Artículos 2º y 3º de la Resolución Nacional Nº 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior, concordante con el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 274/19 de Lealtad Comercial; Que de las constancias de las citadas actuaciones, especialmente de la notificación obrante en Orden 29 del expediente asociado Nº EX-2020-02249456-GDEMZA-DFYC#MEIYE, surge que el recurso interpuesto ha sido presentado fuera del plazo legal establecido por el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento administrativo Nº 9003 (15 días hábiles); Que, en efecto, la Resolución recurrida fue notificada el 18 de marzo de 2021 e interpuesto el recurso el 7 de junio de 2021, según constancias obrantes en documento agregado en Orden 2 de estas actuaciones, por lo que se advierte que han transcurrido casi dos meses desde que el recurso debió ser interpuesto. Tales circunstancias determinan el rechazo formal del recurso jerárquico presentado, según lo establecido por el Artículo 179 sigs. y conc. de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 9003; Que la extemporaneidad del recurso jerárquico planteado ha sido asumida por la propia firma recurrente en el escrito de interposición del mismo, al efecto de dejar planteada Denuncia de Ilegitimidad. Por ello, es necesario analizar en esta instancia si se dan los requisitos de procedencia formal y sustancial que la Ley de Procedimiento administrativo establece en su Artículo 173 para ese instituto; Que en tal sentido, contando desde el 18 de marzo de 2021, fecha en la cual fue notificada la Resolución atacada, el plazo de quince (15) días hábiles para la interposición del recurso feneció el 13 de abril de 2021. Siendo que la presentación del recurso fue efectuada el 7 de junio de 2021 se colige que se ha excedido ampliamente el doble del plazo legal establecido. La Ley Nº 9003 dispone que, vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, los interpuestos extemporáneamente serán declarados formalmente inadmisibles; Que ello no obstará a que el órgano competente para su resolución deba calificar al recurso tardío como “denuncia de ilegitimidad”, siendo su deber tramitarla y resolverla, a menos que la denuncia sea improcedente en los siguientes términos. Son impedimentos al progreso de la denuncia de ilegitimidad: a) Motivos de seguridad jurídica en el mantenimiento de la situación o relación jurídicas devenidas firmes, cuando su revisión pueda perjudicar la confianza legítima de terceros o los intereses públicos gestionados por la Administración; b) Encontrarse excedidas razonables pautas temporales, que permitan presumir el abandono voluntario del derecho invocado por el denunciante; Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-01709000-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 5 de 93 Que la desestimación de la denuncia, tanto formal como sustancial, deberá fundarse circunstanciadamente. En tal caso, la declaración en cuanto al fondo de la denuncia de ilegitimidad no es impugnable mediante los recursos que se regulan en la citada Ley. Dicha figura no estaba contemplada en el texto de la vieja Ley N° 3909, pero fue receptada en su momento por la Suprema Corte de Justicia y ahora se encuentra expresamente reglamentada; Que se trata de un genuino y auténtico derecho fundamental a una buena Administración Pública, del que se derivan una serie de derechos concretos, derechos componentes que definen el estatuto del ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas y que están dirigidos a subrayar la dignidad humana; Que, sin embargo, como también se destaca, ese reconocimiento no puede ser ejercido en desmedro del sistema recursivo ni de otros derechos o intereses dignos de protección, por lo que su admisibilidad tiene límites que la norma establece expresamente: motivos de seguridad jurídica o haberse excedido razonables pautas temporales. La legislación ha incorporado pautas claras que sin embargo dejan a criterio de la autoridad en el caso concreto la evaluación de la admisibilidad, al no establecer un plazo expreso; Que por ello, resulta necesario recordar cuáles han sido los criterios de la Suprema Corte de Justicia, citados en la obra “Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza N° 9003, Comentada y Concordada. Jurisprudencia” (Farrando, Ismael y Gómez Sanchiz, Directores, Buj Montero, Mónica, coordinadora y ots, Mendoza, pag. 617, 20019, ASC Editores), respecto a lo que puede considerarse plazo razonable; Que así ha decidido en “LO CASTRO” que cincuenta (50) días es un lapso excesivo, mientras que en “PETRA” se consideró excesivo un plazo de veinticinco (25) días. En “CÁCERES” la Corte ha dicho, que superado en más del doble el plazo fijado para la interposición del recurso, da fundamento a la desestimación formal y por lo tanto el rechazo formal resulta razonable, siendo en todo caso discrecional para la Administración el reingreso a la cuestión sustancial; Que en esa línea el máximo Tribunal ha puesto de relieve que a través de este medio se puede “destruir” el sistema recursivo de la Ley al decir que “La denuncia por ilegitimidad debe ser planteada dentro de plazos razonables que no permitan destruir los mecanismos de impugnación contenidos en la Ley específica (LAS 296-270 y SCJM “Panella, Alicia Norma c/Gobierno de la Provincia s/APA”, LA 347:229); Que en el caso bajo examen, han transcurrido más de dos (2) meses desde la notificación de la Resolución recurrida hasta la interposición del recurso, por lo que hay que analizar si ese lapso excede las razonables pautas temporales que refiere la norma; Que por todo lo expuesto, habiendo transcurrido en exceso más del doble del plazo legal establecido y teniendo en cuenta lo normado por la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 9003 en su Artículo 173 Inciso b) y los antecedentes jurisprudenciales reseñados, se estima que la Denuncia de Ilegitimidad presentada por la firma CENCOSUD S.A. debe ser rechazada en lo formal por haber excedido razonables pautas temporales que hacen presumir el abandono del derecho; Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Energía, en Orden 7 y en Orden 20 y por Asesoría de Gobierno en Orden 14 del expediente de referencia, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA D E C R E T A: Artículo 1° - Rechácese en lo formal la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta en Orden 2 del expediente Nº Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2023-01709000-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ Página 6 de 93 EX-2021-03326961-GDEMZA#CCC, por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en su carácter de apoderada de la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, contra la Resolución N° 100/21, dictada por la Dirección de Fiscalización y Control en fecha 10 de marzo de 2021, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto. Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ S/Cargo 09/03/2023 (1 Pub.) MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PUBLICA