DECRETOS
Decreto Nº 209
MINISTERIO DE ECONOMIA Y ENERGIA
- Fecha de publicación
- 27 de febrero de 2023
- Fecha de la norma
- 15 de febrero de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.813 · páginas 5–7
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 209
MENDOZA, 15 DE FEBRERO DE 2023
Visto el expediente EX-2021-03326323-GDEMZA-CCC en el cual la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ,
en representación de la firma “CENCOSUD S.A.”, CUIT 30-59036076-3, interpone recurso jerárquico
contra la Resolución N° 146 dictada por la Dirección de Fiscalización y Control, en fecha 29 de marzo de
2019; y
Considerando:
Que por la citada Resolución se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el recurso de revocatoria
interpuesto por Supermercado “JUMBO”, propiedad de la citada firma, contra la Resolución N° 437/20 de
la Dirección de Fiscalización y Control, a la vez que intimó al pago de la multa impuesta por ésta de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000,00), por violación a los Artículos 5º y 6º de la Resolución Nacional 07/02 de la ex
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordante con el Decreto
Nº 274/19 de lealtad comercial;
Que el recurso jerárquico ha sido presentado en tiempo y forma por lo que cabe su admisión desde el
punto de vista formal, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9003;
Que en Orden 2 del expediente asociado EX-2019-03057605-DFYC#MEIYE obra Acta de Infracción Nº
0002567, de fecha 11 de junio de 2019, labrada por la Dirección de Fiscalización y Control en el
Supermercado “JUMBO”, con domicilio en Av. San Martín Nº 6279, Carrodilla, Luján de Cuyo, por la cual
se constata que la empresa no tenía exhibidos los precios de los productos que comercializa;
Que la recurrente en esta instancia insiste en idénticos argumentos que los vertidos en oportunidad de
interponer el Recurso de Revocatoria ante la Dirección de Fiscalización y Control;
Que en primer lugar, aduce vicio en los elementos esenciales del Acta labrada sobre las que se origina el
recurso en análisis;
Que insiste en la nulidad del acto administrativo afirmando que el Acta de Infracción no describe en forma
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Subsecretaria Legal y Técnica
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Lunes 27 de Febrero de 2023
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precisa los hechos constatados por el Inspector y no identifica claramente la norma infringida, siendo
totalmente vaga y genérica, atento que no especifica cuál es la conducta punible específica que se viola de
la norma;
Que, en tal sentido, es dable señalar que las Actas labradas por funcionarios de la Dirección de
Fiscalización y Control constituyen documentos públicos y que es necesario tener en cuenta que las
actuaciones administrativas llevan ínsita la presunción iuris tantum de su legitimidad y autenticidad;
Que, en virtud de las constancias del Acta, la infracción se encontraba probada y quien alegue lo contrario
deberá cargar con la prueba de tales asertos, no contrariando principios constitucionales, hecho que no
vemos reflejado en las presentes actuaciones, toda vez que el recurrente no ha aportado prueba alguna en
contrario;
Que se advierte que el Acta atacada goza de todos sus elementos formales para ser considerada
autosuficiente, toda vez que la misma detalla qué producto estaba en infracción y cuál es el encuadre legal
que corresponde al caso, amén de consignarse expresamente que se notificaba según lo establecido en el
Artículo 151 de la Ley Nº 9003 de Procedimiento Administrativo;
Que adicionalmente, la empresa señala que hay ausencia de afectación del bien jurídico protegido por la
normativa, es decir que no se ha producido violación ni puesta en peligro de los intereses de consumidores
y usuarios;
Que el espíritu perseguido por la Resolución Nº 07/02 de la ex Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, concordante con el Decreto Nº 274/19, tiene que ver con la
protección del consumidor en su sentido más amplio, como también con garantizar los derechos
esenciales de la población y su goce efectivo, lo cual implica asegurar que el consumidor disponga de
información acerca de las condiciones de los bienes y servicios que le son ofrecidos antes de efectuar su
opción de compra y que ella se corresponda con lo realmente suministrado;
Que la normativa busca garantizar reglas claras en las transacciones que se hacen efectivas en el
mercado, hecho que no se refleja en las presentes actuaciones;
Que la norma legal tiende a dar garantías y seguridades a los consumidores, para que los mismos no
dependan del arbitrio de quién presta el servicio o vende el producto y la exhibición de los precios hace a
la transparencia y debida información al consumidor, contribuyendo así a mantener la lealtad comercial;
Que resulta indispensable que la firma perfeccione los mecanismos que garanticen el derecho de los
consumidores a recibir la más completa información acerca de los precios de los bienes que les son
ofrecidos;
Que el esquema de protección que establecía la Ley Nº 22802 y modificatorias, se asentaba en la
imposición de deberes formales que deben ser cumplidos por los sujetos obligados por la Ley. La
imposición de tales deberes a quien ejerce determinada actividad comercial no se presenta como
irrazonable y las obligaciones establecidas por la legislación bajo análisis tampoco lo son, por tal motivo
no se requiere que exista un perjuicio concreto o un damnificado identificado; lo que se requiere para que
se configure la infracción es la constatación de que determinada conducta a la que el sujeto se encuentra
obligado, no se verifique;
Que en cuanto al importe de la multa se considera que el mismo es razonable por haber estado
contemplado dentro del marco normativo que establece el Artículo 57 Inciso b) del Decreto 274 de lealtad
comercial;
Que, en conclusión, corresponde aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso jerárquico
interpuesto por la referida firma por resultar su conducta violatoria de lo dispuesto por los Artículos 5º y 6º
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de la Resolución Nº 07/02 de la ex Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del
Consumidor, concordante con la Ley 22802 y modificatorias;
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía, en Orden 7 y en Orden 29 y por Asesoría de Gobierno en Orden 16 del expediente de referencia;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
D E C R E T A:
Artículo 1° - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto en Orden
2 del expediente EX-2021-03326323-CCC, por la Doctora CYNTHIA LAURA NARVAEZ, en representación
de la firma “CENCOSUD S.A.”, CUIT 30-59036076-3, contra la Resolución N° 146 dictada por la
Dirección de Fiscalización y Control en fecha 29 de marzo de 2019, conforme con los fundamentos
expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
27/02/2023 (1 Pub.)
