DECRETOS
Decreto Nº 135
- Fecha de publicación
- 16 de febrero de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.808 · páginas 7–10
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 135
MENDOZA 07 DE FEBRERO DE 2023
Visto el Expediente Nº EX-2021-08157892- -GDEMZA-CCC; y
CONSIDERANDO:
Que en orden 02 se presenta el abogado Alejandro F. Jofré, por el Señor CARLOS ALBERTO MURIEL,
D.N.I. Nº 20.677.595, agente del Ministerio Público Fiscal, con el patrocinio de María Virginia García
Zucchelli interpone un reclamo mediante el cual solicita que se reestructure el sueldo percibido,
considerando los rubros no remunerativos, incluidos en los bonos de sueldo y se incluyan estos rubros en
el salario básico, por ser el mismo una remuneración;
Que en orden 09 obra informe de la Jefatura de Departamento de Liquidación de Haberes del Ministerio
Público Fiscal del Poder Judicial de la Provincia en el cual se señala que la estructura salarial no depende
de las autoridades del Poder Judicial sino que se origina en los acuerdos conformados ante la
Subsecretaría de Trabajo y Empleo por representantes del Ejecutivo y de las entidades sindicales. Surge
también del informe que por Acta Paritaria del mes de setiembre de 2021 (homologada por Decreto Nº
1500/2021 y ratificado por Ley Nº 9352), se modificó el acuerdo salarial homologado por Decreto Nº
69/2021 y en su reemplazo se acordó un aumento en la asignación de clase como ítem remunerativo y
bonificable;
Que el agente Muriel sostiene que por distintos acuerdos paritarios se viene abonando a los trabajadores
públicos un monto no remunerativo y que de acuerdo a lo normado por los Artículos 25 y 53 del Decreto Nº
560/1973 y jurisprudencia aplicable al caso, estas sumas deberían ser incorporadas al concepto de sueldo,
por tanto deben considerarse a todas remunerativas;
Que asimismo señala que no es facultad de la Provincia y contraviene todas las normas de la Seguridad
Social, el otorgar aumentos no remunerativos, atento a que lo que no se paga en concepto de antigüedad
y presentismo, no aporta al servicio de la seguridad social y su sistema solidario;
Que el reclamante sostiene que en el presente caso, al no aplicarse la ley, se habilita el trabajo no
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registrado, dejando la función del empleado público desprestigiada y menos retribuida, se violenta el
derecho de propiedad de los presentantes, cuando reciben menos de lo que les corresponde, afectando su
capacidad de ahorro, gasto y bienestar, como el derecho al trabajo, en condiciones satisfactorias, etc.;
Que también precisa que en virtud de los argumentos expuestos, las sumas fijas que se abonaban en
virtud del dictado de los decretos y leyes mencionados en los puntos 1º, 2º y 3º del reclamo, deberían
formar parte del sueldo desde la fecha de promulgación de los mismos y liquidarse las diferencias
salariales que resulten, con más los intereses que correspondan;
Que por último, sostiene que no sólo tenemos una clara violación al principio de igualdad, sino también
una afectación clara al derecho de propiedad de sus mandantes. Expresa que la liquidación de los haberes
mensuales de sus instituyentes, tal como se viene efectuando hasta la fecha de interposición del reclamo
resulta así violatoria de derechos reconocidos expresamente por nuestra Constitución Nacional (Artículos
14 y 17 CN y Artículo 16 CM);
Que en primer lugar cabe destacar que el reclamo presentado resulta ser impreciso y genérico, ya que no
surge del mismo cuáles serían los ítems del sueldo del presentante cuya restructuración persigue;
Que en efecto, el presentante refiere que “…las sumas fijas que se abonaban en virtud del dictado de los
decretos y leyes mencionados en los puntos 1º, 2º y 3º deberían formar parte del sueldo desde la fecha de
promulgación de los mismos y liquidarse las diferencias salariales que resulten con más, los intereses que
correspondan…” y sin embargo no surge de los puntos 1º, 2º y 3º del reclamo ninguna mención de las
supuestas normas a las que se refiere;
Que sin perjuicio de esta imprecisión de la que adolece el reclamo, surge del informe de Liquidaciones del
Poder Judicial que “el acuerdo salarial conformado a inicios de 2021 resultó homologado por Decreto
N°69/2021. El mismo, incluyó en su punto 1-una recomposición salarial consistente en una suma anual no
remunerativa y no bonificable que a la fecha, por acta Paritaria del mes de setiembre de 2021, pasa a ser
incorporada a la asignación de clase (ítem remunerativo y bonificable), modificándose el acuerdo salarial
anterior”;
Que al día de la fecha no existirían ítems dentro del sueldo del personal del Ministerio Público que tengan
carácter de no remunerativos;
Que en tal sentido y de conformidad con lo acordado, habida cuenta del acta citada, dicha petición habría
devenido en abstracto, por lo que consecuentemente corresponde el sobreseimiento del presente por
sustracción de materia;
Que cabe recordar la aplicación del principio receptado por la jurisprudencia, tal como ha expresado la
Corte local: “El sobreseimiento constituye un modo anómalo de terminación del proceso, de creación
doctrinaria y jurisprudencial que se presenta cuando no existe discusión real entre el actor y el
demandado, ya porque el juicio o incidencia de la que se trata es ficticia desde su comienzo, o porque a
raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de
la acción (Imaz y Rey – “Recurso Extraordinario”, 2da. edición, Nuevas Ediciones, pág. 70 y 61). Se trata
de una aplicación del principio según el cual los tribunales no pueden dar opiniones o consejos
(Barraguirre, Jorge, "Control de constitucionalidad", Rev. Jurisprudencia Santafecina N° 19, pág. 16; conf.
Bianchi Alberto B., "Control de Constitucionalidad, El proceso y la jurisdicción constitucionales", Bs. As.,
ed. Abaco, 1992 N° 16, pág. 143);
Que asimismo corresponde referirse a supuestas diferencias salariales que podrían haber surgido en el
período comprendido entre el acuerdo salarial conformado a inicios del 2021 y el acta paritaria de
setiembre de aquel año, que fuera homologada por Decreto Nº 1500/2021 y ratificada por Ley Nº 9352;
Que en este punto se advierte que las actas paritarias reseñadas nada expresan respecto a tales
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diferencias, de donde se infiere que ésta fue la intención de todas las partes firmantes y en esa
inteligencia, por ello que los efectos derivados del acuerdo alcanzado, rigen a partir del día siguiente a su
publicación conforme lo establecido en el Artículo 15 de la Ley N° 24185, que rige las negociaciones
colectivas que se celebren entre la Administración Pública Nacional y sus empleados, a la que la Provincia
de Mendoza adhiere por Ley N° 6656 (Artículo 24) y el Artículo 6 de su Decreto Reglamentario Nº
955/2004. Ello por cuanto ha existido un sometimiento voluntario al régimen jurídico, lo cual obsta a su
ulterior impugnación con base constitucional;
Que cabe recordar que, a priori, le está vedado a la Administración Pública la posibilidad de inaplicar per
se una ley, con fundamento en que se considera inconstitucional, salvo en el supuesto -que no es el de
marras - en el que la vulneración de garantías y derechos previstos constitucionalmente surja con carácter
manifiesto, superando lo meramente opinable y que se trate de un patente, evidente, grosero, flagrante,
apartamiento de la Ley Fundamental (cfr. Dictamen N° 620/1991 Asesoría de Gobierno);
Que en el caso bajo análisis, no surge que el acuerdo paritario homologado por Decreto Nº 69/2021, se
aparte de manera patente, manifiesta, evidente, grosera y flagrante de las disposiciones de la Constitución
Nacional y de las garantías y derechos protegidos y contemplados por ella. Por el contrario, se trata de un
acuerdo celebrado con todas las formalidades que exige la normativa en materia de negociaciones
colectivas;
Que en otro orden de ideas, cabe poner de resalto que el monto de $54.000 pagadero en cuotas que surge
del acuerdo homologado por Decreto Nº 69/2021, no se trató de un ítem que al momento de su
otorgamiento hubiera tenido vocación de perdurabilidad, primero como no remunerativo, para luego mutar
como remunerativo, sino que dicho monto constituyó una suma fija de carácter extraordinario, de allí su
carácter no remunerativo. Es decir, en tanto suma fija y extraordinaria, no se previó su mantenimiento
como ítem para su posteridad, sino que la misma, originalmente se agotaba una vez culminado su pago en
los términos acordados;
Que de modo tal que la paritaria de setiembre de 2021, no importó darle continuidad a dicha suma fija
mutando su carácter de no remunerativo a remunerativo, sino que constituye un nuevo acuerdo que
modifica el anterior, al disponer un nuevo incremento en la asignación de la clase vigente al 30/11/2020, es
decir, no fue acumulativo ese incremento, no se computan al efecto las cuotas pagadas al momento de la
suma fija para calcular dicho incremento (dado su carácter de suma fija extraordinaria y no remunerativa);
Que es así que, en el entendimiento de que las partes han visto de modo satisfactorio la recomposición de
la estructura salarial con este nuevo incremento sobre la asignación de la clase de carácter remunerativo a
partir de setiembre, es que han acordado que el mismo absorbe las restantes cuotas del bono a partir de
setiembre, quedando con ello eliminado este bono hacia adelante. Es decir, se modifica lo acordado
previamente, se renuncia a percibir las cuotas restantes de dicha suma fija extraordinaria, pero ello no
implica considerar que dicha suma (bono de $54.000) se tratara de un ítem perdurable en el tiempo que
luego mutara su carácter;
Que siempre se trató de una suma fija extraordinaria, de allí su carácter no remunerativo. La misma no ha
sido mantenida. Todo lo contrario. Con el nuevo acuerdo fue eliminada. No se trata de un ítem que a partir
de setiembre se mantiene (ahora con carácter remunerativo) y pasa a integrar la asignación de la clase.
De allí que no pueda considerarse que desde su origen debiera haber ostentado carácter remunerativo, y
con ello generar diferencias salariales y aportes retroactivos.
Por ello y de conformidad con lo dictaminado en orden 32 por Asesoría Letrada del Ministerio de
Gobierno, Trabajo y Justicia,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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DECRETA:
Artículo 1°- Rechácese el reclamo impetrado por el agente CARLOS ALBERTO MURIEL, D.N.I. Nº
20.677.595, de conformidad con lo expresado en los considerandos del presente decreto.
Artículo2°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ
S/Cargo
16/02/2023 (1 Pub.)
