DECRETOS
Decreto Nº 92
- Fecha de publicación
- 8 de febrero de 2023
- Fecha de la norma
- 31 de enero de 2023
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.802 · páginas 13–16
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 92
MENDOZA, 31 DE ENERO DE 2023
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Visto el expediente EX-2020-04061900-GDEMZA-CCC y asociado EX-2020-00873941- GDEMZA#DPA-
SAYOT, en el cual se tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por Rogelio Nazar Boulin, en
representación de la empresa POTASIO RÍO COLORADO S.A. contra la Resolución N° 211/2020-SAYOT
que ratifica la imposición de Tasa Ambiental de Evaluación y Fiscalización Minera (TAEFM) del año 2016
mediante la Resolución N° 557/2019 SAYOT, en la propiedad minera denominada Cantera Flor 1; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 211/2020-SAYOT se aceptó en lo formal y se rechazó en lo sustancial el Recurso
de Revocatoria interpuesto por la empresa POTASIO RÍO COLORADO S.A., C.U.I.T. Nº 30-64159355-5,
contra la Resolución N° 557/2019-SAYOT.
Que en orden 02 obra Recurso Jerárquico formulado ante la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial de Mendoza y contra la Resolución N° 211/2020-SAYOT, con el objeto de que sea revocada por
contrario imperio, en tanto se encontraría viciada de gravedad, lo que acarrearía su nulidad e ilegitimidad,
lo que acarrearía su nulidad en los términos y alcances de la Ley N° 9003.
Que en cuanto a la admisión formal, el recurso ha sido interpuesto, en legal tiempo y forma.
Que la presentante refiere a la improcedencia de la exigencia de Tasa Anual de Evaluación y Fiscalización
Minera (TAEFM) del año 2016 por los siguientes argumentos: Habla de la improcedencia del cobro de
dicha tasa por no haberse publicado el cálculo del costo, por ser un tributo que debe ser fijado legalmente
y una facultad indelegable. Sin embargo, no se trata de un tributo sino de una tasa retributiva por el control
y fiscalización, siendo su naturaleza jurídica totalmente distinta. Por ello, tampoco es procedente el
argumento de la falta de publicación de los cálculos que dieron lugar a la fijación de los montos de la tasa
dado que dicho cálculo no es impugnable, no existiendo en consecuencia vicio alguno, según pretende el
impugnante.
Que el recurrente alega que se aplicó un reglamento que carece de validez y eficacia por no contar con la
debida publicidad, pero la Resolución 1265/2017-DPA se encuentra publicada en el Boletín Oficial N°
30.913 y responde a las competencias propias de la Dirección de Protección Ambiental conforme lo
dispuesto por la Ley de Ministerio Nº 8830 y el artículo 59 de la Ley N° 8837.
Que el régimen normativo previsto en el Decreto Nº 820/2006 expresa: Artículo 31°) Con el objeto de
recabar el dictamen técnico exigido por el Artículo 32° de la Ley Provincial N° 5961, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Provincial N° 5657 y en aplicación de la disposición contenida, en el Inciso b) del
Artículo 261 del Código de Minería de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas llamará
públicamente a inscripción a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con el fin de confeccionar un
Registro de Consultores y Laboratorios, Centros de Investigación e idóneos en materia de asesoramiento
ambiental para la actividad minera. Artículo 32° a los fines de la fijación de la tasa cargo del proponente,
establecida en el Artículo 40° de la Ley Provincial N° 5961, la misma será determinada en cada caso por
Resolución fundada de la Autoridad Ambiental Minera la que en ningún caso podrá superar el valor de los
honorarios correspondientes al dictamen técnico referido por el citado artículo. El destino de los aranceles
será exclusivamente para atender el costo del proceso de evaluación del impacto ambiental. Artículo 33°)
La Autoridad Ambiental Minera realizará inspecciones rutinarias o de oficio a fin de verifican el estado de
situación y procederá a efectuar las recomendaciones específicas en materia de saneamiento y control de
riesgo ambiental. Además emplazará a las empresas a la realización de los estudios de impacto ambiental
correspondientes como a la ejecución de los planes de saneamiento, bajo apercibimiento de las sanciones
previstas.
Que en este sentido, la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si
bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho
adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por
ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no
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puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene
en mira el interés general.
La Corte sostiene asimismo, que el cobro de una tasa debe corresponder siempre a una concreta, efectiva
e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del
contribuyente. Sobre el particular, no negamos que también el cimero Tribunal mantiene con respecto a la
correspondencia entre el monto de este tributo en el caso concreto y el costo del servicio, que ello no
significa que debe existir una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer; pero ello no
implica que se permite que la relación sea desproporcionada y menos que el destino de los fondos sea
aplicado a cualquier otro objetivo.
Que en el caso, las competencias que cumplimentan el principio de legalidad tributaria se encuentran
ejercida por medio de ley formal y material, en ocasión de la creación de la tasa (Artículo 40° de la Ley
Provincial N° 5961) la cual encuentra la limitación del máximo de su cuantía por la propia norma de
creación. Adicionalmente el Artículo 13 de la Ley de presupuesto N° 9118 dispone "De conformidad con lo
dispuesto por el Código Fiscal, establézcase las tasas retributivas de servicios expresadas en moneda de
curso legal, según se detalla en el Anexo de Tasas de Retributivas de Servicio de este Capítulo integrante
de la presente Ley. El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el alcance de la aplicación de estas tasas para
los casos que lo requiera".
Que finalmente, el Artículo 59 del ANEXO TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS - CAPÍTULO IX
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTUACIONES EN GENERAL de la Ley N° 9118 establece en su inc.
V. "la Tasa de Evaluación y Fiscalización Minera (T.A.E.F.M.), destinada a afrontar los gastos que
demanda el control de la actividad minera tanto en la evaluación de la información contenida en cada
expediente como el control en el terreno a través de inspecciones, cuyo monto resultará de la aplicación de
una fórmula polinómica, que tendrá en cuenta la distancia en kilómetros recorridos hasta el lugar del
proyecto, el precio del kilómetro, la cantidad de días por inspección, cantidad de inspecciones y el valor
estimado unitario de la inspección por persona, un porcentaje del presupuesto anual para el
funcionamiento del área multiplicado por un factor que tendrá en cuenta la escala del proyecto, la categoría
del mineral y el impacto sobre el medio ambiente.
Que el cálculo de la tasa anual para los proyectos mineros sujetos a evaluación y fiscalización, se
discriminará de la siguiente manera: a) Tasa para Prospección, Exploración y Explotación de Minerales
Metalíferos con DIA y no Metalíferos T=I+D+P T=tasa-a-cobrar I= n° de inspectores * n° de inspecciones *
días de inspección * costo ($) de la inspección por persona D= distancia al proyecto ida y 1 (Fallos: 251:50
y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332: 1504, entre otros) * precio del alquiler del vehículo por km P=
% del presupuesto de funcionamiento de área * f. La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a
través de la Dirección de Protección Ambiental determinará, por resolución fundada, los valores estimados
para las variables "Costo del km recorrido" y "Costo de la inspección por persona", a efectos de precisar el
resultado de la fórmula polinómica. ... El Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, a través de
la Dirección de Protección Ambiental determinará, por resolución fundada, los valores estimados para las
variables "Costo del km recorrido" y "Costo de la inspección por persona", a efectos de precisar el
resultado de la fórmula polinómica ".
Que en tal entendimiento, nuestra CSJN ha afirmado que ha de guardar cierta relación, sin que ello se
deba interpretar en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer (arg.
Fallos: 201 :545; 234:663, entre otros), a lo que agregó, con rotundidad, que "lo se ha considerado injusto
y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de
los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada
contribuyente sino también la capacidad contributiva de los mismos representada por el valor del inmueble
o el de su renta, a fin de cobrara los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de
mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público" (Fallos: 234:663;)
Que tal como se expresa supra, la doctrina ha sostenido que no resulte exigible la equivalencia estricta y
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consecuentemente su fundamentación de todos y cada uno de los elementos siendo necesaria la
exteriorización del criterio adoptado lo cual permitiría en el caso concreto acreditar la arbitrariedad,
confiscatoriedad o irracionalidad del mismo. Extremo que no se acredita ni se justifica de manera alguna
en el recurso en cuestión.
Que en tal sentido, solo refiere a que se trataría de una caso de falta de fundamentación derivado de la
falta de notificación de los dictámenes que fundamentan la decisión, lo cual resulta un exceso en la
pretensión del administrado quien podría acceder a las fundamentaciones compulsando el expediente en
cuestión. Así, no hay agravio concreto respecto del valor consignado en los términos referidos en el
presente dictamen.
Que cabe destacar que la atribución tributaria ha sido ejercida dentro del marco de legalidad, en que existe
en forma previa una norma que contiene el hecho imponible referido a una tasa, luego cuantificada por otra
norma posterior, con contraprestación, consistente en servicios típicamente ambientales, como son las
inspecciones de instalaciones, previamente empadronadas, con las que se prestan servicios en el territorio
provincial y que refieren al genérico control ambiental que requiere toda actividad bajo estudio; y
finalmente no se encuentra acreditada la existencia de confiscatoriedad. Habiéndose entonces,
cumplimentado adecuadamente el principio de legalidad al determinar el legislador con precisión el sujeto
y la materia imponible.
Por ello, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley N° 9003 y lo dictaminado por las Asesorías Legales de
la Dirección de Protección Ambiental, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y Asesoría
de Gobierno;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por
Rogelio Nazar Boulin, en representación de la empresa POTASIO RÍO COLORADO S.A., C.U.I.T. Nº
30-64159355-5, por la propiedad minera denominada Cantera Flor 1, contra la Resolución N°
211/2020-SAYOT, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto.
Artículo 2º - Ratifíquese en todas sus partes la Resolución N° 211/2020-SAYOT y la Resolución N°
557/2019-SAYOT.
Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ
S/Cargo
08/02/2023 (1 Pub.)
