DECRETOS
Decreto Nº 2461
- Fecha de publicación
- 13 de enero de 2023
- Fecha de la norma
- 22 de diciembre de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.784 · páginas 23–30
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2461
MENDOZA, 22 DE DICIEMBRE DE 2022
Visto el expediente Nº EX-2022-03478846-GDEMZA-CCC en el que obra el Recurso de Alzada interpuesto
por el Doctor RICARDO ESPINASSE, en representación de los siguientes agentes que prestan funciones
en las Barreras Sanitarias del INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MENDOZA
(IsCAMen): JUAN JOSÉ GIMÉNEZ, DNI 20.809.680; JAVIER RAMON OREIRA, DNI 24.161.233;
EDGARDO FABIÁN ALFAYA, DNI Nº 23.840.268; MANUEL GUSTAVO OLSINA, DNI Nº 21.690.529;
JORGE MARCILO SPITALIERI, DNIº 21.740.741; JUAN MANUEL MULLEADY, DNI Nº 25.272.512;
GABRIEL FRANCISCO MERCADO, DNI Nº 26.190.510; MÓNICA GRACIELA DIAZ, DNI Nº 18.586.364;
SERGIO GABRIEL PEDROZA, DNI Nº 29.821.743; NÉSTOR ÁNGEL DE VIRGILIO, DNI Nº 21.377.109;
HELVIO JAVIER ACEVEDO, DNI Nº 22.538.997; HÉCTOR OMAR ACEVEDO, DNI Nº 13.135.673;
RICARDO CEFERINO GAHONA, DNI Nº 21.949.532; HUGO DANIEL SORIA, DNI Nº 28.627.202; JOSÉ
MARÍA SANJURJO, DNI Nº 18.581.465; MAURICIO FABIÁN MONTENEGRO, DNI Nº 27.096.442;
MARIANO GERMÁN ROSALEZ, DNI Nº 28.600.351; ÁNGEL ANTONIO BUENANUEVA, DNI Nº
25.950.691; ARMANDO SERGIO CHICALA, DNI Nº 16.666.551; CARLOS OSIRIS VILLEGAS, DNI Nº
23.466.075; CRISTIAN DANIEL SCORDO, DNI Nº 23.692.867; JUAN CARLOS MARTÍNEZ, DNI Nº
23.660.062; ROLANDO MIGUEL MARCAT; DNI Nº 22.307.952; ARIEL ALBERTO CARIAGA, DNI Nº
24.542.745; JULIO CÉSAR LUCERO, DNI Nº 14.730.575 y MARIANO ABACA, DNI Nº 27.719.923; y
Considerando:
Que el Recurso de Alzada deducido en fecha 13 de mayo de 2022 fue realizado por considerar que había
mediado denegatoria tácita en los reclamos administrativos que habían tramitado en los Expedientes
Ex-2019-7147422-ISCAMEN#MEIE y en el EX-2020-3698-ISCAMEN#MEIE;
Que el INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MENDOZA (IsCAMen) informó en
EX-2022-03478846-GDEMZA-CCC (en el orden N° 11 y en respuesta a lo solicitado en el orden 7) que en
ninguna de las dos piezas administrativas había operado el vencimiento del plazo previsto por la Ley
9003(Artículo 162) y, en consecuencia, no existía denegatoria tacita por parte del Instituto;
Que en el expediente EX-2019-7147422-ISCAMEN#MEIE se realizó un Reclamo Administrativo solicitando
que el Presidente del INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MENDOZA (IsCAMen)
dé cumplimiento a lo dispuesto por Ley 8059, que ratificó el Decreto 1428/06 de homologación de actas de
acuerdo de las comisiones negociadoras, en lo relativo a tres puntos: 1)chequeo integral de salud a todo el
personal de BAS enforma semestral, 2) análisis de sangre para verificar la presencia de bromuro en
sangre, 3) tramite solicitando la incorporación del personal de BAS al régimen de insalubridad mediante
Expte 13337-I-05-02627, citando normativa en favor desu reclamo(orden 61);
Que, asimismo, en el EX2020-3698-ISCAMEN#MEIE, el reclamo consistía en un incremento en las
remuneraciones, solicitando la aplicación de adicionales de riesgo e insalubridad. El principal argumento
invocado por los reclamantes consiste en que existe personal que realiza idénticas tareas que ellos y que
cobra remuneraciones más elevadas. Por último, los reclamantes solicitan el Adicional por Zona indicando
que los docentes del lugar perciben un 100% del mismo;
Que en virtud del principio del informalismo en favor del administrado y a fin de que quede garantizado su
derecho de defensa, respecto a lo resuelto por el INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA
DE MENDOZA (IsCAMen) en EX-2019-7147422-GDEMZA-ISCAMEN#MEIYE tanto por Resolución
160-I-2022 como por Resolución 318-I-2022, se le otorgaron (QUINCE) 15 días hábiles al recurrente a fin
de que se expida respecto al mismo, ya sea ratificando o ampliando los argumentos vertidos en la Alzada
que previamente había interpuesto;
Que en Orden 18, el recurrente se presentó y ratificó el Recurso de Alzada (presentado originariamente en
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fecha 13 de mayo de 2022) en virtud de haber sido notificada la Resolución N° 277-I-2022 realizado en el
EX-2020-3698-ISCAMEN#MEIE. Con relación al otro reclamo EX -2019-7147422-ISCAMEN#MEIE, el
recurrente expresó en fecha 11 de julio de 2022 que también ratificaba su Recurso de Alzada de fecha 13
de mayo de 2022, dado que el día 15 de junio de 2022 se les notificó el rechazo del reclamo mediante
Resolución N° 318-I-2022 dictada por ISCAMEN cuando ya había deducido la Alzada;
Que se observan los requisitos formales de procedencia del Recurso de Alzada, por lo que el mismo debe
ser admitido formalmente y deducido contra la Resolución N° 318-I-2022 y contra la Resolución
N°277-I-2022;
Que uno de los reclamos consistía en un incremento en las remuneraciones, solicitando la aplicación de
adicionales de riesgo e insalubridad. El principal argumento invocado por los reclamantes consiste en que
existe personal que realiza idénticas tareas que ellos y que cobra remuneraciones más elevadas. Por
último, los reclamantes solicitan el Adicional por Zona indicando que los docentes del lugar perciben un
100% del mismo;
Que los riesgos mencionados por los recurrentes tienen que ver con la cantidad de horas de trabajo, los
lugares de trabajo en que existen insectos, víboras, temperaturas extremas en invierno y verano, contacto
consustancias peligrosas, veneno, plagas, etc.;
Que con relación al Adicional por Riesgo de los Trabajadores de BAS del ISCAMEN el Decreto N°
1481/2002 dispuso en su Artículo 1º que se incorporase al Anexo II del Decreto-Acuerdo N° 2737/79, el
párrafo siguiente:”17-Personal que preste funciones en forma habitual y permanente en las Barreras
Sanitarias instaladas por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (I.S.CA.MEN)”;
Que, es decir, que los reclamantes, no toman en consideración que por el Decreto N°1481 se incluyó
como riesgosa la actividad que desempeñan, conforme a las disposiciones del Decreto-Acuerdo N° 2737 y
modificatorios al personal de las Barreras Sanitarias por tener a su cargo tareas de control interno en las
rutas de acceso a la Provincia de Mendoza;
Que fue el I.S.CA.MEN quien solicitó la incorporación de los trabajadores del BAS en el Anexo II del
Decreto-Acuerdo N° 2737/79 (en sus considerandos se menciona que la Comisión Asesora Permanente
del Poder Ejecutivo para el Régimen de Trabajo Insalubre y/o Riesgoso efectuó en esa oportunidad un
minucioso estudio de los antecedentes presentados y se valoró situaciones tales: peligros y deficiencias
con que llevan a cabo las tareas, accidentes ocurridos con la consiguiente pérdida de vida, exposición a
probables accidentes viales por imprudencia de conductores y/o transeúntes, peligro de caídas desde
alturas, peligros de descargas eléctricas en el encendido, limpieza o mantenimiento de grupos
electrógenos, riesgo durante el desempeño de sus tareas en horario nocturno, entre otros);
Que es importante poner de relieve que precedió a dicha incorporación como actividad riesgosa: informes
técnicos, inspecciones y dictamen legal de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social donde se
resaltaron una serie de observaciones descriptas en las inspecciones que oportunamente efectuó el
personal de esa Subsecretaria, en los lugares de trabajo (distintos controles fitosanitarios ubicados en la
Provincia);
Que actualmente no resulta posible que la Comisión Asesora Permanente agregue tareas riesgosas ya
que las últimas Leyes de Presupuesto no lo han autorizado;
Que expresamente la Ley Nº 9356 de Presupuesto año 2022 dice:”... Riesgo: Suspéndase durante el
ejercicio presupuestario 2022 la incorporación de nuevas tareas riesgosas para el otorgamiento del
adicional por riesgo”;
Que respecto al reclamo por insalubridad, la doctrina sostiene que jornada insalubre es la que se
desarrolla en lugares que por las condiciones del lugar de trabajo, por las modalidades o por su naturaleza,
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ponen en peligro la salud de los trabajadores y que la autoridad administrativa determinó como insalubres
(Grisolia, Julio Armando, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Tomo I, Ed Lexis Nexis, Bs As., año
2005, pags. 883 y siguientes);
Que la limitación legal tiene su fundamento en la protección de la salud psicofísica del trabajador. La
declaración de insalubridad depende de una evaluación particular de cada caso para establecer la
presencia de un agente hostil o un producto nocivo para la salud, por lo cual no se puede determinar,
como se hacía anteriormente, que determinadas actividades o productos resulten insalubres per se;
Que, al respecto, dice Grisolia que la calificación de la insalubridad de una tarea debe surgir
necesariamente de una resolución de la autoridad administrativa con fundamento en dictámenes médicos,
por lo tanto, no hay trabajo insalubre sin una declaración administrativa en tal sentido. El autor citado
incluso asevera un lugar o una tarea puede ser insalubre y dejar de serlo (Conf. Grisolia, ob. cit);
Que la jurisprudencia ha sostenido: ”No es facultad de los tribunales de trabajo la determinación de
salubridad o insalubridad de los lugares o establecimientos de trabajo, ya que ello surge ministerio legis o
es facultad del Poder Ejecutivo en ejercicio del Poder de Policía del Trabajo, conforme con nuestro
derecho positivo” (Tribunal del Trabajo de Trenque Lauquen, 23/12/1994,Torres, Raul I. v Rivelli, Juan C,
T y SS, 2000-728 ).La Resolución MTySS N° 695/99 y su modificatoria MTEyFRH N° 344/01 (B.O.
10/7/01) dispone: “La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el organismo competente para calificar
a las tareas o ambientes laborales como normales o insalubres” (www.SRT.gob.ar);
Que la Resolución 318/01 SRT (B.O. 10/7/01) que aprueba la estructura orgánico funcional de la SRT,
crea la Subgerencia de Salud Ocupacional e Insalubridad, asignándole como responsabilidad primaria
“Investigar, analizar y promover cursos de acción en materia de higiene y seguridad en el trabajo” y entre
sus
acciones
“Implementar
la
sistematización
y
tratamiento
de
temas
referidos
a
las
insalubridades”(www.SRT.gob.ar);
Que la Resolución 434/02 MTEySS (B.O. 25/6/02) y su modificatoria 860/02 (B.O. 31/12/02) establece que
la declaración de insalubridad resulta competencia exclusiva de la Administración Laboral jurisdiccional
correspondiente al domicilio del establecimiento laboral. Deroga la Res. MTEySS 695/99 y su modificatoria
MTEyFRH 344/01 (www.SRT.gob.ar);
Que La Resolución 212/03 MTEySS dice: Apruébase el “Procedimiento para calificar el carácter de
lugares, tareas, o ambientes de trabajo como normales o insalubres” (B.O. 2/5/02) (www.SRT.gob.ar);
Que Grisolia al comentar la Resolución N° 212/2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(BO del 2/5/2003) que aprueba el procedimiento para calificar el carácter de lugares, tareas o ambientes
de trabajo como normales o insalubres señala que inclusive previo a declarar la insalubridad o salubridad
de un determinado establecimiento, sección o puesto de trabajo, se debe efectuar una inspección inicial, la
cual debe contener como mínimo un relevamiento estadístico de datos;
Que con el informe de inspección, el organismo laboral provincial debe establecer los pasos a seguir para
la prosecución del trámite e investigación encuadrándolo dentro del marco legal correspondiente en
materia de insalubridad;
Que si de la evaluación realizada surge que el lugar, el ambiente o la tarea realizada no se encuentra
adecuada a la legislación vigente, se deben notificar a las partes interesadas en el procedimiento e intimar
al infractor para que dentro del plazo establecido adecue las instalaciones a las exigencias impuestas. El
plazo debe ser acorde con los trabajos que se deban realizar para reacondicionar el lugar. Vencidos los
plazos acordados, se procede a verificar el cumplimiento de lo intimado y se evalúa nuevamente el
ambiente trabajo. Si las condiciones fueron adecuadas, se realiza un informe técnico que especifique dicha
situación y su posterior notificación a las partes interesadas, concluyendo el procedimiento. De lo contrario
se realiza un informe técnico médico dejando constancia de las persistencias de los incumplimientos
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intimados o de la ineficacia de las medidas adoptadas, emitiendo una opinión fundada científicamente;
Que el área legal del organismo debe emitir un dictamen final evaluando todo lo actuado y su relación con
la legislación existente en materia de insalubridad y normas anexas o relacionadas, calificando las tareas y
su encuadre legal;
Que en base a todos esos elementos el organismo laboral provincial debe emitir una resolución
administrativa declarando la insalubridad o el levantamiento de la insalubridad existente;
Que para que la declaración de insalubridad pueda hacerse valer ante el ANSES debe ser debidamente
fundada y dictada en actuaciones en las que consten los procedimientos y evaluaciones técnicas que se
llevaron a cabo para producirla (Ver Resolución 434/2002 MTE y SS);
Que en aquellas actuaciones en que el ANSES objetare fundadamente la insalubridad producida por la
administración laboral, se deberá requerir un dictamen técnico de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y, de corresponder, remitir las actuaciones para su resolución al Consejo Federal del Trabajo, ante
quien se agotaría la vía administrativa (Conf. Grisolia, ob. cit, pag.888);
Que en cuanto a la remuneración en la jornada insalubre, el dependiente que presta tareas en esas
condiciones y que por ende, trabaja 6 horas diarias y 36 semanales, debe percibir la misma remuneración
que el que trabaja 8 horas diarias y 48 semanales en una jornada normal (Grisolia pag. 886);
Que en la Provincia de Mendoza la Ley 8927 en su Artículo 28 dispone: ”La Subsecretaría de Trabajo
realizará en todo el territorio de la Provincia, la inspección y vigilancia en la materia de su competencia, de
los lugares donde se preste trabajo en relación de dependencia, cualquiera sea su modalidad. Tal función
será ejercida tanto en forma preventiva o informativa, como de vigilancia y fiscalización, a fin de verificar el
cumplimiento de las leyes, decretos, convenciones colectivas, reglamentaciones y resoluciones que rijan
tal prestación...”;
Que, a su vez, el Artículo 31 de la Ley 8927 dice que la Subsecretaria del Trabajo y Seguridad Social:
“Está facultada para declarar insalubres el o los lugares de trabajo y/o tareas riesgosas conforme a la
legislación vigente”;
Que la Resolución N° 4709/06 de la Subsecretaria del Trabajo y Seguridad Social creó el Registro de
Insalubridades de la Provincia de Mendoza estableciendo que las insalubridades tienen que estar
debidamente fundadas y dictadas en actuaciones en las que consten procedimientos y evaluaciones
técnicas que llevaron a cabo para producirla y cumplir con los requisitos establecidos por el Artículo 2 de la
Resolución N° 860/02 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Dicha Resolución establece
que el Registro funcionará dentro del ámbito de la Asesoría Técnica Dependiente de la Subsecretaria de
Trabajo y Seguridad Social;
Que la Resolución 212/03 MTE y SS, ANEXO I establece el procedimiento para la declaración de
insalubridad que aplica la Subsecretaria del Trabajo y Seguridad Social, y dice :”… en el informe de la
inspección inicial donde se describe el ambiente de trabajo, las tareas ejecutadas en el sector opuestos de
trabajo, tipo de procesos productivos y sus características y contaminantes existentes (conforme la
Resolución MTSS N° 444/91, sus modificatorias y complementarias), medidas preventivas adoptadas y a
implementar, el Organismo Laboral Provincial determinará los pasos a seguir para la prosecución del
trámite e investigación encuadrándolo dentro del marco legal correspondiente en materia de insalubridad”.
El procedimiento prevé la notificación a las partes del informe de inspección inicial, la posibilidad que el
empleador efectué un descargo, e inclusive que realice una adecuación de las condiciones de trabajo y
que se produzca una nueva inspección antes que se dicte la insalubridad de la actividad o empresa;
Que el procedimiento dispone que se dicte: la Resolución Administrativa del Organismo Laboral Provincial
declarando una insalubridad o el levantamiento de una Insalubridad existente, en los términos y
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condiciones establecidos en el artículo 4° de la Resolución M.T.E. y S.S. N° 434/02, texto según Artículo
3° de la Resolución M.T.E. y S.S. N° 860/02;
Que reviste mportancia el Decreto Nº 2737/1979 (BO 10/10/1979) porque en su Artículo 3 establece: ”La
incorporación de nuevas tareas a este régimen o la supresión de las que correspondieren, será dispuesta
por el Poder Ejecutivo, previo dictamen técnico de la Comisión Asesora Permanente que se crea por el
Artículo 12 del presente Decreto Acuerdo”;
Que el Artículo 12 del Decreto 2737/1979 crea la Comisión Asesora Permanente del Poder Ejecutivo para
el régimen de trabajo insalubre o riesgoso. Justamente la referida Comisión tiene como finalidad asistir al
Poder Ejecutivo para resolver los pedidos de incorporación o supresión de tareas insalubres o riesgosas
en los regímenes de jubilación especial y de Suplemento de Riesgo;
Que también es misión de la Comisión citada producir dictamen técnico sobre la procedencia de la
incorporación de agentes a uno y a otro régimen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 4 inciso
b) y 9 inciso b) del decreto- acuerdo citado;
Que la normativa señalada establece que la Comisión deberá constituirse en el lugar en que se cumpla la
tarea, practicando las mediciones técnicas y evaluando las circunstancias y modalidades con que se
presta la misma;
Que la normativa también dispone que el informe pertinente contendrá las recomendaciones que se
juzguen necesarias sobre reacondicionamiento del ambiente de trabajo o dotación de equipos o material
requeridos para evitar o disminuir la insalubridad o el riesgo;
Que siempre existe un procedimiento en el cual se recaba la información técnica sobre la existencia real
de la insalubridad y el empleador puede buscar las soluciones para sanear la insalubridad;
Que el Anexo I del Decreto N° 2737 enuncia las tareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de
vez y/o agotamientos prematuros, mientras que el Anexo II enumera tareas riesgosas;
Que la insalubridad no ha sido considerada como un ítem de pago, si no que la declaración de la misma en
los casos que ha correspondido, ha sido considerada para propiciar una modificación en las condiciones
de trabajo (por ejemplo jornada laboral) y se ha efectuado un mayor aporte jubilatorio para que los
trabajadores accedan más temprano a su jubilación;
Que los reclamantes se limitan a enunciar supuestos factores y condiciones de insalubridad, sin que se
acrediten la existencia de los mismos, ni se acompañen estudios o informes técnicos que justifiquen la
intervención de la Comisión Asesora Permanente del Poder Ejecutivo;
Que en cuanto al tema jubilación por tareas insalubres el Artículo 16 Inciso B) de la Ley Provincial N° 3794
decía:”...los que desarrollen tareas que sean consideradas riesgosas, penosas, insalubres o determinantes
de vejez y/o agotamiento prematuros, tendrían derecho a la jubilación cumpliendo los siguientes requisitos:
1) cincuenta y siete (57) años de edad y 2) Computen, como mínimo, veinticinco (25) años continuos o
discontinuos de estos servicios, con aportes, probados en forma fehaciente. Las tareas que deban ser
consideradas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez y/o agotamiento prematuros serán
establecidos por el Poder Ejecutivo, previo un análisis técnico de la modalidad de las actividades”;
Que la citada Ley regulaba el Régimen de Jubilación y Pensión de la Provincia de Mendoza. Sin embargo,
en fecha 25 de enero de 1996 fue publicada en el Boletin Oficial la Ley 6372 de Emergencia Financiera y
Previsional, Emergencia declarada en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial. En el Artículo
58 de dicha Ley se estableció que la Provincia de Mendoza adhería al sistema integrado de Jubilaciones y
Pensiones establecidos por la Ley Nacional N°24.241 y sus modificaciones y se dispuso que el Poder
Ejecutivo suscribiría el correspondiente Convenio de Transferencia;
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Que atento a lo expuesto, la Provincia de Mendoza no tiene competencia para legislar en materia
previsional, aplicándose la Ley Nacional Nº 24.241, por lo que cualquier planteo de jubilación anticipada
por tareas riesgosas o insalubres debe ser tramitado ante el ANSES con los respectivos informes técnicos;
Que la Resolución N° 212/03 MTEySS, ANEXO I, que establece el procedimiento para la declaración de
insalubridad, dispone en el Inciso VI: la notificación del Acto Administrativo de declaración de insalubridad
a las partes interesadas y al ANSES. Es decir que no le corresponde al ISCAMEN tramitar un régimen
especial previsional por supuestas tareas insalubres;
Que en cuanto al Adicional o Suplemento por Riesgo el Artículo 7 del Decreto Nº 2737/1979 señala:
”Sustitúyase el Artículo 31 del Decreto Acuerdo N° 751/71, por el siguiente: “Artículo 31 “Percibirán
Suplemento por Riesgo los agentes que cumplan de un modo habitual y permanente, alguna de las tareas
consideradas riesgosas de conformidad con el listado que se agrega al Decreto-Acuerdo N°2737 como
Anexo II” y luego agrega ”La retribución por este concepto será del treinta por ciento (30%) de la
asignación de clase uno (1) de la Escala General del Escalafón Decreto-Ley N°561/73”;
Que el Artículo 8 del Decreto citado dispone expresamente: ”La incorporación de nuevas tareas al listado
del Anexo II o la supresión de alguna de ellas, será dispuesta por el Poder Ejecutivo previo dictamen
técnico de la Comisión Asesora Permanente que se crea por el articulo12 del presente Decreto Acuerdo”;
Que a su turno el Artículo 9 establece el procedimiento paraque se liquide el suplemento por Riesgo, que
contempla en el Inciso b) el pedido dirigido a la Comisión Asesoría Permanente a efectos de que la misma
produzca un informe técnico sobre las condiciones en que se presta la tarea presuntamente riesgosa y se
expida sobre el requisito que los agentes que lo desempeñan, lo hagan en forma habitual y permanente;
Que el Decreto 1481/02 incorpora al Anexo II del Decreto Acuerdo Nº 2737/79 “17 - Personal que preste
funciones en forma habitual y permanente en las Barreras Sanitarias instaladas por el Instituto de Sanidad
y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN)”;
Que en lo referido al Adicional por zona establecido por el Artículo 62 de la Ley Nº 5126 la Subdirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Energía informó que el Personal permanente del
ISCAMEN se encuadra en dos escalafones según Ley 5126: Régimen salarial 5 y Régimen salarial 27;
Que el Artículo 62 de la referida normativa dice: ”El suplemento por zona se abonara al agente que preste
servicios en forma permanent en las zonas que se declaren bonificables y consiste en el importe mensual
resultante de aplicar un porcentaje sobre la asignación de la clase correspondiente a su situación de
revista”;
Que, generalmente, el adicional por zona se determina a través del dictado de una norma;
Que en el caso del Ministerio de Economía y Energía fue a través de una Resolución Conjunta con el
Ministerio de Hacienda: Resolución Nº 1058-H yt 556 E 79;
Que los requisitos los estableció el Decreto Nº 4665/77 . En el caso del ISCAMEN el adicional por zona
se acordó por Acta de Acuerdo Paritario, homologado por Decreto 407/2010 y se estableció el 75% de la
Asignación de la Clase (actualmente vigente);
Que el Adicional por Zona de Dirección General de Escuelas fue establecido por la Ley Nº 4934, luego
modificada por Ley Nº 9031;
Que el Adicional por Zona de los Policías fue establecido por la Ley Nº 6722, Decreto Reglamentario
828/2005;
Que como surge del cotejo de la normativa citada, cada actividad tiene su porcentaje y particularidad
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contemplada en la norma o acuerdo paritario;
Que en cuanto al Adicional por mayor dedicación y la incompatibilidad con insalubridad al tratar el
procedimiento para declaración de insalubridad, la declaración de una actividad como insalubre supone
una reducción de jornada laboral. Por ello una reducción de jornada por actividad insalubre es incompatible
con un adicional por mayor dedicación, adicional que no es un derecho adquirido;
Con relación al Adicional por Mayor Dedicación, tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que
el mismo se percibe bajo el concepto de servicio efectivamente prestado y no como suplemento fijo (es
destacado nos pertenece). Es variable, en la medida que la autoridad concedente decide otorgarlo o no y
por razones exclusivas de servicio, de allí la necesidad de integrar el adicional con la efectiva prestación
del aquél. Asimismo, no se tiene derecho adquirido a mantener el Adicional por Mayor Dedicación, sino
cuando necesidades del servicio así lo requiriesen, lo que no sólo se encuentra vinculado a su
permanencia, sino también a otros factores como es la organización administrativa en que se inserta el
mismo (L.S.276-242; 412-231; 446-58);
Que un criterio rector en materia de remuneraciones de los empleados públicos es que: “La intangibilidad
del sueldo del empleado público no está asegurada por ninguna disposición constitucional ya que la Ley
fundamental sólo la contempla respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, los ministros del
Poder Ejecutivo, los jueces de la Nación y los miembros del Ministerio Público (Artículos 92, 107, 110 y
120 de la CN). No existe, por ende, un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin
variantes y en todas las circunstancias…” (CSN 2/6/2000, “Guida c/PEN”, LL 2000-C-829 y J.A
2000-III-193);
Que los reclamantes expresan también que pretenden el cumplimiento de lo que dispuso la Ley Nº 8059,
que ratificó el Decreto N° 1428/06 por el que se homologaron actas acuerdo de las Comisiones
Negociadoras, Sector Administración Central, Subcomisión ISCAMEN, especialmente el punto 12;
Que el ISCAMEN en la Resolución N° 318-I2022 rechazó el reclamo impetrado, expresando que los
empleados que cumplen funciones en los puestos de BAS están sometidos a los mismos controles que el
resto de los empleados públicos y que los controles que se realizaron mediante análisis de sangrede los
agentes dieron resultados por debajo de los valores normales respecto a la presencia en sangre de
bromuro;
Que, asimismo, surge del informe suministrado por la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio
de Economía y Energía, que se han realizado relevamientos de riesgos del trabajo (RAR) desde dicha
Subdirección en las Barreras Sanitarias del ISCAMEN (excepto Barreras del Sur);
Por ello, conforme con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y
Energía y por Asesoría de Gobierno,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C RE T A:
Artículo 1° - Acéptese en lo formal y rechácese sustancialmente, por los motivos expuestos en los
considerandos de este decreto el Recurso de Alzada contra las Resoluciones Nros. 277-I-2022 y
318-I-2022 interpuesto por el Doctor RICARDO ESPINASSE, en representación de los agentes del
INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MENDOZA (IsCAMen): JUAN JOSÉ
GIMÉNEZ, DNI 20.809.680; JAVIER RAMON OREIRA, DNI 24.161.233; EDGARDO FABIÁN ALFAYA,
DNI Nº 23.840.268; MANUEL GUSTAVO OLSINA, DNI Nº 21.690.529; JORGE MARCILO SPITALIERI,
DNIº 21.740.741; JUAN MANUEL MULLEADY, DNI Nº 25.272.512; GABRIEL FRANCISCO MERCADO,
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2023-00342309-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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DNI Nº 26.190.510; MÓNICA GRACIELA DIAZ, DNI Nº 18.586.364; SEGIO GABRIEL PEDROZA, DNI Nº
29.821.743; NÉSTOR ÁNGEL DE VIRGILIO, DNI Nº 21.377.109; HELVIO JAVIER ACEVEDO, DNI Nº
22.538.997; HÉCTOR OMAR ACEVEDO, DNI Nº 13.135.673; RICARDO CEFERINO GAHONA, DNI Nº
21.949.532; HUGO DANIEL SORIA, DNI Nº 28.627.202; JOSÉ MARÍA SANJURJO, DNI Nº 18.581.465;
MAURICIO FABIÁN MONTENEGRO, DNI Nº 27.096.442; MARIANO GERMÁN ROSALEZ, DNI Nº
28.600.351; ÁNGEL ANTONIO BUENANUEVA, DNI Nº 25.950.691; ARMANDO SERGIO CHICALA, DNI
Nº 16.666.551; CARLOS OSIRIS VILLEGAS, DNI Nº 23.466.075; CRISTIAN DANIEL SCORDO, DNI Nº
23.692.867; JUAN CARLOS MARTÍNEZ, DNI Nº 23.660.062; ROLANDO MIGUEL MARCAT; DNI Nº
22.307.952; ARIEL ALBERTO CARIAGA, DNI Nº 24.542.745; JULIO CÉSAR LUCERO, DNI Nº 14.730.575
y MARIANO ABACA, DNI Nº 27.719.923. Por tal motivo, las mismas quedan firmes en todos sus términos.
Artículo 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIÉ
S/Cargo
13/01/2023 (1 Pub.)
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
