DECRETOS
Decreto Nº 2261
MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS
- Fecha de publicación
- 6 de diciembre de 2022
- Fecha de la norma
- 1 de diciembre de 2022
- Referencia documental
- Boletín Nº 31.758 · páginas 4–8
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 2261
MENDOZA, 01 DE DICIEMBRE DE 2022.
Visto el expediente N° EX-2022-01100918--GDEMZA-MGTYJ y su expediente fusionado Nº
EX-2021-06368363--GDEMZA-INPJYC#MHYF; y
CONSIDERANDO:
Que en el Orden Nº 2 del expediente Nº EX-2022-01100918--GDEMZA-MGTYJ, el Doctor JUAN PABLO
AZOR RETA en representación del señor DARÍO IVÁN LAVIZZARI TONINI, interpone Recurso de Alzada
contra la Resolución Nº 003 de fecha 01 de febrero de 2022, emitida por el Directorio del Instituto
Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, cuya copia obra en el Orden Nº 41 del expediente Nº
EX-2021-06368363--GDEMZA-INPJYC#MHYF, en la cual se rechaza en lo sustancial el Recurso de
Revocatoria contra la Carta Documento Nº 1077245 de fecha 04 de noviembre de 2021.
Que el recurso debe ser admitido en lo formal, por haber sido presentado conforme a lo establecido en el
Artículo 183 y cc. de la Ley Nº 9.003.
Que el recurrente se agravia por considerar que la Resolución Nº 003/2022, es un acto jurídicamente
inexistente en los términos del Artículo 76 de la Ley Nº 9.003. En subsidio solicita pago de haberes
adeudados, diferencias salariales con más indemnización. Fundamentando su queja, en que
oportunamente interpuso Recurso de Revocatoria para que se deje sin efecto el Telegrama que lo declaró
cesante y solicita se le otorgue el pase a Planta Permanente, dando cumplimiento a lo normado por el
Artículo 1º de la Ley Nº 23.592. Alegando que la Resolución que ataca está viciada en la voluntad
administrativa ya que rechaza el pedido de pase a Planta Permanente y el pago de diferencias salariales,
en virtud de su Contrato de Locación de Servicios que viene ejecutando desde el año 2019 atento a lo
dispuesto por la citada Ley.
Que el recurrente entiende que la Administración está en mora en cumplimiento de la Ley Nº 23.592 y
Actas Paritarias de fecha 21 de junio de 2011, refiere que realiza tareas de empleado Administrado
Técnico Clase 5, apertura de caja y sistema, y que en virtud de ello, solicita pago de haberes adeudados,
diferencias salariales con más indemnización y que la misma sea calculada en base a los parámetros del
Artículo 17 del Decreto-Ley Nº 560/73 - Artículo 38 de la Ley Nº 5.892, solicitando también daño moral.
Que refiere a actas paritarias de fecha 21 de junio de 2011, sin acompañar las mismas a los fines de
saber, si corresponde en tal caso su Pase a Planta por encuadrar su caso en las mismas, es decir, si
reúne los requisitos para ello.
Que el recurrente poseía con el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, un Contrato de
Locación de Servicios, no pudiendo reclamar luego los derechos emergentes de estabilidad en el empleo
público sin violentar el principio de los actos propios. Así también, posee con la citada Institución, un
vínculo jurídico de carácter civil instrumentado bajo un Contrato de Locación de Servicios, todo ello
conforme a lo establecido en el Título IV, Capítulo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que
es inexistente cualquier tipo de relación laboral y por lo tanto, deviene en abstracto la totalidad de los
fundamentos esgrimidos en su Recurso, ya que no existe ningún tipo de estabilidad laboral; mal podría
considerarse despedido, solicitar meses adeudados o eventual indemnización.
Que al señor LAVIZZARI TONINI, lo vincula un Contrato de Locación de Servicios desde el 1 de febrero de
2019, el que podía ser rescindido conforme a las Cláusulas del mismo por parte del Instituto Provincial de
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Juegos y Casinos de Mendoza.
Que la vigencia de la Ley Nº 9.015 de Concursos para ingreso de la Administración Pública de Mendoza
en su Artículo 2º norma: “…El ingreso del personal a planta permanente efectiva, como también la
promoción a clases de carácter efectivo, se producirá mediante el sistema de concursos. Deberán
respetarse los principios de igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia e igualdad de trato por
razones de sexo y discapacidad. El ingreso del personal a planta permanente efectiva, como también la
promoción a clases de carácter efectivo, se producirá mediante el sistema de concursos…”.
Que la fundamentación del recurso es confusa y contradictoria, porque el señor LAVIZZARI TONINI
sostiene que en su oportunidad interpuso recurso de revocatoria a fin de que se dejara sin efecto el
telegrama que lo dejaba cesante y se le otorgara el pase a planta permanente bajo apercibimiento de la
Ley Nº 23.592, sin embargo, no existió cesantía ni resolución contractual por parte del Instituto Provincial
de Juegos y Casinos de Mendoza. Aunque no existía una relación laboral, fue el recurrente quien se dió
por despedido, alegando que habían mediado injurias graves que no consentían la prosecución del vínculo;
tanto los argumentos esgrimidos en el Recurso de Revocatoria como en el Recurso de Alzada pretenden
aplicar principios propios de la Ley de Contrato de Trabajo sin tener en cuenta lo establecido por el Artículo
2 inciso a) de esa Ley.
Que la pretensión de pago de vacaciones, aguinaldo, diferencias salariales, pase a planta bajo
apercibimiento de incurrir, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, en un accionar
discriminatorio de acuerdo a la Ley Nº 23.592, parten de la premisa errónea up supra señalada.
Que la Asesoría de Gobierno en fecha 8 de Mayo de 2008, emitió el Dictamen Nº 277/2008 expresando:
“…Junto con las categorías contenidas en el Estatuto del Empleo Público, y los distintos estatutos
especiales, se debe también mencionar la existencia de ciertos casos en los que la Administración,
utilizando la vía de la locación de obra o de servicios, contrata en forma directa o por medio del mecanismo
de selección que la ley establezca, esencialmente a profesionales, a los que se les asigna tareas según las
necesidades del servicio, las que en definitiva son el objeto de la contratación. Este mecanismo de
contratación, supone la aplicación de las normas del derecho civil a la vida del contrato. En todos éstos
casos no resulta necesaria la existencia de '…un "cargo vacante", toda vez que la imputación del gasto se
realiza no a la partida de personal, sino a la de "servicios". Estos "agentes se encuentran excluidos del
estatuto del empleado público, sin embargo, deberemos decir que lo exceptuado es esencialmente
respecto del derecho a la estabilidad, siéndoles aplicables el resto de las normas y principios contenidos
en dicha norma siempre que sean compatibles con la naturaleza de la situación de revista o la índole del
cargo desempeñe…".
Que el dictamen citado dice: ”…Ahora bien, el personal temporario y el permanente, se rige por las normas
del derecho público -Estatutos-, y la diferencia esencial es que éstos últimos -permanentes- gozan de
estabilidad, ello en los términos de la Constitución Nacional, y la normativa vernácula que regula la
materia, siendo entonces necesaria la instrucción de sumario administrativo a fin de poder extinguir la
relación de empleo público no así la civil (uno de los casos de extinción)…”.
Que “…En lo relacionado con aquellos cuya vinculación con la administración sea mediante locación de
servicio o de obra, se debe decir que se rigen por la "norma contractual", y el 1 Mecanismo de contratación
autorizado desde la ley de presupuesto del año 1994, y que se mantiene en la actualidad, baste ver los
arts. 13,72, 73, 141 siguientes de la Ley Nº 7.324, sin embargo no se ha encontrado una norma similar a la
contenida en el Artículo 31 de la Ley Nº 6.237 Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza,
Dictamen N° 60/96. derecho civil y no gozan del derecho a la estabilidad, propia del régimen jurídico del
empleo público, siendo también imposible su encuadre dentro de las normas del derecho laboral, tal y
como lo tiene dicho “la Corte Federal, cuando sostuvo en el decisorio "Leroux de Emede, Patricia S.
C/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", que no es admisible sostener que la relación de empleo
público se halla regida por la ley laboral común frente a la existencia de un régimen jurídico específico que
reglamenta los derechos de los dependientes del 'Organismo estatal y a la disposición del Artículo 2º de la
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Ley de Contrato de Trabajo, según el cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la
Administración pública, salvo que por acto expreso se los Incluye en este régimen o en el de convenciones
colectivas de trabajo…"-Tomo: 314 Folio: 376, 30104/1991…”.
Que en virtud de lo expresado precedentemente se concluye, que la relación jurídica que unía al recurrente
con el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, era una relación de tipo civil, temporal, que no
crea derecho a la estabilidad ni a la registración, ni a vacaciones ni a licencias por enfermedad, ya que no
es una relación laboral.
Que se advierte la coherencia desplegada por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, que
no denunció a la ART supuesta enfermedad, que negó procedencia de diferencias salariales, vacaciones y
licencia, atento a que no se trataba de una relación laboral ni de empleo público.
Que el Dictamen Nº 277/2008 también señala: “…Tampoco se puede alegar el paso del tiempo, a fin de
sostener la existencia de un derecho adquirido…”, sosteniendo en el citado Dictamen: ”…A más de lo
anterior, que supone un análisis sobre los derechos que se derivan de la norma que regula objetivamente
la relación contractual, debe decirse que las partes al firmarlo siempre tuvieron en miras la celebración de
un contrato del derecho privado, a término, sin que pueda alegarse válidamente redacción obscura o
imprecisa en la letra del mismo, por lo que mal puede la rectamente; sin transgredir los principios rectores
de la buena fe y los actos propios, decir que tiene derecho lisa y, llanamente, a la continuidad del contrato
o a la aplicación de la Ley Nº 5.811, destinada a regir las licencias de los "agentes públicos" de la Provincia
– Artículo 36…”.
Que el Dictamen referido, realiza la siguiente cita, que resulta aplicable al presente Recurso: ”…A mayor
abundamiento, se debe decir, con el Maestro Bidart Campos, que la persona que sabe, al tiempo de su
nombramiento, que éste tiene asignado un período determinado, está desde el comienzo de su relación de
empleo en conocimiento de su situación de revista. Con posterioridad, no puede pretender que su status
administrativo se trueque en otro. Si el empleo público es un contrato administrativo, parece que el
principio'- general de la buena fe y la intención de las partes presta· asidero la solución acordada por la
Corte. Este comentario, es realizado apoyando el criterio de la Corte Federal por el que se sostiene que el
Estado no está obligado a renovar o prorrogar el nombramiento temporario al vencimiento del término,
baste mencionar que este criterio también fue receptado por nuestro Superior Tribunal en el precedente
Domínguez c/OSEP cit…”.
Que Asesoría de Gobierno, en fecha 6 de febrero de 2020, en el Dictamen Nº 100/2020 sostuvo: “…No se
trata de que el acto atacado haya distinguido donde la Ley no hace distinción, sino que dicho acto aplicó
debidamente una normativa prevista para el empleo público, que lógica y razonablemente tiene en cuenta
para la antigüedad situaciones de empleo público anteriores del agente, pero no meras relaciones
locativas como las que invoca los reclamantes, la cual -como ellos mismos lo reconocen no tenían
naturaleza de empleo público…”.
Que no puede alegar el recurrente que ha mediado un trato discriminatorio en los términos de la Ley Nº
23.592, atento a que su régimen jurídico es totalmente diferente al de un empleado público. Agrega el
Dictamen N° 100 de Asesoría de Gobierno “…En efecto, el personal que se vincula al Estado provincial
bajo la forma de locación de servicios o de obra, al no revestir en planta de personal no es empleado
público, no se configura una relación de empleo, no teniendo derecho entonces a que se compute su
relación contractual para la antigüedad. Los contratados no revisten el carácter de empleados públicos, en
tanto su vínculo con la Administración no emana de un acto administrativo por parte de la autoridad
competente que lo incorpore a la planta del personal estatal, sino que el mismo se configura bajo un mera
relación locativa del derecho civil…”.
Que, “Al respecto la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ha señalado que: “…Ingresando al
tratamiento de las cuestiones discutidas, sostengo que el reconocimiento de la antigüedad en la prestación
del servicio es un derecho que se le otorga al personal con estabilidad, no a los contratados, tal como
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surge de la normativa legal aplicable en cada estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad
de cobrar adicionales, como un posible avance en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones
estatutarias del régimen respectivo.” (SCJMza. – Exp. 94.089 – Caramello c/ Gobierno de Mendoza s/
APA)” (el emplazamiento que efectuara, el ahora recurrente).
Que el emplazamiento que efectuara, el ahora recurrente, a que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos
de Mendoza, lo pasara a planta permanente, mediante telegrama de fecha 29 de septiembre del año 2021,
fue improcedente atento a que la incorporación a la planta permanente no se produce por la permanencia
en el tiempo como personal contratado. Las paritarias que contemplan el pase a planta permanente de
contratados, representan una excepción a la regla del ingreso previo concurso y por lo tanto su
interpretación es de carácter restrictivo.
Que la Suprema Corte rechazó un reclamo por antigüedad mediante la sentencia dictada el 12 de marzo
de 2018 en la causa N° 13-03816090-1 “Segura, Marcela c/ Gobierno Prov. Mendoza s/ A.P.A." En ese
fallo V.E. señaló: "A) Reclamo por antigüedad. En cuanto al requerimiento de la Sra. Segura sobre el
reconocimiento de su antigüedad desde el momento en que comenzó a prestar servicios en la
Administración bajo la modalidad de contrato de locación de servicio, estimo que la situación planteada en
este caso es análoga a la resuelta por el Tribunal en el fallo “Zaffaroni” (L.S. 460-237) y, más
recientemente, en “Perelman” (CUIJ n° 13- 02859528-4), en los que se recordó la jurisprudencia según la
cual el reconocimiento de la antigüedad en la prestación del servicio es un derecho que se le otorga al
personal con estabilidad, no a los contratados, lo cual surge de la normativa legal aplicable en cada
estamento administrativo. Su cómputo genera la posibilidad de cobrar adicionales, como un posible avance
en la carrera, siempre que se cumplan las disposiciones estatutarias del régimen respectivo." "A más de lo
expuesto cabe agregar, tal como afirmé en el primero de los precedentes citados que, conforme criterio
uniforme del Tribunal, los efectos de la incorporación a la planta permanente, el ingreso y el ascenso en la
carrera administrativa, sin la realización previa de los procedimientos que la ley predispone a fin que se
garantice la acreditación de la debida idoneidad para la función (conf. lo exigen el art. 16 de la Constitución
Nacional y el art. 30 de la Constitución Provincial) deben ser leídos con un criterio taxativo. Así por
ejemplo, desde los autos n° 73.161, caratulados: "Chaparro, Ramón Alberto c/ Municipalidad de Luján de
Cuyo s/ A.P.A." (L.S. 342-26), en ocasión de interpretar los alcances del art. 91 de la Ley Nº 5.892
(Estatuto y Escalafón Municipal) la Sala Segunda ha resuelto que "la incorporación a la planta permanente
por la permanencia en el tiempo como personal contratado es una excepción a la regla del ingreso previo
concurso, razón por la cual debe ser analizado cada caso en particular y con criterio restrictivo". En tal
contexto jurídico esta Sala interpreta el art. 7, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el cual expresa que: “Los Estados…reconocen el derecho de toda persona al goce
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: …c) Igual oportunidad
para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”. A partir de la conjunción “y”
utilizada, se ha advertido que no basta el mero transcurso del tiempo en la prestación del servicio de que
se trate para acceder al ascenso en el empleo, sino que a ello se suma otro recaudo denominado
“capacidad” (L.S. 443- 163)…". “…A más de ello, insisto en que el ingreso a la Planta Permanente del
Estado sin cumplir de modo acabado las disposiciones legales en la materia, debe interpretarse de modo
restrictivo…”.
Que se rechaza en lo sustancial el recurso, toda vez que no habiendo acta paritaria mencionada, ni
acompañada que lo incluya y por ende deba la Administración efectivizar su pase a Planta, lo peticionado
por el señor DARÍO IVÁN LAVIZZARI TONINI debe ser rechazado dado la vigencia de la Ley Nº 9.015 que
exige que el ingreso a planta efectiva se efectivice mediante concurso.
Por ello, atento lo dictaminado por la Gerencia de Legales del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de
Mendoza en el Orden Nº 62, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el
Orden Nº 70 y Asesoría de Gobierno en el Orden Nº 77, todos del expediente Nº
EX-2022-01100918--GDEMZA-MGTYJ,
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EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1° - Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente el Recurso de Alzada interpuesto en
el Orden Nº 2 del expediente Nº EX-2022-01100918--GDEMZA-MGTYJ, por el Doctor JUAN PABLO
AZOR RETA en representación del agente DARÍO IVÁN LAVIZZARI TONINI, D.N.I. Nº 33.053.853 contra
la Resolución Nº 003 de fecha 01 de febrero de 2022 emitida por el Directorio del Instituto Provincial de
Juegos y Casinos de Mendoza, por los motivos expuestos en los considerandos del presente decreto.
ARTÍCULO 2° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ
LIC. VICTOR FAYAD
S/Cargo
06/12/2022 (1 Pub.)
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
